La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, defiende el arrendamiento del parque vehicular para uso de la Secretaría de Seguridad como una forma de ahorro en mantenimiento, incluso para la siguiente administración; pero la oposición partidista y el Observatorio Ciudadano de este municipio cuestionan un posible sobrecosto de este servicio que califican como una medida cosmética para la inseguridad en el municipio. 

“Creo que este es un caso único para el municipio y para todo el estado, estoy seguro que será un caso de una buena práctica a nivel nacional”, declaró Miguel Ángel Fonseca, tesorero del municipio.

El proyecto de arrendamiento ya fue motivo de una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por parte de la facción morenista del Ayuntamiento presentada el pasado 8 de agosto. Apenas este martes, el Comité de Adquisiciones aprobó las bases de la licitación pública nacional, mismas que deben obtener la mayoría de votos en la próxima sesión de cabildo para su publicación.  

A ojos del dos veces ex síndico de León, José Arturo Sánchez Castellanos, el arrendamiento de vehículos no es una opción viable para una entidad pública, por tratarse de una operación que “genera ganancias privadas innecesarias” para la arrendadora por concepto de intereses y por no generar ningún beneficio fiscal a la administración municipal.

“Si un municipio importante como Irapuato no dispone de fondos para comprar sus patrullas de contado, que es una inversión básica, más bien debemos preguntarnos cómo están sus finanzas y no de las bondades de vigilar con patrullas rentadas”, señaló en su columna semanal publicada en el diario AM. 

Para el regidor morenista Eduardo Ramírez Vergara, que conoce del proceso por formar parte del Comité de Adquisiciones, el requerimiento del secretario de Seguridad, Ricardo Benavides Hernández, y la autorización del tesorero Miguel Ángel Fonseca, “pasan por encima de la Ley de Contrataciones Públicas Para el Estado de Guanajuato”. 

“No podemos iniciar un procedimiento si no tenemos la suficiencia presupuestal. En eso basamos toda nuestra nuestra denuncia. Que si bien apenas están iniciando el proyecto, eso lo podemos hacer de acuerdo a la Ley de Contrataciones, para iniciar cualquier proceso se necesita contar dentro del presupuesto con el que se necesita para dicha adquisición”, declaró a POPLab.

La denuncia incluye al secretario, Ricardo Benavides; al tesorero, Miguel Ángel Foseca Gutiérrez; y a José Alfredo Rejón Gutiérrez, enlace de Servicios Financieros, dependiente de la Tesorería.

Cuestionado por *POPLab*, el tesorero de Irapuato defendió la viabilidad del proyecto y sostuvo que representará un ahorro de 17 millones de pesos anuales en mantenimiento. El funcionario agregó que en los últimos cuatro ejercicios fiscales, se han destinado 25 millones de pesos para este rubro sólo para el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad.

“El gobierno estatal ha realizado este tipo de procedimientos. Para nosotros es un proyecto muy loable, el hecho de que estemos ofreciendo la posibilidad de un arrendamiento integral en donde se están indexando los demás costos que están involucrados en mantener a las las unidades operativamente viables y en condiciones de uso durante toda la vida del proyecto y hasta el 31 de diciembre del año 2028. 

En la experiencia del estado, el tesorero hizo referencia a la polémica, y hoy disuelta, arrendadora GTO Leasing, creada durante el gobierno de Diego Sinhue con el fondo de pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) y la inversión privada de empresarios guanajuatenses. Hasta el momento, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), ha encontrado irregularidades en sus operaciones por al menos 56 millones de pesos sólo en 2023. 

El pasado lunes, y en medio de la discusión administrativa por el arrendamiento de 66 vehículos para la Secretaría de Seguridad, se anunció la renuncia de la contralora municipal Patricia Aguilar Gallardo por supuestos motivos personales. 

Raúl Calvillo, director del Observatorio Irapuato ¿cómo vamos?, dijo que la administración debe justificar la decisión de la renta “demostrando los costos mensuales” que representan las reparaciones del padrón vehicular. 

En días pasados, Miguel Ángel Fonseca declaró ante medios de comunicación que la compra de los vehículos representaría un gasto de 70 millones de pesos más 7 millones anuales de mantenimiento, seguros y geolocalización. Sin embargo, ni la tesorería ni el secretario de Seguridad, Ricardo Benavides Hernández, han transparentado el costo de mantenimiento y reparaciones del parque vehicular propiedad del municipio. 

