1.- Atrincherados contra la interrupción del embarazo

Usando los mismos instrumentos que le critican acremente al gobierno federal y al partido Morena, el panismo guanajuatense se ha atrincherado en su último reducto para negar a las mujeres de Guanajuato el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Una persona juzgadora que reorienta su resolución bajo parámetros distintos a los que se le plantean en una solicitud de amparo. La jueza Luz Adriana Rico, ganadora en la pasada elección judicial, limita el beneficio del amparo a las mujeres promoventes, ignorando la jurisprudencia de la propia Corte sobre la inconstitucionalidad de las normas penales que persiguen a las mujeres por abortar.

Así, la elección de juzgadores, una de las peores ideas del régimen de la Cuarta Transformación, también fue aprovechada desde el gobierno panista para impulsar a sus cuadros, como la juez Rico, que anteriormente fue asesora de la fracción panista en el Congreso local.

La justicia a modo que tanto critica el PAN a Morena, también se reproduce en su favor ahí donde conservan el poder, como en Guanajuato.

Tras la resolución del amparo, un funcionario del Congreso de tercer nivel, un asesor de la dirección jurídica de nombre Enrique Iván Sosa Campos, impugnó el amparo a nombre del Congreso de Guanajuato, sin un acuerdo de la junta de gobierno. Jorge Espadas, el coordinador parlamentario panista, lo justificó diciendo que era un acto de congruencia con la votación que rechazó la despenalización del aborto.

Resulta extraño que los funcionarios del Congreso se manden solos y más aún en un ambiente de tanto control como el que ejerce Espadas, que ha despedido a funcionarios para colocar a sus incondicionales o de sus aliados políticos, incluso en perjuicio de militantes de su partido.

Lo que resulta de todas estas maniobras es una clara decisión de defender hasta sus últimas consecuencias la sanción penal para las mujeres que aborten, como una espada de Damocles que puede ser empleada o no a contentillo de la autoridad en detrimento de la certeza legal y del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo.

Espadas está a la búsqueda de una posición electoral en León, una de las ciudades del país donde conserva fuerza el clero católico, pero también ha crecido la presencia de las iglesias protestantes, todas opuestas por igual al avance de los derechos de las mujeres.

No se sabe qué tanto obedece la postura del pastor panista a sus convicciones y qué tanto a su proyecto personal; de cualquier manera, resulta preocupante que lleve sus empeños al nivel de la marrullería política y no de la batalla parlamentaria abierta y franca.

Pero más allá de las tácticas de peleador callejero de Jorge Espadas, la postura que no queda clara es la de la primera gobernadora mujer de Guanajuato, quien en su campaña tendió la mano a las colectivas de feministas y les ofreció un diálogo sin dobleces.

¿Fue solo promesa de candidata? 

Parece que llegó la hora de responder.

2.- Los ejércitos auxiliares del PAN

En la decadencia del Imperio romano, que duró siglos, los ejércitos imperiales ya no estaban compuestos por ciudadanos de la Ciudad Eterna, sino por las huestes de los pueblos bárbaros que cercaban la periferia del imperio. Constantemente surgían rebeliones y alianzas de esas legiones con las tribus al otro lado de las fronteras.

Finalmente, un ejército de visigodos al mando de Alarico tomó Roma y la saqueó durante varios días en el año de 410. El rey visigodo había servido previamente como mercenario al servicio del emperador Honorio y su lucha no tenía que ver con una conquista, sino con el reconocimiento de un estatus legal y la entrega de tierras.

Toda proporción guardada, el ejemplo ilustra lo que viene ocurriendo al día de hoy con los ejércitos panistas en el estado de Guanajuato, donde la continuidad de sus gobiernos por 35 años se siente tan prolongada como la eternidad romana.

Ya desde 2021, los panistas fueron relevados en las elecciones municipales por militantes provenientes de otros partidos políticos, ante la práctica desaparición de la militancia del partido hegemónico en ciertas plazas del estado.

En Celaya fueron los empresarios de la mano del ex priista Javier Mendoza Márquez; en Acámbaro, la familia Silva, ex perredistas; en Moroleón, Jorge Ortiz, exalcalde perredista, hoy de nuevo funcionario estatal; en Dolores Hidalgo, el ex priista Adrián Hernández. En algunos de esos municipios se extinguió el panismo; en otros anda de capa caída.

Hoy, con Aldo Márquez al frente del PAN y con Jorge Espadas jefaturando al panismo en el Congreso, la tendencia a ocupar “armas ajenas”, como diría Maquiavelo, se extiende a León.

La renuncia de Alejandra Gutiérrez a la militancia blanquiazul ha causado un verdadero terremoto en el adormilado panismo leonés, que por lo pronto está siendo aprovechado por el legislador Sergio Contreras y el grupo que lo acompañó en su éxodo del Partido Verde, quienes ya desde hace tiempo acostumbraban a hacer trabajo sucio para el oficialismo. 

