Tras las críticas de colectivas feministas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, el Gobierno de Guanajuato modificó las reglas de operación del programa de becas que entrega el Instituto de las Juventudes, luego de que se evidenció que los apoyos económicos destinados a niñas y adolescentes embarazadas contribuyen a la normalización del embarazo infantil, el abuso y la falta de educación sexual en la entidad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de las Mujeres, durante 2024 un total de 385 niñas entre los 9  y 14 años se convirtieron en madres, lo que equivale a una niña madre cada día en el estado. Además, el estado registró 11 mil 699 embarazos en adolescentes entre los 15 y 19 años.

A pesar de que los casos de embarazos en menores edad tienen a Guanajuato por arriba de la media nacional, el gobierno estatal ha decidido retrasar la implementación del modelo de educación sexual, diseñado por Las Libres, ante las protestas de grupos religiosos. 

El programa de becas, implementado por el Instituto para las Juventudes durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, otorgó entre 2023 y 2024 becas de 3 mil a 10 mil 800 pesos anuales a niñas desde los 10 años para apoyar su permanencia escolar desde primaria hasta nivel superior.

Con la llegada de Libia García Muñoz Ledo, primera mujer en encabezar el Gobierno del Estado, el Instituto para las Juventudes, con Regina Trujillo como titular, publicó nuevamente la convocatoria en 2025 para entregar becas a niñas y adolescentes madres. Al advertir la normalización del embarazo infantil en Guanajuato, activistas se pronunciaron en contra, y finalmente el gobierno estatal hizo cambios en las reglas de operación.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, reconoció que hay dependencias del gobierno estatal que carecen de perspectiva de género -en este caso el Instituto para las Juventudes-, además de que los ajustes fueron resultado del rechazo público de activistas y colectivas feministas.

“La publicación de esta convocatoria no representa la postura del gobierno de la gente... seguimos trabajando en la sensibilización, la capacitación e incluso la certificación para lograr transversalizar la perspectiva de género en todas las dependencias”, señaló Balderas Hernández.

Los cambios, publicados el 6 de octubre en el Periódico Oficial del Estado, establecen que las becas solo podrán otorgarse a mujeres embarazadas o con hijos de entre 18 y 30 años, eliminando así la posibilidad de entregar apoyos a menores de edad.

El Centro Las Libres, encabezado por Verónica Cruz Sánchez, advirtió desde hace dos años sobre el riesgo de normalizar la violencia sexual y el embarazo infantil a través de dichas becas, y también que hay otras dependencias omisas en actuar ante dicha violencia, como ocurre en la Secretaría de Salud. 

“Cuando vi que se la dieron a una niña de 10 años, yo así de, ¿eh? ¿Cómo le dieron una beca a una niña de 10 años que tuvo un hijo y no se les ocurrió poner denuncia? Eso no es normal”, recordó Cruz, al señalar que en su momento el gobierno estatal desestimó las observaciones.

La Red Feminista de León también expresó su preocupación ante lo que consideró una política pública que invisibiliza la violencia sexual infantil.

"La maternidad infantil no es una elección, es una consecuencia directa de abusos, falta de educación sexual integral, ausencia de acceso a la anticoncepción y de la negación al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro estado", dice el pronunciamiento de la Red Feminista de León.

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En la última discusión, de junio pasado, en el Congreso del Estado de un paquete de reformas a diversas leyes para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, solo pasó una modificación: la obligación del Estado a garantizar la educación sexual integral a niñas, niños, y adolescentes.

Para cumplir con el mandato, el gobierno de Libia García Muñoz Ledo tomó la decisión de pedir el apoyo del Centro Las Libres, quienes tienen un modelo de educación sexual laico, científico y libre de prejuicios. El anuncio de la donación del modelo que hizo la organización con 25 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres provocó reacciones de grupos ultraconservadores.

Itzel Balderas reconoció que aún no se ha implementado el modelo de educación sexual de Las Libres debido a “ajustes” derivados de presiones de grupos conservadores. Verónica Cruz dijo desconocer en qué consisten esas modificaciones.

Para la activista, Guanajuato podría erradicar el embarazo infantil y adolescente si las autoridades asumen un compromiso real con la prevención, el cumplimiento de la ley y la atención integral de la violencia sexual, incluido el acceso al aborto.

En paralelo, el Congreso del Estado vuelve a abrir la discusión del aborto con tres nuevas iniciativas que buscan eliminar las sanciones penales a mujeres que deciden abortar antes de las 12 semanas de gestación.

Sin embargo, pese a que el Código Penal estatal aún conserva este delito, Cruz Sánchez recordó que ninguna mujer puede ser procesada por abortar, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Acepta Itzel Balderas falla en becas por embarazo infantil y adolescente

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, reconoció que la entrega de becas a niñas y adolescentes embarazadas representó una política pública que contribuía a la normalización del embarazo infantil en el estado, por lo que el Gobierno de Guanajuato decidió modificar la convocatoria del programa y eliminar los apoyos destinados a menores de edad.

