Aunque oficialmente está jubilado, Luis Felipe Guerrero Agripino, ex rector general de la Universidad de Guanajuato, sigue ejerciendo influencia dentro de la institución a través de una red de personas leales, que ha consolidado principalmente en la División de Derecho, Política y Gobierno. El control que mantiene desde las sombras se refleja en decisiones clave, pues mientras docentes con trayectoria son desplazados sin explicación del Departamento de Derecho, su hijo, Luis Felipe Amilkar Guerrero Orozco, fue incorporado como profesor apenas un año después de egresar de la licenciatura.

La asignación de Guerrero Orozco como docente en el curso propedéutico coincidió con la exclusión de figuras académicas con experiencia, como la jueza Karla Macías Lovera y profesores de trayectoria como: Daniel Federico Chowell Arenas, Juan Carlos Páramo Vázquez y Gisela Meza Bedolla. Las bajas ocurrieron sin criterios públicos ni procesos claros, y en algunos casos, sin siquiera una notificación formal.

Junto con el hijo del ex rector, también fueron incorporados perfiles cercanos, como Camila Pérez López —amiga de Amilkar y asignada también como docente de la materia de Ética Jurídica en el curso propedéutico— y Alondra Alfaro Negrete, otra amiga cercana del joven catedrático, quien aparece en la nómina universitaria como coordinadora en la Oficina de la Abogacía General, pese a que su contrato por honorarios ya expiró.

Para estudiantes y docentes, estos movimientos no son aislados, sino parte de una estrategia de control sostenido por Guerrero Agripino, incluso tras dejar la rectoría. La actual dirección de la División, encabezada por Leandro Eduardo Astrain Bañuelos —quien fue alumno del ex rector y testigo en defensa de Julio César Kala, académico acusado de acoso sexual a una becaria— refuerza la percepción de que el poder dentro de la UG, lejos de renovarse con la rectora Claudia Susana Gómez López, se ha redistribuido entre un grupo afín que responde a intereses particulares. 

El secretario general de la División de Derecho, Política y Gobierno es Gerardo Alfredo Enríquez Nieto, también vinculado a Luis Felipe Guerrero, de quien fue alumno y al que asesoró durante sus estudios de posgrado. 

En el Departamento de Derecho, la dirección está a cargo de Susana Martínez Nava, cuya tesis doctoral fue tutelada por Leandro Eduardo Astrain y Julio César Kala; actualmente, el primero de ellos es su superior jerárquico como director de la división.

Remueven a académicos con décadas de experiencia sin justificación

La profesora Karla Macías Lovera fue notificada vía telefónica sobre su cese como catedrática de la asignatura Control de Convencionalidad y Derechos Humanos, que impartía desde hacía al menos ocho años en la Universidad de Guanajuato, de forma honoraria.

El despido de la actual Jueza Novena De Distrito del Poder Judicial Federal en Guanajuato se conoció al circular una carta enviada por la misma Karla Macías  a la directora del Departamento de Derecho, el 24 de julio, donde pide conocer los criterios para que se determinara su salida.

El documento se difundió entre la comunidad universitaria de la licenciatura, acompañado de mensajes de indignación por parte de alumnos de la abogada, quien cuenta con un alto reconocimiento en el área de derechos humanos a nivel nacional.

En la carta, la profesora solicitó conocer los motivos de la decisión, pues según expresó, en el oficio recibido no se le ofrecieron razones claras: “He cumplido mis deberes académicos con entusiasmo y dedicación, y he recibido mucho más a cambio; en las aulas de la Universidad de Guanajuato he conocido a estudiantes valerosos y comprometidos que me han hecho profundizar en mis conocimientos y reflexionar”.

Citó que, de acuerdo con el artículo sexto, fracción del mismo número del reglamento universitario, las personas docentes tienen derecho a una evaluación justa y objetiva, considerando su desempeño a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, consideró que esto no ocurrió en su caso, ya que el único argumento que se le ofreció respecto a su salida fue que en la carrera sólo se abrirían dos grupos en lugar de tres. Incluso señaló que, cuando fue invitada a impartir la asignatura, únicamente existían dos grupos, y posteriormente se incorporó como profesora del tercero.

