1.- Informe de Libia, banderazo de salida

Estaban concluyendo apenas los informes regionales de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, cuando los espectaculares electrónicos, las pantallas de los paraderos del transporte público y las rejas de los baldíos céntricos de León se vieron plagados de los rostros de políticos que pretenden gobernar el mayor municipio del estado en octubre de 2027.

Apenas estaba informando la mandataria sobre su primer ejercicio anual completo, más de medio año antes de que inicien los preparativos del proceso electoral, nueve meses antes de que se definan las candidaturas y casi 20 meses antes de que concluya el gobierno de la actual alcaldesa Alejandra Gutiérrez, cuando de pronto nos vimos asaltados por una prematura batalla preelectoral por fuera de todas las normas.

El coordinador parlamentario del PAN, el abogado Jorge Espadas Galván, quien ha sido jefe jurídico en el PAN estatal y diputado federal, lo que le hace un conocedor del marco normativo en el que se realizan los procesos de selección de candidatos y las elecciones constitucionales, fue el primero en adelantar tiempos con el disfraz de la atención a sus electores, aunque su proselitismo abarca todos los distritos del municipio.

Espadas tiene varios meses realizando giras constantes entre semana y los fines de semana, repartiendo todo tipo de dádivas: tinacos y calentadores solares entre lo principal, publicitando su nombre como marca. Se trata de una abierta e ilegal campaña preelectoral, ante la cual las autoridades del área no solo están ausentes, sino que son abiertamente omisas.

Mientras tanto, el grupo parlamentario del PAN se descompone y le complica la gobernabilidad a Libia Dennise García. No solo son diputados que defeccionan, como Salvador Tovar, sino otros que han establecido su propia ruta y agenda, como Juan Carlos Romero y Erandi Bermúdez.

Queda claro que Espadas juega en la raya con audacia, pero que su plan ni siquiera es hacerse con la candidatura, sino negociar una próxima posición y fortalecer el margen de maniobra de su grupo, ahora encabezado por la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador.

El dicharachero Espadas, que ni siquiera ha sido una solución para fortalecer la agenda legislativa de Libia, se vende como “la solución para los retos de León”. 

El mal ejemplo cunde y en la acera contraria se mueve desde hace meses el Secretario de Vinculación del municipio de León, Allan León Aguirre. Impulsado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez aprovecha su participación en las reuniones vecinales que se realizan semanalmente para promocionar programas municipales, para posicionar su nombre y su imagen.

En la última semana, el funcionario municipal dio un paso más al aparecer su rostro en cientos de carteles colocados en las vallas de terrenos baldíos (vaya proyección) de numerosas colonias de León. Se trataba de un viejo truco: la promoción de una revista que nadie conoce, que nadie ha leído y de la que muy pronto nadie se acordará, que supuestamente le realiza una entrevista a León Aguirre, que por ningún lado aparece en el escuálido sitio web de la publicación.

Y para no quedarse atrás, Alan Sahir Márquez Becerra, el diputado federal que también está pensando contender por la candidatura panista en León, aparece en anuncios en carteleras, exhibiendo la más reciente portada de una revista de “negocios” que le había dedicado sus anteriores cubiertas a Diego Sinhue y Libia García.

Hasta ahora no se trata de una batalla de ideas, pues prácticamente no hay ninguna en las publicaciones que saturan León con rostros de políticos cuyas tareas hasta ahora han sido escasamente relevantes, sino solo de una guerra de imágenes y quizá de intentos de incentivar la recordación.

Llama la atención que cuando León enfrenta problemas nodales para definir su futuro, cuando el debate debería centrarse en el ritmo de desarrollo de la ciudad y sus posibilidades de sustentabilidad, cuando hacen crisis temas como la movilidad, la productividad, el aumento de la inseguridad y, en un futuro no muy lejano, el abasto de agua y electricidad, los políticos se dediquen a placear sus mejores galas como si se tratara de un concurso de personalidad.

Por cierto, en esta guerra de vanidades aún no aparece el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, cercano anímica y generacionalmente a la gobernadora y, en su momento, colaborador de la alcaldesa en su primer mandato.

La discreción del funcionario estatal puede significar fortaleza, o también un cierto decoro, pero lo cierto es que cuando se decida, quizá ya sea demasiado tarde para reencauzar las simpatías de la militancia, sobre todo si se piensa que el PAN hace mucho olvidó ideales y proyectos y hoy solo se mueve en la lógica de la cargada.

2.- El fiscal que ya se la creyó

Es por demás, Gerardo Vázquez Alatriste no parece darse cuenta de que obtuvo el cargo para permitir al estado librarse del cacicazgo policial de Carlos Zamarripa Aguirre y para permitirle a una nueva gobernadora panista enfrentar el persistente rezago en materia de procuración de justicia y la monstruosa impunidad.

