Gana cerca de 55 mil pesos mensuales contratado por la nueva Secretaría del Migrante desde que arrancó; no tiene cargo; no es considerado funcionario público pese a que su sueldo es pagado por el Gobierno del Estado, tampoco está obligado a cumplir con horarios establecidos. Tiene un padrino: el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks, hoy coordinador parlamentario del PAN en la Cámara Baja y, para más señas, su suegro.

Fernando Fernández Arriaga ha firmado dos contratos por 831 mil pesos con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI) sin el visto bueno de la Secretaría de la Transparencia para brindar “asesoría y acompañamiento profesional en las gestiones de acciones transversales que efectúe la secretaría con organismos nacionales, así como la comunidad internacional con los que la secretaría mantiene relaciones para lograr la consecución de los beneficios en favor de la comunidad migrante”. Su sueldo es superior al nivel 10, que es el de los coordinadores de la secretaría.

Pero para los líderes migrantes y sus asociaciones que asesoran, acompañan y brindan servicios a los guanajuatenses en Estados Unidos no hay dinero y muy poco apoyo para realizar su labor.

El yerno del diputado panista Juan Carlos Romero Hicks tiene un currículo variado, ha trabajado lo mismo como abogado litigante que como experto en temas energéticos, y también brinda asesorías en liderazgo. Es directivo de Mexus Consulting desde 2011, una discreta consultora que ni siquiera tiene página Web. Su Facebook permanece sin actualizar desde febrero de 2016 y no tiene información de contacto.

Dentro de la secretaría no se sabe bien a bien qué labores realiza. Se solicitó vía la Unidad de Transparencia las documentales de su trabajo, sin embargo, sus informes se limitan a una larga lista de instituciones y personas con las que asegura haberse reunido. Las razones, objetivos, metas, alcances de esas supuestas interacciones se desconocen, pues en sus reportes no se dan los pormenores de su trabajo, pese que a la cláusula dos de su primer contrato firmado el 26 de septiembre de 2018, establece que:

“El prestador enviará a la Secretaría un reporte mensual detallando las actividades desempeñadas durante el mes anterior, el cual deberá ser enviado vía electrónica dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes posterior reportado. El reporte deberá contener los siguientes elementos:

a) Detalle de las actividades especificando su fecha de realización.

b) Fotografías que evidencien las actividades”.

A pesar de lo que se especifica en el contrato SeMig/CPSP/11/2018, la Secretaría del Migrante no entregó las fotografías y no dio fechas del trabajo realizado pues “al tratarse de una contratación de servicios profesionales dicho profesionista no se encuentra obligado a tiempos establecidos o agendas de trabajo”. Y sólo entregó un reporte vago que va de septiembre a diciembre.

El segundo contrato, el SeMig/CPSP/01/2019 es mucho más laxo, pues le piden que el reporte de actividades “detallado” sea bimestral y ya no le exigen ni fechas ni fotografías. Igual sólo entregó una lista de nombres de instituciones con quienes se reunió.

Aunque en su currículum se ostenta como Asesor del Secretario del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato, Fernández Arriaga no aparece en la base de datos de empleados de base ni por honorarios publicado en el portal de obligaciones por transparencia. A pesar de que en sus reportes señala que ha visitado clubes en estados como Texas, California, Arizona e Illinois y en diversos municipios en Guanajuato, no hay registro de sus gastos de viáticos, ni en el portal de transparencia ni consultando directamente a la unidad.

Fernández Arriaga está vinculado al polémico caso Traesa de Irapuato, cuando la administración municipal de Mario Turrent contrató a un particular para el servicio de limpia que no se realizó y que provocó un daño y perjuicio a la hacienda y patrimonio público del municipio de Irapuato de 2 millones 570 mil pesos.

Migrantes no lo conocen

Según el primer contrato, sus funciones eran básicamente “asistir al secretario John Robert Hernández” en reuniones, representarlo en audiencias y giras; ser el vínculo de comunicación entre Hernández y las demás dependencias; ser vínculo entre los empresarios y comunidad extranjera que reside en Guanajuato y dirigir y evaluar las funciones de los asesores del titular de la dependencia.

En el segundo contrato se especifica que brindará “asesoría y acompañamiento profesional” con “organismos nacionales, así como de la comunidad internacional con los que se establecerán relaciones para lograr la consecución de los beneficios en favor de la comunidad migrante”.

Sin embargo, los diez líderes migrantes con los que POPLab conversó del tema, debido a que sus asociaciones aparecen en el listado que Fernández Arriaga dijo haber visitado, rechazaron haber conversado con él o siquiera conocerlo.

En el reporte de enero-febrero 2019, Fernández dice que se ha reunido con 38 asociaciones de guanajuatenses en Estados Unidos de las 467 que tiene registradas el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. La queja extendida entre los líderes guanajuatenses es que las reuniones que realiza gobierno del estado desde las épocas del Instituto y ahora con la Secretaría del Migrante suelen ser excluyentes con la mayoría de las agrupaciones.

“El problema es que tiene sus preferidos y no extienden la información, estamos desinformados”, dice Martina Grifaldo, oriunda de Dolores Hidalgo y quien vive en Houston desde hace 30 años. asegura que la SMEI conoce de la existencia de su club pues “está registrado, me tienen en la lista, tienen mi email”, sin embargo no es invitada a las reuniones.

Mientras que Armando Peña, originario de Apaseo del Alto y quien vive en Waukegan, Illinois desde 1993 dice que hace un mes Fernández Arriaga estuvo en la zona (el funcionario dice que fue entre enero y febrero) al que le entregó unos documentos para Georgina Balderas Gómez, coordinadora de asistencia a organizaciones guanajuatenses en el exterior, para solicitar apoyo y asesoría. Balderas Gómez le dijo que Fernando no le había entregado la petición. Tampoco ha tenido respuestas a los correos electrónicos que ha enviado en repetidas ocasiones desde finales del año pasado al secretario John Robert Hernández.

