“Esos niños estarían peor en la calle. Al menos ahora tienen qué comer y un techo”. Ese era el comentario habitual que recibí tras publicar lo que sucedía en el albergue Ciudad de los Niños, ubicado en Salamanca, Guanajuato. La sentencia de una jueza federal encontró que en esa casa hogar había indicios de maltratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, presunto desvío de recursos, cambios de filiación de los menores, entre otros delitos.

El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías fundó en 1978 la Ciudad de los Niños con cinco menores, algunos de los cuales se convirtieron en profesionistas gracias a los apoyos que recibieron para ir a la escuela. Así, el albergue obtuvo reconocimiento de la sociedad y los políticos guanajuatenses. Con el paso del tiempo llegó a albergar 300 personas; entonces se crearon los albergues de Salamanca (Ciudad Infantil y Ciudad Juvenil) y otros más en Irapuato, Moroleón y Tarímbaro, Michoacán, en terrenos donados por gobiernos locales y por particulares.

Gutiérrez Farías llegó a tener apoyo de exgobernadores, diputados, senadores, alcaldes y el líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps. Cuatro meses antes de que se diera a conocer la sentencia, Vicente Fox y Martha Sahagún, expareja presidencial, acudieron a inaugurar instalaciones en la Ciudad de los Niños.

A mediados de julio de 2016, una persona me informó del amparo interpuesto por el sacerdote para recuperar a una niña de seis años que el DIF de Guanajuato se había a llevado del albergue, pues una monja le había quemado las manos por haber tomado plastilina sin permiso. Me pidieron que estuviera atenta, pues el clérigo tenía la protección del entonces gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, que había hecho parte de su educación en un seminario y constantemente aludía a su fe católica en intervenciones públicas.

Volví a saber del caso hasta un año después, cuando la jueza Karla Macías Lovera, del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, emitió la sentencia. Los expertos en el tema calificaron el documento como ejemplar porque la jueza no se limitó a rechazar el regreso de la niña al hospicio, sino que realizó una exhaustiva investigación durante la que revisó expedientes y un sinnúmero de documentos, y también entrevistó a autoridades, internos, cuidadores y vecinos.

En las declaraciones se habla de adolescentes embarazadas a las que sus compañeros no volvían a ver y de jóvenes que después de ser castigados habían “escapado” sin dejar huella. Por ello, Macías Lovera consideró que todos los menores y adultos con discapacidad allí recluidos corrían riesgo y debían ser llevados a un lugar en el que se mantuvieran a salvo. También pidió que todas las autoridades competentes investigaran los delitos.

Pedro Gutiérrez Farías. Foto: Verónica Espinosa

El padre Pedro interpuso un recurso y eso bastó  para que no se acataran las medidas de la jueza. A principios de julio de 2017 publiqué  la primera nota acerca del tema; días después el DIF estatal intervino en la casa hogar, pero rápidamente el lugar se limpió y se le hicieron reparaciones que borraron toda huella, para lo cual se empleó  dinero público. Gutiérrez Farías tuvo que salir de las instalaciones, lo mismo que las monjas que lo asistían y gente que trabajaba para él.

Parecía que las autoridades intervenían para que a esos niños y niñas se les hiciera justicia y pudieran desarrollar una vida plena, pero sólo tomaron el control del albergue y crearon un cerco en torno a los menores de edad. Las organizaciones de la sociedad civil que intervinieron en el caso —la Red por los Derechos de la Infancia en México y Nima, Centro de promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato— reportaron que las autoridades estatales obstaculizaban cada paso que intentaban dar.

No hubo forma de que hablaran con ellos y ellas acerca de las golpizas que se narran en el expediente, o para ver cuál era su estado de salud, pues ante la jueza habían dicho que comían alimentos echados a perder; tampoco pudieron conocer más de los extenuantes ensayos a que los obligaban por ser parte de los grupos musicales que ofrecían conciertos ante empresarios y políticos, así como en fiestas, por los que el sacerdote cobraba.

Tras indagar, encontré que el cura creó ocho fundaciones para procurarse recursos, y que con tres de ellas obtuvo en 13 años más de 45 millones de pesos, dos vehículos y cuatro terrenos. Además, era dueño de ocho inmuebles, entre ellos un terreno de 17 hectáreas, mientras en el hospicio siempre había carencias. Esta información nunca fue investigada por las autoridades.

