1.- Japón, caro escenario para videos tiktokeros

Nadie duda de la eficacia de la gobernadora Libia Dennise García para comunicar a través de las redes sociales. Se trata sin duda de una de sus mayores fortalezas, tanto que fue lo que la posicionó en la carrera por la gubernatura, aun cuando no era la primera opción de Diego Sinhue Rodríguez y su grupo de poder.

La mandataria ha hecho todo un proyecto de su facilidad para comunicar y su asesor de comunicación digital, el diseñador Edgar Iván Zárate Muñoz, es el factótum que orienta la comunicación y maneja a su contentillo al gabinete, orientando sus apariciones en redes sociales a niveles que en algunos casos llegan al ridículo, pues no todos tienen las habilidades mediáticas de la mandataria.

Sin embargo, y aunque muchos teóricos insistan en que “gobernar es comunicar”, lo cierto es que también existe la realidad, como terca frontera de lo que es posible vender y lo que no.

Después de la semana en Japón, la gobernadora mostró los resultados de su gira en términos numéricos: 2 mil 116 millones de pesos en inversión, que son poco más de 100 millones de dólares; así como la creación de 513 empleos nuevos. Lo demás son apreciaciones subjetivas: fortalecimiento de las alianzas con las armadoras ya establecidas y lazos con el país del sol naciente.

Le faltó a la gobernadora agregar que otro resultado fue el apuntalamiento de sus propias colaboradoras, las secretarias de Economía, Cultura y Turismo, las dos primeras cuestionadas en sus respectivos sectores, a diferencia de la última que goza de mejor aceptación en su ámbito de influencia.

Habría qué decir, sin embargo, que los resultados no son espectaculares, no por falta de trabajo de la delegación guanajuatense, sino por la circunstancia mundial y el cambio de ciclo que vive la economía global.

Dos mil millones de inversión es mucho menos de lo que se podría lograr a nivel local, con empresarios pequeños y medianos, si se facilitarán trámites, se profundizara en la mejora regulatoria y se abrieran las puertas del crédito, tanto gubernamental como privado.

Se sabe de tiempo que la mayor cantidad de empleo se genera en la micro y en la pequeña empresa, esa a la que más golpea la falta de programas de apoyo oficial, la burocracia y la pérdida de competitividad de nuestro entorno, por deficiencia de los servicios y por la baja inversión pública.

Pasaron los tiempos de la bonanza cuando se atraían grandes plantas de miles de millones de dólares, mediante subsidios también multimillonarios en infraestructura y terrenos. No solo el estado carece ya del margen de maniobra para gastos de esa naturaleza, sino que también el momento económico ha dado un giro de 180 grados, primero con la relocalización, tras la crisis de suministros de la pandemia y después por el vuelco proteccionista de la economía norteamericana.

Urge reimaginar la economía del estado y no debería ser algo difícil: la incentivación de la industria local tiene que fortalecerse con asesoría, financiamiento y potenciación de las cadenas de valor por sector y de éstos entre sí.

La gira japonesa de la gobernadora fue un acierto, sobre todo como gesto de cortesía con socios comerciales que han mostrado fidelidad y compromiso con el estado, pero no es una solución. Sin cambios radicales de visión no hay mucho futuro más allá de la buena diplomacia.

A la secretaria de Economía, Cristina Villaseñor, le urgía recibir un espaldarazo ante las críticas y las acechanzas que provienen de muchos empresarios favorecidos por el largo reinado de Héctor López Santillana y su grupo al frente de la política económica del estado.

Sin embargo, la batalla de la funcionaria no es con sus antecesores, sino con el agotamiento de un modelo que obliga a una reinvención de forma urgente.

2.- Libia y aliados sabotean la despenalización del aborto

La discusión abierta por la presentación de nuevas iniciativas legislativas para despenalizar el aborto y garantizar la interrupción legal del embarazo como un derecho de las personas gestantes, recibió el peor de los tratamientos en el Congreso de Guanajuato.

En lugar de realizar un foro respetuoso de las posturas, apegado a un debate técnico sobre los ámbitos jurídico y ético, con perspectiva de género, la Comisión de Justicia planteó lo que de nueva cuenta se convirtió en un combate ideológico donde los grupos pronatalistas abusaron de las descalificaciones contra las colectivas feministas.

Pero el colmo fue la ausencia de los representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Fiscalía del Estado y de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Justo estos desaires ocurren cuando por primera vez en la historia encabezan mujeres el gobierno estatal y la PRODHEG.

