Un descuento injustificado, realizado a personal base del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) ha detonado una crisis al interior de esta institución en Guanajuato, derivando en otras irregularidades laborales y represalias, denunciaron integrantes del Comité Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA). Los trabajadores acusan al titular del instituto, José Jesús Correa Ramírez, de operar con autoritarismo y violar de manera reiterada el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Pero las medidas de sanción no solo han afectado a los trabajadores sindicalizados con el descuento, que repercute en la entrega de un bono anual, sino que además se han reflejado en otras acciones como la falta de entrega de uniformes o equipo y la negativa a ocupar plazas vacantes, necesarias para que el instituto cumpla cabalmente con sus tareas de alfabetización.

De acuerdo con el área de Comunicación Social del INAEBA, en Guanajuato el 4.7% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, lo que representa 226 mil 552 guanajuatenses. Y aunque no es la entidad con más personas en esta condición, sí concentra al municipio con mayor número de personas analfabetas del país: León, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Jesús Correa sostiene que existe una relación de respeto con las representaciones sindicales, sin embargo, responsabilizó al comité seccional del descuento por el horario en el que solicitaron el permiso. “Es un encono, una escalada personal, yo lamento esta situación, pero hasta ahí”. El funcionario se comprometió a revertir el descuento. 

La deducción al salario se aplicó de forma unilateral a decenas de trabajadores que participaron en una asamblea sindical de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) durante el mes de julio, pese a que contaban con los permisos correspondientes, el descuento se aplicó en la primera quincena de agosto. 

“Lo que nosotros argumentamos es que la fecha excedió del término de 30 días que establece la Ley Federal para aplicar un descuento. Con independencia del proceso que ellos hagan, pues lo tuvieron en dos momentos, en dos momentos en cada quincena. Tratamos de hablar con el director, pero él ya estaba molestó, él incluso comentó en una reunión con coordinadores y directores de área que estaba molesto y dijo que la relación con el sindicato ya estaba rota”, explicaron integrantes del sindicato. 

La dirigencia sindical considera que esta medida no responde a razones administrativas, sino a represalias por parte del director general, quien —según testimonios— ha manifestado abiertamente su molestia hacia el sindicato por apoyar a una trabajadora que interpuso una denuncia ante Derechos Humanos.

A pesar de que la representación sindical ha buscando de manera reiterada entablar un diálogo con el director general del INAEBA, él se ha negado a abrir un canal de comunicación para resolver el conflicto, lo que ya generó que escalara hasta la oficina de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha sido enterada del asunto mediante tres oficios diferentes enviados por el sindicato. 

Un expediente de irregularidades y violaciones sistemáticas

Los trabajadores federales adscritos al Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos sostienen que durante los últimos tres años han sufrido una serie de violaciones a sus derechos laborales, que han tenido repercusiones en el cumplimiento de los objetivos institucionales del INAEBA; todo esto a causa de las decisiones de director: José Jesús Correa Ramírez.

Correa fue designado como director de la instancias en mayo de 2022 por el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Sustituyó a Eusebio Vega Pérez en el cargo y tiene trayectoria como miembro del Partido Acción Nacional (PAN).

Es abogado, originario de San Miguel de Allende, fue secretario general del partido en 2013, presidente municipal de esta ciudad entre 2006 y 2009 y diputado al concluir este período. 

Destacan entre las quejas de los trabajadores sindicalizados, que son 276 en el Estado de Guanajuato, el descuento injustificado de un día de salario a trabajadores que asistieron a una asamblea sindical con permisos previamente autorizados por la propia institución. Este descuento, aseguran, ha tenido repercusiones salariales y legales. 

Sostienen también que no se les han pagado estímulos por puntualidad mensual y anual, con el argumento de que asistir a citas médicas invalida estos beneficios, aún cuando los justificantes son expedidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)-instancia federal de la que depende el sindicato- notificó a la instancia estatal mediante un oficio los lineamientos que deben seguir con relación a esta prestación. 

Incluso afirman que posterior al descuento, el director general del INAEBA visitó diversas coordinaciones del estado para desacreditar públicamente a la dirigencia sindical y coaccionar a los trabajadores para que solicitaran de forma individual la devolución del día de salario descontado, excluyendo a la representación gremial del proceso.

También señaló que se ha privado a los trabajadores del derecho a disfrutar sus vacaciones conforme a lo pactado, imponiéndoles de forma unilateral un periodo vacacional homogéneo y se les ha negado la entrega de uniformes conmemorativos del Día del Trabajo, prestación establecida en el Contrato Colectivo.