Su campaña para denunciar a la edil leonesa por su inversión publicitaria resultaría más interesante y equilibrada si incluyera a los aspirantes panistas que también se publicitan alegremente en la ciudad. 

La notoria incapacidad de los ediles del PAN para generar un contrapeso interno al fenómeno inédito de una alcaldesa tránsfuga es lo que ha abierto una ventana de oportunidad al siempre oportunista Contreras, que tiene en la mira continuar en la política en la imaginaria del partido gobernante.

El problema es que los músculos que no se usan se atrofian. Y el panismo tirado a la hamaca ha terminado por garantizar la supervivencia de la marca con militantes llegados de otras tradiciones políticas y de otra forma de enfocar el servicio público. 

Que eso ocurriera en la periferia estatal parecía tolerable, pero que ocurra en León, el lugar donde el panismo nació, se fortaleció y salió a la conquista del estado y del país, debería ser algo que prendiera alarmas.

No parece que esté ocurriendo y hasta los viejos panistas que despotrican en lo oscurito están dispuestos a aceptar las nuevas reglas a regañadientes, pero calladitos en el espacio público.

3.- Cañada de la Virgen en tiempos de la 4T

Tras muchos años de tensa confrontación con la familia propietaria de 5 mil hectáreas en el municipio de San Miguel Allende, que incluye la zona conocida como Cañada de la Virgen y dentro de ella una zona arqueológica de enorme interés por su antigüedad y por los aportes que podría realizar para llenar huecos de la historia y de la historiografía prehispánica, finalmente el gobierno de Claudia Sheinbaum decretó la expropiación de 701 hectáreas del predio.

El tema tiene encendida a la comunidad de la región, no tanto al resto del estado, donde los medios de comunicación apenas se han asomado al tema mediante la publicación de los boletines sobre la reapertura de la zona arqueológica al público.

Parte del relato se refiere a que los actuales propietarios de la ex hacienda son de origen alemán, lo que despierta cierta xenofobia. Se les acusa de tener vinculación con personajes de la Alemania nazi, dejando de lado que los descendientes no tienen por qué cargar con las culpas de sus ancestros.

A lo largo de los años, los jaloneos entre los arqueólogos que investigaron la zona y los propietarios del rancho contribuyeron a la confrontación. En los gobiernos panistas de la última década del siglo pasado, una negociación entre el estado, la familia y el Instituto de Antropología e Historia logró separar 16 hectáreas, dentro de las cuales se encuentran cinco complejos arquitectónicos monumentales, con marcado sentido ritual y astronómico.

Así, durante cerca de 20 años la zona ha funcionado como uno de los mayores atractivos culturales y turísticos de Guanajuato, bajo la administración del gobierno estatal a través de su órgano cultural, antes instituto y hoy secretaría, pero bajo la supervisión del INAH como autoridad responsable.

La expropiación de diciembre pasado provocó el cierre de la zona abierta al público, produjo el ingreso de la Guardia Nacional y afrentó a la familia propietaria, que ha decidido litigar la expropiación.

La justificación de la expropiación no fue la de dedicar el espacio a una investigación científica seria y hacer un plan al respecto, con plazos y financiamiento claros, sino el planteamiento de una reivindicación de pueblos originarios de la zona plasmada en el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca-Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro, emitido por el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

A la letra, el plan propone “declarar al sitio arqueológico denominado Cañada de la Virgen como lugar sagrado y centro ceremonial”. La respuesta vino con rapidez al ejecutarse la expropiación del terreno a los herederos de Regina Thomas Von Bholen, la mujer de nacionalidad argentina y origen alemán que compró el terreno de manera legal a la familia Cobián de San Miguel de Allende, uno de cuyos integrantes era diputado local en el gobierno de Vicente Fox.

Para que ello ocurriera fue fundamental la intervención de la artista teatral Jesusa Rodríguez, vecina de San Miguel de Allende, senadora de la República el pasado sexenio y hoy asesora de la presidenta de la República.

Otras decenas de reivindicaciones planteadas por las comunidades que participaron en las consultas para elaborar este plan son de más compleja realización y habrá que dar un seguimiento preciso, sobre todo porque incluyen atención a problemas de calado variable y de diversa antigüedad, a lo largo de un extenso territorio.

Habrá que revisar a la vuelta de los meses y años quién se hace cargo del cuidado y mantenimiento de las 700 hectáreas hoy resguardadas por la presencia de la Guardia Nacional, que mucha falta hace en otras partes del estado azotadas por la violencia. 

Tengamos en cuenta que el actual director del Centro INAH en Guanajuato, Guillermo González León, ni siquiera puede cuidar a cabalidad la Alhóndiga de Granaditas, espacio violentado constantemente por las administraciones municipales de la capital del estado. Y que no ha mostrado interés o voluntad para intentar preservar los más de 50 sitios arqueológicos ubicados en León, seriamente amenazados de total desaparición por el lucro urbanizador.