Ante las preguntas sobre el caso de desacato en City Center, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que, si el gobierno municipal de León no cumple con las órdenes judiciales, los empresarios deberían acatar la decisión del juez. Sin embargo, el representante del proyecto concede entrevistas en las que resalta sus ventajas y desestima las demandas de activistas.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que el proyecto forma parte del “influyentismo que aún persiste bajo el amparo de autoridades locales”, que permiten el desarrollo de este tipo de complejos.

El centro comercial es impulsado por México Retail Properties (MRP), consorcio con extenso historial de señalamientos por depredación ambiental, y del cual Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, es CEO.

Sobre ello, a pregunta del periodista Arnoldo Cuéllar de POPLab, López Obrador explicó que los hermanos Gerard se han “estado beneficiando bajo el cobijo del poder público, algo muy representativo de lo que sucedía en otras administraciones”.

Ante el cuestionamiento sobre la aparente contradicción del gobierno panista, al respaldar al Poder Judicial mientras ignora sus fallos, López Obrador respondió:

“Eso no es nota para los periodistas, la única doctrina de la derecha es la hipocresía, así son”.

El presidente de la república señaló que “si la administración municipal de León no quiere acatar el mandato judicial, deberían ser los dueños del proyecto quienes obedecieran la determinación”.

Sin embargo, Demetrio Arrieta Morales, director del proyecto City Center, ha expresado a diversos medios de comunicación las supuestas bondades del proyecto como la generación de empleos y atracción de inversiones, al igual que Alejandro Arena Barroso, presidente de la Canaco, quien además acusó a activistas y ciudadanos, que han logrado frenar el proyecto, de tener intereses personales.

Gobierno municipal ausente

Desde la colocación de la primera piedra del City Center en 2016, el proyecto ha sido señalado por colectivos como Acción Colectiva, Salvemos el Humedal Los Cárcamos, que han enumerado irregularidades en permisos otorgados por administraciones municipales, omisiones ambientales y ahora por el desacato del mandato judicial que ha ordenado el cese de operaciones en el complejo.

La determinación del juez fue emitida el 18 de septiembre, después de que un grupo de ciudadanos interpusiera un amparo por la priorización del agua al proyecto City Center, en tanto que más de 90 colonias a los alrededores tienen que pagar el servicio de pipas para su abastecimiento.

Fotos: Juan José Plascencia / Emilio Jiménez.

Hasta antes de la determinación del juez cuarto de distrito, Ulises Fuentes, el gobierno municipal había asumido una postura de atender la orden judicial, que no se ha traducido en acciones.

De acuerdo con Gustavo Lozano, el complejo continúa operando, incluso pudo observar reuniones sociales al interior del complejo, algo que resulta preocupante, pues “el amparo implica una instrucción a las autoridades municipales para que tomen las medidas necesarias y hagan cumplir la determinación judicial”.

Ante ello, el activista presentó un nuevo recurso incidental, que obligará al gobierno municipal a explicar qué medidas implementó para hacer valer la instrucción del juez.

“Se saben protegidos por el gobierno municipal y, por lo tanto, no tienen empacho en incumplir las órdenes judiciales que deberían de atender, esto nos revela cuál es la posición del proyecto frente a la ley”, señaló Gustavo Lozano.

El activista invitó al gobierno de Alejandra Gutiérrez a tomar decisiones que garanticen los derechos de los ciudadanos.

“No hace falta que ningún juez les ordene (gobierno municipal) tomar medidas si ellos mismos analizaran la actuación de la administración pública anterior, que fue la que otorgó indebidamente los permisos y a Sapal la factibilidad de agua”, explicó Gustavo Lozano.

Alejandro Arena: un doble rol con sesgo

Una parte del sector empresarial, representada por Alejandro Arena Barroso, presidente de la Canaco y que a la vez funge como secretario del consejo directivo de Sapal, aboga por la continuación del proyecto bajo el supuesto de que “es mayor el beneficio que las afectaciones, no se puede detener el progreso.”

El hecho de que el presidente de una cámara empresarial sea a su vez secretario de un organismo como Sapal, es una situación “gravísima, que expresa lo que hemos venido señalando desde hace muchísimos años: el consejo directivo de Sapal tiene un sesgo, que garantiza la dotación de agua a estos megaproyectos, incluso en contra del interés general de la población de la ciudad”, externó Gustavo Lozano.

Alejandro Arena Barroso

En días pasados, Alejandro Arena acusó al grupo de activistas y ciudadanos que presentaron el amparo que frenó al City Center de tener intereses particulares, que solo buscan frenar el desarrollo, además de calificarlos como “seudo ambientalistas”.

Para Gustavo Lozano, las acusaciones y descalificaciones de Arena Barroso, vienen desde su perfil “como presidente de una cámara de empresarios y no como una autoridad representante de los ciudadanos que vigila y garantiza el derecho humano al agua en la ciudad”.