Mientras la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reduce el malestar social que ha generado la obra del acueducto Solís–León a “algunos descontentos”, nuevas voces se unen al cuestionamiento del megaproyecto: los guardabosques de la Sierra de los Agustinos alertan que el proyecto perpetúa un modelo de expansión industrial y urbana, depredación ambiental y precarización de las comunidades situadas en las periferias de los núcleos metropolitanos.

Acusan que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que avala la obra “minimiza” los impactos para la vegetación, la fauna, los suelos y los acuíferos de la región, y al mismo tiempo vulnera a las comunidades que más defienden el territorio.

“No se trata de estar en contra del acceso al agua; al contrario, entendemos su importancia. Pero también sabemos que el desarrollo no puede seguir construyéndose a costa de la naturaleza, de los territorios rurales y de la vida silvestre que sostiene todo lo demás”, señalaron en posicionamiento público dado a través de redes sociales.

El viernes pasado, durante la conferencia mañanera, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró que hay “algunos descontentos” que se oponen al proyecto. Esto, según la mandataria, le fue informado por el director general del organismo, Efraín Morales López.

La manifestación más reciente realizada en esta ciudad reunió al menos a tres mil personas, entre productores agrícolas, organizaciones civiles, activistas y ciudadanía, quienes exigen al gobierno frenar el proyecto y buscar otras alternativas. Al rechazo de la obra se han unido representantes de Tarandacuao, Jerécuaro y Salvatierra.

Elena Burns, especialista en gestión del agua, coincide sobre la vulneración del territorio y advirtió que en México se observa la intención de centralizar la toma de decisiones relacionadas con el manejo del agua, tanto en las reformas que se impulsan a la Ley de Aguas Nacionales a nivel federal como en proyectos específicos de infraestructura, como en el caso del acueducto Solís–León.

La ingeniera ambiental e integrante de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua lamentó que, en el caso de la obra que se contempla desarrollar en Acámbaro, impulsada por los gobiernos de Guanajuato y de la Federación, se decidió imponer en lugar de dialogar con la comunidad y aprovechar su conocimiento, capacidad y voluntad.

“Creo que las decisiones sobre el agua se tienen que tomar en el territorio, con todos los actores, y se tienen que generar consensos porque ya hay problemas serios en Guanajuato con la sobreexplotación de acuíferos”, recordó, al mismo tiempo que aseguró conocer del proyecto desde su colaboración en la Conagua en 2020, como subdirectora general de Administración del Agua de la Conagua.

Denuncia guardabosques riesgos ecológicos de acueducto 

“Quienes vivimos y trabajamos en los bosques, en los márgenes de los ríos y en las comunidades que dependen directamente de los ecosistemas no podemos estar de acuerdo con la construcción del Acueducto Solís-León”, señalan guardabosques de la Sierra de los Agustinos, Área Natural Protegida que se encuentra en los municipios de Acámbaro, Jerécuaro y Tarimoro.

En una postura pública, los integrantes de esta organización comunitaria aseguraron que, tras revisar la información disponible sobre el proyecto, consideran que su desarrollo profundizará la presión a los ecosistemas del estado y la precarización de las comunidades rurales.

Los guardabosques resaltaron que la Manifestación de Impacto Ambiental reconoce que los municipios del corredor industrial han perdido entre 60 % y 80 % de su cobertura vegetal original, a lo que se le sumarán 200 kilómetros de infraestructura hídrica que no corrige el deterioro existente, sino que lo hará más grave, en procesos ecológicos como la recarga hídrica y la salud del suelo.

Otro de los puntos de preocupación de los ambientalistas es la ruptura de la conectividad ecológica, pues, de acuerdo con el trazo del acueducto, que supuestamente pasará por zonas ya impactadas, también cruza territorios que funcionan como corredores naturales para diversas especies de fauna.

Explican que el ruido, la vibración, la maquinaria, el movimiento de tierra y las estructuras permanentes provocarán fragmentación del hábitat, desplazamiento de fauna y cambios en patrones de reproducción y búsqueda de alimento.