“Es falso que nos tratara mal el padre”, me escribió Mariana (nombre ficticio) por Facebook durante aquellos días en que el asunto se convirtió en escándalo. Me explicó que no era maltrato, sino disciplina, pues “son muchos niños y hay que poner orden”. Mariana me contó que llegó a la Ciudad de los Niños junto con su hermano luego de que su mamá murió. Recordó que el padre Pedro habló con ella y le dijo que le cambiarían el nombre porque no había acta de nacimiento; por tanto, ella era “nadie” y él le haría el favor de darle sus apellidos, lo que le permitir a ir a la escuela. Estaba muy agradecida de que alguien la cuidara. En el expediente existe el testimonio de una niña que dice que no recuerda cómo se llamaba “antes”. De esa manera se arrancaba su identidad a los menores y toda posibilidad de ser localizados por algún familiar.

Luego de conversar por un rato con Mariana, le pregunté si alguna vez le pegaron y me dijo: “con un cable, una de las monjas, pero fue mi culpa porque yo quería un cuaderno nuevo y me dieron uno usado para mi primer día de escuela”. Ella tenía entonces siete años.

Dormitorios en Ciudad de los Niños. Foto: Verónica Espinosa

El hermano de Mariana fue enviado a la sección de los varones y pocas veces tuvo contacto con él, aunque a veces lo veía a lo lejos. Después supo que debido a un castigo escapó y a la fecha no ha vuelto a saber de él ni ha podido ubicarlo porque no sabe si también le cambiaron el nombre. Asimismo, me contó que el cura le aseguró que su papá había muerto y años después descubrió que eso era mentira. A los 17 años salió de ahí y nunca regresó.

Hablamos muchas veces. Poco a poco, al ir recordando, se dio cuenta de que su vida en ese lugar no era la que cualquier niño o niña se merece. Me pidió que la pusiera en contacto con activistas para colaborar porque quería justicia para todos los que pasaron por ahí.

Conforme fui avanzando en mi investigación periodística, me encontré con otra frase recurrente: “Ten cuidado; el padre es muy peligroso”. Lo mismo me decían vecinos de los hospicios, ex colaboradores y servidores públicos. Las historias acerca de cómo amenazaba a quienes se atrevían a denunciar o siquiera a quejarse eran casi iguales: llegaba un grupo de jóvenes con palos o machetes a intimidar y a recordarles que el cura “es muy poderoso”. Yo sólo recibí mensajes en redes con insultos y algunos que decían que sólo Dios podía juzgarlo; incluso me ofrecieron dinero para que dejara de investigar.

En los relatos hay denuncias de mujeres que llevaron a sus hijos e hijas a la Ciudad de los Niños porque en ese momento tenían alguna complicación familiar o económica. Pedro Gutiérrez les hacía firmar un documento en el que “renunciaban” a sus derechos sobre los niños y se los cedían al cura “por siempre jamás”. Aunque ese documento carecía de valor jurídico, intimidaba a muchas familias. Quienes se animaron a denunciar se encontraron con funcionarios que tanto en el DIF como en el ministerio público les decían que mejor no lo intentaran porque el cura era muy poderoso.

De manera circunstancial, un día me encontré con la mamá de una adolescente que estuvo en la Ciudad de los Niños y luchaba por recuperar a su hija, que ya estaba en poder del DIF. Me contó el periplo que debía pasar para que la niña regresara con su familia: le pedían que la casa y su habitación contaran con ciertos requerimientos, y usaban cualquier detalle como pretexto para no permitirle volver. “Así debieron haber revisado al cura”, me dijo molesta.

Le pregunté si había hablado con la chica acerca de lo que había vivido ahí; con un gran dolor y una culpa inmensa me dijo: “No, no quiero saber. No puedo saberlo; no podría vivir con eso”. Cuando la mujer decidió llevar a su hija al albergue atravesaba un momento difícil en su vida. Sabía que la estancia de la niña sería temporal y confiaba en que estaría en buenas manos, pues la cuidarían monjas y sacerdotes. Hoy esa decisión la atormenta.

Paradójicamente, las autoridades que no procuraron que esa niña y los otros internos fueran cuidados, no tienen empacho en revictimizar a las familias.

Si algo me causó indignación fue toparme con personas que habían trabajado o aún trabajaban en el DIF, en la Secretaría de Salud o en la de Educación que me sugerían líneas de investigación. Solían decirme que ellos habían oído acerca de lo que ahí pasaba, pero pensaron que eran rumores y decidieron ignorarlos. “El padre había hecho bien a muchos niños; seguro se le pasó la mano con alguno, pero ayudó  a más”, me llegó a decir cierto ex trabajador del DIF. Como si un solo caso de violencia no mereciera ser investigado.

