Para la organización ARTICLE 19, la estigmatización de la crítica constituye un abuso ilegítimo del poder público ya que es un “acto mediante el cual un servidor público o persona con proyección pública busca desacreditar a una persona periodista o medio, con motivo de su actividad, a través de medios oficiales”.

En ese marco, un grupo de 20 organizaciones nacionales e internacionales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia temática sobre “Estigmatización y Criminalización a Periodistas y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos” que se llevó a cabo el 01 de julio de manera virtual. Guanajuato se mencionó reiteradamente en la Audiencia, ya que el “Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato” recopiló 8 eventos sobre estigmatización y criminalización de la protesta documentados en la entidad de 2019 a la fecha, éstas han provenido tanto de políticos federales, estatales y municipales tanto del Partido Acción Nacional (PAN) como del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

En términos de la legislación restrictiva de la libertad de expresión, se encuentra el delito de halconeo, que confirma lo dicho por la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH en su informe de 2018, en el señala que aún persisten legislaciones que criminalizan la libertad de expresión (Recomendación 15, página 286); en Guanajuato, pese a que Tribunales Federales han otorgado en dos ocasiones (2020 y 2021) protección constitucional a periodistas mediante la vía de amparo (ver comunicado de ARTICLE 19), el tipo penal de halconeo sigue vigente en el Código Penal en el artículo 222-B.

En lo que corresponde a la criminalización de la protesta, resalta la represión cometida en el marco de las protestas feministas realizadas en agosto de 2020 en León, Guanajuato, cuando el Secretario de Seguridad Pública Álvar Cabeza de Vaca señaló en una reunión privada con empresarios señaló (ver video) que: “no podemos convertir a León o a Guanajuato, ni a Celaya o a Salamanca, en un manifestodromo violento como se ha convertido ahora la Ciudad de México (capital del país) que en aras de una mal entendida -en mi concepto- comprensión de los derechos humanos, deja que te tumben monumentos históricos, que dejan que entren a las tiendas, que dañen los comercios”.

Diseño: Juan José Plascencia.

Además, en otro caso grave, tras una protesta en la que se cometieron destrozos en propiedad privada, la Fiscalía General de Justicia del Estado consignó ante un Juez a 15 personas que protestaron en noviembre de 2019 (ver nota) después de que un familiar de la autoridad municipal atropelló y dejó sin vida a 4 menores de edad. El artículo 245 del Código Penal de Guanajuato establece el delito de terrorismo definiéndolo como: “A quien por cualquier medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación, se le impondrá prisión de tres a quince años y de treinta a ciento cincuenta días multa”.

El tercer evento presentado ante la CIDH lo constituye la criminalización de la que fueron objeto familias de personas desaparecidas en julio de 2020 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) inició carpetas de investigación en su contra supuestamente por haber atacado a policías estatales.

En dos eventos por separado, uno en el contexto de la implementación de las recomendaciones de Acciones Urgentes ordenadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y otro en la revisión de las carpetas de un Colectivo en Irapuato, la Fiscal Especializada en Desaparición de la FGE, señaló primero a un defensor de derechos humanos y segundo, a una víctima indirecta de la desaparición: que “tenían intereses políticos y que trataban de engañar a la familia de la víctima de desaparición, que las manipulaban” (Ver nota).

Los últimos dos casos de estigmatización a periodistas acontecieron en Salamanca y en San Miguel de Allende. El primero sucedió un día después del asesinato del reportero Israel Vázquez de “El Salmantino” en Salamanca, Guanajuato, cuando un grupo de periodistas protestaron en la Presidencia Municipal y la alcaldesa Beatriz Hernández señaló que “ir a esa hora, a las 5:30 o 6 de la mañana a cubrir una nota en un lugar que todos sabemos que es tan peligroso (…), se arriesgan más”, revictimizando al periodista. Días después, el 12 de noviembre, la senadora Antarez Vázquez criticó dicha manifestación tachándola de violenta, en una entrevista en medios de comunicación señaló que las y los periodistas “llegaron en una manifestación sumamente agresiva” (minuto 1.30), además de señalar que editaron el video y encabezaron un “linchamiento mediático” contra la alcaldesa.

El octavo evento de estigmatización aconteció el 26 de julio de 2019 cuando las reporteras Ana Luz Solís y María Antonieta Herrera Rubio hacían cobertura periodística con transmisión en vivo por Facebook Live de una protesta de elementos de la Policía Municipal inconformes con su situación laboral, cuando fueron abordadas directamente por el presidente municipal Luis Alberto Villarreal García, quien las confrontó y frente a los teléfonos celulares con los que transmitían las acusó de desacreditar el trabajo de su administración en materia de seguridad y descalificó la labor de ambas periodistas. “Es el momento de ver de qué lado estamos, si estamos del lado de la delincuencia o de la ciudadanía”, dijo a la reportera Antonieta Herrera, para posteriormente afrontar a Ana Luz Solís, a quien le señaló: “No nos sirven estos comentarios, porque los desprestigiamos. Estamos abriendo una puerta, haciendo un favor a la delincuencia”.

Para finalizar, el Colectivo señaló tres casos que consideró graves: el espionaje y los ataques digitales al portal poplab.mx, la impunidad en el caso de una periodista desplazada que tuvo que salir de Guanajuato por amenazas de grupos armados y ataques de la delincuencia organizada a un grupo de cinco periodistas cuando realizaban una cobertura en el Municipio de Manuel Doblado, caso que fue hecho público en el informe del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos de Guanajuato en marzo de 2021.

Los petitorios de la Audiencia fueron básicamente que el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales interrumpan de inmediato el discurso estigmatizante y la criminalización a las organizaciones de la sociedad civil, lo que aplica también para Guanajuato. Deben interrumpirse también los actos de criminalización de la protesta y los actos de estigmatización a la prensa crítica. Exigimos protección a las y los periodistas que han sido agredidas y agredidos.