1.- El misterioso litigante que da órdenes en la fiscalía

En la época de Carlos Zamarripa, sobre todo en el tramo final de sus larguísimos 16 años al frente de la procuración de justicia, se hizo común la presencia de litigantes privilegiados en las diligencias practicadas por los agentes del ministerio público y fiscales, cuyos casos avanzaban a una velocidad distinta a la del promedio. 

También se daba el caso de otros abogados con veto: los que reclaman, los que se posicionan en los medios, los que interponen recursos, cuyos trámites dormían en los archivos de la dependencia. Justicia a la carta para los amigos, negligencia y tortuguismo para los incómodos.

Acabar con ese esquema de justicia a modo, que básicamente es injusticia, era una de las grandes expectativas en torno a la conclusión anticipada del mandato otorgado a Carlos Zamarripa por el Congreso de Diego Sinhue Rodríguez en 2019, el mismo del que formaba parte una joven diputada, crítica y receptiva, a la cabeza de la Comisión de Justicia: Libia Dennise García.

Quizá por esa actitud, que en su momento fue disciplinada por la línea partidista, pero también por su convivencia con Zamarripa en las mesas de seguridad de 2021 a 2024, donde conoció su prepotencia y su falta de efectividad, ya como candidata Libia García no titubeó en definir que en un posible gobierno con ella a la cabeza, no tendrían cabida ni ese fiscal, ni el secretario de seguridad, Alvar Cabeza de Vaca.

Ese gesto fue fundamental en la campaña política por la gubernatura, a fin de rescatar la maltrecha imagen del PAN y conducirlo a una apretada victoria en 2024. Sin embargo, el expediente no concluía con la defenestración de Zamarripa, al cual Diego Sinhue jubiló con una generosidad que sólo puede explicarse como complicidad. 

Lo que seguía era lo más difícil: elegir al sucesor. Porque las cosas no cambian por sí solas en la lenta burocracia y menos sin un plan. 

A la vuelta de los meses, el fiscal sustituto, un gris funcionario federal sin arraigo en el estado, con un amor enfermizo por los reflectores, Gerardo Vázquez Alatriste, deja la sensación de que las cosas no solo no mejoran en la Fiscalía, sino que corren el riesgo de empeorar.

Acaba de aparecer en León, en casos que involucran la suerte de grandes fortunas empresariales y familiares, un litigante inesperado: el ex agente del Ministerio Público Federal, Alberto Aguirre Pozos, quien trabajó a las órdenes de Jaime Mora Vallejo, otro ex agente federal que hoy se desempeña como jefe de la fiscalía regional en la ciudad de León.

Aguirre Pozos no es un litigante cualquiera. Originario de Oaxaca y ahora integrado a un despacho de la ciudad de México, es experto en juicio oral y su desempeño en las audiencias realizadas en las agencias de León tiene una característica singular: se sabe influyente y trata a los funcionarios prácticamente como empleados.

Ni siquiera los abogados allegados a Zamarripa se manejaban con ese talante, pues, sabedores de las ventajas con las que contaban, su actuación era mucho más discreta que la de esta nueva estrella emergente del litigio en León.

Y la preocupación surge en automático: ¿para esto se hizo el cambio de fiscal y se liquidó a Zamarripa con una jubilación familiar dorada, para mantener vicios similares e, incluso, empeorar?

¿Se encuentra Vázquez Alatriste al tanto del conflicto de interés que representa el que un litigante ex subordinado de su fiscal en León, opere con prepotencia y sin ningún recato en litigios marcados por un alto interés económico en disputa?

Y qué decir del abogado defensor del nuevo fiscal, quien sale a dar la cara por él cada vez que se mete en camisa de 11 varas, el secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona, quien además está cuidando un posible proyecto político en León, ¿está al tanto de lo que se viene incubando en la fiscalía?

Quienes ya lidiaron con la noche larga de la era Zamarripa saben que es mejor ponerle un alto a las cosas cuando comienzan a salirse de cauce, que cuando se convierte en la nueva normalidad. El huevo de la serpiente que se viene incubando en la Fiscalía de Guanajuato, debe ser abortado ya, aunque a los panistas no les guste esa palabra.

2.- El oscuro mensaje de las fincas de Comanjilla

Las dos mujeres con los cargos políticos más importantes de Guanajuato, la  gobernadora Libia Dennise García y la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez, salieron relativamente bien libradas del escrutinio realizado por el diario A. M. a dos predios de su propiedad. 

Ambas funcionarias respondieron de bote pronto, realizaron aclaraciones y exhibieron documentos, para justificar que sus propiedades se encuentran en congruencia con sus ingresos. En ambos casos persisten dudas.

Sin embargo, más allá de avalúos a modo y de poder adquisitivo, lo cierto es que la exhibición de ambas fincas viene a sumarse al desprestigio público sobre la clase política local que inició con el autoexilio de Diego Sinhue Rodríguez en una lujosa mansión en The Woodlands, Texas.

Para la mayoría, salvo unos pocos privilegiados, está totalmente fuera del alcance la posibilidad de gozar de residencias campestres de fin de semana de dos mil metros cuadrados, con alberca y canchas deportivas; de tener una cuadra de caballos o de atender a cien animales de compañía.

Ayuda mucho a los políticos lo poco que se ha avanzado en materia de transparencia. Las declaraciones patrimoniales sólo se conocen por excepción; las que salen a la luz pública, como ya se vio, tienen errores y omisiones; las instancias de rendición de cuentas están totalmente subordinadas a los titulares de los gobiernos.

