1.- Complicado arranque del Nuevo Comienzo

A pocas semanas de cumplir su primer año al frente del gobierno, Libia García, la primera mujer que encabeza el Poder Ejecutivo en la historia de Guanajuato, después de 34 años de dominio panista ininterrumpido, parece estar empezando a recomponer el fragmentado escenario que le heredaron.

Los problemas políticos que encontró no son menores: descuido de las bases panistas;  estructuras desmanteladas en los municipios; una dirigencia de origen dieguista; comunicación tensa con la alcaldesa de León; trato indigno a operadores históricos y figuras de ese partido. 

Por si fuera poco, la fluida relación con el gobierno federal y con la presidenta Claudia Sheinbabum, necesarias para atender algunos de los problemas ingentes de la entidad, como la seguridad, el abasto de agua y la infraestructura para mantener el ritmo de crecimiento, han originado una ácida rumorología sobre una presunta “entrega” del estado a la Cuarta Transformación. 

A ello se añade la excesiva complacencia con líderes empresariales más afectos al tráfico de influencias que a la representación genuina de sus agremiados; dispendio de recursos públicos en caprichos: soluciones cosméticas a problemas de gran calado como el crecimiento de las adicciones.

Y para ponerle más complicaciones, el gobierno de Diego Sinhue planteó con profundo descuido la reestructuración de los subsidios del Fidesseg, dejando lesionada la relación con otro sector del empresariado. Para empeorarlo, la responsable de la Secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, decidió enfrentar los reclamos con la espada desenvainada, agudizando la confrontación.

El nuevo gobierno definió estrategias como la creación de un subsidio directo a mujeres, continuidad de la tarjeta rosa, un programa que fue fundamental en la elección, pero que gravó las finanzas estatales y dejó secos muchos programas de política pública. Si además se considera que la curva de aprendizaje de muchos integrantes del gabinete ha sido prolongada, ahí se tiene otro fuerte lastre para encauzar la administración.

Sin embargo, Libia ha podido sobreponerse a ese complicado inicio sobre todo gracias a su empuje personal, el mismo que la ha llevado a establecer una relación muy productiva con Sheinbaum y su gabinete y que le ha dado sus mayores victorias: el avance en seguridad, el acuerdo para el plan hidráulico que dotará de agua a las principales urbes del estado y la extensión del ferrocarril de pasajeros a León.

Pero esa circunstancia, donde la tenacidad de la gobernadora es la que da la cara por todo su equipo, tiene que cambiar pronto. De continuar los niveles de incompetencia, tendrán que ocurrir cambios en los gabinetes legal y ampliado, incluso en el staff de la mandataria.

Sobre todo, porque los avances que ha logrado Libia, como el cese de hostilidades con los empresarios atrincherados en defensa del Fidesseg, tienen que ser aterrizados y convertidos en resultados por parte de los secretarios de despacho. Sería un despropósito que, por negligencia, prepotencia o simple incompetencia, los y las funcionarias del equipo echaran a perder los acuerdos y las soluciones construidos por su jefa.

En el terreno de la política estricta, también hay novedades. Esta semana se supo de la reunión de la gobernadora con el grupo de exalcaldes de León, que se ostentan como una especie de cartel político que quiere seguir influyendo en la vida de la ciudad, a veces más en defensa de intereses propios que de proyectos comunitarios. 

Los “viejitos” como se llaman a sí mismos, han venido respaldando iniciativas de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y se muestran críticos del círculo de la gobernadora y de los ex colaboradores de Diego Sinhue, como es el caso de Aldo Márquez en el PAN.

Ahí estuvieron; Luis Quiroz, el ex director de Guanajuato Puerto Interior que sigue traficando con terrenos en el entorno de ese desarrollo, de la mano de la empresa Banterra; Héctor López Santillana, quien desde GPI mantiene una guerra de baja intensidad contra la secretaria de Economía Cristina Villaseñor; Luis Ernesto Ayala, el mayor promotor de Alejandra Gutiérrez junto con Miguel Márquez y de nuevo precandidato a la alcaldía de León; Jorge Carlos Obregón, a quien este grupo quiere impulsar como nuevo dirigente municipal del PAN; y Ricardo Alaniz, quizá el más interesado en atemperar los roces entre los encontrados proyectos panistas en León. 

Hubo una ausencia que mucho dice: la de Carlos Medina Plascencia, primer exalcalde y exgobernador del PAN, quien terminó mal su última incursión a la política al enfrentarse como síndico con Ayala y López Santillana.

Más allá de la vanidad de los viejos políticos y el bluff que manejan, la disposición al diálogo es lo que se debe aquilatar: el mensaje de Libia habla de atender los diversos frentes y dejar atrás el aislamiento que caracterizó su gestión los meses pasados. 

El PAN no vive ya aquellos momentos de poderío que convirtieron a los ex gobernadores en verdaderos sátrapas, al grado de reinventar el dedazo en sus sucesiones y manejar el erario público como botín personal. 

Es hora de la política, la escucha, la reconstrucción de expectativas y la recuperación de los viejos valores panistas con verdadero ánimo reconstructor. Si solo se simula no habrá propaganda que valga ni campaña de redes sociales que sirva. Veremos si la disposición es seria.

2.- Lorena Alfaro: después de mí, el diluvio

Pero la complicada relación con el panismo de León no es el único problema que afronta Libia Dennise García como cabeza política de ese partido en el estado. Ahí está el reto que representa la administración de Lorena Alfaro en Irapuato, que esta semana empujó para concretar la que probablemente será una de sus peores decisiones: el arrendamiento de 66 vehículos destinados al área de seguridad.

