A un año del incendio que cerró totalmente la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, estudiantes y exalumnos se manifestaron pacíficamente la mañana del 18 de noviembre afuera del plantel, ubicado en Álvaro Obregón 308, para exigir la reapertura del histórico edificio, cuyo cierre desde hace doce meses mantiene desplazados a casi 1,600 alumnos en sedes alternas que, aseguran, no cumplen condiciones básicas de mantenimiento y seguridad, y para demandar respuestas a la rectora general Claudia Susana Gómez López, a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y a la alcaldesa de León Alejandra Gutierrez Campos. 

La protesta se realizó justo cuando la Universidad de Guanajuato acumula versiones contradictorias, mantiene ocultos los dictámenes que dice tener sobre los daños al inmueble y un prolongado cierre que, para la comunidad, ya resulta “inexplicable”.

Estudiantes denuncian inseguridad, salones saturados y fallas básicas

Desde el cierre, los alumnos toman clases en tres sedes: 20 de Enero, 16 de Septiembre y Aquiles Serdán, a un kilómetro o más de la escuela original. En esos espacios, han denunciado asaltos, acoso callejero, saturación y falta de servicios.

Sebastián, alumno de la prepa, describe una ruta escolar peligrosa:

“Hay mucha inseguridad por ahí. No solo yo que vengo en transporte público: hay asaltos y acoso hacia las chicas.”

Cuando se le preguntó al secretario general de la UG, Dr. Salvador Hernández Castro, sobre la inseguridad alrededor de las sedes alternas, el funcionario se limitó a señalar que ya se solicitó apoyo a las autoridades municipales, sin detallar qué medidas concretas se implementarán ni cómo se garantizará la protección de los estudiantes.

“La escuela, según nos dicen, ha pedido patrullas, pero no ha sido suficiente: llegan, se quedan media hora y luego se van”, lamentó Sebastián.

Llamó a sus compañeros a alzar la voz nuevamente, pues después de las primeras manifestaciones a inicio de año muchos se desanimaron. 

Otro estudiante, de 6º semestre que decidió permanecer anónimo, señala que las sedes alternas no dan las condiciones mínimas:

“Estábamos céntricos aquí. Es mucha diferencia comparado con 20 de Enero o 16 de Septiembre… Los salones son muy pequeños; somos 30, pero hay grupos de 60 en espacios reducidos. A veces no hay agua, papel en baños o incluso electricidad.”

UG insiste en ‘alto riesgo’, pero no muestra dictámenes completos

El Comité Pro Reapertura de la EPL Centro Histórico, integrado por exalumnos ingenieros y arquitectos, acusó a la UG de mantener cerrado el 100% del inmueble sin mostrar públicamente los tres dictámenes estructurales en los que dice basar su decisión.

“El incendio ocurrió exclusivamente en el auditorio, que representa el 24% de la prepa; sin embargo, la Universidad decidió cerrar el 100% de las instalaciones”, señala el posicionamiento del Comité, que también recordó que su propio Dictamen de Seguridad Estructural —entregado a la Universidad de Guanajuato— concluye que el auditorio y sus aulas superiores pueden ser reparados y reforzados, y que no existe riesgo alguno en las demás instalaciones del plantel, por lo que el regreso a su uso y ocupación podría realizarse.

Recordaron que, tras el siniestro del 11 de noviembre de 2024, la UG primero declaró que demolería toda la preparatoria, luego cambió a que solo derrumbaría el auditorio. “Estos dichos los sustentan en dictámenes que no ha querido mostrar”, acusan.

Los exalumnos gestionaron un acceso al auditorio y encargaron un Dictamen de Seguridad Estructural elaborado por “Especialistas en Estructuras”, el cual concluye que el auditorio puede repararse o reforzarse y que el resto del edificio no presenta riesgo para su uso inmediato.

“Es inverosímil que, por un incendio en butacas y mobiliario, quieran demoler el auditorio y mantengan cerrado un año entero el 75% de la prepa, mientras tienen a los estudiantes como nómadas en tres sedes”, reclamaron.

El secretario general de la UG, Dr. Salvador Hernández Castro, declaró recientemente que tres estudios independientes coinciden en que el inmueble representa un riesgo muy alto, y que Protección Civil también ha señalado vulnerabilidad estructural.

“Sería una irresponsabilidad permitir que los estudiantes tomen clases en ese edificio”, afirmó.

Sobre el dictamen presentado por los egresados —que indica que el edificio sí puede usarse excepto el auditorio— el funcionario minimizó su validez al afirmar que “no es un análisis tan detallado”.

El secretario agregó que se realizan pruebas de concreto cuyos resultados estarían listos “en tres semanas”,mientras la comunidad escolar —respaldada por especialistas— insiste en que sí es posible regresar, al menos parcialmente, y que el cierre prolongado se ha convertido en un problema mayor que el propio incendio.

La comunidad espera una respuesta antes del 2 de diciembre, fecha en que volverán a manifestarse.