Durante 2024, el último año de su sexenio, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destinó el equivalente a 2 millones de pesos diarios para el gasto de publicidad oficial.

El monto total, que ascendió a 765.5 millones de pesos, fue asignado sin criterios transparentes. Además, Diego aumentó en más del 300 por ciento la cifra inicial que le aprobó el Congreso del Estado para ese año.

Fueron aumentos casi tan desmesurados como el que registraron a la par de su sexenio los delitos y la incursión del crimen organizado.

Este derroche colocó a Guanajuato como el estado que más presupuesto destinó a publicidad en ese año, con 756.5 millones de pesos, de acuerdo con el informe “Hallazgos de la publicidad oficial 2024 en México”, elaborado por las organizaciones civiles Política Colectiva y Artículo 19.

A Diego Sinhue no le sirvió este dispendio para ocultar la realidad violenta del estado y sus impactos, como la desaparición de miles de personas.

El gasto correspondiente al 2024, incluido en la cuenta pública anual, será apenas revisado por el Congreso del estado. Aunque las cuentas de 2018 a 2023 de Diego Sinhue fueron aprobadas sin señalamiento alguno por parte de las y los diputados de la Legislatura pasada (donde el PAN todavía tuvo mayoría absoluta), las cosas podrían cambiar con la nueva composición de la actual.  

La bancada de Morena en la Legislatura dio ya un apunte en la sesión del jueves 6 de noviembre, al poner sobre la mesa el gasto publicitario de Diego Sinhue en su último año de gobierno y proponer una reforma legislativa para acotar la ampliación discrecional en el futuro y regular la asignación de contratos en este rubro, esto por medio de una iniciativa presentada por la diputada Hades Aguilar Castillo. 

Este mismo grupo parlamentario evidenció que en su primer año, la gobernadora Libia Dennise García sigue los pasos de su antecesor en cuanto al gasto publicitario y el incremento discrecional del monto aprobado para el ejercicio fiscal 2025: según las cuentas públicas trimestrales, el presupuesto modificado para el rubro de comunicación social y publicidad ya sumaba 642.4 millones de pesos al tercer trimestre de este año. 

“Si Guanajuato vive su peor etapa de inseguridad, lo racional es invertir en policías, inteligencia y procuración de justicia, no en campañas mediáticas. Los casi 800 millones gastados en publicidad habrían significado miles de policías adicionales o más patrullas en las calles. Eso sí hubiera tenido impacto real en la seguridad de las familias”, señaló Hades Aguilar al turnar la iniciativa al Congreso. 

Sin regulación, más opacidad

Ya era escandaloso el uso del presupuesto para este fin por parte del también panista Miguel Márquez Márquez, actual senador. Una investigación de Kennia Velázquez y Arnoldo Cuéllar en 2018, al final del sexenio del actual senador, reveló que éste destinó casi un millón de pesos diarios al gasto de publicidad en los años 2016 y 2017.

Entre 2013 y 2017, periodo de Márquez, la partida destinada a comunicación social creció poco más de un 274 %, muy por encima de otras áreas de la administración, en un sexenio en el que también repuntaron exponencialmente los delitos de alto impacto y aparecieron grupos criminales locales, mientras se hacía derroche propagandístico de una imagen de paz y de estrategias a las que también se dedicaron miles de millones de pesos.

Así lo hizo Márquez con la contratación de la empresa Seguritech para el programa Escudo, que Diego Sinhue continuó junto con la estrategia denominada “Golpe de timón”. 

Como Márquez, Diego Sinhue también rebasó por mucho el monto original asignado en el presupuesto que aprobó el Congreso y entró en otra clasificación detectada en el informe sobre los hallazgos de publicidad: los gobiernos estatales en manos del PAN fueron los que más ejercieron gasto en este rubro, por encima de los de Morena, PRI, MC y el PVEM.

“Esto ocurrió en un contexto de violencia, inseguridad y corrupción y en medio de elecciones.Todo apunta a que el gobierno de Guanajuato quiso controlar la narrativa pública sobre su crisis de política y de seguridad pública mediante una intensa inversión en comunicación, pero lo peor de todos es que no lo logró, el exgobernador se fue sumamente cuestionado”, dijo Kennia Velázquez durante la presentación del informe por parte de las organizaciones y periodistas de varios estados que fueron invitados a la conversación sobre el mismo.

El año 2024 fue, además, un cierre de sexenio en el que Diego Sinhue prodigó dinero público a manos llenas para otros rubros relacionados con la propaganda oficial y también multiplicó gracias a la “manga ancha” el presupuesto aprobado por el Congreso estatal, como fue el caso de la televisora oficial, TV4, que de 100 millones de pesos en 2018 pasó a ejercer más de 450 millones en el último año del sexenio dieguista. 