La agrupación de guardias forestales detalló también que la Manifestación de Impacto Ambiental reconoce afectaciones como contaminación y compactación del suelo, generación de lodos de potabilización, polvo, emisiones y modificaciones al paisaje, efectos que son considerados como mitigables, pese a que la recuperación de la capa vegetal y de los microhábitats puede tomar décadas.

Los guardabosques sostienen que, aunque la obra asegura que no habrá desmonte, la experiencia en campo demuestra lo contrario: excavaciones, tránsito de maquinaria pesada, taludes, desvíos y obras de toma “siempre dejan huella”.

Además, advierten que extraer más agua de un sistema ya presionado afectará a las comunidades aguas abajo, a los agricultores locales, a la fauna acuática y a los humedales y riberas que dependen del régimen natural del caudal.

“No estamos en contra del abasto a las ciudades; somos parte del mismo estado y del mismo ciclo ecológico, pero es evidente que no hay un programa serio de recuperación de acuíferos, no existe una estrategia integral de restauración forestal masiva, no se aborda la ineficiencia del uso agrícola del agua ni se cuestiona el modelo industrial que consume enormes volúmenes. No podemos apoyar una obra que solo mueve el agua de un lugar a otro sin resolver la raíz del problema”, resaltaron en la postura pública.

Denunciaron también la falta de claridad respecto del efecto que tendría el proyecto en los manantiales cercanos a la cortina de la presa, así como en las plantas potabilizadoras contempladas en el trazo, sus técnicas de operación y el destino final de los residuos generados.

El colectivo enfatizó que su postura se sustenta en el conocimiento directo del campo: la observación diaria de los bosques, ríos, manantiales, humedales y corredores biológicos que han ido perdiendo espacios ante la expansión urbana e industrial: “ahora se nos pide entregar también nuestra agua, nuestra estabilidad ecológica y nuestros corredores biológicos para sostener un crecimiento que no ha sido sostenible”, argumentan.

Los guardabosques afirmaron estar dispuestos a apoyar proyectos verdaderamente sostenibles, responsables e incluyentes, así como una gestión del agua humanitaria e integral, donde el medio ambiente sea un eje prioritario.

“No es romanticismo… defendemos los servicios ambientales porque dependemos de ellos, defendemos los bosques porque son nuestra casa, defendemos el río porque es vida. No estamos en contra del acceso al agua; estamos en contra de que siempre se sacrifique a la naturaleza y a las comunidades rurales para sostener un modelo que no ha aprendido a cuidarla”, concluyeron.

“Primero ordenar la casa”; asegura Burns que Conagua es un desorden

Para la activista y especialista en materia hídrica, Elena Burns, antes que pensar en proyectos a gran escala, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe primero “poner orden en la casa y de ahí ya empezar”.

Dijo que es necesario que el orden comience con la priorización del derecho humano al agua y el derecho humano al agua para el autosustento agrícola y pecuario, para no seguir profundizando las desigualdades relacionadas con la distribución del recurso.

Explicó que, de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), hay concesiones por reconocidos 4.3 mil millones de metros cúbicos para usuarios industriales y de servicios, de los cuales en 2023 sólo se pagaron derechos sobre 900 millones de metros cúbicos, que generaron solo 12 mil millones de pesos.

“Lo que tendrían que haber pagado fueron 56 mil millones, y dejaron pasar sin cobrar 44 mil millones de pesos. Si no son capaces de cobrar el uso industrial, ¿para qué tener un proyecto que cuesta tanto?… mejor arreglamos la Conagua antes de lanzar grandes proyectos”, criticó.

Y evidenció que, mientras la industria deja de cumplir con su responsabilidad en el pago de al menos 80% del volumen de agua concesionado —según revisiones de la Auditoría Superior de la Federación—, los municipios y sistemas comunitarios son a quienes sí se les obliga a pagar.

Burns insistió en que la Comisión del Agua debería consultar las decisiones relacionadas con la gestión del agua con las comunidades y territorios, y no solo decidir desde “arriba” qué es lo que puede hacer con el agua.

