Al menos siete colaboradores de la Secretaría del Bienestar en la región sureste de Guanajuato fueron separados de sus funciones presuntamente como consecuencia de participar en protestas contra la construcción del acueducto Solís-León, de acuerdo con versiones recabadas entre militantes de Morena y afectados. 

Cuatro de los casos corresponden al municipio de Acámbaro; una de las afectadas es Laura Ríos Cárdenas, casada con el regidor Julio Vega, quien tiene una activa participación en las movilizaciones y a quien desde la dirigencia estatal del partido se le ha advertido de que su oposición puede conducir a un proceso disciplinario. A ella, cuando le informaron que no se le renovaría su contrato le mencionaron que la razón era por la participación en las manifestaciones.

De acuerdo con el funcionario municipal, en Acámbaro hay más militantes del partido que se oponen al proyecto hídrico que impulsa el Gobierno federal y el estatal; sin embargo, sostuvo que la mayoría de ellos ha evitado manifestarse al respecto por temor a represalias.

“Hay un cierto temor, porque dicen: ‘Oye, Julio, si tú que lo hiciste abiertamente, mira cómo te traen’. Aparte de toda la campaña obscura que algunos medios están pagando por hacerlo con inteligencia artificial, con las voces, inventando cosas que no son ciertas… Muchos compañeros que a lo mejor no son servidores de elección popular, no tienen un cargo de elección popular como yo, sí tienen ese temor”, sostuvo el regidor morenista.

La delegada de Bienestar en el estado, Alma Alcaraz, rechazó que se trate de despidos y aseguró que los casos corresponden a contratos no renovados. De acuerdo con su postura, las terminaciones se deben a que las personas involucradas no cumplían con sus funciones y negó que exista relación alguna con las protestas contra el acueducto. De estos casos, se informó en un boletín de prensa que hay alrededor 200 casos en todo el estado, pues la dependencia federal tiene al menos mil colaboradores en Guanajuato. 

El secretario general de Morena, Jesús Ramírez Garibay, reconoció que el descontento por el acueducto se ha convertido en un problema social, cuando considera que es un asunto que sólo afecta a los 25 mil usuarios del módulo de riego. Reconoció que reprochó al regidor Julio Vega por no conocer el proyecto y le pidió no hablar a nombre del partido.

Mientras esto ocurre, el próximo domingo se espera la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a un encuentro con pueblos originarios en la comunidad de Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende.

“Nos dijeron que no podía oponerse a un proyecto de la Presidenta”

El regidor de Morena en Acámbaro, Julio Vega, aseguró que la primera persona separada de la Secretaría del Bienestar por su postura contra el acueducto Solís-León fue Laura Ríos Cárdenas, con quien él está unido en matrimonio y quien se desempeñaba como colaboradora de esa dependencia en la región sureste del estado.

Explicó que Laura fue citada a las oficinas de Bienestar en Guanajuato capital el 5 de diciembre, donde se le informó que no podía posicionarse en contra de un proyecto impulsado por el Gobierno Federal. De hecho, un día antes de la cita, ella recibió una llamada telefónica de la delegada estatal de Bienestar, Alma Alcaraz, para acordar el encuentro. 

Sin embargo, al llegar a las oficinas, la funcionaria no se presentó y Laura Ríos fue atendida por otra servidora pública, identificada como Sonia, subdirectora estatal, quien la recibió en el área jurídica y le comunicó la rescisión del contrato, el cual concluyó desde el 30 de noviembre del 2025. 

En ese encuentro se le comunicó que el subdirector regional de Bienestar en la Región 4, Alejandro Tirado, había presentado supuestas pruebas para justificar la rescisión de su contrato, motivo por el cual ya no podría continuar en la dependencia.

El regidor explicó que su esposa acudió a diversas movilizaciones contra el acueducto, aunque, subrayó, lo hizo principalmente en calidad de reportera, debido a que ambos participan en un medio informativo local. Añadió que la mayoría de estas manifestaciones ocurrieron en días no laborales y que, en una de ellas, Laura Ríos se encontraba oficialmente de vacaciones.

“Nosotros estuvimos desde las primeras reuniones que tuvieron los campesinos. Me invitaron meramente como oyente porque yo no tenía información del tema, así es que no podía decir, está bien o está mal. Al principio veíamos el tema del acueducto que lo pintan muy bonito y le dije: “pues tal vez es algo bueno”, pero luego dirigimos hacia la zona afectada y sí vimos todo el desastre que se estaba ocasionando y mucha falta de información, la verdad”, explicó. 

Vega sostuvo que, tras ser notificada de la decisión, a su esposa se le intentó obligar a firmar una renuncia, procedimiento al que se negó. Precisó que, aunque su contrato concluyó formalmente el 30 de noviembre, la notificación oficial se le hizo hasta el 5 de diciembre. Ella y la mayoría del personal de Bienestar en el estado están contratados bajo el esquema de contratos, los cuales firman de forma mensual. 

El regidor señaló que existen más casos en la región y que, en algunos de ellos, las personas afectadas no fueron notificadas de manera formal ni por las instancias legalmente responsables, sino a través de otros empleados del mismo nivel jerárquico. Esto, afirmó, ha generado entre los trabajadores una sensación de vulneración y temor.

Desde su perspectiva, los hechos podrían constituir un caso de violencia política y, en particular, al tratarse dijo, de personas que ejercieron su derecho a manifestarse de manera libre como ciudadanos.

Por otro lado, el regidor morenista negó las acusaciones difundidas en redes sociales que señalan a su esposa como “aviadora” o como una trabajadora que incumplía sus funciones. 