Después de todos estos años y a pesar de la evidencia no ha se ha iniciado carpeta de investigación en contra de Pedro Gutiérrez Farías, ni siquiera por las omisiones, pues él era el responsable de las personas que tenía bajo su custodia. Mucho menos se ha investigado aquello de lo que se le acusa directamente.

Sólo se han levantado cargos en contra de algunas de sus asistentes por el cambio de filiación. Sus colaboradores acusados de violencia física y sexual no han pagado pena alguna.

Al cura ya le regresaron los inmuebles donde estaban ubicados los albergues y las autoridades locales han dicho que le permitirán operar si cumple con los requisitos de protección civil, la Secretaría de Salud, el DIF, etcétera, como si lo que allí pasó se resolviera poniendo señalética o un extintor.

La influencia de Pedro Gutiérrez continuó durante el gobierno municipal de Salamanca, con la entonces alcaldesa de Morena, la expanista Beatriz Hernández, quién le brindó todo su respaldo el día que asumió el cargo; incluso ha incluido en su equipo a personajes cercanos al sacerdote.

Imagen: Juan José L. Plascencia

La larga lista de omisiones de las autoridades municipales y estatales a lo largo de 40 años es lo que le da el salvoconducto a Gutiérrez hacia su libertad. Juzgarlo implicar a juzgar también a las instituciones que no cumplieron con su deber y pusieron en riesgo a niños, niñas y adolescentes que por allí pasaron.

La responsabilidad del cuidado y el desarrollo pleno de niños y niñas institucionalizados corre a cargo del Estado. Hemos visto, en los casos Mamá  Rosa, Casitas del Sur y Ciudad de los Niños (por mencionar los que se conocen), que no se deben dejar en manos de particulares, que no tienen la formación ni la capacidad para atenderlos, sólo porque exhiben “buena voluntad” que termina traduciéndose en explotación y abusos.

Hemos visto una y otra vez que los derechos de niños, niñas y adolescentes son vulnerados debido a la violencia estructural, la impunidad, la inoperancia estatal y la falta de seguimiento, acompañamiento, regulación y criterios claros de evaluación.

En el caso de los menores de edad sin familia o alejados de ella, la situación es más complicada; pareciera que no merecen las mismas oportunidades y que se deben contentar con que se atiendan a medias sus necesidades básicas. ¿A quién le importan estos niños y estas niñas? A las autoridades de Guanajuato, no. Lo que las movilizó fue la protección al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías para evitarle cargos legales y, de paso, librar de responsabilidad a quienes lo protegieron desde el poder a lo largo de muchas décadas.

A finales de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó violaciones graves a los derechos humanos en contra de las personas albergadas en la Ciudad de los Niños Salamanca, por lo que emplazó a cancelar el registro de esa organización como entidad de asistencia social y emitió la recomendación 32VG/2020 a los gobernadores de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, los fiscales generales de Aguascalientes y Guanajuato, los presidentes municipales de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz en Guanajuato y los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia estatales de Guanajuato, Michoacán y Querétaro para que reparen los daños, se disculpen con las víctimas y abran las investigaciones contra los servidores públicos que incumplieron sus funciones en este caso.

La CNDH encontró que dentro del albergue se cometieron actos de tortura en agravio de 21 personas menores de edad y 10 personas adultas con discapacidad; violencia sexual en contra de 9 adolescentes y 4 personas mayores de edad; trato cruel inhumano y degradante en perjuicio de 17 personas menores de edad y 2 personas adultas; omisión de proporcionar a 20 adolescentes y a 14 personas adultas la atención especializada integral que requerían por su condición médica y psicológica y por su discapacidad intelectual; inadecuada instrucción escolar impartida en los centros de asistencia social en cuestión; condiciones indignas, de promiscuidad, insalubridad y riesgo, en las que habitaban al menos 324 personas.

El gobierno de Guanajuato y la Fiscalía General del mismo estado aceptaron las recomendaciones. Sin embargo, Pedro Gutiérrez Farías nunca fue investigado y murió de COVID en noviembre de 2020.

Este texto fue publicado en el libro Personas que residen en instituciones de asistencia social de la serie de inclusión, derechos humanos y construcción de ciudadanía, Inclusive 12 del Instituto Electoral de la Ciudad de México.