1.- Un fiscal muy manoseado

Lo que menos falta le hacía a Guanajuato era un proceso desaseado para elegir por primera vez a una fiscal general del estado, sobre todo después de los casi 16 años de Carlos Zamarripa quien en su momento pasó automáticamente de procurador a fiscal, pese al prometido “golpe de timón” de Diego Sinhue Rodríguez.

Está claro que Sinhue no tenía poder para deshacerse de Zamarripa, pues su ratificación y posterior conversión a figura autónoma eran las condiciones clave que le impuso Miguel Márquez para convertirlo en candidato a la gubernatura mediante el primer dedazo de la era panista de Guanajuato.

Las consecuencias fueron la distancia creciente con el gobierno federal, la continuidad de la impunidad y de su secuela, la violencia, y un lastre permanente al pasado gobierno a grado tal que la remoción del fiscal se convirtió en asunto de vida o muerte electoral.

Libia García no resultó una candidata “condicionada” por Sinhue, como lo hubiera sido Jesús Oviedo (¿quién es Oviedo? podrían preguntarse los lectores con justificada razón). La entonces secretaria de Gobierno era la figura alternativa que podría proporcionar al mandatario saliente la tranquilidad de no saberse cuestionado, incluso perseguido.

Enfrente se encontraba Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, quien ya en su arranque había denunciado abusos de autoridad de su antecesor, Héctor López Santillana, como la fraudulenta disminución de impuesto al Club Campestre de León y el regalo del terreno de un kínder al empresario Gabriel Padilla, amigo de tertulias del gobernador.

Sinhue, que no quería verse en esa tesitura viviendo en su retiro dorado en los bosques texanos, tuvo que volcarse en el apoyo a Libia sin poder imponer demasiadas condiciones. Logró sostener a Héctor Salgado Banda y hacer sobrevivir a Juan Carlos Alcántara, Aldo Márquez y Juana de la Cruz Martínez, pero ya no alcanzó para Carlos Zamarripa.

Así se cerró el ciclo del fiscal más poderoso de México: un sacrificio en aras de la rentabilidad electoral. Lo que al parecer nadie pensó, planificó ni operó, fue el día después.

No bastaron los 10 meses desde que Libia candidata anunció el relevo. No fueron suficientes los siete meses después del triunfo electoral. Tampoco se aprovecharon los 90 días que Zamarripa dio de colchón al nuevo gobierno con la anticipación de su renuncia.

La lluvia de 9 candidatos propuestos por los partidos, ninguno de ellos sobresaliente, fue trasladada a la gobernadora, sin valoración ni análisis, por el Congreso.

El caballo negro decidido de antemano, Gerardo Vázquez Alatriste, no logró acreditar el visto bueno federal, como lo habían vendido Juan Mauro González y el propio aspirante. La terna se completó con dos funcionarios zamarripistas que, por más que quieran presumir que su paso de tres lustros por ese pantano no los mancha, no tienen manera de evitar el desprestigio.

Es más, la fórmula parece diseñada para eso: un favorito y dos perfiles de prestigio y trayectoria desgastados.

Sin embargo, el engrudo se le viene haciendo bolas al coordinador panista del Congreso, Jorge Espadas Galván, quien no parece mantener atada ni siquiera a su bancada y a quien su estilo “negociador” de pagar los votos en especie, le está encareciendo el costo de la negociación con dos maestros de la transacción sin escrúpulos: Alejandro Arias y Sergio Contreras.

Espadas necesita todos los votos, los propios, de los aliados y los que pueda comprar en el mercado parlamentario. Morena, con sus 11 votos ha anunciado abstención para no convalidar la elección votando por otro de los perfiles. Bastará que 2 diputados, del PAN o cualquiera de las otras fracciones, voten distinto de la consigna mayoritaria para que se frustre la elección de fiscal en el Congreso y la terna regrese a la gobernadora, quien asumiría todo el desgaste de la designación.

El proceso, además de las complicaciones del voto, se ha ensuciado por mala operación política. Las fracciones minoritarias han realizado fintas para encarecerse, mostrando las limitaciones de una estrategia basada en el intercambio de prebendas y no en los acuerdos políticos.

Hemos visto a los aspirantes a fiscal manejar un cabildeo grotesco, que deja ver la insuficiencia de los usos y costumbres parlamentarios. La reunión pública fue acartonada, limitativa y sin posibilidad de diálogo real. Hubo necesidad de “reuniones en corto”, que ya no fueron normadas por ningún protocolo y donde los aspirantes no tuvieron igualdad de oportunidades.

En horario de trabajo, descuidando sus relevantes tareas, Gerardo Vázquez e Israel Aguado, uno fiscal federal en funciones y el otro fiscal regional en Irapuato, acudieron a reuniones de las que no se documentaron los temas tratados ni los acuerdos pactados.

¿Hubo peticiones concretas, negociación de posiciones, trato preferencial en litigios? ¿Se habló sólo de los problemas del estado? ¿Tendremos un fiscal que llegó en base a acuerdos inconfesables con los legisladores? ¿Es esta la mejor manera de enfrentar la crisis de seguridad en Guanajuato, con reuniones en lo oscurito de quienes van a votar en la elección de fiscal y los aspirantes?

