1.- Primer paso de Libia en la dirección correcta

No debe haber sido sencillo para la gobernadora Libia Dennise García aquilatar las consecuencias de los manejos indebidos que empiezan a aflorar de la administración que le antecedió, la de Diego Sinhue Rodríguez. 

El desgaste político acumulado por las administraciones panistas, particularmente en el deterioro de la seguridad, si fue rápidamente leído por quien era la primera candidata mujer a la gubernatura por el PAN. Así fue como decidió con gran rapidez anunciar la no continuidad de Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca en la fiscalía del estado y la secretaría de seguridad.

Sin embargo, el tema de posibles escándalos de corrupción parecía fuera del radar, en esos momentos y hasta hace muy poco. Parecía que el escudo mediático de la gobernadora y su manejo de redes sociales podía hacer frente a cualquier señalamiento en ese sentido, por lo menos así lo creía el círculo más cercano a Libia.

Así pasó con el tema de GTO Leasing, la arrendadora de vehículos creada por un capricho de Sinhue, como lo ha confesado Héctor Salgado Banda, el sobreviviente secretario de finanzas. La mandataria y su directora del ISSEG salieron a dar la cara por los malos resultados de la empresa creada con fondos de las pensiones y luego asociada con particulares en medio de una total secrecía.

Incluso el anuncio del cierre de la arrendadora ocurrió en medio de defensas de su operación, aunque resulta evidente que nunca funcionó, que puso en riesgo recursos de los trabajadores del estado y que ni siquiera los socios privados quedaron satisfechos en sus expectativas.

Esa situación, sin embargo, no pudo repetirse con el caso de la Casa Azul de Diego Sinhue Rodríguez en The Woodlands, Houston. Ningún llamado de los panistas para que Diego explicara, surtió efectos; la presencia del hombre de Seguritech, Daniel Esquenazi, en la compra de la casa que habita evidenciaba un manejo cuestionable de recursos públicos destinados a la contratación de esa empresa; la opacidad de los contratos en cuestión no hizo más que añadir peso a las sospechas.

Por eso y a pesar de un primer intento de no hacer olas con el tema y tratar de llevarlo a un aterrizaje suave mediante la siempre inoperante Secretaría de la Honestidad (antes de la Transparencia y mucho antes Contraloría del Estado), finalmente la mandataria aceptó la posibilidad de informar los detalles de los contratos y frenar la impresión de que se gestaba una protección institucional sobre el ex gobernador.

La transparencia, una obligación de la ley que se ha escamoteado desde la época de Miguel Márquez en los contratos de Seguritech y cuya ausencia se ha convertido en sinónimo de malos manejos, es la mejor aliada de Libia Dennise García para un deslinde pulcro de las herencias tóxicas que le fueron entregadas.

Mantenerse en la opacidad, en el manejo discrecional de las decisiones sobre abrir o no contratos, lo único que hacía era ponerla en una línea de continuidad con Márquez y Sinhue y vulnerar, de inicio, cualquier posibilidad de renovación institucional.

Hay que esperar la información sobre los aspectos sustanciales de los contratos de Seguritech: su costo financiero y sus condiciones contractuales más generales. Los detalles que podrían afectar la operación o dar información a la delincuencia organizada, no tienen por qué explicitarse y tampoco hacen falta para calibrar la justificación y la racionalidad de la inversión.

Si alguien vulneró esa secrecía y expuso pormenores de la tecnología contratada, fue el propio Diego Sinhue cuando utilizó datos y referencias en sus informes de gobierno, donde exhibió los sobrevuelos de drones que hoy nadie encuentra y de los que nadie se hace responsable.

Incluso Alvar Cabeza de Vaca borró de los blogs de la Secretaría de Seguridad un par de textos donde hablaba de los drones, cuya huella aún puede encontrarse en los buscadores de Internet.

Pronto deberán conocerse estos datos y podremos saber un poco más de las relaciones peligrosas establecidas entre el ex gobernador y los empresarios del corporativo de tecnología. Estaremos atentos.

2.- Esclavitud moderna y vocación por el exhibicionismo

La irrupción de una docena de instituciones de los tres niveles de gobierno en la empresa Agroverdi, ubicada en la comunidad del Ramillete en Dolores Hidalgo, acción en la que se descubrió el maltrato y la explotación laboral de 700 trabajadores agrícolas, en su mayoría indígenas de distintas entidades del sur del país, fue decidida al más alto nivel en el gobierno estatal, después de reiteradas denuncias a lo largo de años.

