1.- La fractura empieza en el territorio

La historia siempre ratifica su carácter cíclico, quizá porque algunos acontecimientos del pasado nos permiten dotar de sentido a algunas de las sorpresas del presente y con ello generar una cierta prospectiva.

Cuando el PRI perdió el poder en 1991, el hundimiento vino precedido por una seria crisis en los principales municipios de la entidad. 

En León, un alcalde, Antonio Hernández Ornelas, fue defenestrado por un caso de corrupción con un programa de vivienda, a lo que siguió un interinato apartidista y después el triunfo reconocido del primer alcalde panista: Carlos Medina Plascencia, en 1988.

En Irapuato, dos alcaldes vieron sus mandatos interrumpidos en la segunda parte de la década de los 80, Max Kirbach y Juan Solórzano, por confrontaciones con grupos privados y señalamientos de malos manejos. La oposición no llegó a tomar el poder, pero el priismo quedó debilitado.

En Guanajuato capital se registró en 1982 el primer triunfo de un alcalde opositor por el sinarquista Partido Demócrata Mexicano, con el empresario minero Rafael Villagómez Mapes, quien derrotó de manera incontestable a un pésimo candidato priista. 

El crecimiento del voto panista bajo la candidatura de Vicente Fox, aún insuficiente para ganar la elección, bastó para deslegitimar los votos del priista Ramón Aguirre Velázquez y allanó el camino para la negociación postelectoral y el interinato de Medina Plascencia. Sin embargo, el precedente fue la descomposición a nivel municipal.

Algo parecido puede observarse en el panismo aún hegemónico en Guanajuato. En la elección de 2024 conservó la mitad de los municipios solo o en alianza, pero fue derrotado en bastiones como Celaya y en municipios medianos como Salvatierra, Pénjamo y Abasolo.

Ese panorama tiende a complicarse por conflictos internos en el panismo, en al menos dos lugares importantes: León y Guanajuato capital.

En la mayor ciudad del estado y lugar de origen de 7 de los 9 gobernadores panistas que ha tenido el estado (incluyendo interinos), hoy el blanquiazul vive un conflicto larvado desde hace meses, que no termina de tocar fondo y que provoca una profunda desazón entre la militancia, el electorado y los factores de poder aliados al PAN.

El zigzagueante periplo de la alcaldesa panista Alejandra Gutiérrez Campos, distanciada de sus dirigentes estatales y de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se prolonga en el tiempo sin concluir en renuncia ni en expulsión. La permanencia del conflicto desgasta y exhibe la falta de autoridad del presidente estatal panista, Aldo Márquez, y de paso erosiona la conducción política de la gobernadora. 

En Guanajuato capital, municipio con un electorado bajo en número, pero una exposición mediática notable, hace crisis el cacicazgo de la familia Navarro Smith, cuyos integrantes han gobernado desde 2018 y planean seguir intentándolo hasta 2030. Populismo desatado, polémica permanente, desacato a reglas mínimas, inseguridad y crisis del turismo, configuran un panorama más que complicado para la intención de mantener el poder político un nuevo trienio, lo que de paso también exhibe el descontrol al interior del panismo estatal.

Lo peor de todo es que entre los jerarcas azules, en el partido, en el gobierno y en las cámaras, no parece haber una preocupación por la viabilidad de la marca que los cobija en la próxima elección, sino solo por la suerte de cada uno de ellos en esa coyuntura.

Es algo parecido a lo que le ocurrió al PRI en la última década del fin de siglo pasado, donde el “todos contra todos”, terminó por dejarlos en bancarrota política salvo unos cuantos avivados que hicieron su mayor éxito político de la administración de las derrotas y que duraron décadas ocupando curules de representación proporcional.

¿Será ese el destino del PAN guanajuatense? Falta poco para saberlo, pero por lo pronto, ante muchos incendiarios y dilapidadores de capital político, no hay casi nadie que asuma la responsabilidad de frenar la catástrofe hacia la que se deslizan cada vez más aceleradamente.

2.- Recaudación y deuda, recetas del doctor Banda

No había necesidad de un doctorado en economía londinense para imaginar las recetas que el gobierno de Guanajuato busca instrumentar para aumentar el margen de maniobra en el gasto público de 2026.

Héctor Salgado Banda, el mismo secretario de finanzas que validó y encubrió la corrupción y el despilfarro del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo busca ahora cómo exprimir los recursos de los guanajuatenses para cumplir los compromisos que le ha ofrecido a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Mantener el subsidio de la Tarjeta Rosa a 600 mil mujeres, consistente en dinero en efectivo y servicios de atención, ha obligado a recortar muchos programas de inversión en las dependencias del Ejecutivo Estatal, con lo que en los hechos se ha establecido un “austericidio” similar al de los gobiernos de la Cuarta Transformación a nivel federal.

