1.- Vázquez Alatriste en negación

Toda la semana que pasó, las actividades de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato se vieron afectadas por una crisis informática que oficialmente se manejó como “mantenimiento preventivo” algo a todas luces ilógico porque ese tipo de procedimientos no se programan en horas hábiles y por tantos días, pero que extraoficialmente y en corrillos de la propia dependencia, se explicó como un “hackeo”, una intromisión ilegal hostil en los sistemas computacionales.

Organizaciones de ciberactivistas se adjudicaron la intervención. Medios especializados y expertos en el tema aseguraron que se trataba de un “secuestro” de bases de datos por cuya recuperación se exigía un pago. La consecuencia para el público usuario de los servicios de la fiscalía fue la lentitud de trámites, cuando no la abierta imposibilidad de realizarlos.

Frente a la situación, el titular de la FGEG, Gerardo Vázquez Alatriste, decidió no informar sobre la integridad de los recursos públicos puestos bajo su resguardo. Un escueto boletín trató de explicar la situación como “mantenimiento”, en los primeros momentos; pero días después y a regañadientes, en una huidiza rueda de prensa banquetera, finalmente el fiscal aceptó la pérdida de información mediante el recurso de minimizar el daño: “250 gigabytes es nada, investiguen”, retó a los reporteros.

Más allá de las consecuencias del daño, no solo para la función de la instancia que tiene por función combatir el delito y evitar la impunidad, sino también para los ciudadanos cuyos datos están resguardados en los archivos de la dependencia, quizá la parte más grave del episodio que hemos visto, es el ocultamiento y la decisión deliberada de no informar, como si se tratara de un asunto privado y de no de una cuestión del mayor interés público.

Durante años, Guanajuato se debatió con la prepotencia de un procurador y luego fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, que pretendió manejar a la institución persecutora de los delitos en el estado como si se tratara de su negocio personal. 

Los guanajuatenses padecimos los manejos de una dependencia con elevado gasto público, que ya desde antes de ser autónoma era fundamentalmente opaca, pero que al recibir ese estatus por una reforma legal que pretendía mejorar su funcionamiento, se convirtió en el reino particular de un individuo que la dirigió sin rendir cuentas por más de tres lustros. 

Tras el anuncio de la candidata puntera de la pasada elección, la panista Libia Dennise García, de que Zamarripa no continuaría como fiscal en su futuro gobierno, se alentó la esperanza de un cambio en una institución que resultaba clave para combatir el clima ascendente de los delitos vividos en la entidad durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez.

Sin embargo, lo complicado de enderezar el rumbo en una política de combate a la criminalidad no parecía centrarse tanto en excluir a quien falló palmariamente, sino en encontrar un sustituto adecuado.

Pasados cinco meses de la toma de posesión del nuevo gobierno, finalmente se inició el proceso para elegir al nuevo fiscal, mediante una convocatoria a la que respondió un amplio abanico de prospectos. Después de un proceso que no dejó a nadie contento, la mayoría panista del Congreso y aliados de otros cuatro partidos políticos sacaron adelante a Gerardo Vázquez Alatriste, un fiscal federal con dos años de presencia en Guanajuato y a quien se le concedió el beneficio de que pudiese constituir una especie de enlace con la Fiscalía General de la República.

Pero también recayó en el nuevo fiscal una sospecha: la de que pudiera haber intervenido para archivar una denuncia presentada por una funcionaria del ISSSTE contra el secretario de Salud del nuevo gobierno, Gabriel Cortés Alcalá, por malos manejos en un hospital de esa jurisdicción.

A diez meses de su designación por el Congreso, Vázquez Alatriste no acaba de llenar las expectativas que suscitó el cambio en la cabeza de la Fiscalía. Preocupado por cultivar una imagen de campechanía y por vender una cercanía artificial con los ciudadanos, el nuevo fiscal ha montado una operación en torno a su persona que no tiene nada que ver con atacar las deficiencias y los vicios de la dependencia que recibió.

Las crisis se han venido suscitando una tras otra: montajes que se caen, como el de la trata de personas en un rancho agrícola de Dolores Hidalgo; sospecha de litigios dirigidos por la presencia de ex fiscales federales que aparecen en nuevos bufetes jurídicos en la entidad; desdén por las víctimas; maltrato a reporteros de medios locales; opacidad continuada como en la anterior administración; y, ahora, ocultamiento de situaciones delicadas al interior de la institución que perjudican su servicio a la sociedad.