De hecho, el cierre de un grupo  fue el argumento que se les dio a los estudiantes que se inconformaron por la separación de la jueza y de otros docentes con años de trayectoria. Aunque los y las estudiantes reconocieron este factor, señalaron que no se han transparentado los criterios para definir qué profesores permanecen y cuáles se van.

En este sentido, cuestionó la ética universitaria por la forma en que se le notificó su salida e insistió en conocer las razones detrás de esta decisión, tomada por la directora de la carrera.

“Es mi deber exigir razones, porque los alumnos y alumnas de esta casa de estudios me han enseñado, de manera ejemplar, a actuar en contra de la arbitrariedad. No reclamo una plaza, solo la oportunidad de compartir conocimientos y experiencia con las y los estudiantes; ese es mi único interés”, expresó.

El oficio fue entregado con copia a la rectoría del Campus Guanajuato, encabezada por Martín Picón Núñez, y al director de la División, Leandro Astraín Bañuelos, solicitando la reconsideración del caso o la exposición explícita y pública de los motivos de la decisión, así como la entrega de un documento por escrito que fundamente su separación.

Otro profesor que confirmó su salida fue Daniel Federico Chowell Arenas, ex magistrado del Poder Judicial del Estado. El abogado no recibió notificación oficial de que había dejado de formar parte de la plantilla docente, pero se enteró a través de algunos alumnos, quienes le comunicaron que ya no aparecía como titular de la materia que impartía. Chowell Arenas había dado clases en la facultad durante al menos 30 años.

Juan Carlos Páramo es reconocido por docentes y estudiantes como el responsable de preparar, en varias ocasiones, a los equipos de litigación oral de la institución. Recientemente, en febrero de este año, el equipo guanajuatense obtuvo el primer lugar en la Competencia Nacional de Campeón de Campeones, con asesoría de este profesor.

Mientras estos docentes de trayectoria son excluidos del Departamento de Derecho, Luis Felipe Amilkar Guerrero Orozco fue asignado como profesor de la materia Introducción al Estudio del Derecho en el curso propedéutico, con cuatro horas de clase. Lo mismo ocurrió con su amiga Camila Pérez López, una joven también recién egresada, quien imparte la asignatura de Ética Jurídica.

Fuera del ámbito universitario, Pérez López figura como responsable de la Unidad de Transparencia del Sistema Estatal Anticorrupción, instancia de coordinación encargada de prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Según el horario de clases, ella imparte la materia los martes de 7 a 8 de la mañana, los miércoles de 8 a 9, y los jueves y viernes de 1 a 2 de la tarde. Tres de estas horas asignadas resultan incompatibles con el horario de oficina de la Secretaría Ejecutiva del SESEA, que es de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, de acuerdo con información confirmada por la misma instancia a través de una llamada telefónica. 

Entre los catedráticos universitarios también hay preocupación por la pérdida de calidad del curso propedéutico, no solo por la inexperiencia de los docentes recientemente incorporados, sino porque, bajo una nueva modalidad, la institución está ofreciendo el pase directo a 45 alumnos.

Alumnos de licenciatura aseguran que el curso propedéutico ha servido como trampolín para estudiantes recién egresados y con poca experiencia, quienes posteriormente se colocan como docentes de asignatura. Casos como estos son los de los profesores Luis Ángel López Miranda y Rafael Landeros Peredo.

El primero fue conocido por algunos estudiantes cuando era recién egresado e impartía clases en el propedéutico; actualmente, es profesor en la licenciatura. El caso de Rafael Landeros fue similar y, a pesar de su inexperiencia, sustituyó en la cátedra de Derechos Humanos al profesor Carlos Mario Téllez Guzmán, una baja que causó gran descontento entre alumnas y alumnos el año pasado.

Por otra parte, en la nómina de la Universidad de Guanajuato también fue incorporada Alondra Alfaro Negrete como coordinadora de Corporaciones de Participación Universitaria de la Oficina de la Abogacía General. Ella ha sido identificada como pareja del hijo del exrector.

