La gobernadora Libia Dennise García rompió una semana de silencio respecto al escándalo por la vivienda que ocupa la familia del exmandatario, Diego Sinhue Rodríguez, y dio a conocer que la Secretaría de la Honestidad investiga el presunto conflicto de interés entre el panista y Daniel Esquenazi Beraha, publirrelacionista de la empresa Seguritech. 

A decir de la mandataria, fue este viernes 27 de junio cuando la secretaría, encabezada por Arcelia González González, inició la investigación. Pero Libia Dennise García también se deslindó del escándalo que involucra al exgobernador que la ungió como candidata del oficialismo en 2024. 

“Yo no estoy aquí para defender ni a personas, ni a contratos ni empresas, estoy para ver por el bien de Guanajuato y cualquier inquietud legítima que haya se va a investigar a profundidad”, respondió Libia García a los cuestionamientos de POPLab durante en un evento en el municipio de León para anunciar la Convención Anual y Expo ANEAS 2025.

La gobernadora agregó que será la Secretaría de la Honestidad la que determine los alcances de la investigación y marcará la pauta de la información de los contratos de Seguritech que podrá desclasificarse, de acuerdo con la información que “ya ha sido vertida”.

Aunque Libia García no precisó si el proceso se abrió de oficio o como consecuencia de una denuncia, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, notificó en un aviso ciudadano que turnó el caso de "La casa de Diego Sinhue" a las autoridades competentes, incluyendo a la Secretaría de la Honestidad, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP), la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

De acuerdo con el boletín del CPC, el procedimiento responde a denuncias presentadas de manera anónima por ciudadanos relacionadas con la información revelada por POPLab y Connectas.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de la Honestidad confirmó que inició la investigación por el escrito que hizo llegar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

"Mediante dicho oficio se hizo del conocimiento de esta dependencia una denuncia ciudadana anónima recibida por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, a través de la red social Facebook, la cual versa sobre los mismos términos que la nota periodística", dice el comunicado que hizo llegar la Secretaría 8 horas después de la declaración de la gobernadora.

El expediente que se inicio es el INV.DEN.C-1060/2025.

Desde el pasado martes, tras la publicación de la investigación realizada por POPLab en alianza con Connectas —la cual revela la relación del inmueble donde reside la familia de Diego Sinhue Rodríguez en Houston, Texas, valuado en 20 millones de pesos y propiedad de un lobista de Seguritech—, la gobernadora de Guanajuato había evitado responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación, a pesar de que la noticia ha sido replicada en diarios y noticiarios a nivel nacional.

La mandataria estatal incluso asistió el pasado jueves a la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en donde anunció la colaboración con la federación para construir uno de los denominados “polos del bienestar”, como puerto seco en el municipio de Celaya. 

Frente al silencio de la gobernadora, el secretario de gobierno, Jorge Jiménez Lona, así como liderazgos panistas del estado, descartaron que desde los poderes ejecutivo y legislativo existiera una responsabilidad para administrar lo que organizaciones civiles, empresarios y la oposición partidista han calificado como un visible conflicto de interés. 

“Ese es un tema personal, yo creo que será él (Diego Sinhue) quien tendrá que estar aclarando estos puntos”, fue la postura de Jiménez Lona. 

Fue el pasado miércoles cuando en una postura dirigida y publicada por el diario Reforma, Diego Sinhue negó ser propietario de inmuebles en Estados Unidos, y aseguró que su familia reside en “casas rentadas”.

Aunque la investigación periodística no menciona a Esquenazi Beraha como socio de Seguritech, sino como representante de la empresa propiedad de Ariel Picker Schwartz, la gobernadora Libia García negó que “nuestro gobierno ni los pasados tienen contratos con esta persona que se comenta”. 

No obstante, este medio pudo corroborar que Daniel Esquenazi continúa cabildeando por los intereses de Seguritech en las oficinas de gobiernos municipales, como es el caso de Celaya, gobernada por el morenista Juan Miguel Ramírez, quien rescindió el contrato con la empresa para dar mantenimiento al Centro de Control de la Secretaría de Seguridad en marzo pasado. 

Ante la posibilidad de transparentar los contratos de su administración, así como del pasado sexenio, con Seguritech, Libia García manifestó que cada dependencia es responsable de la información que se clasifica como reservada en contratos y convenios con particulares. 

Sin embargo, y pese a la respuesta negativa del secretario Jorge Jiménez Lona de desclasificar los contratos con Seguritech suscritos durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, la gobernadora aseguró que se valorará la situación respecto a lo que la Secretaría de la Honestidad señale. 

Tras la publicación de la investigación de la residencia de Diego Sinhue en The Woodlands, líderes empresariales y representantes de Observatorios Ciudadanos en el estado exigieron al gobierno de Libia Dennise transparentar la información relacionada con las operaciones de Seguritech en el estado. 

“Hay causales por las cuales se puede reservar la información, son las dependencias y debe estar plenamente justificada. Hemos estado buscando que se transparente todo, pero es cierto que no podemos poner en riesgo la operación en materia de seguridad, estaremos valorando la situación”, declaró Libia García. 

La gobernadora avaló el inicio de una investigación pese a las posturas del dirigente panista y diputado local, Aldo Márquez Becerra, quien en un posicionamiento a través del área de prensa del grupo parlamentario manifestó el pasado jueves que “no existen irregularidades ni indicios de mal uso de recursos públicos”.