Para Guanajuato se trata de un tema central, pues el panismo gobernante, que en las últimas campañas políticas se abrió a reconocer derechos a los que se había resistido en el pasado, parece recular y volver a sus fantasmas ideológicos ahora que ya no necesita pedir el voto de nuevos sectores.

Posturas como la de la Procuradora de Derechos Humanos, Karla Alcaraz Olvera, que remitió una opinión neutral y carente de perspectiva de género, pero eludió estar presente; o la del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, que sencillamente ignoró el foro, podrían formar parte de los condicionamientos bajo los cuales arribaron a sus respectivos cargos, lo que de entrada pone en entredicho su autonomía.

En cambio, la enciclopédica elusión de la Consejería Jurídica, disfrazada de “opinión técnica”, lo único que puede significar es el cambio de postura de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que en campaña había ofrecido respeto a los derechos de las mujeres más allá de su postura personal. El consejero, Alejandro Sierra, tampoco se paró en el foro.

Queda claro que mientras gobierne el PAN en Guanajuato y mantenga control del Legislativo, con votos propios y comprados, la despenalización del aborto no procederá, así seamos el último estado en resistirse a una ampliación de derechos garantizados por la Suprema Corte de Justicia, esa institución a la que ese partido defendió rabiosamente en abstracto, pero cuyas resoluciones no acata ni por equivocación.

3.- Gobiernos panistas erosionan base electoral

Hoy en León y en Guanajuato se incuban conflictos entre gobernados y gobernantes que, de no resolverse mediante un tratamiento político adecuado y justo, pueden comprometer la suerte de futuros procesos electorales.

Precisamente en la zona más panista de la mayor urbe del estado, el distrito electoral III al norte de León, se presenta una insurgencia ciudadana en conflicto con una decisión del ayuntamiento para validar un desarrollo urbano de alta densidad en una zona de complejas vialidades y servicios comprometidos, denominado Reserva Norte.

El conflicto no es entre ciudadanos y empresarios desarrolladores, como se ha querido plantear en algunos escenarios. Se trata de una inconformidad de vecinos con la autoridad municipal, la única responsable de validar proyectos y de autorizar permisos.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez se encuentra en su segundo periodo y, aunque se maneja la idea de que tiene delfín, en realidad no se encuentra en sus manos el control de su propia sucesión, que más bien puede depender de la gobernadora Libia Dennise García y del Partido Acción Nacional, más en lo federal que en lo local.

Hasta ahora ni el estado ni el PAN han aparecido en el diferendo que tiene su primer capítulo frontal en la interposición de un amparo que ya produjo una suspensión provisional para cualquier medida superviniente a favor de la continuación del proyecto de desarrollo. Solo los empresarios Alejandro Arena Barroso y Salvador Oñate Barrón se han movido para intentar un control de la crisis de opinión pública.

En Guanajuato, se aprecia un doble juego de la alcaldesa Samanta Smith para tratar de no quedar mal con los inversionistas de un enorme predio en la Sierra de Santa Rosa que han cerrado caminos abiertos al público por décadas, pero al mismo tiempo congraciarse con los ciudadanos inconformes.

Parece no estar logrando ni lo uno ni lo otro, pero en el camino puede quedar lesionada la fidelidad del electorado capitalino con el Partido Acción Nacional, al que pertenece la alcaldesa, máxime que su cónyuge ya coquetea con otras opciones políticas para tratar de regresar a la alcaldía de la que ya gozó (y no es un decir) por un sexenio.

Se trata de crisis larvadas que están en sus inicios, pero donde las administraciones panistas de esos municipios parecen más ocupadas en defender intereses que en preservar el bien general.

Mientras eso ocurre, desde el gobierno del estado no parecen haber ganas ni capacidad de operación política, como si no existiera una visión de conjunto por parte de quien ostenta la jefatura moral y política del PAN.

La columna vertebral política del gobierno que encabeza Libia García parece rota: Jorge Jiménez Lona en Gobierno, Jorge Espadas en el Congreso y Aldo Márquez en el PAN, atienden cada uno su juego, pero ninguno entiende las prioridades del momento que enfrentan como partido.

Así, con descuidos involuntarios, negligencia, intereses menores encontrados y ceguera histórica, es como se gestan las grandes tragedias políticas. No olviden al PRI de 1991.