1.- Libia en la tesitura de ajustar equipo y estrategia 

A diez meses de iniciado el sexenio, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ya vivió un abanico de situaciones que le deben dejar muy claros los retos del momento político actual de Guanajuato y también de su partido. 

Gobernar uno de los pocos estados que han resistido dos embates de la ola morenista que domina al país, constituye una gran responsabilidad. La primera mujer que gobierna Guanajuato no solo tiene que buscar hacer un gobierno significativamente diferente, sino que también lleva sobre sus hombros el peso de reconstruir un partido de imagen desgastada y extraviado de sus valores originales.

No se trata solamente de mantener el bastión, sino incluso de alentar cualquier posibilidad, por remota que sea, de que el panismo reconstruya su carácter de opción política para un segmento ciudadano que sigue buscando alternativas.

En ese sentido, Libia Dennise se juega algo más importante que sus expectativas personales.

Sus dos antecesores, miembros de una nueva generación política dentro de un panismo con tres décadas en el poder, echaron por la borda la herencia democrática con la que el PAN resistió años de oposición tenaz, de fraudes electorales y de escasos recursos financieros.

Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez fueron políticos que recibieron en bandeja una herencia de capital político por el que no pelearon y que no respetaron. Ambiciones personales, encandilamiento con niveles de vida a los que les dio acceso su cargo, pero que no tenían manera de sostener si hubiesen actuado con apego a los principios de su partido y a la ley, tienen a ambos políticos convertidos en emblemas de la nueva corrupción panista.

Por si fuera poco, se andan peleando entre ellos, más o menos como José López Portillo y Luis Echeverría o como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Más adelante nos adentraremos en las pugnas que hasta el momento mantienen y que constituyen un riesgo latente para el gobierno de Libia García.

Por lo pronto, la gobernadora está enfrentada a la necesidad de un deslinde cuyos tiempos llegaron con anticipación. El peso de los compromisos impuestos por Diego Sinhue en el proceso de la sucesión ha marcado el arranque del sexenio y, aunque tarde o temprano debería producirse un ajuste para hacer prevalecer la agenda del nuevo gobierno sobre los remanentes del pasado, no se esperaba que esto ocurriera antes del primer tercio de la administración.

Ya la acumulación de problemas derivados de la transición pesaba en el ánimo del “Nuevo Comienzo”, siendo el primero de ellos el de la confrontación con organismos empresariales y asociaciones civiles, derivado de la liquidación del FIDESSEG.

Pero lo que no estaba en la agenda era la fragilidad de otros proyectos dieguistas, que han evidenciado su inoperancia, su escasa ortodoxia dentro de la administración pública y plagados de indicios que hacen sospechar corrupción y beneficios indebidos para el ex gobernador y su círculo de poder, así como para los empresarios involucrados.

Es el caso de la esquizofrénica arrendadora GTO Leasing Service, ente público-privado con fondos del ISSEG y capital proveniente de compadres del gobernador y del secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda. La empresa fue uno de los grandes proyectos de Sinhue, pero terminó siendo liquidada por petición de unos socios a los que se incorporó tras grandes esfuerzos y muchas concesiones. 

O la ventajosa concesión de una carretera de cuota entre Silao y San Miguel Allende, con el premio incluido de una vía superavitaria y altamente productiva para el erario, como lo fue la Silao - Guanajuato.

O los contratos secretos de Seguritech, la empresa beneficiaria del auge de la criminalidad en Guanajuato, que, como hoy sabemos, se encuentra detrás de la privilegiada estancia en el extranjero del exgobernador.

¿Tiene Libia Dennise García, además de la complicada tarea de rescatar al PAN de su marasmo, la obligación de encubrir las irregularidades que asoman por todas partes en la gestión de su antecesor?

Objetivamente, la respuesta es no, incluso pasando por encima de posibles deudas por el apoyo en el camino a la candidatura. Lo contrario sería renunciar de facto a su autodeterminación y al compromiso con quienes le dieron su voto para ocupar el cargo y, de paso, sería un comportamiento suicida para su proyecto político y para la continuidad de su partido.

Otra cuestión es si puede haber consecuencias jurídicas para quienes pasaron por alto la normatividad o, incluso simulando respetarla, se beneficiaron a manos llenas mediante el otorgamiento de contratos y concesiones.

Dadas las protecciones que le otorga la laxa normatividad anticorrupción a los altos funcionarios del gobierno, es altamente improbable que Diego Sinhue o sus colaboradores más próximos lleguen a recibir sanciones, ni siquiera nimias. 

Sin embargo, lo que sí podría ocurrir es que el gobierno de Libia Dennise García corte por lo sano con algunos de los proyectos faraónicos que el ex gobernador decidió en las postrimerías de su mandato, con absoluta irresponsabilidad con el estado y su sucesora.

Sería no solo la manera de enviar la señal de que un nuevo ciclo ha iniciado, sino, hablando en términos absolutamente pragmáticos, de evitar futuros dolores de cabeza, algunos de máxima gravedad, que terminarían empantanando al gobierno y entregándolo atado de pies y manos a una muy factible derrota electoral en 2027, con todas las consecuencias imaginables.