Grifaldo quien pertenece al Club Dolorense en Houston pide que vayan los funcionarios de la Secretaría del Migrante a EU para “conocer la verdadera situación de la comunidad guanajuatense, que se conecten, no contamos con la ayuda de un gobierno, que dice que es la secretaría del migrante y que dicen que nos ayudan y no es verdad. Es necesario que atiendan los problemas que tenemos aquí”.

Martina explica que la mayoría de los paisanos la buscan cuando son detenidos por la policía y no son residentes regulares y además no tienen una matrícula consular ni identificación. También le piden ayuda para repatriar cuerpos, y tienen que acudir al consulado donde pasan por un complicado proceso. En todo este camino no reciben acompañamiento del gobierno estatal. Pero tampoco los capacitan para que puedan ayudar. Lo que saben lo han aprendido con la práctica, cometiendo errores que podrían haberse evitado si hubieran contado con la información adecuada.

La líder migrante lamenta que los guanajuatenses en Estados Unidos hayan sido olvidados por las autoridades de Guanajuato.

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Armando Peña coincide. En 2013 le pidió al entonces gobernador Miguel Márquez una guía para que se crearan más organizaciones guanajuatenses en el exterior y así beneficiar a los paisanos en Estados Unidos y a sus comunidades. Márquez Márquez le dijo que así se haría, pero eso nunca pasó. Don Armando hizo su propia guía y la ha compartido con otras personas y clubes, pues está interesado en fortalecer a la comunidad y dice entender porque no recibe ni siquiera este apoyo “al gobierno no le interesa que se una la gente”.

En el club que dirige Peña se ofrecen orientaciones sobre servicios locales, asesoría legal, se entregan actas de nacimiento, se acompaña en casos de fallecimientos. También funge como casa de cultura, se imparten clases de inglés de computación, arte, entre otras cosas.

Peña pidió a la Secretaría del Migrante que lo reconozcan como Casa Guanajuato, esto significaría que recibirían ayuda para operar y les dijeron que no hay recursos para eso, pese a que atiende a alrededor de 100 personas al mes con diferentes temas y todo lo pagan con sus recursos.

El líder migrante no se explica porqué firma la SMEI convenios con abogados y no los acercan a las organizaciones para que hagan un trabajo conjunto y con ellos que conocen las necesidades de la comunidad y que además cuentan con el reconocimiento de los connacionales.

Entre los migrantes existe el sentimiento de que no son valorados, pero si utilizados, explica Peña que cuando se enteran que ya tiene la toma de nota, el presidente municipal le pide su firma y aval del club para bajar recursos. Y se pregunta ¿qué no podemos ayudar con algo más que para hacer calles?”.

Cuenta que los guanajuatenses en el exterior suelen tener “ese sentimiento de que nunca les ayuda el gobierno, nunca nos dan la mano, nunca nos guían, nunca nos enseñan, porque lamentablemente en los gobiernos siempre ha existidio el favoritismo de ayudar solo a sus cercanos.”

Y cuando participan en los programas, no se enteran qué hacen con los recursos recibidos para migrantes.

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Para don Armando no hay mejoras desde que el Instituo se convirtió en secretaría “su excusa es la transición” y por eso ahora no les han dado a conocer los programas de este año. Dice que se gastan muchos recursos en viajar y en los kioskos que proporcionan diferentes documentos y es “dinero tirado pues esos servicios los ofrecen o el consulado o los clubes”.

Y para casos prácticos tampoco cuentan con asesoría, Peña recuerda que en una ocasión se acercó al gobierno estatal para que los asesaron sobre cómo enviar equipo médico desde Illinois hasta Apaseo. La respuesta oficial que recibieron fue que no estaba en sus competencias hacer trámites con aduanas. Pero ellos sólo querían conocer cómo era el proceso. Al final tuvieron que pagar una mordida en la aduana y saliendo otra a la “mafia” para poder transitar, en total se gastaron 800 dólares para que el equipo médico llegara a tierras guanajuatenses.

Los líderes migrantes piden lo mismo: que sean incluídos en las labores que realiza la SMEI, que los ayuden a capacitarse para ofrecer mejores servicios, que se les acompañe y sobre todo, que se les reconozca.

Juan Hernández no conecta

El primer secretario del Migrante de Guanajuato ha venido recibiendo críticas de líderes y organizaciones de guanajuatenses en los Estados Unidos por acciones como la firma de convencios con empresas desacreditadas como Integra, vinculada a fraudes en anteriores programas de apoyo a migrantes.

Parte de esa desconexión podría encontrarse en la contratación de auxiliares como Fernández Arriaga, desconocedor del tema migratorio y llegado al cargo solo por las buenas relaciones entre Juan Hernández y Juan Carlos Romero Hicks, a quien incluso le coordinó su precampaña por la candidatura presidencial del PAN en 2017.

De ser ciertas las atribuciones que se le han encomendado a Fernando Fernández, incluso estaría invadiendo las responsabilidades del Subsecretario Ángel Calderón, el sí un respetado miembro de la comunidad migrante en California, con reconocimiento en el resto de la Unión Americana.

Aseguran los líderes entrevistados para este trabajo que de mantenerse en estas equivocaciones, el secretario Juan Hernández echará por la borda el relevante logro del actual gobienro de haber elevado al primer plano del gabinete estatal la agenda migratoria de Guanajuato.