La información perdida y la afectación al servicio son hechos graves, los cuales pueden superarse en el tiempo. No pasa así con la pérdida de la confianza que se deriva del ocultamiento de la realidad y el desprecio hacia la sociedad que con ello se exhibe.

Con sus actitudes, más allá de su peculiar vocación histriónica, el fiscal de Guanajuato está mostrando su escasa confiabilidad para atender los reclamos históricos de una comunidad agraviada por la deficiente procuración de justicia.

2.- El acueducto de la discordia

Después del inicio de rondas de conversación, encabezadas por la Conagua y el gobierno del estado, para socializar las bondades de la construcción de un acueducto desde la presa Solís hacia la ciudad de León, y tras la persistencia de inconformidades de pobladores y productores del sur del estado, ahora tiene lugar a una campaña de descrédito.

Hasta hace unos días la lógica prevaleciente en el discurso oficial era la de la conciliación, la búsqueda del convencimiento y la certeza de que el proyecto hidráulico solo traía bondades: tecnificación agrícola, ahorro de agua, saneamiento del río Lerma y dotación a zonas urbanas.

Sin embargo, a partir de este fin de semana, algunas cuentas de redes sociales que abordan la agenda del sur del estado empezaron a difundir audios burdamente elaborados con programas de inteligencia artificial que simulan conversaciones entre actores políticos de la región y algunos de los voceros identificados del movimiento que se opone al acueducto, con la intención de desacreditarlos.

La situación podría llegar a situaciones delicadas, pues buscar el desprestigio de los interlocutores no abonará al logro de ningún tipo de acuerdos y contribuirá a viciar futuros intentos de diálogo.

En contrapartida, el movimiento opositor logró un respaldo moral importante en la postura del obispo Fray Raúl Vera, dada a conocer a principios de semana, desde su residencia en Saltillo, Coahuila, quien manifestó una abierta crítica a la construcción de un acueducto que extraiga agua de la presa Solís para llevarla a municipios industriales del centro y norte del estado.  

La disposición al diálogo que ha manifestado la gobernadora Libia Dennise García debe tener un eco en la forma de abordar las inconformidades que surjan en el proceso, con la clara voluntad de llegar a entendimientos.

A eso no parece abonar la guerra sucia que empezó a asomar en los últimos días.

3.- Tecnológico de León: la vocación represiva

Después de casi un mes de paro, el conflicto estudiantil que estalló en el Instituto Tecnológico de León llegó al ministerio público federal, por la denuncia interpuesta por abogados del Tecnológico Nacional de México, a pedido de los directivos locales Lourdes Almaguer y Edgar Ponce.

Casi al mismo tiempo, el intento de criminalización de los estudiantes que salieron a protestar por el deterioro físico y académico del plantel, que llegó a ser un orgullo de la ciudad de León, llegó a la mañanera y produjo una clara postura de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El tema deberá ser abordado por el director del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez, y por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para tratar de poner fin al conflicto.

Hay que recordar que la negociación nunca prosperó porque los abogados enviados por la dirección nacional del sistema tecnológico llegaron con una postura unilateral, exigiendo el desalojo del plantel antes de cualquier diálogo, negándose además a reconocer las condiciones de deterioro que originaron la movilización.

Ahora las cosas han escalado, pues la posibilidad de que la directora Lourdes Almaguer pueda proseguir al frente del Tec de León después de haber denunciado a sus alumnos y haberlos hecho comparecer en la fiscalía federal, en un claro afán intimidatorio, resulta casi imposible.

La institución requiere recursos para revertir la deplorable situación en la que se encuentra, algo que probablemente no sea responsabilidad absoluta de la actual directiva. Pero la falta de pericia para afrontar los reclamos de los estudiantes, esa sí es absolutamente atribuible a Almaguer.

La respuesta de la presidente de la República no solo debe dar lugar a una mesa de diálogo para salvar la crisis, sino a una revisión concienzuda de la situación que guarda una institución fundamental para esa política de atención a la juventud que tanto se pondera en el discurso oficial.