1.- Autodeterminación del Estado, en duda

La definición clásica establece el concepto de Soberanía como la capacidad del Estado para “imponer el orden, aplicar sus leyes, administrar sus recursos y tomar decisiones políticas dentro de su propio territorio sin reconocer ningún poder superior al de sus instituciones”.

En estos días se debate intensamente el término desde distintos ángulos. El gobierno federal de Claudia Sheinbaum ha identificado las acusaciones realizadas por la justicia estadounidense contra funcionarios mexicanos, por nexos con el tráfico de drogas, como un atentado contra la soberanía del país. La oposición, PRI y PAN, ve el nexo de políticos y delincuentes como la verdadera amenaza contra la autodeterminación del Estado.

Lo cierto, lo terrible, es que todos tienen razón, pero ninguna de las fuerzas políticas establece rutas para la defensa efectiva de un estado debilitado desde hace mucho tiempo por la corrupción, la ineficiencia y la cooptación criminal.

Ese estado mermado tiene otro flanco de autonulificación: cuando entrega sus capacidades y potestades a las empresas privadas, renunciando a la capacidad de fiscalizar. Es lo que pasa en Guanajuato, por ejemplo, con el proveedor de tecnología de vigilancia Seguritech, que se ha convertido en muchos sentidos en un poder autónomo dentro del estado.

A lo largo de sus primeros 10 años como un monopolio de la proveeduría de cámaras de vigilancia, software de operación e interconectividad, centros de control y sistema de llamadas de emergencia, Seguritech Privada, la empresa de Ariel Picker Schatz, no solo no logró una mejoría en el esquema de seguridad, sino que fue el testigo incómodo del deterioro abismal de la paz en Guanajuato.

Todas las cifras existentes demuestran cómo Guanajuato cayó en una espiral de violencia entre 2012 y 2020. Fueron los años del mayor empoderamiento de dos funcionarios: Carlos Zamarripa, procurador de justicia; y Alvar Cabeza de Vaca, secretario de seguridad, quienes en sus comunicados de prensa realizaban propaganda diaria de la “solvencia del Proyecto Escudo”, la marca con la que se vendió el primer contrato del estado con Seguritech, iniciado por Miguel Márquez y prorrogado por Diego Sinhue Rodríguez.

Atosigado por reclamos y cuestionamientos, el entonces candidato Sinhue ofreció aquel “golpe de timón”, que a la larga fue solo un detonador de memes e ironías. Imposibilitado para remover a los dos zares de la seguridad y mucho menos rescindir el contrato de la empresa de tecnovigilancia, Sinhue aceptó el carácter de gobernador pelele y se refugió en charadas como la de “ir por gasolina a Texas” o la de ordenar la construcción de un instituto de formación policial en Santa Rosa de Lima, que ha sido una entelequia por más de un sexenio.

En su turno, Libia García pudo empoderarse para condicionar su aceptación de la candidatura al cambio de Zamarripa y Cabeza de Vaca, pero debió aceptar la continuidad de Seguritech. Incluso a la propia empresa le vino bien el cambio de las desgastadas cabezas de las áreas de seguridad, a quienes se les endilgó el desprestigio y el fracaso de la estrategia. 

La operación dejó en claro el poder alcanzado por Seguritech, el grupo empresarial que ya para esas alturas, el fin del gobierno de Sinhue, había diversificado sus intereses al sector inmobiliario, con un parque industrial dentro de Guanajuato Puerto Interior y un viñedo con reserva territorial para fraccionamiento campestre.

De no haber mediado el descubrimiento de la Casa Azul de Diego Sinhue en The Woodlands, Houston, no nos habríamos enterado de que la propia Libia García ya había firmado un nuevo contrato con Seguritech, en mayo del 2025, por 4 mil 719 millones de pesos (243 millones de dólares), el más caro entregado desde 2012, sin que sepamos bien a bien qué conceptos incluye, ya que el contrato solo habla genéricamente del “Servicio Integral de Tecnologías del Estado”, derivando su desglose a una propuesta técnica y anexos que no son del conocimiento público.

