1.- Proyectos estratégicos amenazados

El agua que traerá el acueducto desde la Presa Solís a León, pasando por algunas de las principales ciudades del estado, no solo es una de las obras más anheladas por gobiernos y empresarios que ya vieron perderse la oportunidad de El Zapotillo, sino que además es la obra estrella de la gobernadora Libia Dennise García. No se explica, por ello, el descuido con el que parece estar siendo abordado el proyecto.

En ambas puntas del estratégico ducto surgen problemas políticos. 

Claudia Silva, la alcaldesa de Acámbaro reconvertida de perredista en panista por la gracia de Miguel Márquez Márquez, no resistió los reclamos de organizaciones campesinas de su comunidad y se sumó declarativamente al boicot a la obra, no obstante que siempre ha estado en las reuniones donde se han tomado las decisiones y ha tenido la información de primera mano.

Mientras Alejandra Gutiérrez, la alcaldesa panista de León, que ha puesto en suspenso su militancia panista desde hace algunas semanas, lanza retos a la administración estatal y saca de la chistera proyectos estratégicos que no cuentan con la colaboración del estado, como un eventual tren urbano que hoy no es más que una frase en un informe de  gobierno.

Mientras eso ocurre en los pasillos alfombrados de los palacios municipales, en la calle y en las plazas del sur del estado se gesta una rebelión de productores agrícolas y de vecinos donde cabe de todo contra el proyecto. 

Se presentan ancestrales reclamos campesinos derivados de la construcción original de la Presa Solís a mediados del siglo pasado; genuinas preocupaciones por la falta de agua para riego agrícola que ya se ha presentado por los prolongados estiajes; rebelión contra liderazgos caciquiles en los módulos de gestión del agua; pero también la infaltable política partidista que termina de contaminar el conflicto.

Frente a ello se encuentran el gobierno del estado, el más preocupado porque se concrete la obra y el agua llegue a las ciudades, sobre todo a León; y el gobierno federal, donde la presidenta de la República ya comprometió la obra y encargó su realización al ejército. 

No sería necesario llegar a extremos que pongan en riesgo o retrasen la realización de la obra. Pero para ello hace falta una decidida capacidad de agencia de los operadores políticos estatales y una coordinación extrema con el gobierno federal, para descifrar las líneas de conflicto y atenderlas cada uno en su terreno.

Haría falta que los políticos de turno no compliquen más las cosas. La alcaldesa de Acámbaro mostró un oportunismo rampante al tomar en sus manos una pancarta de manifestantes durante el desfile del 22 de octubre. Un día antes cientos de ciudadanos, muchos de ellos representando a ejidos y organizaciones de productores de Acámbaro y Jerécuaro, realizaron una reunión informativa que mostró un rechazo absoluto al proyecto y duras críticas a las autoridades municipales de la zona pertenecientes al PAN y al PRI.

Esa misma noche Claudia Silva dio marcha atrás después de una entrevista con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, sin embargo el daño ya estaba hecho al exhibir en los medios a una funcionaria panista aparentemente crítica del proyecto de la gobernadora y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El tema cruza por varias líneas de enojo de los hombres del campo en la zona: deudas históricas con los descendientes de los habitantes desplazados por la construcción de la presa hace 75 años; bajos precios de los productos agrícolas; administración corrupta del agua en los módulos de riego y alcaldes que pierden legitimidad a paso acelerado. 

Frente a la revuelta campesina, los funcionarios estatales carecen de respuesta: ni José Lara Lona, secretario del Agua que se refugia en su carácter de “técnico”, ni Marisol Suárez Correa, secretaria del Campo, inexperta y ausente, parecen poseer herramientas y disposición para dialogar con los inconformes. Inevitablemente el tema ha caído en las manos de Jiménez Lona, secretario de Gobierno que se viene saturando como la única ventanilla funcional de la administración de Libia.

El segundo año de la administración autodenominada “de la gente” requerirá hacer política profesional, seria y de tiempo completo. 

El movimiento contra el acueducto Solís - León  ya inició de forma nutrida y representativa. Hubo tiempo para informar y convencer a ras de suelo, pero se confió en las estructuras corporativas: los módulos de riego, los alcaldes y hasta las organizaciones formales de productores ya se ven rebasadas. La inquietud ya cunde en otros municipios de la cuenca del Lerma, como Salvatierra, Jaral y Valle de Santiago.

En la manifestación se hizo presente y habló a favor del movimiento el Padre Chava, Fray Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito y cura histórico de Acámbaro muy apreciado por su labor social y su involucramiento con las mejores causas de la comunidad. Todo indica que la movilización seguirá avanzando.

La rebelión de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, con una población mucho menor a la de los municipios que rodean Solís, paró el acueducto del Zapotillo por falta de operación política y desidia federal y estatal. Esa lección no debe olvidarse.

A diferencia de los problemas enfrentados en estos últimos meses, heredados por el gobierno de Diego Sinhue, a partir de este segundo año la gobernadora Libia García debe hacerse cargo de las consecuencias que derivan de sus proyectos y sus decisiones y observar las capacidades y las limitaciones del equipo que escogió, para hacer los cambios que haga falta.

Parece que no hay tiempo para perder.