A la par, la alcaldesa Lorena Alfaro declaró públicamente que su administración no escatimará cuando de seguridad se trate. Asimismo, la edil afirmó que actualmente el municipio cuenta con “finanzas sanas” por lo que es posible continuar con la contratación del arrendamiento, y reiteró la urgencia de renovar el parque vehicular por la vida útil de los vehículos para labores de la SSCM.

El proyecto de arrendamiento, presentado por el secretario de Seguridad Luis Ricardo Benavides, someterá a licitación la renta de 30 unidades de camionetas tipo SUV Ford Police Interceptor modelo; 15 unidades tipo sedan Nissan V-Dive; 13 motocicletas Suzuki V-Strom 650xt; así como tres unidades tipo Van para ser utilizadas como ambulancias. 

La requisición además incluye una camioneta Chevrolet Tahoe con blindaje nivel V; así como una camioneta Jeep Grand Cherokee; y 3 camionetas tipo pick up Ford F-125. Todos los  vehículos de último modelo. 

A solicitud del secretario Ricardo Benavides, este servicio sería contratado a partir de septiembre de este año, para concluir en diciembre de 2028; 15 meses después del cierre de la administración de Lorena Alfaro.

Al respecto, el regidor Eduardo Ramírez Vergara cuestionó que el uso de vehículos de lujo “para trasladar a altos mandos” de la SSCM tenga un efecto positivo en la percepción de la seguridad.

“Si tratar de mejorar la percepción de inseguridad es con dos camionetas blindadas, pues yo creo que estamos pensando en cosas distintas. Lo que podemos ver es que en el municipio de Irapuato no existe una prevención”, dijo.

Piden máxima transparencia

Además de exigir a la administración revelar los costos de mantenimiento de los vehículos de la SSCM, Raúl Calvillo, director el Observatorio Ciudadano, señaló que se debe explicar el impacto que el arrendamiento de 66 vehículos traerá en materia de seguridad, pues, en caso de no alcanzar los beneficios esperados, los funcionarios involucrados tendrán qué rendir cuentas. 

“¿Si no se logra el impacto deseado, cuál será el proceder sobre las personas que aprobaron eso? Se tiene que tomar en cuenta que es una renta, que las unidades no pertenecerán al municipio y una vez que se termine el contrato, y ya comprometiendo a otra administración ¿que pasará en el tema de seguridad si el edil en turno opta por terminar el contrato? ¿Nos quedaremos sin patrullas?”, cuestionó.

Calvillo además sostuvo que, de llevarse a cabo la contratación, el municipio debe transparentar la información relacionada con la prestación de este servicio por parte de un particular.

“Al hablar de un tema de seguridad, podríamos enfrentarnos a que en un futuro alguien quiera consultar la información de este arrendamiento y que esta se niegue”, apuntó.

Seguritech, el antecedente 

Para la delegada de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha Aguilar, la contratación de este servicio por medio de una licitación pública, podría tener como fondo “un negocio entre particulares”, por no contar con un respaldo técnico en un escenario de insuficiencia presupuestaria, declarada por el propio tesorero Miguel Ángel Fonseca. 

“Me parece un absurdo el hecho de que el gobierno municipal pretenda proteger más la imagen del gobierno que la vida de la gente. Están pretendiendo gobernar con imagen y no con resultados”, declaró la política en entrevista para POPLab, y señaló que la justificación oficial apunta a mejorar la percepción ciudadana, más que a resolver de fondo el problema de inseguridad.

Desde la perspectiva de Yulma Rocha, el caso de Irapuato puede compararse con la contratación por parte de administraciones estatales a la empresa Seguritech, en los que “se habría aprovechado la crisis de inseguridad para concretar negocios millonarios”, como el posible conflicto de interés que liga al exgobernador, Diego Sinhue Rodríguez, con Daniel Esquenazi, publirrelacionista de la corporación.  

Debido a la insuficiencia presupuestal confirmada por el propio titular de la tesorería, la emecista denunció que la decisión de arrendar 66 vehículos comprometería las finanzas municipales hasta la siguiente administración, y calificó el proyecto como “una irresponsabilidad”. Asimismo, cuestionó la ausencia de un plan de seguridad sólido por parte de Ricardo Benavides Hernández, cuya presentación se realizó fuera de plazo y con deficiencias.

“Es una muestra más de la indolencia en la que se encuentra este gobierno, que parece que vive en una burbuja de cristal que no ve lo que pasa alrededor. Masacres y asesinatos no se van a resolver con camionetas de lujo blindadas para el paseo de funcionarios”, enfatizó.