Los funcionarios del ayuntamiento, particularmente el tesorero Miguel Ángel Fonseca, se han esforzado en explicar que se trata de una buena decisión financiera porque se producirá un ahorro en los mantenimientos de los 3 años y fracción que estará vigente el contrato de arrendamiento.

Lo que no se dice es que las condiciones bajo las cuales se pretende realizar la operación, gravosas para cualquier negocio dedicado al arrendamiento de vehículos, no serán aceptadas por las empresas líderes del sector. Resulta ingenuo, o un engaño deliberado, que se quiera trasladar el costo del mantenimiento de vehículos de uso rudo y riesgo alto, del municipio al arrendador y que este lo acepte sin consecuencias.

Más factible es pensar que el destino del arrendamiento ya se encuentra predeterminado y que este puede ir a una empresa de corte local que se haga cargo de proporcionar los vehículos pero con alto riesgo de fallar en el cumplimiento de las exigentes condiciones de mantenimiento y reposición.

La apuesta a la que parece inclinarse la operación es que los mayores problemas no se presenten en los dos años que le restan a la administración de Alfaro, pero se compliquen al extremo en el año y meses que le tocarían al siguiente ayuntamiento, con la cauda de litigios que el tema puede acarrear.

Lo cierto es que no se aprende de la experiencia de GTO Leasing, donde ni siquiera se trató de un proveedor externo sino de una empresa auspiciada por el propio gobierno estatal a través del ISSEG, la que consistentemente quedó mal en el servicio a los usuarios, además de fracasar en sus proyecciones de negocio.

La decisión aparentemente inamovible del gobierno de Alfaro para otorgar el contrato de arrendamiento a quien acepte sus condiciones, más allá de si se mejoran las condiciones de servicio de la seguridad pública, podrá acarrear complicaciones en los próximos meses, justo cuando se entre en la dinámica electoral, en un municipio de por sí muy competido.

Quien pagará los platos rotos de esas malas decisiones políticas no será Lorena Alfaro, que probablemente ya esté pensando en retirarse de la política, sino la gobernadora Libia García, quien podría ver comprometido aún más su margen de maniobra en la siguiente  Legislatura, al ponerse en riesgo los dos distritos locales de Irapuato en una eventual debacle electoral.

En temas como esos deberían estar interviniendo el secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona y el dirigente panista Aldo Márquez, si de verdad quieren significarse y ser un apoyo sólido para el gobierno de Libia, ambos convertidos por ahora en simpáticas figuras decorativas más que operadores eficaces.

3.-  Sinhue: los mensajeros oscuros

Tras la revelación del usufructo que venía haciendo de una propiedad vinculada a Seguritech, una empresa proveedora de su gobierno con un contrato de 4 mil 400 millones de pesos, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo prácticamente desapareció de la escena: no más redes sociales, no más apariciones públicas ni asistencia a los eventos panistas donde todavía aparece en los órganos colegiados de dirección, local y nacionalmente.

El mutis de Sinhue, sin embargo, no ha sido reproducido por algunos de sus colaboradores de más confianza.

Ya vimos como el subsecretario del campo, Rodolfo Ponce Ávila, cuyo único mérito fue firmar el descuento del impuesto predial al Club Campestre de León, lo que le garantizó el rescate de su amigo el ex gobernador para convertirlo en un irrelevante funcionario estatal, no ceja en sus empeños de sabotear a su actual jefa, Marisol Suárez. 

Y desde fuera de la administración, el ex director de la Comisión Estatal del Agua, Francisco García León, se autoexhumó para salir a un medio a torpedear el plan hidráulico convenido por el gobierno de Libia García con el gobierno federal para construir el acueducto Solís - León.

García León, quién nunca dejará de ser recordado como el secretario de Ayuntamiento de León que permitió la privatización del estadio León al abrir la puerta a un litigio a causa de la deficiente extinción de un fideicomiso, se llenó la boca de fatalismo al augurar el fracaso del nuevo proyecto hidráulico y bautizarlo como “el Zapotillo 2”.

Lo paradójico es que el mismo García León es corresponsable del frustrado acueducto, al no saber encauzar los acuerdos entre Diego Sinhue y Enrique Alfaro para defender la presa en los Altos de Jalisco y convertirse en un simple espectador del derrumbe de ese proyecto. 

¿De verdad, cree el funcionario dieguista que tiene calidad moral y capacidad técnica para erigirse en guardián de los intereses de Guanajuato y crítico de las decisiones del gobierno de Libia, quien en pocos meses ha logrado avances muy por encima de los que alcanzó la anterior administración en seis años?

Y por si algo faltara, ahí está Froylán Salas Navarro agazapado en la Secretaría de Economía, el gran operador de Sinhue para la entrega de los cientos de millones de pesos cedidos por el gobierno a la CONCAMIN de Ismael Plascencia, repitiendo los esquemas del sexenio pasado y entregando nuevos recursos a las asociaciones civiles del dirigente empresarial.

Y ahora la pomposamente renombrada Secretaría de la Honestidad, de Arcelia González, decidió blindar a Froylán Salas mediante convenientes auditorías que seguramente no irán muy lejos, pero que ya son el pretexto para no entregar la información de las docenas de convenios que llenaron los bolsillos, no de los pequeños y microempresarios de Guanajuato, pero sí de su círculo directivo, sin que haya la menor rendición de cuentas.