2.- La falla que puede demoler a un precandidato

Como si no fuese un trabajo de tiempo completo el coordinar a los diputados del PAN, hacerse cargo de la dirección política del Congreso en su primer año, negociar con aliados y opositores los temas relevantes para el gobierno de Libia García y, además, administrar un presupuesto de 800 millones de pesos, el diputado panista Jorge Espadas Galván se dio todavía tiempo para jugar al candidato adelantado y a la campaña que no es campaña.

Si uno revisa las redes sociales del legislador por el distrito XXI de León, encontrará que son habituales sus recorridos por la zona que lo eligió y también por otras de la urbe por la que pretende postularse en 2027: regala tinacos, calentadores solares, despensas y bolsas con verduras.

Sería algo normal en tiempos de campaña política, pero los actuales no lo son. Deberían ser recursos fiscalizados por la autoridad electoral si ese fuera el caso, pero en los tiempos actuales no hay transparencia de dónde vienen esos apoyos, de un funcionario que maneja de forma casi unipersonal el presupuesto del Congreso.

Quizá por la acumulación de actividades y por la triple cachucha de legislador, líder parlamentario y precandidato, Espadas no ha tenido tiempo de atender un asunto delicado del Congreso que gobernó hasta hace un mes y cuyo control relativo acaba de entregar al diputado Ricardo Ferro, de Morena, nuevo presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, pues Espadas como vicepresidente cuenta con cinco de los siete votos del órgano. 

Se trata de la falla constructiva que atraviesa una zona ya plenamente inutilizada del estacionamiento, un adosado al edificio cuya construcción en conjunto representó una inversión de 800 millones de pesos.

Hoy se sabe, por filtraciones de integrantes de la propia comisión de administración, confirmada en una entrevista radiada del diputado panista Erandi Bermúdez Méndez, que un peritaje realizado por profesionistas de la Universidad de Guanajuato, cuando recién se estrenaba el Congreso, ya determinaba la irreparabilidad del edificio y la necesidad de demolerlo para construirlo nuevamente.

Es un tema que han venido posponiendo al menos 3 legislaturas: las lideradas por Éctor Jaime Ramírez Barba, Jesús Oviedo y Luis Ernesto Ayala, que guardaron muy bien el dictamen y ni siquiera le dieron parte a la Contraloría del Congreso y a la Auditoría Superior del estado.

A Espadas el tema le afecta de otra manera: fue el secretario general de la LXII Legislatura, de 2012 a 2105, coordinada por el panista Juventino López Ayala, cuando concluyeron los trabajos de construcción del inmueble y se presentaron algunos escándalos como la contratación de una empresa de Purísima del Rincón para concluir los baños del nuevo edificio.

Aún se recuerda como Espadas y López Ayala, junto con otros diputados como el priista Jorge Videgaray y el verde Sergio Contreras, aprobaron una fuente con los nombres de todos los integrantes de la Legislatura justo en el acceso principal del edificio. Una de las primeras decisiones del coordinador Ramírez Barba, de la LXIII Legislatura, fue demoler el adefesio.

¿Podrá la LXVI Legislatura ocultar esta larga historia de negligencia y opacidad, justo en los tiempos en los que la gobernadora Libia García, líder moral del panismo guanajuatense, ha abierto contratos tan polémicos como los de Seguritech y las concesiones carreteras?

¿Podrá Jorge Espadas venderse como el candidato para León que necesita un panismo relanzado que busca reconectar con la sociedad, si decide ocultar los pecados del oneroso edificio del Congreso?

Esas son las preguntas interesantes.

3.- App de afiliación del PAN, útil para el Verde

Después de su tronante renuncia al PVEM por la llegada de la nueva dirigencia encabezada por la senadora Virginia Magaña, la ex diputada local Vanessa Sánchez Cordero apareció rauda y veloz en las oficinas del comité estatal panista para incorporarse a ese partido, en plena campaña de afiliación.

Así lo presumió el dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez, en sus redes sociales.

La ex pevemista fue una consistente opositora de políticas panistas, como las relacionadas con el rechazo a derechos para las mujeres y las minorías sexuales. Sin embargo, dos fracasadas incursiones electorales en la capital del estado, 2021 y 2024 la obligaron a solicitar una plaza en la empanizada Procuraduría de los Derechos Humanos, donde desde hace más de un año se desempeña como agente investigadora.

Que una militante frustrada con sus resultados electorales y enojada por las decisiones nacionales de su partido, decida trasladar su militancia a un partido con el que se confrontó en debates y votaciones es una decisión personal que no debe ser sencilla.

Pero que un partido político que está a la búsqueda de reencontrarse con sus votantes y su militancia, que vive un desgaste por el ejercicio continuo del poder y que se encuentra asediado por el crecimiento de una oposición que lo viene combatiendo con creciente éxito, decida festinar esa incorporación, parece un acto fallido.

¿Va Sánchez Cordero a buscar posicionarse como aspirante a la regiduría que le han negado los electores en dos ocasiones? ¿Qué dirán los panistas que tienen trabajo realizado para buscar esa posición desde hace años?

El relanzamiento panista podría lesionar los derechos adquiridos de sus viejos militantes.