Más allá de lo que resulte en este proceso, las evidencias apuntan a que el fiscal a quien tocará desandar las equivocaciones y fracasos de dos sexenios y medio, no llegará ni con legitimidad ni con credibilidad, sobre todo gracias a la escasa altura de miras y la enorme torpeza política de los diputados de Guanajuato, quienes no supieron estar a la altura de una decisión que nos pesará a todos por muchos años.

2.- Vázquez Alatriste y su doble cachucha

El inminente fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, quien se mostró sobrado en su presentación ante los diputados, dio a conocer que es dueño de un despacho de litigación en materias mercantil y minera, y aseguró que no impactan en su responsabilidad como funcionario federal.

Es una receta conocida: antes de que te descubran, infórmalo tú, así no te sorprenderán.

La jugada de pizarrón dejó callados a los legisladores, ninguno de los cuales retomó la información para interrogar más a fondo al postulante a la fiscalía.

En principio, deja mucho qué desear que un funcionario público con altas responsabilidades, que le exigen tiempo completo (el propio Vázquez Alatriste dijo que “trabaja de día y de noche”), disponga de la posibilidad de conducir un despacho especializado con éxito.

También llama la atención que un abogado especializado en el tema penal también pueda litigar derecho mercantil.

Pero más allá de eso, el manejar la procuración de justicia federal en un estado y pretender hacer lo mismo con la persecución local del delito, sin duda da una enorme posibilidad de hacer relaciones públicas y gestionar en otras instancias, en lo que técnicamente se conoce como tráfico de influencias.

Una vez que al menos 24 legisladores de Guanajuato, algunos disciplinados con su liderazgo partidista y otros lucrando alegremente con su voto, le den el respaldo para hacerse con el búnker de Cervera y los enormes recursos de la Fiscalía de Guanajuato, sería deseable que Vázquez Alatriste cierre su despacho y lo haga público.

Es lo mínimo esperable después de la forma en que se autoelogió con su compromiso ético y su gran disposición para ponerse al servicio de Guanajuato, sentimiento que le nació en los escasos 18 meses que tiene de conocer la entidad.

En la misma comparecencia, Vázquez aseguró que había logrado conseguir doce sentencias en carpetas de delincuencia organizada, “muchas para quien no le toca perseguir ese delito”. De paso dijo que todos sus antecesores de la FGR no habían logrado una sola, demeritando a la institución de la que ha formado parte por décadas.

Ningún diputado fue capaz de replicar a su jactancia: no es posible que un funcionario haga “lo que no le toca”, cuando un servidor público en cualquier área y máxime la de la justicia, solo puede hacer lo que la ley le faculta.

Parece que tendremos un fiscal afecto al histrionismo y protagónico, radicalmente diferente del hermetismo y la adustez de Zamarripa. Si hay cambio en lo que realmente importa, pronto lo sabremos.

3.- El hacha de guerra de Rosario Corona

El conflicto inédito en tiempos panistas entre la cúpula empresarial de León y el gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo sigue escalando. Esta semana vimos una crítica muy ácida al presupuesto estatal por parte de los dirigentes de al menos 3 organismos, encabezados por Roberto Novoa del Consejo Coordinador Empresarial.

El tema central fue la debilidad de los recursos destinados a promocionar el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la competitividad, para fortalecer el presupuesto dedicado al desarrollo social y las transferencias directas.

Las respuestas surgieron rápido en el gobierno. La propia gobernadora salió a dar la cara de forma conciliadora y dijo que el presupuesto ha cambiado porque “está pensado en la gente”, dejando sentir que se modificará la óptica de favorecer a las grandes empresas, trasnacionales primero, como lo hicieron las administraciones panistas desde la época de Vicente Fox.

El diputado Miguel Salim, cercano históricamente a la gobernadora, defendió la visión presupuestal con enfoque social, sin descalificar el reclamo empresarial, más allá de llamarlos a señalar despilfarro en proyectos a nivel federal.

Sin embargo, la línea discursiva dedicada a defender la visión social del presupuesto estatal cambió drásticamente con la aparición de la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, quien parece haber elegido el papel del policía malo en la relación con los dirigentes empresariales.

La funcionaria encargada de las políticas de transferencias a la población, cuyo presupuesto tuvo el mayor de los crecimientos en 2025, pareció personalmente ofendida con las críticas empresariales y respondió con argumentos ad hominem.

Con una desproporción total y muy distante de las afirmaciones de Libia Dennise, quien se refirió a las críticas solamente como “visiones distintas”, Corona Amador escaló la polémica al afirmar que el Estado “no va a sucumbir” ante cuatro empresarios. De paso, nulificó la representación que ostentan los directivos y convirtió la polémica en algo personal.

Puede haber dos explicaciones: la secretaria del Nuevo Comienzo sigue acostumbrada al trato vertical que aplicaba a los militantes del PAN cuando era secretaria adjunta de ese partido; o bien, ese será su papel en el “Gabinete de la Gente”: la de quien da los palos para que otros soben los chipotes.

Por lo pronto, la política social de Libia, un cambio radical en la historia panista, nace vestida como medida de revancha contra sus viejos aliados empresariales. ¿Era necesario?