Profeco, capitán de ascenso meteórico 

Hace poco más de diez días, la salida de David Haro como encargado de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona del Bajío fue presentada como el cierre de un ciclo. Sin embargo, el fondo de su relevo sugiere otra lectura: decisiones tomadas desde el círculo central de Morena.

Rocío Rubio Hermosillo, directora general de estas oficinas, visitó el estado aparentemente con el único propósito de anunciar su salida, lo que alimenta la percepción de un relevo previamente definido.

En ese escenario surge el nombre de Emmanuel Alejandro Valenzuela Alcaraz, hijo de la delegada de Programas para el Desarrollo del Bienestar, Alma Alcaraz Hernández. En las oficinas circula el rumor de que el espacio desocupado por David Haro estaría destinado para Valenzuela.

Aunque cuenta con algunos años dentro de la institución, el perfil del joven no parece corresponder con la magnitud del cargo. Su trayectoria inició en 2019 como abogado receptor de quejas en la Profeco, cuando Ricardo Sheffield Padilla dirigía la instancia federal.

Las dudas sobre este posible nombramiento, que podría concretarse en las próximas semanas, no se basan únicamente en la limitada experiencia del joven abogado —quien, según sus datos curriculares, egresó en 2020 de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Bancaria en León—, sino también en su cercanía familiar con Alma Alcaraz Hernández. Si bien esta relación por sí misma no constituye una falta, la práctica resulta incongruente con las reformas antinepotismo promovidas por el morenismo a nivel nacional.

También preocupan los antecedentes de Valenzuela, ya que fue mencionado en una denuncia por presunto acoso sexual dentro de la Profeco, concretamente en contra de David Aguilar Romero, quien asumió la titularidad de la instancia nacional tras la salida de Sheffield.

Si bien tanto él como el titular de la Profeco, David Aguilar Romero, fueron exonerados y el caso archivado por la Función Pública, el episodio abona a la desconfianza y a la falta de credibilidad.

El posible nombramiento de Valenzuela Alcaraz, más que consolidar una carrera meteórica para un abogado con apenas seis años de experiencia profesional, pone a prueba el discurso oficial de combate a las viejas prácticas. Si la promesa es erradicar el influyentismo, las designaciones deben sustentarse en méritos claros, procesos transparentes y rendición de cuentas.

Un equipo preelectoral con cargo al erario

En una analogía futbolera, a propósito de la euforia mundialista, en el Congreso del Estado el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ricardo Ferro Baeza, es el arquero al que le pasan todos los goles que dirige el panista Jorge Espadas Galván.

Tan solo en la última semana se han conocido dos.

Primero fue la contratación de Enrique Sosa Campos, extesorero de León, al que su militancia panista y cercanía con el ex alcalde Héctor López Santillana, le proporciona a Jorge Espadas una alianza provechosa. Ello le facilitó cobrar, primero, como asesor jurídico siendo contador público, luego llegar a la dirección de Archivos y subir un nivel en el tabulador, aunque eso representara brincarse al morenista Ferro Baeza, quien después de todo, terminó justificando que Sosa Campos se quedara como encargado de despacho en un área en la que no tiene experiencia.

En donde sí tiene experiencia el panista es en la operación política, si no que le pregunten a Gabriel Padilla, el empresario amigo del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez, que logró comprar un predio destinado a un kínder para extender su casa y construir una alberca.

El segundo golazo a Ricardo Ferro llegó con la contratación de Jesús Badillo Lara como asesor externo para aterrizar la reforma electoral, el llamado Plan B, en Guanajuato. Aunque la propuesta "genuina" surgió de Sergio Contreras Guerrero, el diputado que representa en la Junta de Gobierno al PVEM aún después de renunciar al partido, solo se trató de una triquiñuela, como esas que sabe armar Espadas como cuando hizo parecer que la candidatura de Gerardo Vázquez Alatriste para fiscal venía del Verde y del PRI.

Badillo llega contratado por la Junta de Gobierno, el órgano de gobierno en el Congreso que, en el papel, dirige Ricardo Ferro. Uno de los temas que le van a pedir al expresidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que revise es precisamente una iniciativa presentada por Ferro con la que busca terminar con la candidatura simultánea; es decir, que una persona candidata a la alcaldía pueda también registrarse para una regiduría.

La lectura de botepronto que dio Sergio Contreras es que la propuesta de Morena, leída por Ricardo Ferro en tribuna, es inconstitucional y debe conservarse la candidatura simultánea en Guanajuato.

Jesús Badillo, el mismo que departe en bodas con panistas que son sus amigos, incluido Jorge Espadas, será el responsable de diseñar la reforma electoral en Guanajuato aplicable para la elección en la que el coordinador del PAN va a buscar la candidatura por la presidencia municipal de León.

Es así como con cargo al presupuesto del Legislativo, Jorge Espadas arma su equipo y las reglas con las que pretende jugar el próximo año por la alcaldía de León, mientras al coordinador de Morena los asuntos le pasan de noche.

PRI: las malas costumbres dejan multas por pagar 

El PRI, ya de por sí debilitado por la desconfianza ciudadana y una militancia mermada, enfrenta ahora nuevas facturas: multas que superan los seis millones de pesos, derivadas de las revisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el uso de recursos en 2024.

La pregunta es inevitable: ¿cómo ocurre esto en un partido encabezado por una contadora pública como Ruth Tiscareño Agiotia, quien además presume en su currículum formación en prevención y combate a la corrupción? Más aún, ¿cómo se explica que, bajo su dirigencia, dos funcionarios municipales de su propio partido hayan cobrado simultáneamente del erario y de la nómina partidista?

En 2023, el partido ya había sido sancionado por el uso inadecuado de recursos al contratar a una persona que, al mismo tiempo, se desempeñaba como funcionario público: el regidor Ángel Araujo Betanzos. Lejos de corregirse, la irregularidad se repitió en 2024, según el informe del INE publicado el pasado mes de marzo, con un incremento en el monto de la sanción.

Lo que resulta grave, además del inadecuado manejo del financiamiento público, es la contradicción entre el discurso y los hechos. La dirigencia estatal aseguró que el regidor había sido dado de baja de la nómina partidista; sin embargo, no solo se mantuvo, sino que se sumó el regidor Paulo Ramírez Noguez.

El daño económico calculado por el INE por el pago indebido de salarios a ambos funcionarios asciende a 461 mil 736 pesos, mientras que la multa impuesta al PRI estatal es de 138 mil 521 pesos.

Los números ilustran con claridad el problema. Ángel Araujo, hoy síndico, percibe un sueldo cercano a los 82 mil pesos brutos mensuales, mientras que en el partido recibe 26 mil 400 pesos adicionales, de acuerdo con información obtenida vía transparencia en junio del año pasado. Por su parte, Ramírez Noguez tendría un sueldo como regidor de más de 66 mil pesos.

La duplicidad no solo resulta cuestionable en términos legales, sino también éticos. El PRI, que busca reinventarse frente a un electorado cada vez más crítico, parece tropezar con los mismos vicios que le han costado su deterioro.

Que la dirigencia ponga en práctica sus estudios anticorrupción y marque un alto al saqueo y abuso que ocurren dentro de su partido o ¿quién manda en el PRI de Guanajuato?.