La Ley General de Víctimas (LGV) cumplió este año 12 años de haber sido publicada. En el Capítulo IV, referente a los derechos de las víctimas en el proceso penal, se establece un derecho que no se ha ejercido plenamente por  las víctimas debido a que el Estado Mexicano ha demostrado su imposibilidad para garantizarlo. Este derecho es el de acceder a peritajes independientes. Según se establece en la LGV (numeral XIII) las víctimas tienen derecho: “En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas”. (Resaltado propio)

Unos años después de la aprobación, el Congreso de la Unión señaló que los recursos para pagar estos gastos deben salir del Fondo Estatal, además, se incluyó que sólo se puede contratar servicios expertos o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Por supuesto que este derecho está reforzado en la propia Constitución y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Los artículos 17 y 20 de la Carta Magna establecen los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la justicia. En tanto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece qué acciones pueden solicitarse ante un Juez de Control y define los peritajes independientes.

Aunque éste es un derecho de todas las víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos, se utiliza especialmente en situaciones en las que se ha privado de la vida de manera arbitraria o extrajudicial y en los que se duda de la actuación de las instituciones estatales. En los casos de desaparición el derecho está establecido de la siguiente manera en la Ley en la materia: “Cuando se sospeche que la víctima ha sido privada de la vida, realizar las diligencias pertinentes para la exhumación de los restos en los lugares que se presume pudieran estar, de acuerdo a los estándares internacionales, siendo derecho de los Familiares solicitar la participación de peritos especializados independientes, en términos de las disposiciones legales aplicables. En la generación de los criterios y metodología específicos, se tomarán en cuenta las sentencias y resoluciones nacionales e internacionales en materia de búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada”. (Resaltado propio)

Ahora bien, como se ha señalado, estos peritajes independientes regularmente se utilizan en actos de investigación ministerial por lo que son acreditados por el ministerio público en las carpetas, pero recientemente un grupo de familias de personas desaparecidas encabezadas por el “Comité de Familiares de Detenidos desaparecidos Hasta Encontrarlos” que buscan a los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez están proponiendo que se incluyan equipos independientes también en las búsquedas generalizadas que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda. Estos peritajes, muchas veces son complementarios de las identificaciones que realizan las Fiscalías y se proponen por las víctimas para confirmar o para refutar los resultados oficiales.

Hay que señalar que, a nivel local, las Fiscalías de Justicia de algunas entidades federativas no han respetado el derecho que tienen las víctimas a solicitar un peritaje independiente, podemos señalar que, en al menos dos casos (de 2020 y 2021), la Fiscalía de Guanajuato, negó los peritajes independientes argumentando que no eran necesarios.

Estas prácticas son violatorias de derechos humanos y retrasan el acceso a la justicia, ya que regularmente son confirmadas por Jueces de Control. ¿Por qué lo hacen las Fiscalías?, suponemos que para evitar ventilar sus malas prácticas y para impedir que las víctimas accedan a sus derechos.

Hoy, a más de 12 años de emitida la LGV, en un contexto de desaparición generalizada y de crisis forense, la participación de equipos independientes tanto en la búsqueda como en la investigación se vuelve una urgencia tanto a nivel nacional como en las entidades federativas. Así que nos sumamos a la iniciativa de los Colectivos que exigen peritajes independientes.