1.- La nueva revuelta empresarial

La ley de Ingresos propuesta por la gobernadora Libia Dennise García al Congreso del Estado contiene algunos dardos impositivos que ya empiezan a levantar inquietudes en sectores de Guanajuato, sobre todo en los círculos empresariales.

El encargado de elaborar el paquete fiscal que comenzará a revisar el Congreso en próximas semanas, una vez que agote el análisis de las leyes de ingresos de los 46 municipios, fue el Secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, el mismo que ya provocó una seria fractura entre el sector privado y el gobierno estatal, con su iniciativa de cancelar FIDESSEG.

En aquel momento, Salgado le endilgó el costo político del enfriamiento con los consejos coordinadores empresariales a la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, quien si bien agravó el conflicto con su falta de mano izquierda, no estuvo en su origen.

Esta vez no será así. Las decisiones del secretario de Finanzas para incrementar la recaudación y así poder financiar los proyectos de la gobernadora, se encuentran totalmente en su ámbito de acción, ya que se trata de la creación de nuevos gravámenes y del incremento de otros que ya existen. No necesita además de la falta de tacto de nadie más, pues basta con su propia autosuficiencia para acabar de complicar las cosas.

Por lo pronto, desde el sector de alimentos y bebidas, la industria restaurantera y los productores vitivinícolas, ya se escuchan improperios contra la propuesta de Salgado Banda de aplicarle la tasa del 4.5 por ciento a lo que llama “venta final de bebidas alcohólicas” y que se traduce básicamente en gravar el consumo por copeo en los establecimientos.

La medida impacta en las políticas de atracción de turismo y puede ahondar las crisis que ya se vive en buena parte de la industria de restaurantes y alimentos condimentados y que pueden producir una desaliento en la inversión y la creación de empleos.

Y aunque el funcionario estatal presentó otra iniciativa para facilitar licencias temporales de venta de alcohol a establecimientos que tramitan su apertura y a quienes se instalan de forma temporal, como ocurre en las ferias y festividades locales, esas medidas no se ven tanto como un apoyo al sector, sino como un incremento de la base recaudatoria, además de que desde otros ángulos podrían ser analizadas como políticas que contribuyen al consumo desmedido de alcohol.

No es el único incremento que está levantando las cejas. Otra polémica de envergadura se dejará sentir con el aumento del 75 por ciento que se está aplicando al refrendo anual de vehículos que pasa de 672 pesos a mil 180 pesos, muy por encima de los porcentajes de aumento en ministración de placas y de los aplicables a las motocicletas.

El impuesto cedular a las compras realizadas en plataformas tecnológicas se incrementa 150 por ciento, al pasar de 1 a 2.5 %, impactando las cada vez más comunes compras realizadas por Internet, desde el supermercado hasta ropa, accesorios y entretenimiento.

En sus argumentos, los técnicos de la Secretaría de Finanzas tratan de explicar que se trata de homologaciones con lo que se realiza en otras entidades del país y que están contempladas en los convenios de coordinación con el gobierno federal.

Sin embargo, esas explicaciones no bastarán para tranquilizar a los sectores afectados que van desde gremios agrupados en cámaras y consejos empresariales hasta los ciudadanos comunes que desde la pandemia han encontrado una solución en la tecnología para realizar sus transacciones cotidianas y más elementales.

¿Salgado Banda ya calculó que podría meter de nuevo al gobierno “de la gente” en un grave conflicto con el sector privado de la entidad y también generar descontento a esa misma gente a la que presumen servir y representar? Esa es la pregunta.

Y otra interrogante que surge es si la gobernadora tiene algún tipo de tamiz político, donde las soluciones tecnocráticas pasen por un filtro de mayor sensibilidad social o si sencillamente, Salgado Banda ya está convertido en el factótum del gobierno, con todos los riesgos que eso pueda traer consigo.

¿Dónde están Jorge Jiménez Lona, Alejandro Sierra, Alejandra Rivera o Ivón Padilla? Algunos de ellos, ya se sabe, andan con doble cachucha, de funcionarios y precandidatos. Pero ¿y los demás? 

La próxima llegada del invierno se está poniendo caliente.