"La convocatoria se modificó y ya no se están extendiendo estos apoyos a niñas menores de edad que resulten embarazadas”, declaró la funcionaria estatal.

Balderas Hernández aseguró que la actual administración trabaja en la sensibilización, capacitación y certificación del personal público para transversalizar la perspectiva de género en todas las dependencias.

“Se trata de eso, de una ausencia de perspectiva de género en la toma de decisiones, en los programas”, puntualizó.

Por su parte, Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, reprochó que durante años el gobierno estatal promoviera este tipo de políticas públicas, que calificó como una muestra de indiferencia institucional ante la violencia sexual infantil.

“Es brutal que les parezca a las autoridades tan normal, que les parezca tan natural, que una niña de 10 años sea madre y encima están presumiendo que le dieron una beca”, expresó la activista.

Cruz señaló que en reuniones del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) -órgano con la participación de sociedad civil y autoridades para promover políticas y educación sexual que lleven a disminuir las tasas de embarazo en menores de edad-, autoridades de salud solían destacar sus esfuerzos para que los embarazos llegaran “a buen término”, sin tomar en cuenta que la mayoría de estos casos son consecuencia de agresiones sexuales.

“Siempre están pensando solamente en el producto, no están pensando en las vidas truncadas de esas niñas, que esas niñas no deberían ser madres... tenemos una Norma 046 que si se cumpliera en Guanajuato y en todo el país, no tendríamos niñas embarazadas, porque más del 70 por ciento de las niñas entre 9 y 15 años embarazadas es producto de violencia sexual”, explicó.

La activista relató que en el Hospital Materno Infantil es común observar a niñas embarazadas acompañadas por familiares, sin que se presenten denuncias por los abusos que originaron los embarazos, debido a la normalización de la violencia sexual.

Y mencionó que sobre esto se habló con la gobernadora Libia Dennise García:

“Libia y yo tuvimos un diálogo al respecto. Yo le decía: en seis años tú tienes la posibilidad, puedes erradicar el embarazo infantil. Si en seis años siguen las trescientas y tantas niñas embarazadas, hay que ver por qué se embarazaron y hacer toda la reparación del daño de las violaciones graves a sus derechos humanos”, señaló.

Cruz consideró que el cambio en las reglas de operación del programa es un paso simbólico pero insuficiente, ya que la problemática persiste principalmente en el sector salud, donde las denuncias no se investigan ni se da seguimiento a los casos de violencia sexual.

“Nada más en el sector salud es súper normal que lleguen las niñas embarazadas, no denuncien, o si denuncian no se siga. Al final, el sector salud prioriza que los productos lleguen a buen término, no la vida de las niñas ni su salud”.

Politiquería e ideologías se imponen a la razón: Verónica Cruz

Ante la presión de grupos conservadores que rechazan el modelo de educación sexual donado por el Centro Las Libres al Gobierno de Guanajuato, la administración estatal trabaja en modificar los contenidos del programa que busca prevenir el embarazo adolescente y la violencia en el noviazgo.

Itzel Balderas Hernández, informó que los ajustes al modelo responden a una instrucción de la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, quien pidió “escuchar todas las voces” antes de ponerlo en marcha en escuelas secundarias.

“Se trata justamente de eso, de hablar con las niñas de secundaria, de preparatoria, las adolescentes y explicarles todo lo que tiene que ver con el embarazo adolescente e infantil. El objetivo es el mismo: llevar información a las adolescentes de las escuelas secundarias para disminuir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil”, explicó la funcionaria.

Balderas detalló que actualmente se desarrolla un proceso pedagógico para definir la forma en que se impartirá el modelo, el perfil de las personas que lo aplicarán y los materiales que se usarán.

“Se trabaja de lleno en la conformación del modelo. No te puedo decir quiénes serían porque están justamente en ese proceso”, señaló, al negar ofrecer más detalles sobre los cambios que se están realizando.

La secretaria de las Mujeres enfatizó que las modificaciones buscan respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos y evitar desinformación.

“Por instrucciones de la gobernadora tenía que ser un proceso en el que se incluyeran todas las voces y se respetaran los principios o los estándares internacionales. Adelantarte algo en ese momento no abona porque justamente por no tener el documento concluido fue que se generó una serie de desinformación”, afirmó.

Por su parte, la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, lamentó que el Gobierno estatal haya cedido a presiones de grupos en contra de los derechos de las mujeres y consideró que modificar el modelo representa un retroceso en materia de educación sexual y derechos humanos.

“Justo la garantía de que ese modelo fuera exitoso es que Las Libres lo guiara. Hoy estamos cumpliendo 25 años de experiencia en este estado lidiando con esa problemática tan brutal como es el embarazo adolescente y el embarazo en las niñas”, dijo Cruz Sánchez.

