El 24 de abril de este año se cumplieron 18 años de la desaparición masiva de 10 personas en el antro Maverick en Aguascalientes, en ese marco se realizó la “Jornada por la búsqueda, verdad y justicia a 18 años de la desaparición de diez trabajadores del antro Maverick” en la que participaron diversas organizaciones y colectivos de entidades federativas de la región occidente del país, además de organismos internacionales como ONUDH, CICR y el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, a través de las palabras de Ana Lorena Delgadillo. Ese día en 2007, un comando armado privó de la libertad a 10 personas, 4 de ellos eran albañiles que trabajaban alrededor del local, entre ellos estaba Francisco Javier Espinosa Almanza quien tenía 18 años al momento de su desaparición.

En este periodo, han fallecido de muerte natural al menos 3 padres de familia sin saber cuál es paradero de sus hijos. “Nos rompieron en pedacitos y tuvimos que rehacer nuestras vidas”, dijo Ana Hilse Espinosa, hermana de Francisco Javier para dar cuenta del impacto psicosocial de la desaparición. “No son números, son proyectos de vida que se truncaron”, “Javier tenía 18 años cuando lo desaparecieron, los mismos que cumple hoy de estar desaparecido”, señaló.

Resalta en los últimos años que Javier Espinosa, padre, presentó el caso de su hijo Francisco Javier Espinosa Almanza y el de Hugo Alberto López Vidal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que ésta, ha considerado en 2021 que la solicitud tiene mérito para ser considerado admisible. En su informe a la petición 81-11 hecho público el 30 de agosto de 2021 por la CIDH, se señala que hasta el momento (entonces, 15 años después), “las investigaciones no habían servido para esclarecer los hechos ni para enjuiciar o sancionar a los responsables”, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para determinar que la investigación no cumple con el estándar de acceso a la justicia?, ¿Cuánto para demostrar que los recursos internos de un País no funcionan y sólo perpetúan la impunidad?

La propia Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) señala que hay excepciones cuando se refiere al agotamiento de los recursos nacionales, y uno de ellos es, que “haya retardo injustificado”. Si bien la jurisprudencia señala que no se trata sólo del tiempo cronológico (18 años al día de hoy) sino la complejidad del asunto, no se puede negar que la investigación no ha sido diligente, por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) obstruyó la participación de las familias considerando la información de la investigación como reservada. Además, existe presunción que las policías tanto municipales como estatales en Aguascalientes “abrieron el camino” al convoy de hombres armados en su salida a Zacatecas.

¿Qué espera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para emitir una determinación en la investigación? ¿16 años no son suficientes después de la apertura de la queja no son suficientes?

Como parte del procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado Mexicano propuso el mecanismo denominado “Solución Amistosa” en 2022 pero hasta la fecha no han mostrado disposición para firmar un acuerdo, por lo que el fondo del caso eventualmente tendría que ser revisado por la Comisión Interamericana. ¿En verdad le interesa al Estado Mexicano firmar este Acuerdo? ¿Qué hay del Gobierno de Aguascalientes?

Como lo recordó Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la aplicación de los Principios Internacionales para la Búsqueda, especialmente el trato con dignidad, y la prohibición de la estigmatización, es fundamental en todos los casos, incluidos los casos de larga data. “La obligación de búsqueda es permanente y el Estado está obligado a dar con el paradero de las personas desaparecidas, así hayan pasado 18 años”, señaló*.