En virtud del procedimiento empleado para designar al fiscal, una votación en el Congreso, hoy el fiscal emergente de Guanajuato se muestra enamorado de sí mismo, como si su llegada al cargo hubiese sido por sus méritos.

En su reciente comparecencia para rendir cuentas ante los legisladores, se dio el lujo de ignorar a una diputada de Morena, Hades Aguilar, al referirse a ella en dos ocasiones como “la segunda persona”, en relación al orden en el que realizó su cuestionamiento. La invisibilización constituye un acto de violencia, una falta de respeto y también una insubordinación, ya que se trataba de un acto de rendición de cuentas ante una entidad que no solo es autónoma, sino soberana.

Está visto que Alatriste ya no cree en nadie y se considera por encima del resto del gabinete estatal, como lo prueba el regaño que mandó en una entrevista de banqueta al secretario de Seguridad, Juan Mauro González, por haberse atrevido a anunciar detenciones en la masacre de Loma de Flores en Salamanca.

En unos pocos días, coincidiendo con su primer año al frente de la Fiscalía, Vázquez Alatriste se dio el lujo de confinar a la prensa en su informe y de ningunear a una diputada. ¿Qué nos falta ver?

La gobernadora Libia García llega a su segundo informe de labores enfrentando complicaciones en la gobernabilidad del estado. Ahora no solo son masacres, sino también atentados con implicaciones políticas los que sacuden al estado, como se vio este viernes con el asesinato en Jerécuaro del cónyuge de la alcaldesa panista Isabel Acevedo.

El momento político de Guanajuato, en el cual se ha decidido una plena colaboración al más alto nivel entre los gobiernos federal y estatal, así como un abierto compromiso con la transparencia, como se observa en los portales que ha instrumentado la Secretaría de Seguridad, no admite regateos y pifias como las que exhibió el fiscal Vázquez Alatriste en las pasadas semanas.

La prepotencia con la que se manejaba Carlos Zamarripa, y con la que pretendía ocultar su ineficacia, no era automática; provenía de su larga estadía en el cargo y de las complicidades sostenidas con al menos tres gobernadores: Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez.

No es el caso de Vázquez Alatriste, quien incluso ha perdido sus asideros con la Fiscalía General de la República, al provenir del círculo de Alejandro Gertz, el mismo que está siendo drásticamente sanitizado por la nueva titular Ernestina Godoy.

Tras un año de desempeño, carente de resultados y asiduo a los escándalos, la prepotencia de Vázquez Alatriste debería recibir un serio desconocimiento desde el Poder Ejecutivo estatal, ya que la mayoría panista en el Congreso no se atreve a ejercer su responsabilidad.

De no hacerlo y de permitir que continúe su ensoberbecimiento y sus desplantes, será la gobernadora y su partido quienes terminen pagando el peaje de los errores que se acumulen en la procuración de justicia en un estado ávido de ella.  

3.- El Club León y Sapal: mensaje

No es la mejor temporada del club de futbol de la ciudad de León, que hilvana derrota tras derrota en el terreno de juego. En cambio, sus dueños cada vez son más eficaces para expoliar recursos públicos del estado y del municipio para fortalecer su negocio.

La escuela de la familia Martínez se afinó en su natal Pachuca, donde sucesivos gobernadores apoyaron al club para crecer como empresa deportiva e inmobiliaria, a grado tal que pudieron hacerse con la propiedad del Club León, que tan mala suerte ha corrido con varios de sus anteriores propietarios.

Así, lograron apoyos constantes de los gobiernos de Miguel Márquez y Diego Sinhue: terrenos para un fantasioso nuevo estadio a precio de ganga y facilidades; apoyos publicitarios permanentes; y hasta la venta en condiciones inmejorables del actual estadio, dejando claro que el plan de uno nuevo no fue más que una estrategia engañosa de publicidad.

No contentos con eso, reciben subsidios municipales en materia de impuestos y, hasta hace poco, se daban el lujo de adeudar al Sistema de Agua Potable de León el pago por las descargas al drenaje de la ciudad, hasta acumular una deuda de 52 millones de pesos, que finalmente fue saldada con un fabuloso descuento del 50 por ciento.

El mensaje que manda el SAPAL no resulta muy oportuno, cuando está a debate la pertinencia de la construcción de un acueducto de costos multimillonarios que atravesará el estado para traer agua a León desde la presa Solís, hasta ahora reservada para uso agrícola y ambiental.

El señalamiento más común de los opositores al trasvase desde la cuenca del Lerma hacia el noroccidente del estado es que León no cuida su agua y tampoco racionaliza su crecimiento, por lo que no habrá recurso hídrico que alcance de continuar esa (falta de) lógica.

Es en ese sentido que la condonación del adeudo al club deportivo no abona mucho para hacer sentir que en León el agua importa y se cuida, más allá de quién sea el que la use.