1.- Ismael Plascencia le tomó la medida a Diego Sinhue

En su ascenso en la política, Diego Sinhue Rodríguez estuvo siempre cerca de los desarrolladores inmobiliarios de León. Mucho le ayudó para ello su temprana adscripción al despacho de Luis Mariano Hernández Aguado, ex político panista, notario público y próspero promotor de fraccionamientos.

Uno de los mayores beneficiarios de la protección de Hernández Aguado fue el ex dirigente de la Cámara de la Vivienda y actualmente coordinador regional de CONCAMIN, Ismael Plascencia Núñez, quien año tras año fue incrementando los recursos solicitados a la Secretaría de Desarrollo Económico para “apoyar a las pequeñas y microempresas del Estado”.

Quizá 184 millones de pesos se dicen fácil y la perspectiva se pierde en medio de la danza de dádivas entregadas sin ton ni son el sexenio pasado, pero para aquilatar mejor los recursos entregados a Plascencia y sus asociaciones civiles mediante convenios laxos y no fiscalizados, podemos comparar esa cifra con los presupuestos de algunas dependencias estatales.

Los recursos asignados al representante de CONCAMIN en los seis años equivalen al presupuesto anual de la Secretaría de la Honestidad, justamente la que debería revisar la correcta aplicación de esos programas. Los “regalos” a Ismael representan 1.6 veces el gasto que ejercerá la Secretaría de Derechos Humanos creada por Libia García; superan en 22 millones lo que recibirá la Comisión Estatal del Deporte; rebasan por 37 millones el gasto  del Instituto para la Juventud en 2025; es el doble de lo que recibirá el Instituto para las Mujeres que próximamente será secretaría de estado.

Y en algo que resulta verdaderamente escandaloso, los 184 millones entregados a INDUBAJ e INCOBAJ, las asociaciones civiles manejadas por Ismael Plascencia y sus allegados, recibieron tantos recursos como los que fueron asignados en todo el sexenio al Instituto Estatal de Formación Policial (INFOSPE), en un estado que ha vivido el mayor índice de agresiones a policías y que tiene un agudo déficit en su estado de fuerza policial.

Podríamos seguir, pero esos puntos son bastante iluminadores sobre la cantidad de recursos que se asignaron de un plumazo y con estudios de lo más laxo a un dirigente empresarial que aprovechó sus relaciones con Diego Sinhue y que incluso lo sometió a desplantes como el de imponer un programa de puntualidad para castigar la proclividad del gobernador a llegar tarde a todas partes. 

Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin la existencia de un eficiente operador en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, hoy Secretaría de Economía, el subsecretario Joel Froylán Salas Navarro, responsable de políticas para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, quien ha ocupado cargos en la dependencia desde hace un cuarto de siglo y que ha sobrevivido a cinco titulares de esa dependencia y sigue ahí ahora con la primera mujer secretaria, Cristina Villaseñor.

A Ismael Plascencia le bastaba entregar un oficio en media cuartilla, sin argumentación alguna, para solicitar apoyos de millones de pesos varias veces al año. Era Salas Navarro el encargado de llenar los elaborados formatos que se sometían a aprobación de los comités internos, cuyos titulares rara vez asisten a las sesiones ordinarias, donde, una vez y otra vez, se aprobaban las ministraciones de recursos públicos en un flujo ininterrumpido.

Gracias al trabajo periodístico, ahora se sabe que al menos en la compulsa de convenios por 111 millones de pesos, pues la comprobación de 73 millones no ha sido entregada, Ismael aplicó 20 millones mediante una empresa de la que son accionistas él y sus hijos, mientras que otros 25 millones de pesos se repartieron entre 4 empresas donde participan la asesora de Concamin y apoderada de INCOBAJ, Alma Mercedes Barbosa Velázquez, su hija y su esposo.  

Hoy hay varias auditorías abiertas, al menos tres iniciadas en junio por el órgano interno de control de la Secretaría de Economía, sobre los contratos celebrados por la SE con INCOBAJ de 2022 a 2025. A ello se le suma una revisión iniciada el 4 de julio de 2025 por parte de la Secretaría de la Honestidad, sobre el programa “Mipyme al 100” por el periodo de enero 2024 a junio de 2025.

Sin embargo, los procesos abiertos le permiten al Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo reservar la información, en lo que podría interpretarse como una maniobra para contener nuevas publicaciones críticas sobre los excesos y los nulos resultados del uso de los recursos públicos involucrados.

En diversos escenarios, la secretaria Cristina Villaseñor ha dejado en claro que su intención es poner orden en las malas prácticas que se han generado a lo largo de años de continuidad en el área de promoción económica del gobierno estatal, lo que constituye un saludable propósito. 