2.- Márquez vs. Sinhue: salen las verdades

Por si no quedaba claro, el rencor que Miguel Márquez saca a relucir en sus declaraciones sobre los hechos en los que se imputa a Diego Sinhue de presunta corrupción pone en evidencia la historia de una manipulación frustrada por la traición.

Márquez decidió la sucesión del 2018 con una finalidad absolutamente egoísta: construir un delfín que, no solo le garantizara impunidad, sino que además respetara sus compromisos y siguiera sus dictados.

Diego lo hizo al pie de la letra durante los primeros tres años: ratificación de Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca en la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad; conversión del primero en Fiscal General Autónomo; continuidad de contratos con la empresa Seguritech; designación de Héctor Salgado Banda en la Secretaría de Finanzas; ungimiento de Román Cifuentes en la jefatura del PAN estatal, en el cual Márquez disponía de una oficina.

En 2021, tras de tener un protagonismo inusitado en las elecciones de candidatos panistas y aliancistas a diputaciones y alcaldías, y de hacer campaña política por varios de ellos, sobrevinieron diferencias y comenzó una lenta línea de separación que culminó en la ruptura de 2023.

Miguel Márquez decidió tomar partido por la candidatura de la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez, en oposición a la aspirante impulsada por Diego Sinhue, Libia García. La esposa de Márquez, María Eugenia Carreño, incluso realizó publicaciones en redes sociales lanzando críticas a Sinhue. 

La respuesta fue dura: un hermano de la ex primera dama con décadas en el gobierno, fue cesado de forma fulminante al borde de su jubilación; los escoltas y vehículos oficiales que venían usando de manera extemporánea, pues el lapso legal había vencido en 2021, le fueron retirados a la familia Márquez Carreño.

Hoy, Miguel Márquez, en lo que parecen polvos de aquellos lodos, se suma a las críticas en contra de su delfín por la casa en Houston, de lo que le pide aclaraciones; y por la cesión de la carretera de cuota Guanajuato - Silao al consorcio hispano-mexicano Vise-Rubau.

En su tirria, Márquez se olvida de sus propias responsabilidades: a Seguritech, él lo trajo a Guanajuato; a Zamarripa le dio toda la manga ancha que pudo y prácticamente renunció a mandar en la Secretaría de Seguridad; su tufo a corrupción, muy perdonado por los medios de comunicación de la época, tiene nombre: Rafael “Gallo” Barba. Y en cuanto a Vise, también fue la constructora favorita de su sexenio.

Al final del día, Diego Sinhue se pudo rebelar a su maximato, pero fue leal al pacto de impunidad: no lo tocó ni con el pétalo de la menor crítica, menos una investigación. En parte, quizá, porque el heredero hizo suyos los mecanismos corruptos de su creador, como se ve hoy con cuando disfruta en The Woodlands de la casa de Daniel Esquenazi, el muchacho de los recados de Seguritech.

El pleito Márquez - Diego, lo que hace es poner en bajorrelieve la ruta de la corrupción panista de los últimos doce años. Cuando se pelean los compadres salen las verdades.

Las mujeres que hoy lideran corrientes en el panismo guanajuatense y que quieren reinventarse, al menos eso dicen, harían bien en pintar su raya de los ex gobernadores tóxicos: Libia de Diego y Alejandra de Márquez.

3.- Las tormentas de la fiscalía

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste no se ahorra ninguna reunión para firmar convenios y no elude ninguna foto para lucir en las redes sociales. Lo que no parece caminar es la mejora de la fiscalía desde los tiempos oscuros de Carlos Zamarripa.

Por lo pronto terminó en un enorme ridículo su operación de lucimiento de la semana pasada, donde personalmente encabezó un raid en contra de una empresa agrícola en Dolores Hidalgo, sin exhibir una orden judicial, irrumpiendo en una propiedad privada por la presunción de un delito de “trata de personas” con fines de explotación laboral.

Diez días después no hay una sola detención, la única carpeta abierta es por un cigarro de marihuana, que caería dentro de los límites para consumo personal; tuvo que regresar 289 mil pesos de la nómina de la empresa, sustraídos ilegalmente en el operativo; y, para colmo, enfrenta una denuncia por el presunto robo de dinero a los jornaleros “cautivos” a los que iba a rescatar.

Más grave es que el operativo fue encabezado personalmente por el fiscal, quien pretendía vestirse de héroe; y que las irregularidades cometidas no fueron vistas por los funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos que acompañaron el operativo y que no fueron ni para elaborar un informe.

Y quizá la peor parte es que los muy probables abusos e irregularidades que la empresa comete contra sus trabajadores, que tienen que ver con leyes laborales, sanitarias y de seguridad social, ni siquiera fueron observadas porque el personal de la fiscalía no está capacitado para ello.

Preocupa mucho este nivel de incompetencia de un funcionario que se llenó la boca al decir que su trayectoria está avalada por “números”.

Quizá no se refería a estadísticas, sino a los “numeritos” que tan bien le han salido.