De acuerdo con el contrato de prestación de servicios profesionales —disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia—, Alfaro fue contratada por honorarios en dicha área universitaria con un salario mensual de 21,500 pesos, por un periodo de seis meses. El contrato inició el 1 de enero de 2025 y concluyó el pasado 30 de junio; sin embargo, en el directorio institucional de la Universidad de Guanajuato, la profesionista en Derecho aún aparece como coordinadora. El documento fue firmado desde octubre de 2024.

Los tres jóvenes fueron relacionados anteriormente en un viaje que realizaron a Europa para participar en el Concurso de Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional, en mayo de 2024, cuando aún eran estudiantes y recibieron apoyos de la universidad. Este hecho fue expuesto en diversos medios de comunicación de circulación estatal.

Derecho, epicentro del poder universitario 

Los movimientos en el Departamento de Derecho apuntan a la consolidación de una red de control encabezada por el exrector Luis Felipe Guerrero Agripino, quien, de acuerdo con profesores consultados, conoce la relevancia de esta escuela al ser la de más larga trayectoria —cumplirá 200 años de existencia en 2027—, con peso histórico y político. Por ello, ha colocado ahí perfiles estratégicos.

“La alcurnia jurídica de este departamento es pieza esencial para quienes buscan controlar la vida institucional de la universidad y ejercer influencia más allá de sus muros”, advirtió un docente que reservó su identidad. 

Recordó que, desde su creación, la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato ha dado al país al menos 30 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “lo que le otorga prestigio académico”.

En el centro de esta estructura, la comunidad universitaria identifica a Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, actual director de la División de Derecho, Política y Gobierno. Originario de Aguascalientes, Astraín cuenta con una trayectoria académica respaldada por una relación estrecha con Guerrero Agripino, quien fue su tutor en las tesis de maestría y doctorado. En su tesis doctoral también tuvo como tutor a Julio César Kala.

Apenas unas semanas después de concluir su doctorado en Derecho en 2015, fue designado como director del Departamento de Derecho, rompiendo con los criterios históricos del propio cuerpo académico, que exigían al menos un año como profesor de tiempo completo y contar con definitividad antes de poder aspirar al cargo.

Fuentes de la División aseguran que Agripino también cuenta con el apoyo de Gerardo Alfredo Enríquez Nieto, secretario general, quien fue su alumno, y de Susana Martínez Nava, actual directora del Departamento de Derecho. La relación de esta última se sustenta en la tutela académica que recibió de Leandro Eduardo Astraín y Julio César Kala durante su tesis doctoral.

En el sistema de consulta de la Universidad de Guanajuato, Guerrero Agripino aparece como trabajador pensionado por vejez. Sin embargo, mediante una solicitud de acceso a la información pública realizada en 2024 por Poplab, se corroboró que tiene responsabilidades en investigación jurídica, dirección de trabajos académicos y participación en actividades de difusión, entre otras funciones. 

Además, se mantiene como investigador activo nivel II del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), con un estímulo vigente de 23 mil pesos mensuales, según el sitio web de la UG.

El año pasado, Luis Felipe Guerrero se reincorporó como académico de licenciatura y le fue asignada la cátedra de Derecho Penal, que anteriormente era impartida por Gerardo Rafael Arzola Silva, exmagistrado electoral. En el semestre agosto-diciembre 2025 sigue impartiendo esta clase; estos se pudo confirmar en los horarios de la licenciatura que están disponibles en el sitio web de la universidad. 

Personal académico sostiene que, durante la era de Agripino, se perdió el reconocimiento de posgrado de calidad de la Maestría en Ciencias Jurídico Penales y de la Maestría en Justicia Constitucional.

“Todo el mundo advierte que se han constituido en un grupo poco productivo… Este grupo que lidera Luis Felipe tiene secuestrada toda la universidad”, lamentó el profesor consultado sobre el tema. 

En el ámbito estudiantil, los jóvenes lo reconocen como un buen maestro, sensible a las necesidades de sus alumnos. Sin embargo, también señalan que en la institución prevalece el favoritismo hacia ciertos estudiantes.