Trabajadores del Parque Metropolitano de León que encabezaron un movimiento contra la violencia laboral dentro de la paramunicipal, fueron despedidos de forma abrupta y con uso de la fuerza pública este lunes por instrucción de la directora, Margarita Alba Contreras. 

Una semana atrás, veinte empleados anunciaron su afiliación al Sindicato Nacional de Servidores Públicos, adherido desde 2024 a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), luego de que señalaron la falta de atención de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez tras denunciar públicamente distintas situaciones de hostigamiento y acoso en su espacio de trabajo. 

En un comunicado oficial difundido horas después de los despidos, el municipio informó que se procedió con la baja de siete empleados “a fin de restablecer la confianza institucional y el orden interno” como parte de una serie de acciones para “mejorar el servicio al público”. No obstante, no se especifican los motivos de los despidos con base en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del estado. 

“Estas medidas permitirán fortalecer la operación, la atención al público y la sustentabilidad del organismo, garantizando a la ciudadanía un servicio transparente, moderno y alineado con los principios de la administración pública”, enuncia el comunicado. 

Para proceder con los despidos, desde la paramunicipal se contrató al despacho privado Arrona de la Rosa y Asociados, firma leonesa especializada en derecho laboral. Así lo constataron ante el personal del parque al menos dos abogadas que se presentaron en las oficinas administrativas del parque, donde con acompañamiento de la fuerza pública pidieron a las empleadas dejar de inmediato su espacio y pertenencias de trabajo. 

“Llegaron varios abogados en caravana a ubicar a los que estamos sindicalizados y nos dijeron que traían el contrato de rescisión y que querían que firmáramos nuestro finiquito. Al momento en que nos negamos a firmar nos pidieron retirarnos del parque, nos comenzaron a hostigar con personal de vigilancia del parque y con policía municipal”, relató a POPLab Susana Zúñiga, quien acumuló 8 años laborando en el Metropolitano y hasta este lunes formó parte del área de recursos humanos.

Asimismo, una trabajadora que prefirió reservar su identidad refirió que “por instrucciones de la directora” fue escoltada por un elemento de la policía municipal hasta su vehículo. 

“Un policía me trasladó en una motocicleta hacia mi vehículo, me dijo que específicamente los habían mandado para evitar que protestáramos o nos inconformáramos por lo que estaba pasando”, dijo en entrevista. 

Mientras la alcaldesa ha enfocado sus esfuerzos de comunicación en el anuncio de un metro elevado en León, distintas áreas de la administración municipal, así como el Consejo Ciudadano y la dirección del Metropolitano, se rehusaron a dar una postura en torno a la sindicalización de al menos 25 empleados de la paramunicipal a la confederación encabezada a nivel nacional por el diputado federal morenista, Pedro Haces Barba. 

Vladimir Santos, delegado del SNSP en Guanajuato, adelantó que pelearán los despidos de los siete trabajadores ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Asimismo, iniciarán nuevos procesos de queja por presuntas negligencias administrativas y violaciones a los derechos fundamentales de los empleados ante la Contraloría municipal y la Procuraduría de los Derechos Humanos (Prodheg). 

“Los trabajadores podían hacer uso de todos sus derechos sin ninguna consecuencia, pero se sindicalizan y los corren. Lo único que sucedió tras la rueda de prensa en la que dieron a conocer sus casos públicamente es que la situación se agravó”, sostuvo el representante sindical. 

Metropolitano: una bola de nieve

Desde agosto pasado, la crisis de violencia laboral de la paramunicipal fue motivo de 32 quejas ante la Contraloría Municipal. Entre los servidores públicos señalados, se encuentra la directora Margarita Alba; Gloria Lorena Beatriz Rodriguez Hernández, jefa de Control de Obras y Proyectos; y Martha Fernanda Guzmán Huerta, titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Ambas funcionarias llegaron de la mano de la directora general en febrero pasado, tras haber sido colaboradoras en su paso por el INAEBA. 

En más de una ocasión, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez ha mostrado su respaldo a Margarita Alba Contreras. La directora de la paramunicipal y el regidor regidor panista, Hildeberto Moreno Faba, aliado político de la gobernante dentro del cabildo, son esposos. 

Además de calificar a los trabajadores quejosos de “flojos”, la primera edil ha lanzado advertencias por supuesta violencia en razón de género a la regidora morenista Vanessa Montes de Oca, quien durante una sesión de ayuntamiento hizo público el contrato con el exdirector de la paramunicipal, Germán Enríquez Flores, para dar asesoría profesional a la titular del Metropolitano, a quien la regidora señaló de no cumplir con el perfil requerido para el puesto que ostenta desde febrero pasado. 

“Se está perjudicando la reputación y se están haciendo señalamientos muy serios a personas que tienen familia y que tienen una carrera, creo que hay una violencia innecesaria en sus comentarios”, advirtió Gutiérrez Campos en la sesión de ayuntamiento del 25 de septiembre. 

En medio del conflicto laboral del Metropolitano, el pasado 27 de septiembre se inauguró de manera prematura una segunda fracción del Parque, bautizada en honor al exalcalde panista de León, Eliseo Martínez Pérez. 

Tras el mega evento al que acudieron ediles, funcionarios estatales y vecinos de colonias aledañas, distintos medios de comunicación han constatado que las instalaciones, que abarcan 22 hectáreas, operan sin personal, seguridad ni energía eléctrica. 

Una cierre humillante

Aunque durante los dos últimos meses, los trabajadores que suscribieron la denuncia colectiva por hostigamiento en el Metropolitano permanecieron alertas ante cualquier represalia, este lunes, sorpresivamente, lo que describen como “una caravana de abogados” desfiló por las oficinas de la paramunicipal con el fin de obtener al menos siete firmas para contratos de rescisión laboral. 

“Llegó una abogada de forma muy agresiva, no me quiso mostrar los documentos que traía pero quería que le firmara la rescisión laboral, le dije que yo sin problema me iba pero que tenía en mi poder una computadora del parque y me indicó dársela a ella, pero yo a ella no la conozco, no se la podía dar así porque mi relación laboral es con el parque, ahí llegaron los policías para escoltarme”, relató una trabajadora que prefirió reservar su identidad. 

A decir de los quejosos, durante los dos meses que denunciaron actos de hostigamiento, no hubo un espacio para el diálogo entre ellos y la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez. En un acercamiento extraoficial el septiembre pasado, el secretario de ayuntamiento, Pablo Elizondo Sierra, intentó persuadir a los trabajadores de conciliar las distintas inconformidades que desde agosto son investigadas por la Contraloría. 

“Es decepcionante ver que a las personas que están haciendo las cosas mal las protejan y sigan ahí intimidado a la gente del parque, es muy triste darse cuenta que el sistema solo funciona para la gente allegada a quien está en el poder, y todos los demás estamos desprotegidos”, lamentó Susana Zúñiga. 

Lo que, a decir de la excolaboradora, era un lugar “tan bonito y donde daba gusto trabajar”, se convirtió en un espacio de temor y persecución. Como los seis trabajadores que fueron despedidos este lunes, Susana había firmado recientemente su afiliación al Sindicato Nacional de Servidores Públicos (SNSP). 

El pasado lunes, en una rueda de prensa, ella y sus compañeros, Rodolfo Chacón y Noé Hernández, salieron del anonimato para responder a la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez: “No somos flojos, estamos aquí porque queremos trabajar”. 

“Crecí profesionalmente, me gané lo que había construido y sé que nada es para siempre, pero esta manera en que nos sacaron fue la más humillante, jamás a nadie se le había corrido así de esta manera”, reiteró Susana Zúñiga.