Otro punto de conflicto ha sido la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del aguinaldo de 2024, lo que dicen los empleados contraviene acuerdos previos entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el sindicato. La institución también ha fallado en la falta de entrega de equipo de protección para personal de almacén y la retención de material de oficina destinado a la oficina sindical, incluyendo la reposición de una impresora retirada en 2023.

En un oficio reciente, el director del INAEBA acusó a la representante sindical Anel Moreno Castillo, de generar un ambiente de desconfianza y tensión en un oficio enviado a la representación nacional. 

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Faltan plazas frente a rezago en León y el Estado 

El personal sindicalizado también denunció que el INAEBA se ha negado a ocupar la totalidad de las plazas vacantes, a pesar de contar con el presupuesto federal autorizado para ello, lo que —sostienen— causa repercusiones en los objetivos de alfabetización en el estado. El INAEBA ejerce anualmente un presupuesto superior a los 300 millones de pesos, la mitad de ellos aportados por el Gobierno Federal y la otra parte por el Estado.

Por ejemplo, en el caso de León, hay solo 40 personas dedicadas a la alfabetización, cuando el municipio tiene una población de 40 mil personas que no saben leer ni escribir. Es decir, que cada persona dedicada a la alfabetización debe atender aproximadamente a mil personas en esta ciudad, la cual, de acuerdo con el INEGI, acumula la mayor cifra de rezago en este sentido desde el año 2020.

El sindicato tiene 276 personas agremiadas y sostiene que, desde el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), se tiene un presupuesto autorizado para 316 plazas en total; sin embargo, 40 de ellas permanecen sin ocuparse.

En entrevista, el director del INAEBA en Guanajuato, José Jesús Correa Ramírez, aseguró que existe una buena relación con el sindicato de trabajadores federales y estatales, y que el Instituto opera actualmente con más de 700 empleados, ya que cuenta con trabajadores del estado y voluntariado.

“Con los dos sindicatos, hasta la fecha, salvo un incidente, las relaciones siempre han sido en un marco de respeto. Obviamente, yo de profesión soy abogado —todos sabemos que ellos tienen un contrato colectivo de trabajo—; todos sabemos que lo que está establecido en el contrato colectivo y a nivel presupuestal se debe respetar”.

Detalló que el presupuesto asignado al INAEBA ha sido superior a los 300 millones de pesos anuales durante los últimos dos años. Sin embargo, reconoció que ha habido recortes en las aportaciones federales por 7 millones de pesos, lo cual —explicó— tiene relación con la contratación de plazas. Además, explicó que, debido a que el recurso para la operación no está etiquetado, puede optimizarse y utilizarse para “contingencias”, aunque para ello deben solicitarse autorizaciones.

“Hay un número de plazas que no se utilizan, que se guardan. El dinero se gasta en ellas para hacer frente a muchas contingencias que no están contempladas durante el año”, aceptó.

Jesús Correa detalló, sobre el descuento realizado a los trabajadores que acudieron a la asamblea, que estos solicitaron un permiso por un horario definido y que, posteriormente, cuando este horario ya se había autorizado, requirieron que se cambiara por el día completo. Agregó que, en un organismo que trabaja con metas, este tipo de ausencias causa afectaciones, y comparó la situación con la producción de una empresa de la iniciativa privada.

Consideró que el error fue de la representación sindical por no solicitar desde un inicio el día completo, y señaló que esta representación contravino una instrucción dada por la dirección, ya que 178 trabajadores tomaron el día completo.

Aceptó que el descuento de un día afecta los estímulos de puntualidad para los trabajadores y calificó como una “escalada personal” la inconformidad de los empleados por la decisión. No obstante, se comprometió a revertirlo como un “gesto de humanidad”.

“He sido empleado muchos años; sigo siendo un empleado. Entonces, sí sé que el deterioro económico causado por una medida, debido a un error que no te correspondió a ti, sino que correspondió —en este caso— a la representación seccional estatal... Pero bueno, este tema está resuelto”, finalizó.

Ante la falta de respuesta institucional, el sindicato llevó el caso a la oficina de la gobernadora, Libia Denisse García Muñoz Ledo, quien, a través de su Secretaría Particular, pidió a la representación sindical comunicarse con un funcionario que ya no trabaja en el instituto desde hace más de un año.

El SNTEA ha solicitado la intervención de la Secretaría de la Honestidad y Transparencia del Estado de Guanajuato, así como de autoridades federales competentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales y humanos del personal de base federal del INAEBA.

El sindicato ha interpuesto quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), así como demandas por despidos injustificados y prestaciones no pagadas.

Además, ya hubo un acercamiento del sindicato con el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Marco Antonio Rodríguez, para buscar una solución a las problemáticas que afectan a los trabajadores de la instancia de alfabetización en el estado.