El empoderamiento creciente de la empresa se evidencia en los beneficios que obtuvo de los gobernadores anteriores, como la compra del parque de SkyPlus, en GPI, a precio de terreno en breña; o la remodelación del poblado de La Venta en el viñedo Común, en Dolores Hidalgo.

Hoy la muestra de poder de Seguritech se evidencia en la forma expedita en que la Secretaría de la Honestidad archivó el expediente de la Casa Azul y en la imposibilidad de que el gobierno del Nuevo Comienzo revise sus resultados, su funcionamiento y el encarecimiento de sus servicios.

Hoy hay nueva información que deja en entredicho la “investigación” de la Secretaría de la Honestidad, como es la evidencia de nexos económicos de gran cuantía entre Daniel Esquenazi y la empresa Seguritech. ¿Será tomada en cuenta?

La soberanía del Estado no existe desde hace por lo menos 3 sexenios cuando se trata de Seguritech. No hace falta una invasión norteamericana ni la cooptación de alcaldes o el control de territorios por bandas del crimen organizado, lo que también existe. En Guanajuato, el acotamiento del poder público se expresa en sus limitaciones para lograr que una empresa a la que se le pagan carretadas de millones de pesos ofrezca resultados a la altura de ese pago y se someta a códigos de ética y al imperio de la ley.

Ahora solo falta saber cuál es el favor del que gozarán en el nuevo sexenio para seguir incrementando sus negocios en Guanajuato.

2.- Videovigilancia y elecciones 

La experiencia de años de víctimas y litigantes ha dejado en claro que el sistema de videovigilancia desplegado en Guanajuato desde 2012 no le sirve a los ciudadanos. Sin embargo, sabemos con claridad que sí le ha servido al poder.

En las elecciones de 2015 se hizo patente el espionaje político cuando la Procuraduría de Carlos Zamarripa destripó una bodega con material electoral del Partido Verde en el municipio de León, con el pretexto de que usaban materiales no reciclables, prohibidos por la ley. Se trataba de un Verde combativo encabezado por Beatriz Manrique, que aliado al PRI ya había ganado la alcaldía de León en 2012 y apostaba a refrendar en 2015. 

Las cámaras de Escudo no captaban el tráfico de combustible ilegal que se movía por todo el estado de Guanajuato, tampoco a las bandas de sicarios que hicieron de nuestras ciudades auténticos campos de batalla, pero sí se mostraban eficientes para hostigar a los adversarios políticos. Por esas fechas se conocieron también los audios de grabaciones ilegales contra políticos como la alcaldesa priista de León, Bárbara Botello.

No fue lo único; las alianzas construidas por Seguritech con fuerzas policiales y de inteligencia de todo el país también funcionaron para hackear a periodistas.

Esa experiencia es la que se cierne ahora sobre las elecciones de 2027, con una empresa Seguritech reforzada por el mayor contrato de su historia en Guanajuato y ansiosa de quedar bien con la nueva estructura gubernamental, la cual además está muy necesitada de su ayuda, ante las amenazas electorales que tiene enfrente.

Está claro que la utilidad de las cámaras, los arcos, el software, las comunicaciones y la vigilancia aérea proporcionada por la empresa al estado no ha sido suficiente para frenar fenómenos como el de la extorsión y los delitos patrimoniales, por lo que puede crecer la tentación de usar la tecnología para favorecer los intereses electorales del gobierno y garantizar no solo la continuidad de sus contratos, sino también sus intereses en otros ámbitos de negocio.

El debilitamiento del PAN, sus pugnas internas, sus defecciones y el hartazgo social tras sus tres y media décadas en el poder tenderán a fortalecer la tentación de usar el aparato de seguridad para otros fines. 

3.-  Entre Woodlands y la Chingada

En la extraña serie de paralelismos que se han vivido entre el gobierno federal y el de Guanajuato, hoy nos encontramos con otro muy preocupante. La intención de prevalecer mediante herencias malditas de los dos políticos que ocuparon el cargo de titular del Ejecutivo, antes que las actuales responsables.

