La Secretaría de Educación de Guanajuato podría perder el inmueble de 1016 de la calle Españita, en la Zona Piel de León. En agosto pasado, la Fiscalía General del Estado determinó el no ejercicio de la acción penal por el delito de despojo, tras la denuncia presentada por la Delegación Regional en el año 2023. 

De acuerdo con el titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Alejandro Sierra Lugo, la Fiscalía estatal concluyó que, aunque existía una ocupación irregular del inmueble por parte de terceros, no se acreditaron los elementos para este delito.

“Esto se debe a que, tratándose de bienes públicos en desuso, con frecuencia no existe una posesión material previa que permita encuadrar la conducta en el tipo penal de despojo”, explicó en un cuestionario a solicitud expresa de POPLab. 

Ante el fracaso de la denuncia penal, Alejandro Sierra Lugo informó a POPLab que se recurrirá a la vía civil con una acción reivindicatoria. El funcionario se negó a dar detalles del inicio del proceso para no “comprometer la estrategia legal” de la Dirección Jurídica de la SEG.

“Este caso refleja una problemática mayor, la falta de coordinación entre el municipio y el estado para garantizar la protección jurídica de los bienes públicos y su destino social”, cuestionó la diputada morenista Martha Edith Moreno Valencia este jueves durante la Comisión Permanente. 

POPLab ha documentado el abandono del inmueble que hasta inicios del año 2000 fue un preescolar estatal. Rogelio de Cavia, vecino de la colonia Los Gavilanes, relató que el edificio no volvió a ser utilizado por la SEG desde inicios del nuevo milenio. En las dos ocasiones en las que el inmueble ha sido invadido, la acción de la Delegación Regional de la SEG llegó después de las alertas de los propios vecinos. 

Fue en 2023 cuando un particular hizo uso de la construcción como taller mecánico. Meses más tarde y gracias a la presión de los vecinos, la Dirección General de Desarrollo Urbano de León inició un procedimiento administrativo, que derivó en una multa de más de 30 mil pesos por modificar el inmueble sin contar con los permisos municipales. 

Sin embargo, a finales de 2025, el inmueble 1012 de la calle Españita fue ocupado y modificado de manera irregular por segunda ocasión como un establecimiento de mariscos y bebidas alcohólicas. Otra vez, la denuncia ciudadana movilizó a la Dirección de Desarrollo Urbano, que clausuró el establecimiento el pasado 30 de enero por no contar con el permiso de uso de suelo ni acreditar la propiedad del inmueble. 

Presión desde el Congreso

El pasado jueves, durante la Comisión Permanente, la diputada morenista Martha Edith Moreno Valencia, que preside la Comisión de Educación, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora, Libia García, y a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, para realizar un diagnóstico jurídico y administrativo del inmueble a través de la SEG, así como investigar el estado de uso de suelo desde Desarrollo Urbano para aplicar las sanciones correspondientes. 

“El patrimonio inmobiliario del Estado constituye un recurso estratégico para garantizar el acceso a servicios públicos, particularmente en materia educativa y comunitaria. Sin embargo, diversos casos documentados han evidenciado la falta de gestión, mantenimiento y vigilancia sobre inmuebles propiedad de la SEG”, expuso Moreno Valencia ante los diputados de las distintas fuerzas políticas.

En su intervención, la legisladora sentenció que las omisiones estatales y municipales convirtieron un inmueble estatal en un “foco de conflicto vecinal” y advirtió que el estancamiento del caso propicia la percepción de impunidad frente a actos de despojo. El punto de acuerdo será analizado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su posible dictaminación. 

Advierte Consejería deficiencias en tipo penal

A través de un cuestionario que le hizo llegar Poplab, el encargado de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Alejandro Sierra Lugo, respaldó el seguimiento que desde la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación se ha dado al caso desde el año 2023. 

Tras el hermetismo desde la Secretaría para transparentar el estado de la denuncia, el funcionario estatal reveló que, por medio de la Dirección de lo Contencioso de la SEG, actúa vía civil para “la defensa y recuperación del inmueble”. 

El 28 de enero, el delegado regional Alfredo Ling Altamirano declaró a esta reportera que desconocía los avances en la denuncia, pues el caso fue atraído por oficinas centrales. Pero confirmó que esa misma semana, tras la solicitud de información de POPLab recibió la instrucción de realizar una inspección en el inmueble de la calle Españita para corroborar la ocupación irregular del mismo. 

Asimismo, Alejandro Sierra aseguró que el actuar de la Fiscalía fue de acuerdo a los alcances del tipo penal de despojo, ya que en el Código Penal de Guanajuato este delito “no protege el derecho de la propiedad, sino la posesión material, efectiva y previa del inmueble”. Por ello, aunque la SEG cuente con las escrituras, no se pudo comprobar el uso y ocupación previa del inmueble.  

“Siempre existe el riesgo de que inmuebles en desuso sean ocupados ilegalmente. Uno de los principales retos es actualizar y fortalecer el tipo penal para que proteja de manera expresa tanto la posesión material como la posesión jurídica, y establecer agravantes cuando el delito se cometa en contra de bienes públicos”, explicó. 

POPLab solicitó conocer la cantidad de inmuebles estatales que actualmente se encuentran dentro de un litigio civil o penal. Alejandro Sierra respondió que el dato “es variable” al tratarse de casos abordados por las dependencias o entidades estatales por separado, en coordinación con la Secretaría de Finanzas.