Todo esto también fue posible debido a la falta de una normatividad que regule el gasto publicitario a nivel federal y de las entidades, así como a la facultad discrecional que tiene el o la titular del Ejecutivo estatal, y en un contexto en el cual la asignación de publicidad puede realizarse con o sin contratos o mediante otros conceptos como asesorías, pagos a influencers y un largo etcétera que se caracteriza por su opacidad.

La actual Ley General de Comunicación Social (LGCS) no ha garantizado condiciones de equidad, transparencia ni rendición de cuentas. Desde 2021 hay una sentencia de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que el Congreso de la Unión está obligado a reformar esta ley para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Este es uno de los puntos que plantea el informe elaborado por Política Colectiva y Artículo 19, ambas organizaciones civiles promotoras de la participación ciudadana el mejor desempeño de los gobiernos en temas como la transparencia y el combate a la corrupción, así como del avance de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

El Poder Legislativo no ha cumplido con la reforma de ley “y mantiene vigente una ley que permite a los gobiernos ejercer una fuerte influencia sobre los medios mediante la asignación discrecional de contratos publicitarios”, se señaló en la presentación de este informe. 

El análisis se centró en las partidas 36101 (Difusión de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales) 36201 (Difusión de mensajes comerciales para promover la

venta de productos o servicios) y 33605 (Información en medios masivos derivada de la

operación y administración de las dependencias y entidades), que reporta el sistema

COMSOC2 de todas las entidades de la administración pública federal con el gasto estatal en comunicación social y publicidad (concepto 3600 de las Cuentas Públicas).

“La concentración del gasto en la publicidad oficial impacta directamente en el periodismo, ¿y cómo lo hace? sofocando el pluralismo, premiando la lealtad y castigando la crítica”, resumió la reportera de Poplab Kenia Velázquez, quien recordó que al desplazarse el gasto al ámbito estatal crece la preocupación porque la regulación es más débil, hay menos transparencia y más discrecionalidad.

Un ejemplo de ello, citó,  es que en Guanajuato no hay una obligación de establecer contratos en materia de publicidad. 

Esta discrecionalidad afecta más a los medios locales, comunitarios e independientes y genera círculos viciosos de dependencia económica. Y probablemente a nivel municipal también se darían hallazgos similares, planteó.

En este rubro, Javier Moreno mencionó como ejemplo que, a nivel municipal, Mérida es el municipio que más porcentaje de su presupuesto asigna a publicidad oficial, el 4 por ciento del total.  “¿Cuáles son los criterios de asignación, cómo se favorece la libertad de expresión a nivel local, el pluralismo político?”, preguntó.

Guanajuato a la cabeza

Según este reporte, en 2024 Guanajuato y otros cuatro estados (Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León) concentraron más de un tercio del gasto total invertido por las 32 entidades del país. 

“Estos datos evidencian un alto grado de concentración presupuestaria en pocas

entidades, muchas de ellas con fuerte exposición mediática o bajo contextos políticos

particulares: Guanajuato, por ejemplo, en plena coyuntura de violencia e inseguridad;

Quintana Roo, con un alto flujo turístico y una narrativa oficial centrada en la promoción del

estado; y Coahuila, donde el PRI nunca ha tenido alternancia”, dice el informe.

Luis Javier Moreno, politólogo y director de Política Colectiva, recordó que es importante conocer el gasto publicitario de los gobiernos porque hay una responsabilidad ciudadana o cívica de entender los mensajes de las autoridades a través de los diferentes medios y conocer las acciones e identidad que cada uno está comunicando.

Por eso llama la atención que uno de los principales hallazgos presentados en este informe sea un cambio en la proporción del gasto publicitario entre los estados en su conjunto, por un lado, y el gobierno federal, por el otro: se dio una “maroma” a partir de que Morena o la 4T asumió el gobierno federal, y de ser éste el que más dinero destinaba al gasto publicitario, casi un 53 por ciento del total, para 2024 ya son los estados los que en suma gastan más, un 72 por ciento.

En 2018, el gasto de publicidad del gobierno federal y los 32 estados sumó 24 mil 559 millones. Para 2024, cayó a 13 mil 499 millones; esta es una disminución de casi la mitad en seis años, pero básicamente el que más se redujo fue el del gobierno federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador. 

Luis Javier Moreno precisó que 2023 fue el año en que menos gastó el gobierno de AMLO y en 2024, año de elecciones, repuntó, lo que también demuestra que  “en cualquier momento puede presentar cambios en función de los intereses políticos y administrativos”. 