“La Ley de Aguas Nacionales ha tratado el agua como algo que se puede extraer del territorio y mover por aquí y por allá; este fue un diseño para entrar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con esa idea de que van a llegar desde afuera y van a demandar agua, y no quieren tener que tratar con ejidos y municipios: un sistema centralizado”, modelo que, dijo, debió haber sido superado.

Sin embargo, alertó que las reformas a la legislación que pretenden aprobarse en el Congreso de la Unión en diciembre quieren preservar el mismo modelo que opera desde hace 30 años, impulsado por el gobierno del priista Carlos Salinas.

“No podemos vivir otros 33 años más de esta ley espantosa que ha arruinado el país en cuanto a sus cuerpos de agua… están buscando perpetuar la Ley Salinista cuando vemos lo que ha pasado en el país bajo 33 años de sobreexplotación, de contaminación impune, de acaparamiento, de despojo. Es el momento para actualizar la ley y, más que todo, una ley que recoja la ley hídrica que hay en el territorio”, subrayó la especialista.

Dijo que no puede seguir operando la cultura institucional del desprecio y el miedo de la población, y dejar de escuchar a las personas respecto a las decisiones relacionadas con el agua, como en el caso del acueducto Solís-León, pues además consideró que se ignora el conocimiento técnico de muchos actores que conocen los territorios.

“Tenemos que tener buen gobierno del agua, porque esta forma de tomar decisiones no está funcionando y está demostrando que no funciona. Esperamos que abran la mente para sentarse a ver cuál es el problema y cómo se puede resolver de la mejor manera, con mayores beneficios y menos costos ambientales, sociales, económicos e hídricos”, subrayó.

La activista alertó que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales pretenden centralizar las decisiones en una autoridad porque da gestión exclusiva al Estado. Se prohíben las reasignaciones de agua y transferencias, pero sin planes ni criterios.

Además, se plantea la desaparición de pequeñas concesiones que tradicionalmente favorecen a pequeños productores y se invisibiliza a los actores comunitarios que deberían tener mayor representatividad y relevancia en la toma de decisiones.

“Estamos llevando agua en cubetas llenas de hoyos; en todas las ciudades se fuga el 30 o 40% de su agua potable. Por eso se necesitan estos cambios en la ley”, concluyó.

Elena Burns colaboró durante dos años en la Conagua, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y fue destituida de su cargo como subdirectora en 2022 por el entonces director general, Germán Martínez. Durante su gestión, ella denunció presiones para la entrega de concesiones.

Presidenta ofrece diálogo, pero minimiza descontento 

Durante la conferencia matutina del pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el descontento que ha surgido en torno al proyecto del acueducto en Acámbaro. Su intervención respondió a una pregunta realizada por la reportera de PopLab, Jeanette Alcántar.

La mandataria aceptó estar enterada del asunto después de que Efraín Morales, director de la Conagua, se comunicó con ella días antes. Afirmó que el gobierno comenzó con asambleas informativas con la ciudadanía y que estas continuarán, con el fin de explicar el proyecto, aunque al hacer referencia al tema minimizó las inconformidades.

“Hace dos días Efraín me comentó que había algunas personas que se oponen a este acueducto y platicamos; la idea es seguir haciendo asambleas informativas en toda la región”, mencionó.

También reconoció que hay descontento en el estado de Jalisco porque existe la idea de que el proyecto restará agua a la entidad, pero Sheinbaum negó que exista tal afectación y subrayó que no hay sustento técnico para afirmar que el volumen de agua destinado a Guanajuato implique un desabasto para Jalisco.

“No es cierto que se va a derivar agua de Jalisco a Guanajuato; eso no tiene sustento técnico. En realidad no se va a quitar esa agua de Jalisco o ese volumen de agua de Jalisco”, enfatizó.

Por ello, la presidenta insistió en que las asambleas continuarán para que las comunidades tengan acceso a los argumentos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

El rechazo contra la obra avanza mientras organizaciones civiles realizan activismo, como el fin de semana una jornada de limpieza a la zona del río Lerma que atraviesa Acámbaro. El próximo jueves está convocada una nueva manifestación contra el proyecto en la misma ciudad.