A un año del inicio de su sexenio, Libia Dennise García Muñoz Ledo pretende incrementar la deuda pública del estado a 19 mil 675 millones de pesos, al sumar 8 mil millones de pesos a los préstamos que le heredó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Es decir, en seis años la deuda de Guanajuato crecerá en un 257 por ciento si el Congreso local autoriza las dos solicitudes de crédito, de 4 mil millones cada una, que incluyó la gobernadora en el paquete fiscal para 2026. 

De concretarse los préstamos la deuda per cápita en Guanajuato podría incrementarse hasta un 68 por ciento, y cada guanajuatense pasará de deber 1 mil 562 pesos a 2 mil 634 pesos.

Los créditos solicitados por la gobernadora son para obras en municipios y para el acueducto Solís-León, aunque todavía no existe certeza sobre la realización de la obra para abastecer de agua a los municipios del corredor industrial, ante la resistencia social que ha surgido en las últimas semanas en Acámbaro y municipios vecinos del suroeste del estado. 

Durante su mandato, Rodríguez Vallejo obtuvo autorización para contratar 13 mil 250 millones de pesos en créditos, con el aval de un Congreso de mayoría panista.

Al término de su gestión, en septiembre de 2018, Miguel Márquez Márquez dejó una deuda de 5 mil 506 millones de pesos.

En enero de 2020, poco más de un año después de asumir la gubernatura, Diego Sinhue Rodríguez solicitó al Congreso autorización para contratar un crédito por 5 mil 350 millones de pesos.

El argumento para este primer endeudamiento fue la reducción de recursos federales destinados a infraestructura. 

Con Héctor Salgado Banda como secretario de Finanzas, cargo que mantiene en el actual gobierno de Libia García, Rodríguez Vallejo gestionó tres créditos en menos de tres años, amparado siempre en el discurso de la solidez financiera del estado y en las calificaciones positivas de las agencias crediticias.

El primer crédito, por 5 mil 350 millones de pesos, se distribuyó en los siguientes rubros: 300 millones para infraestructura y equipamiento educativo; 1 mil 400 millones para infraestructura social y desarrollo regional; 2 mil 150 millones para infraestructura carretera y movilidad; 350 millones para el sistema de salud pública, y 1 mil 150 millones para el Sistema de Seguridad Pública y Jurídica.

A los pocos meses de aprobarse este financiamiento, el Congreso recibió una segunda solicitud, ahora por 5 mil millones de pesos. Según el entonces gobernador, este recurso se destinaría a reactivar la economía estatal mediante inversiones en infraestructura social, con criterios similares a los del primer crédito. El decreto correspondiente fue publicado el 31 de diciembre de 2020.

La tercera deuda, por 2 mil 900 millones de pesos, fue aprobada a finales de 2022.

Entre las obras financiadas con este crédito destaca el inconcluso Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), en Celaya, uno de los proyectos que heredó Libia García y para el que no se tiene fecha de conclusión.

Otra obra que se ejecutó con recursos de la deuda fue el bulevar de La Libertad, cuya inversión superó los 3 mil millones de pesos, que fue inaugurado por la gobernadora en octubre pasado sin estar terminado. De acuerdo con una respuesta obtenida por POPLab vía transparencia, al 17 de octubre la obra presentaba un avance físico del 90 por ciento, aunque inició desde el 19 de octubre de 2023.

Las obras de rehabilitación en la comunidad La Venta, en Dolores Hidalgo, donde se ubica el viñedo Omún, propiedad de Ariel Picker Schatz, dueño de Seguritech, también fueron financiadas con esa deuda.

De acuerdo con el boletín mensual de deuda de la Secretaría de Finanzas, hasta octubre de 2025 el estado registra un endeudamiento de 11 mil 675 millones de pesos.

Ahora, en el segundo presupuesto que presenta como gobernadora, Libia García propone contratar otros 8 mil millones de pesos: 4 mil millones ya etiquetados para el acueducto Solís–León y 4 mil millones adicionales para obras municipales, aunque su iniciativa no detalla cuáles serían estos proyectos ni los municipios beneficiados.