Desde el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez se tenía conocimiento de la situación. Lo sabían Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa. No es remoto que también lo haya conocido la propia Libia García, como secretaria de Gobierno, y Sophia Huett, en los dos cargos relacionados con la seguridad que ocupó el sexenio pasado.

La compañía es propiedad de empresarios chinos que operan en la zona desde 2018, reclutando personal de vigilancia, técnicos agrícolas, administradores y capataces. La mano de obra suele integrarse regularmente por trabajadores migrantes de los estados del sur, quienes viajan acompañados de sus familias y recorren circuitos estacionales.

La situación en la que se encontraban los trabajadores de Agroverdi no es muy diferente a la que padecen otros muchos migrantes internos en granjas y cultivos a lo largo y ancho del Bajío. Sin embargo, en este caso en particular, la presencia de guardias armados, incluso con armas de uso exclusivo del ejército, le daba un cariz aún más siniestro a lo que de por sí es una versión moderna de la esclavitud.

Llama la atención que no obstante haberse paseado por el lugar y haberse fotografiado “en acción”, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste no haya sumado a su vocación histriónica una información más precisa sobre los delitos cuyos indicios encontró y las posibles detenciones.

Por lo pronto y después de la sesión de fotos de la fiscalía, lo que sigue es un escenario complejo: los cientos de trabajadores migrantes requieren seguridad laboral. Regresarlos a sus lugares de origen no es una opción, puesto que de allá salieron por necesidades económicas. 

De no encontrarse específicamente delitos y solo irregularidades laborales, serían otras autoridades y no la fiscalía del estado, tan lucidora en sus redes sociales, quienes deberían hacerse cargo de la situación. Por ejemplo, la subsecretaría de trabajo y previsión social del gobierno estatal a cargo del tan perenne como inútil Marco Antonio Rodríguez Vázquez.

Hace apenas un mes estuvo en esa empresa el secretario de Educación del Estado, Luis Ignacio Sánchez Gómez, junto con su flamante delegado, el panista y exdiputado Armando Rangel, supervisando los servicios educativos en un albergue al interior de la planta y luciendo enormes sonrisas, como lo evidenciaron en redes sociales. No parecía haber delitos entonces.

Habrá que ver si las carpetas de investigación abiertas por la fiscalía se sostienen o si solo estamos ante otro capítulo más de la estrategia de simulación con la que Vázquez Alatriste quiere superar los logros de Carlos Zamarripa en ese renglón.

De concretarse la figura de trata de personas que el fiscal insinúa en su comunicado de prensa, debería llegarse a procesamiento de los dueños de la empresa y a la incautación del rancho que produce hortalizas para exportación a China.

Y lo que debería seguir sería la visita a muchos otros lugares como el rancho de Agroverdi, que conforman lo que Diego Sinhue le encantaba llamar “el refrigerador de México”.

3.- Miguel Márquez y Seguritech, historia de una complicidad

Amparado en el escándalo en el que se encuentra su pupilo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el ex gobernador y hoy senador Miguel Márquez Márquez salió a llenarse la boca para decir que su propio contrato con la empresa Seguritech fue “el más auditado de su sexenio”.

No se acordó el de Purísima, de cómo escondió los datos de ese negocio por todo el sexenio, de cómo asignó el contrato un 28 de diciembre y de que viajó a Estados Unidos con los ejecutivos de Seguritech, pero también acompañado del Gallo Barba, su compadre y cómplice financiero.

Márquez, con memoria selectiva, tampoco se acuerda de que le vendió al dueño de Seguritech una franja privilegiada de terreno en Guanajuato Puerto Interior, justo colindante con el Aeropuerto del Bajío, en la cuarta parte de su valor comercial. Después construyó un puente al predio, con recursos del erario estatal, para mejorar su conectividad.

El huevo de la serpiente de muchas cabezas en que se ha convertido Seguritech en Guanajuato, fue puesto por Miguel Márquez y Rafael Barba Vargas. 

Hoy, escondido en su poltrona senatorial de donde solo sale a defender temas agropecuarios, pues teme que le señalen sus tropelías como gobernador, Miguel Márquez viene a dar lecciones de moral a Sinhue, en una actitud que solo evidencia la ruina en la que se ha convertido el PAN de Manuel Gómez Morín, Luis H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza.

Todavía se atreve a decir que el C5 construido por Seguritech y pagado a precio de oro por el gobierno “fue el primero de su tipo en México”. De lo que el exmandatario no se acuerda, para su desgracia y la de todos nosotros, es que eso no sirvió de nada cuando Guanajuato pasó de ser un estado pacífico al más violento de México.

Gracias Miguel, mejor no abras la boca.