Los incrementos de derechos y de impuestos, así como la aplicación de nuevos gravámenes, como el de las bebidas alcohólicas al consumidor final, muestran más desesperación que imaginación. 

Si bien el estado y los municipios deben aumentar sus ingresos para atender muchas deficiencias de las políticas públicas, una lógica bien construida exigiría primero comprobar la atingencia y racionalidad del gasto que ya se ejerce. No ha sido así, venimos de un sexenio de despilfarro y discrecionalidad en el que el propio Salgado Banda tuvo un papel preponderante.

Quizá ahí se encuentra la mayor falla del planteamiento de la gobernadora Libia García: no puede haber nuevo comienzo mientras el encargado de la caja registradora de Guanajuato sea el mismo funcionario que firmó los cheques para el Grupo Pachuca, para los conciertos frívolos con los ídolos de los funcionarios, para subsidiar eventos sin impacto en la economía, para carreteras que favorecieron a los amigos del exgobernador y para un equipamiento de seguridad que nunca arrojó los resultados prometidos.

Que el secretario de Finanzas fuerce la maquinaria recaudatoria para salvar su chamba, no debería sorprendernos. Pero sí se echa en falta que las funcionarias de confianza de la gobernadora que conocen del tema administrativo, como Ivón Padilla de “Tú Puedes Guanajuato” y Judith Juárez del ISSEG, no funcionen como contrapeso a la desmedida influencia que ha adquirido Salgado Banda, ahora que se ha liberado de la tutela de un jefe de gabinete.

Al impacto de los nuevos impuestos se sumará el tema de la deuda que viene atada al proyecto del acueducto, cuya viabilidad está de momento comprometida por las protestas de productores y ciudadanos en el sur del estado. Parte del presupuesto va a obras en los municipios, lo que ha sido utilizado para negociar el respaldo de los alcaldes, incluyendo a los opositores, en una ruta que también tiene sus acechanzas.

Por lo pronto, con la mesa puesta en el Congreso, donde el crédito tiene el aval de Morena por el proyecto conjunto del acueducto, Salgado sacará adelante sus impuestos y la nueva adeuda, no sin dejar sembrados agravios en muchos sectores sociales. 

Lo que sigue es saber si con eso podrá mejorar el rendimiento del gobierno, pues esa sería la única justificación de las medidas.

3.- Acueducto: suma de errores

Durante los últimos 3 meses ha crecido de manera sostenida la presencia pública de los grupos de productores, ciudadanos, activistas y religiosos que se oponen a la construcción del acueducto Solís - León, mientras que los gobiernos que impulsan la obra prácticamente han desaparecido del escenario.

Si bien las medidas de tipo político y administrativo siguen su marcha, tales como la asignación de obras al ejército, la aprobación de un endeudamiento de parte del estado de Guanajuato, la formulación de un Plan Hídrico Nacional que incluye el proyecto, lo cierto es que la parte de socialización entre las poblaciones afectadas no avanza.

Si bien el gobierno del estado ha realizado campañas mediáticas como la pinta de bardas en la zona y la realización de un programa de televisión a través de las redes sociales con la gobernadora y los funcionarios encargados del proyecto; mientras que la Conagua encabezó reuniones informativas en algunos municipios, lo cierto es que el convencimiento es casi nulo y la oposición crece.

Si valoramos el impacto de la obra, más de 15 mil millones de pesos, que nunca se han invertido juntos en una sola obra en el estado y ni siquiera a lo largo de varios años en la región centro sur del estado, lo que podemos concluir es que el esfuerzo político ha quedado mucho a deber.

Peor aún, no parece haber siquiera una plena conciencia del grado y la profundidad de la resistencia que se está incubando en algunos municipios de la zona sur, particularmente los aledaños a la presa Solís.

Mientras la narrativa oficial cojea o de plano es inexistente, la opositora, que incluye argumentos como el de caracterizar a los ex gobernadores panistas como acaparadores de concesiones de agua, lo que es cierto en parte; o la de definir que el agua destinada a León beneficiará a industrias y a desarrolladores inmobiliarios, gana terreno y llega a los medios nacionales.

El proyecto está en sus primeros balbuceos, sin embargo, la capacidad operativa y de comunicación exhibida hasta ahora hace pensar que las mayores complicaciones a la realización de la obra no solo están afuera, sino también al interior de las instancias que lo promueven.

Con la toma del Congreso de este 12 de diciembre y con la conquista de espacios en medios nacionales, los opositores a la magna obra hidráulica siguen dominando el partido. 

Lo que no sabemos es si el resultado se da porque el otro equipo no ha llegado o porque ni siquiera tienen idea de qué juego están jugando.