Aseguró que, por el contrario, era quien resolvía la mayoría de los pendientes operativos de la oficina regional y afirmó que existen grabaciones en las que se establece que la terminación del contrato estuvo relacionada con su participación en las protestas contra el acueducto.

El regidor informó que, aunque su esposa consultó la posibilidad de interponer recursos legales, decidió no hacerlo para evitar una escalada de confrontaciones y campañas de desprestigio, priorizando su imagen pública y el bienestar de su familia.  

Añadió que, hasta el momento, se tiene conocimiento de al menos siete personas en el sureste de Guanajuato a las que no se les renovó el contrato, de las cuales cuatro corresponderían al municipio de Acámbaro. La región IV corresponde al sureste del estado y está conformada por los municipios de Coroneo, Jerécuaro, Tarimoro y Tarandacuao. 

No son despidos, son terminaciones de contrato, justifica Alcaraz 

La coordinadora de los Programas de Bienestar en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, negó que exista una política de despidos contra colaboradores que hayan participado en protestas contra el acueducto Solís-León y afirmó que los casos señalados corresponden a terminaciones de contrato derivadas de evaluaciones laborales.

De acuerdo con la funcionaria, las renovaciones de contrato se realizan con base en el cumplimiento de horarios, metas y tareas asignadas, y son determinadas por los directores regionales, quienes, tras una revisión con su oficina, cuentan con la facultad de decidir si procede o no la continuidad del personal.

“Si el director regional considera que no se ha cumplido y nos hace llegar, obviamente pruebas donde no hay manera de una renovación de contrato, pues simplemente no hay renovación, porque entonces nosotros estaríamos incurriendo en una falta al permitir que quienes no estén cumpliendo con el trabajo, pues estén cobrando”, detalló. 

Alcaraz explicó que la Secretaría de Bienestar mantiene una carga permanente de trabajo durante todo el año, tanto por los programas heredados de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador como por las nuevas acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que dijo obliga a una evaluación constante del desempeño del personal.

Precisó que cuando un director regional presenta evidencias de incumplimiento, como inasistencias, faltas reiteradas o el no cumplimiento de objetivos, la dependencia está obligada a no renovar el contrato, a fin de evitar irregularidades administrativas. Aseguró que este procedimiento es similar al que se aplica en cualquier dependencia pública o empresa privada.

La coordinadora sostuvo que este tipo de verificaciones se realizan de manera regular en todo el estado y que existen diversos casos en distintos municipios, por lo que afirmó no tener en ese momento un registro puntual de cuántas personas no fueron renovadas específicamente en Acámbaro.

Al ser cuestionada sobre si la participación de colaboradores en movilizaciones sociales podría influir en la decisión de renovar o no un contrato, Alcaraz aseguró que no existe restricción alguna para manifestarse, siempre y cuando se cumpla con la jornada laboral, los horarios y las responsabilidades asignadas.

Indicó que, en caso de que una persona se ausente sin previo aviso o descuide sus labores por atender asuntos personales o de cualquier otra índole, la situación se evalúa exclusivamente como un tema laboral, sin importar la causa específica de la distracción.

Reiteró que la Secretaría de Bienestar, como parte del Gobierno Federal, respalda los proyectos impulsados por la presidenta de la República y continuará haciéndolo; sin embargo, subrayó que las decisiones sobre contratos se toman bajo criterios administrativos y no políticos.

Alcaraz señaló que la dependencia cuenta con alrededor de mil colaboradores en el estado de Guanajuato, considerando tanto personal operativo como administrativo, lo que, sostuvo, dificulta tener en tiempo real el detalle de cada alta o baja, salvo en casos extraordinarios.

El secretario general de Morena, Jesús Ramírez Garibay, consideró que hay desinformación respecto al proyecto del acueducto y recordó que la obra forma parte de un Plan Nacional con 17 proyectos estratégicos que en Guanajuato podŕia beneficiar a 2.5  millones de personas. 

“Yo le dije (A Julio) nosotros como movimiento tenemos principios y tenemos valores y uno de ellos es no mentir y entonces una forma de mentir es informarle a la gente que se van a quedar sin agua cuando no conoces el proyecto de fondo. Luego Julio fue a una reunión con el director general de la Conagua, tuvo información suficientes del proyecto, del acueducto y de la tecnificación y le volvió a seguir en la misma narrativa, de decir no al acueducto”.

“Se puso a recabar firmas en el jardín principal y estuvo teniendo estas reuniones. Entonces ese es el tema que nosotros le reprochamos, no porque en Morena nosotros tengamos una mordaza y queramos acallar a los militantes o a las autoridades emanadas de nuestro partido”, sostuvo Garibay. 

Consideró que hay falta de verdad en cuanto a la información de que la obra podría repercutir a toda la ciudadanía, pues dijo que a quienes afecta de forma directa es a los usuarios del módulo de riego. 

“Era una bolita de nieve y ya se convirtió en una avalancha, por eso digo yo que el proyecto de acueducto Solís-Léon se está zapotillando, es decir, está en un nivel de riesgo porque no ha habido esta capacidad polìtica del Gobierno del Estado, de contene. Tiene que ir a buscar a la gente, entablar un diálogo y decirle que no se van a quedar sin agua, pero no solo eso, avanzar en el proyecto de tecnificación”, añadió. 

Aceptó que en Acámbaro las protestas contra la obra si ponen en riesgo su realización, consideró que la socialización del proyecto debió ocurrir previo a su arranque por parte del Gobierno del Estado. 

Este domingo se espera la visita a la entidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien también han recriminado productores y la sociedad civil organizada por el proyecto del acueducto en Guanajuato.