2.- El PAN agravia a los conservadores pero nomás “poquito”

Atado a los prejuicios en los que se sustenta su doctrina, el panismo de Guanajuato no logra establecer una distancia entre la política pública a la que está obligada, laica, científica y respetuosa de los derechos de todas las personas y las proclividades religiosas de sus ideólogos y dirigentes.

Hace tiempo que temas como los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual no tendrían porque ser regateados de ninguna forma. Hay leyes nacionales, jurisprudencia del Poder Judicial y normas oficiales mexicanas, que hacen obsoletos los dogmas que el PAN ha incrustado en las leyes de Guanajuato.

Y lentamente, el nuevo carácter laico de la población guanajuatense, su distanciamiento de las visiones arcaicas y la normalización del respeto los derechos de las personas, ha hecho que los gobiernos del PAN se pongan al día, aunque sea a una velocidad que todavía evidencia los frenos internos.

El reconocimiento del matrimonio como institución que permite unirse a dos personas independientemente de su condición sexo genérica llega con retraso, cuando prácticamente ya no tiene mayores efectos legales aunque siguió siendo un símbolo, una marca de frontera para el reconocimiento de derechos por un estado reacio a hacerlo.

Primero por la vía de los amparos, después por el cambio de los criterios jurisprudenciales y finalmente por la vía de una medida administrativa tomada por la hoy gobernadora Libia García, cuando era secretaria de Gobierno, los matrimonios de personas del mismo sexo fueron quitando impedimentos en una evolución que se deben por sobre todo, a la lucha de los colectivos de la diversidad.

Hoy que algunos diputados del PAN otorgan su voto para validar plenamente el ejercicio de un derecho humano que hace mucho tiempo debió quedar establecido si el panismo hubiese estado a la altura de sus responsabilidades públicas para con todos sus gobernados, lo único que vemos es una tardía corrección que ya prácticamente nada les debe.

En la ignominia quedan aún los legisladores, numerosos todavía, que se resisten a reconocer que todas las personas deben tener acceso a todos los derechos. Ver en esa nómina a personajes que se presumen como “humanistas” (Juan Carlos Romero Hicks); o a otros que discrepan de la antidemocracia panista (Erandi Bermúdez), habla de los muchos lastres que este partido tendría que vencer para tener poder presentarse como opción política más allá de sus clientelas sectarias.

No fue posible que el aggiornamento panista alcanzara a entender los derechos de las mujeres para disponer de su propio cuerpo. A los diputados azules se unió la legisladora del Verde, Itzel Mendo, para frenar nuevamente (no por mucho tiempo) la despenalización del aborto.

No parece remoto que los derechos administrados por el PAN a cuentagotas, junto con otros muchos agravios, den lugar a un torrente que termine por arrastrar los restos de esta clase política incapaz de entender los tiempos que corren.

3.- Una alcaldesa contra sus habitantes

Otra muestra de la crisis panista se exhibe en la incapacidad para hacer buenos gobiernos, incluso gobiernos con mínima conciencia de su compromiso frente a las comunidades que dirige. 

Esto se vive en la capital del Estado, la ciudad patrimonio de la humanidad que ha enorgullecido a la entidad por su arquitectura, su papel en la historia y en la cultura, donde su actual alcaldesa, Samantha Smith Gutiérrez, mantiene en vilo a la opinión pública por una cadena constante de escándalos que atentan contra la identidad del lugar que gobierna.

A la autorización del municipio para vender espacios públicos e invadir escenarios históricos con comercio ambulante, ahora se suma la realización de una caravana mercantil producida por un monopolio refresquero que usa una estrategia de mercadotecnia para violentar las disposiciones de leyes de salud pública que prohíben la publicidad de productos dañinos destinados a públicos infantiles.  

Ese gigantesco comercial que dispone de las calles de la ciudad sin costo ya ha sido cancelado en diversas ciudades del país, básicamente por violentar las normas sanitarias, fue precedida por la instalación de un árbol navideño patrocinado por la misma refresquera y plagado de publicidad, justo en las afueras del Teatro Juárez, en uno de los espacios más emblemáticos de Guanajuato.

¿Cuánto sumará a la crisis panista el desdén de los ciudadanos capitalinos por parte de los últimos alcaldes que ha tenido la ciudad? ¿Cómo se complicarán las crisis en los meses que vienen cuando se acelere el tiempo electoral y la familia Smith Navarro pretenda una nueva postulación por ese partido?

¿Hay alguien ahí?