Un juez federal concedió la suspensión definitiva de la operación del complejo City Center al resolver un amparo promovido por un grupo de ciudadanos en contra de la dirección General de Medio Ambiente y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) por privilegiar la dotación de agua al complejo, en detrimento de las colonias aledañas.

Por lo pronto, la medida obliga al municipio a no emitir el aviso de terminación de obra y no expedir la autorización de uso y ocupación o a suspenderla, en caso de ya haberla otorgado.

Esta sentencia se acatará, dijo el secretario del Ayuntamiento Jorge Jiménez.

Por su parte, Sapal debe suspender de manera inmediata el suministro de agua que ya se viene otorgando al centro comercial y edificios de oficinas.

Esta decisión viene precedida de la suspensión provisional otorgada el 30 de agosto por el juez cuarto de distrito. La resolución que en principio ordenaba detener las obras y la operación del centro comercial solo quedó en la cancelación de actividades dentro del City Center, pues mediante un recurso presentado por abogados del complejo impulsado por México Retail Properties, se logró reactivar la construcción.

Foto: Acción Colectiva

Pero de acuerdo con vecinos y visitantes del parque los Cárcamos, pese a la suspensión de la operación del proyecto, este siguió su curso, ignorando el mandato judicial. Así lo dio a conocer la organización Acción Colectiva en un comunicado emitido el 10 de septiembre.

Tras la interrupción de las obras, Demetrio Arrieta, director del proyecto, declaró en entrevista a un diario local que la información sobre el desarrollo estaba manipulada y que el amparo está sustentado en un “refrito”, por lo que la demanda resultaba “endeble”.

El sector empresarial no guardó silencio y fue Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de Coparmex, quien señaló que este tipo de acciones crean incertidumbre entre los inversionistas, además de asegurar que desde su perspectiva el proyecto “cumple con todas las de la Ley" y que el amparo no prosperaría.

“Lo que le debe de dar certeza a los inversionistas es que las autoridades cumplan con lo que la ley mandata y con lo que la autoridad judicial ordena”, explicó Gustavo Lozano, activista e integrante de la organización Acción Colectiva.

El tema no fue ajeno para la administración municipal, e hizo eco en los regidores de oposición durante la sesión de ayuntamiento del 14 de septiembre, en donde la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, el síndico Arturo Sánchez Castellanos y Jorge Jiménez Lona, secretario del ayuntamiento, señalaron que el gobierno municipal no podía intervenir hasta que no hubiera una resolución en el proceso.

Hoy la resolución es definitiva, pero la autoridad municipal solo se ha limitado a decir que no concederán el uso de suelo, pero que el agua se le seguirá suministrando al complejo.

Foto: Acción Colectiva

Suspensión definitiva

Al lastre de amparos y señalamientos en contra de la edificación del City Center, se le suma ahora esta suspensión definitiva que de momento ha logrado frenar cualquier tipo de actividad y ha obligado a las autoridades municipales a intervenir y acatar el mandato judicial.

La medida otorgada por el juez cuarto de Distrito comprende la suspensión inmediata del suministro de agua al City Center para la operación de las empresas instaladas dentro del complejo, así lo dio a conocer esta mañana la organización Acción Colectiva.

El amparo presentado en contra de Sapal, se sustenta en la factibilidad de más de 300 millones de litros de agua que la paramunicipal debía entregar al año al complejo, mientras las colonias aledañas sufren por los tandeos de agua desde el mes de marzo y que continuarán durante el próximo año, según se ha anticipado.

Mientras que la demanda interpuesta en contra de la dirección de Medio Ambiente, encuentra su subsistencia en la autorización en materia de impacto ambiental otorgado al City Center.

Para el activista Gustavo Lozano, resulta indispensable que las autoridades municipales entren en acción y suspendan toda actividad comercial y empresarial dentro del proyecto.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, mencionó en entrevista que, tras la resolución emitida por el juez, el gobierno municipal no podrá otorgar el permiso de uso de suelo y si este ya se dio, quedará anulado.

Autoridad ausente

En sesión de Ayuntamiento del 14 de septiembre, el regidor Antonio Morón llevó el tema de la construcción y suspensión provisional del City Center a la sala de cabildos, en donde destacó que, pese a que existe una orden judicial, la autoridad municipal no se ha pronunciado al respecto.

A lo que Jorge Jiménez Lona, secretario de ayuntamiento, respondió que sería hasta el 18 de septiembre cuando el juzgado resolvería el tema, por lo que habría que esperar, pues “el municipio tampoco puede ir a parar una obra por iniciativa propia, pues serían acreedores a demandas millonarias”.

Para Gustavo Lozano, en el momento que se concedió la suspensión provisional, el municipio debió ordenar la detención de la construcción y la operación del complejo, “pero lo que vimos fue un desentendido de parte del secretario, de la alcaldesa y del síndico”, puntualizó.

Por su parte, Arturo Sánchez Castellanos, síndico y expresidente de la Coparmex, manifestó que existían una serie de imprecisiones en los argumentos del regidor, y explicó que el municipio sí contaba con las facultades para otorgar los permisos de construcción a dicha obra.

En este sentido, Gustavo Lozano mencionó “que mucho de lo que se dijo en la sesión del 14 de septiembre por parte de la presidenta, del secretario del ayuntamiento y del síndico municipal son argumentos que faltan a la verdad y confunden a la ciudadanía”.

Por lo que invitó a Sánchez Castellanos a entablar un debate, fuera de su “zona de confort” y con “información tan limitada respecto al caso City Center”

El activista señaló que pese a los llamados a las autoridades municipales para entablar un diálogo o tener un acercamiento, estos no han tenido respuesta por parte de la administración que encabeza Alejandra Gutiérrez.

“El fondo del asunto es el derecho humano al agua y al medio ambiente de las y los habitantes de la ciudad de León, eso es todo”, explicó el activista.