Por eso resulta importante el periodismo de investigación que, lamentablemente, aún parece ser más la excepción que la regla en Guanajuato, ante el débil cuando no inexistente papel de los órganos de control gubernamental. 

En el caso de Alejandra Gutiérrez y de Libia García debe valorarse la actitud de salir a hacer aclaraciones, de mostrar comprobaciones y dar la cara, algo que nunca le pasó por la cabeza a Diego Sinhue cuando era gobernador y después, menos.

Sin embargo, las aclaraciones cojean. Quienes deben construir un cuarto, techar una habitación o endeudarse con un crédito caro e insuficiente, ven con asombro las oportunidades de que gozan los políticos: terrenos en Comanjilla a 200 pesos el metro cuadrado en una zona donde el precio promedio es de 500, hipotecas del 90 por ciento del valor del inmueble; acabados rústicos que se ven mejor de lo que valen. No alcanza la tarjeta rosa para esos beneficios.

El avalúo exhibido por la gobernadora, realizado en septiembre del 2025, se remite a los valores de la construcción en marzo de 2024, cuando no se encontraban terminadas muchas de las amenidades de su finca. Por ejemplo, solo consigna 262 metros lineales de barda perimetral, cuando una sencilla medición en Google Earth detecta 425 metros ya construidos. 

Por otra parte, refiere un precio por metro cuadrado de 200 pesos, al haber adquirido dos hectáreas en 4 millones de pesos. Sin embargo, el precio promedio del metro cuadrado en las comparativas que realiza el propio avalúo en predios de la zona alcanza los 500 pesos, a los cuales se les aplica una ponderación bastante extraña que homologa los precios a 220 pesos. Si alguien sabe de terrenos a ese precio en Comanjilla, que pase el tip.

El avalúo no es lo único que está fuera de foco. También los políticos panistas, la mayoría de ellos secuestrados por un espíritu de cuerpo que les ha hecho olvidar sus principios. En todos los casos y las casas -Diego, Alejandra, Libia-, el dirigente panista Aldo Márquez ha salido a descalificar investigaciones periodísticas serias clasificándolas como “ataques políticos”. 

Es decir, asume la misma defensa que Morena para cuidar a sus correligionarios, ni siquiera hay un esfuerzo de imaginación. Naturalmente, el jefe panista tiene un tejado que cuidar, pues en su breve carrera política también ha hecho un capital inmobiliario difícil de explicar.

Pero no es el único. Diputados de trayectoria como Juan Carlos Romero Hicks o Erandi Bermúdez, prefieren no meterse en Honduras y parecieran decir “allá cada quien con su conciencia”, como si no se dedicaran a la política desde un partido que surgió para combatir la corrupción y el patrimonialismo del PRI.

Por cierto, la oposición también ha permanecido extrañamente callada.

Pero quizá lo más preocupante del caso de los ranchos de Comanjilla, es que vuelve a traer a la luz las relaciones peligrosas entre el ex gobernador y la actual mandataria. El hecho de compartir vecindario de fin de semana, de haber utilizado los servicios del mismo notario, Luis Mariano Hernández Aguado, un influyente mentor de Sinhue,  vuelve a traer a colación un patronazgo indeseable.

La propia Libia fue sensible al desgaste del sexenio de Sinhue, un mandatario frívolo e inescrupuloso, al anunciar la necesidad de un Nuevo Comienzo. Este no ha tomado aún cuerpo, sobre todo por la inexperiencia del nuevo equipo gubernamental y la necesidad de mantener perfiles provenientes del pasado. 

Abrir información como los contratos de Seguritech y la promesa de hacer lo mismo con la cuestionada concesión carretera al consorcio  VISE- Rubau, hablan de rupturas con las complicidades del pasado. En esa línea, aún por consolidar, el tema de los ranchos de Comanjilla arroja una sombra. Sería deseable que no se arrastre por mucho tiempo, sobre todo por la salud de un gobierno que sueña con ser diferente.

3.- Sigue reinado de Seguritech en Guanajuato

Los convenios celosamente guardados durante dos sexenios, ya están abiertos y gracias a ello sabemos que la empresa de tecnología y vigilancia Seguritech, medra sin competencia en Guanajuato, monopolizando los contratos del gobierno estatal y la mayoría de los municipios.

Por ello, aunque el nuevo convenio de colaboración entre el estado y los municipios, que busca consolidar la conexión de los sistemas municipales al C5 operado por la empresa de Ariel Picker, anuncia la posibilidad de contratar otro tipo de proveedores, en la práctica esto será casi imposible.

No se llega al extremo marcado por Alvar Cabeza de Vaca, que se reservaba la aprobación de la interconexión mediante una cláusula en la Ley Estatal de Seguridad, que usaba sin recato a favor de Seguritech, pero la posición de mercado en el estado, su proclividad a “acordar beneficios” con los encargados de la seguridad y su infraestructura, hacen imposible competir con otras empresas.

Por otra parte, llevamos ya 12 años apostando a la enorme inversión de tecnología mientras la inseguridad creció y persiste hasta la fecha, con repuntes como los vividos en las semanas recientes, en tanto que las policías municipales y la misma estatal, resienten precarios estados de fuerza, capacitación deficiente y acotados niveles de respuesta.

A estas alturas ya habría que intentar otras vías, pues los más de 13 mil millones de pesos que se ha llevado Seguritech a un ritmo de mil millones por año y que les han permitido convertirse en una de las más exitosas empresas de México, no se ven compensados por el menor beneficio.

Bien por la transparencia. Mal por el monopolio y los resultados.