Pero en tanto no se tenga acceso transparente a la información y la opacidad proteja a personajes como Froylán Salas Navarro, se nulifica el mensaje de cambio y renovación, 

máxime hoy que están a la vista los excesos y la falta de rigor en la aplicación de los cuantiosos recursos que maneja.

2.- Organizaciones empresariales: entre la cautela y la complicidad

Las organizaciones del sector privado en Guanajuato se han vuelto adictas a los apoyos gubernamentales para su funcionamiento e infraestructura. Desde diversas trincheras se sabe que sin los subsidios del gobierno hay cámaras que batallarían hasta para la nómina.

Lejanos los tiempos en los que las cámaras y las confederaciones se ostentaban como una genuina representación de la sociedad, se mantenían a sí mismas con el aporte de sus agremiados y tenían una voz independiente y fuerte frente a los gobiernos.

En estos tiempos vemos a los dirigentes empresariales subidos en una rueda giratoria: hoy son representantes gremiales, mañana consejeros gubernamentales, pasado mañana funcionarios y, si hay suerte, candidatos a cargos de elección popular.

Quizá por eso a muy pocos de ellos les interesa opinar sobre los presumibles malos manejos de los programas gubernamentales, como los realizados por una de esas organizaciones: la delegación regional de CONCAMIN, a cargo de Ismael Plascencia Núñez.

Resulta francamente deprimente la actitud de un veterano como Roberto Novoa Toscano, quien frente al cuestionamiento sobre la construcción de la torre CONCAMIN y la constructora Hoki de Plascencia Núñez, optó por una respuesta que ya no usan ni los políticos más novatos: “no he leído la información”. 

Al ser escasamente autocríticos con su propio sector, los empresarios han perdido calidad moral y peso político. Así se pudo ver en el conflicto con el gobierno del estado por los recursos de Fidesseg, donde si bien los litigios arrinconaron a la gobernadora Libia García y la obligaron a negociar, los consejos coordinadores empresariales no acrecentaron su prestigio y fueron vistos como un obstáculo para la solución por las asociaciones filantrópicas que dependen del recurso estatal.  

Convertidos ya en meras instituciones paraestatales y alejados de los miembros a los que dicen representar, los organismos de empresarios en Guanajuato se siguen debilitando como factor de opinión en el debate público. 

Que ahora asuman las costumbres de los políticos, de las que eran críticos hace no mucho, para generar círculos de complicidad, seguramente no ayudará a reverdecer sus marchitos laureles.

3.- Alcaldesa de Apaseo el Alto con ánimo de volverse viral

Un nuevo caso pone en evidencia que la intención de la nueva política estatal para humanizar su ejercicio se está quedando en el discurso o que no ha logrado penetrar en todos los niveles.

La alcaldesa panista de Apaseo el Alto, Montserrat Mendoza Cano, contrató como secretario de seguridad pública de su municipio al ex policía federal Eduardo Morales Palomino, el mismo que fue cesado por intervención directa de la gobernadora Libia Dennise García como comisario de la región IV, con sede en Celaya, de la Secretaría de Seguridad y Paz del estado. 

Apenas un mes después de anunciada la estrategia CONFIA, apuesta de la mandataria para pacificar al estado, Morales Palomino fue exhibido en videos de años atrás en un ejercicio de tortura y maltrato a jóvenes cuando era integrante de la policía de Celaya.

La evidente violación de los derechos humanos de los detenidos se volvió viral y alcanzó millones de reproducciones en redes sociales, lo que obligó a los altos niveles del gobierno estatal a tomar cartas en el asunto, pues el secretario de seguridad, Juan Mauro González se resistía a cesar a su camarada.  

Ahora, la alcaldesa apaseoaltense ha decidido hacer caso omiso de aquel escándalo y bajo el simple expediente de que Morales Palomino no tiene procesos abiertos, le entregó el mando de la policía de su municipio, donde ya estuvo en el trienio pasado, antes de volverse famoso por el video mencionado.

Surgen algunas preguntas: 

¿Mendoza Cano consultó el tema con la gobernadora o al menos con el secretario de gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien fue el encargado de convencer a Juan Mauro de proceder al cese en diciembre pasado, o sencillamente se fue por la libre?

¿El secretario de Seguridad impulsó de alguna manera la contratación de su ex subordinado? Da lugar a esa sospecha la encendida defensa en redes sociales que planteó la ex coordinadora del Secretariado de Seguridad, Sophia Huett. Ella y Mauro son esposos.

Cuando al gobierno del Estado no le faltan los fierros en la lumbre, hay algunos voluntariosos con gran ánimo de atizar el fuelle.