La activista señaló que uno de los riesgos de los cambios es que se condicione la enseñanza de educación sexual al consentimiento de los padres, como lo han exigido los grupos conservadores.

"Históricamente lo que nos ha dicho la realidad es que los padres y las madres no son los mejores para dar educación sexual, ni es en la familia. De hecho, ni se da; se oculta o mejor no se habla. Por eso tenemos la violencia sexual de niñas y adolescentes en las casas”, señaló.

Cruz advirtió que acceder a dichas presiones vulneraría los derechos de las niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral.

“Una vez que querían hacer las cosas bien, otra vez se paran por estas voces... pero la politiquería y las ideologías se imponen frente a la razón”, sostuvo.

El modelo de educación sexual diseñado por Las Libres ha sido implementado en distintos municipios de Guanajuato durante los últimos años, con resultados positivos en la reducción de embarazos adolescentes. Sin embargo, su aplicación a nivel estatal sigue pendiente por las resistencias de grupos conservadores que se oponen a la educación sexual con enfoque de género.

Debate sobre aborto fomenta criminalización

Verónica Cruz Sánchez afirmó que los embarazos infantiles y adolescentes tienen su origen en la violencia sexual, y que la interrupción del embarazo es un tema central para erradicar este tipo de delitos y proteger los derechos de niñas y adolescentes.

En entrevista, Cruz destacó la importancia de que el aborto sea reconocido entre la sociedad como un derecho y no como un delito, subrayando que desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad de penalizarlo.

“Desde el PAN veo imposible un día votar por el derecho a decidir de las mujeres, y desde la oposición están haciendo un debate bastante pobre, bastante retrógrada, bajísimo el nivel de discusión. Lo único que están colocando en el imaginario social es que en Guanajuato está prohibido el aborto, que te pueden criminalizar, que en Guanajuato mueren las personas por falta de aborto, y no es así”, declaró la activista.

Cruz señaló que su mayor preocupación es el imaginario social, ya que, dijo, persiste la idea de que abortar en Guanajuato sigue siendo un delito.

La defensora insistió en que el debate no debe centrarse en ideologías partidistas ni en creencias personales, sino en garantizar los derechos de las mujeres y personas gestantes.

“No son los partidos, no son sus ideologías, no son sus creencias personales lo más importante, ni sus debates pobretones del Congreso. Lo más importante es que todas las mujeres supieran que, más allá de que se legalice o no, ya no es un delito, es un derecho, y todas tienen opciones para el acceso”, subrayó.

Tres nuevas iniciativas sobre aborto en el Congreso de Guanajuato

En el último mes, en el Congreso del Estado de Guanajuato se han presentado tres iniciativas que buscan reformar leyes estatales para eliminar las sanciones penales por aborto voluntario antes de las 12 semanas de gestación.

La primera propuesta, presentada por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, plantea despenalizar parcialmente el aborto voluntario hasta las 12 semanas y reducir las penas en caso de interrupciones posteriores.

La iniciativa propone modificar la punibilidad, al reducir las sanciones a las mujeres que aborten después de las 12 semanas de gestación con penas que van de tres a seis meses de prisión o trabajo comunitario de 100 a 300 jornadas.

Una semana después, el 16 de octubre, la diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros, presentó una iniciativa de reforma constitucional y penal.

La propuesta de la diputada presidenta de la comisión de Justicia busca eliminar el reconocimiento de la vida desde la concepción en el artículo primero de la Constitución local y suprimir las sanciones penales para quienes interrumpan el embarazo antes de las 12 semanas.

La tercera propuesta, y la más amplia de las iniciativas, se leyó en la sesión del 6 de noviembre. Morena, con la firma de las diputadas Martha Edith Moreno, Hades Aguilar, Miriam Reyes, Plásida Calzada y el diputado David Martínez, pretenden impactar diversas leyes: la Constitución local, el Código Penal, la Ley de Salud, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Educación estatal y la Ley de Víctimas.

Lo que busca la última iniciativa es lo siguiente:

Derogar el reconocimiento constitucional de la vida desde la concepción, por considerarlo inconstitucional.

Eliminar la responsabilidad penal hasta las 12 semanas de gestación, manteniendo como delito grave solo el aborto forzado.

Reformar la Ley de Salud para garantizar el acceso a servicios de interrupción del embarazo y reconocer la autonomía reproductiva.

Incluir la educación sexual y reproductiva en el sistema educativo estatal.

Reconocer la autonomía reproductiva como principio en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asegurar servicios de anticoncepción de emergencia y aborto legal en la Ley de Víctimas del Estado.

Verónica Cruz insistió en recordar  que, pese a que el Código Penal estatal aún mantiene la figura del aborto, ninguna mujer puede ser criminalizada en Guanajuato ni en el resto del país por interrumpir voluntariamente su embarazo.

“Lo más importante es que todas las mujeres sepan que abortar ya no es un delito, es un derecho. Lo que toca ahora es garantizar el acceso universal y libre de prejuicios”, concluyó.