La carta de Andrés Manuel López Obrador esta semana, justificada como un apoyo incondicional a la presidenta, rompe el silencio al que se comprometió el ex mandatario y, en su intento de reflexionar sobre las razones del cambio de actitud de Trump, termina tensando más la situación a la que se ha venido enfrentando Claudia Sheinbaum.

Si las crisis son oportunidades en la política, es precisamente porque permiten mostrar capacidad de reacción, carácter e inteligencia estratégica, pero eso debe ocurrir en la soledad del poder y no bajo la sombra de un protector político. Pretendiendo respaldar a Sheinbaum, lo que hace López Obrador es exhibir su intención de seguir influyendo en la política nacional, preservando su carácter de líder iluminado.

Refuerza esa idea la foto que publicó junto a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, justo en el momento en que está replanteando su carrera política. Dueño de sus apariciones y de sus silencios, las dos interrupciones del autoexilio interior del expresidente mandan señales claras de que no está dispuesto a renunciar a su liderazgo moral y que solo él determinará a quién va su herencia. 

Ambos mensajes se alejan de valores republicanos y demócratas que enarboló López Obrador a lo largo de su dilatada vida pública y que están en la base del liderazgo que construyó. Esa tentación de ejercer poder personal al margen de las instituciones afecta el liderazgo de la presidenta Sheinbaum y atenta contra el voto de 36 millones de mexicanos. No son buenas señales.

En Guanajuato, el intento de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para pasar la página negra de la corrupción de su antecesor y cubrirla con mensajes optimistas y un despliegue de personalismo en las redes sociales no está funcionando.

En primer lugar, porque las herencias negras de Diego Sinhue Rodríguez subsisten, están gravemente emproblemadas, significan obstáculos por resolver y, sobre todo, porque se incrementarán en los próximos meses.

Lejos de cortar por lo sano, revisar cada uno de los casos de conflicto y ofrecer soluciones que equilibren razones políticas, visiones prácticas y erradicación de compromisos indebidos, desde la oficina de la gobernadora simplemente se trata de obviar explicaciones, de echarle tierra a los asuntos y de lanzarse a ensoñaciones que niegan la existencia de los problemas.

El rechazo al acueducto de Solís a León no es una conspiración política ni una necedad de desinformados; resulta lamentable que se reduzca a eso la genuina inquietud ciudadana sobre un proyecto muy publicitado pero escasamente explicado. El origen del problema es la derrota de Sinhue frente a la maniobra de Enrique Alfaro para pactar con AMLO la modificación del Zapotillo, todo por enfrentarse al expresidente en defensa de Zamarripa y olvidar los intereses de Guanajuato.

El reclamo para revisar la concesión de la autopista Silao-San Miguel y todas sus secuelas proviene de una licitación manipulada y realizada sobre las rodillas, que obligó al retiro de 13 de las 14 empresas que compraron las bases. Defender un proyecto éticamente endeble le costará a la gobernadora parte de su capital, mientras el exmandatario goza de las mieles de su travesura.

Seguir defendiendo y ocultando el conflicto de interés entre Diego Sinhue y Seguritech, derivados del usufructo de la Casa Azul en Texas, será otro expediente abierto a lo largo del sexenio. ¿Qué responsabilidad tiene la nueva mandataria en lo que a todas luces es una pifia y una confesión de prácticas indebidas de su antecesor? Ninguna, salvo las que ella quiera asumir voluntariamente. 

Entre esos temas y otros que pueden venir en un futuro cercano, ahí está el uso de los fondos de pensiones del ISSEG como virtual caja chica para proyectos de cuestionable viabilidad (Gto Leasing y nuevas oficinas de gobierno en Silao); el proyecto de renacimiento de la mística panista para gobernar Guanajuato parece haberse atorado en definitiva, pese al enorme empeño personal de Libia por construirse como una política distinta y cercana.

Hay que decir, en ambos casos, que el recorrido de las administraciones tiene mucho tiempo por delante y que no deben descartarse posibles rectificaciones, sobre todo porque en ellas radica la oportunidad de eludir los crecientes riesgos de naufragio.