El informe también revisó el porcentaje del presupuesto que destinó cada estado al gasto en comunicación y publicidad, así como la transparencia en cuanto a los proveedores y se encontró con que “lo que se estima muchas veces no alcanza a ser transparentado en los contratos”; gobiernos como los de Quintana Roo y San Luis Potosí fueron de los que menos transparentaron la asignación. 

La inversión que realizan el gobierno federal y los estatales en comunicación social y

publicidad oficial desempeña un papel central en la libertad de expresión y el derecho de

acceso a la información, se resaltó. 

La falta de una regulación oficial obstaculiza examinar la inversión en comunicación y publicidad oficial para detectar si los gobiernos reducen drásticamente su inversión y con ello acotan el deber de informar; si por el contrario, gastan grandes sumas para influir en las líneas editoriales y fomentar la censura indirecta, o si concentran la publicidad en pocos medios, lo que no contribuye a un entorno mediático plural, autónomo y democrático.

En materia federal, Luis Javier Moreno resaltó algunos aspectos del gasto del gobierno federal en la comunicación y la publicidad: en 2024 se dejó una tercera parte del ejercicio hasta diciembre; sólo 3 medios concentraron el 22 por ciento de todo el gasto (Televisa, Medios Masivos y Demos-La Jornada) y apenas 4 dependencias acapararon casi el 60 por ciento del gasto: El Instituto Mexicano del Seguro Social, la Lotería Nacional, el Tren Maya y el Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica.

Para Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, surgieron las preguntas sobre por qué son estas dependencias las que más publicidad concentran en el gobierno federal en 2024, y las razones no se conocen. Además de que la concentración en el gasto decembrino refleja una mala planeación en el ejercicio, “seguimos arrastrando la discrecionalidad en el gasto en publicidad oficial”, por ejemplo ante la otra televisora, TV Azteca, por el conflicto con el empresario Ricardo Salinas.

“El Estado tiene la obligación de garantizar que el flujo de la información sea con pluralidad, y esto no se da”, ni en la federación, ni en los estados.

En el caso de los estados, como Guanajuato, el gasto en materia de publicidad oficial no tiene relación con el tamaño del presupuesto o el número de habitantes y tampoco hay criterios claros, señaló Leopoldo Maldonado.

“Ningún partido político, ninguna fuerza política quiere amarrarse las manos”, dijo. Cuando llegan al poder, “todos quieren usar el gasto de la publicidad oficial para controlar la narrativa” de los medios “y eso es muy grave”.

Por eso, agregó, “seguiremos insistiendo desde diversos espacios, desde la comunidad periodística, desde la sociedad organizada, en la necesidad de que de una vez por todas se regule el gasto de publicidad oficial de manera clara y objetiva y dejen de usar nuestro dinero, de los ciudadanos, el que nos recaudan, nos cobran en el IVA, nos cobran cada año en las declaraciones, lo dejen de usar como mordaza”.

En Guanajuato Morena propone “candados”

En la sesión del jueves 6 de noviembre, el grupo parlamentario de Morena retomó el informe presentado por Artículo 19 y Política Colectiva, en una crítica al monto destinado por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez en el último año de su sexenio, antes de salir y mudarse a una residencia en The Woodlands, Texas, propiedad de un ejecutivo vinculado a la empresa Seguritech, según reveló Poplab. 

Por ello, la diputada Hades Aguilar subió a tribuna para proponer dos reformas legislativas.

Una al artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de  Guanajuato para  artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato “para que toda ampliación o transferencia de recursos destinados a comunicación social y publicidad deba contar con autorización previa del Congreso del Estado, sin aplicar márgenes porcentuales de excepción. 

“Con ello se operacionaliza la facultad constitucional del Poder Legislativo de aprobar, modificar y controlar el gasto público, y se elimina la discrecionalidad presupuestaria que ha permitido sobreejercicios multimillonarios sin control democrático”, dijo la diputada morenista.

La segunda, para derogar la fracción IX de la Ley de Contrataciones Públicas para el estado de Guanajuato, que hoy exenta a los servicios de comunicación social y publicidad de los procedimientos ordinarios de contratación derogación, todas las contrataciones de comunicación social deberán sujetarse a los procedimientos, controles y requisitos de la Ley de Contrataciones Públicas, conforme a los umbrales aplicables: licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa debidamente justificada. 

“Con ello -señaló- se elimina la excepción que ha permitido durante décadas asignaciones discrecionales, contrataciones sin competencia y pagos sin criterios técnicos verificables”.