Pese a resistencia social, van por deuda para acueducto

Sin que exista claridad sobre el futuro del acueducto Solís–León, un proyecto federal impulsado por el Gobierno de Guanajuato para abastecer de agua a los municipios del corredor industrial, la gobernadora incluyó en el presupuesto estatal la contratación de un crédito por los primeros 4 mil millones de los 7 mil 500 millones de pesos que el estado tendría que aportar. La obra está valuada en 15 mil millones de pesos.

Pese a las manifestaciones sociales en contra del proyecto, el Gobierno del Estado decidió mantener la solicitud de endeudamiento. Sin embargo, dividió la propuesta de los 8 mil millones de pesos totales para que el Congreso vote por separado el crédito destinado al acueducto y el dirigido a obras municipales.

Habitantes de Acámbaro y municipios de la región han anunciado que acudirán al Congreso del Estado para expresar su rechazo al crédito por 4 mil millones de pesos destinado al acueducto.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Finanzas, si la deuda se aprueba, en enero iniciarían los preparativos para lanzar las convocatorias y, para marzo, se definirían las instituciones bancarias que otorgarían los créditos.

Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, señaló que, en caso de aprobarse el endeudamiento y que finalmente la obra no se realice, los 4 mil millones de pesos no podrían reasignarse a otros proyectos.

"Estoy confiado en que se va a realizar el acueducto, pero si en el remoto caso de que no se llevara a cabo, ese recurso es solo para eso, no será para otra cosa", afirmó.

Salgado Banda añadió que los 3 mil 500 millones de pesos restantes que corresponden a la aportación estatal tendrían que incluirse en el próximo paquete fiscal, aunque no precisó si provendrían de recursos propios o de un nuevo crédito.

El funcionario también dijo no tener información sobre posibles penalizaciones para el Gobierno del Estado en caso de contratar la deuda y no utilizar los recursos, pues ello dependerá de lo que se establezca en el convenio que se firme con las instituciones bancarias que otorguen el financiamiento.

PAN respalda nueva deuda, mientras oposición analiza

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado inició el análisis de las dos solicitudes de deuda incluidas por el gobierno de Libia García Muñoz Ledo en el paquete fiscal, que en conjunto ascienden a 8 mil millones de pesos, divididos en dos créditos de 4 mil millones cada uno.

Mientras Morena mantiene abierta la posibilidad de respaldar el endeudamiento, el PAN afirma que las solicitudes cumplen con todos los requisitos legales y no ponen en riesgo las finanzas estatales, respaldadas, aseguran, por las altas calificaciones crediticias que diversas agencias han otorgado a Guanajuato.

El diputado Abraham Ramos Sotomayor, integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que ambas solicitudes se revisan por separado, aunque persiste la falta de claridad respecto a las obras que se financiarían con los 4 mil millones de pesos destinados a infraestructura municipal.

"Es cuestión de revisar a dónde van los recursos. Las calificadoras pueden darte los mejores dictámenes, pero al final sigue siendo deuda. Lo importante es determinar si ese dinero realmente se dirigirá a obras necesarias; ese es nuestro trabajo como legisladores", expresó.

En una reunión con diputadas y diputados, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, llamó a votar en contra del proyecto de presupuesto presentado por la gobernadora.

Por su parte, el diputado Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, defendió las solicitudes al afirmar que las sólidas calificaciones crediticias del estado permiten autorizar la nueva deuda y que los recursos se destinarán a inversión pública.

"La gobernadora no está pidiendo dinero para una fiesta ni para gastos superfluos. La solicitud se ajusta a lo que establece la Ley de Deuda Pública y de Disciplina Financiera: inversión productiva", sostuvo.

Las dos propuestas de endeudamiento de Libia García se suman a los aumentos previstos en el cobro de contribuciones para el próximo año, con el fin de financiar un gasto estimado en alrededor de 140 mil millones de pesos.