La descomposición social que está ocurriendo en los Estados Unidos, el aumento del costo de la vida con la caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, las mayores dificultades de acceso a la educación, a la vivienda y a la seguridad social, la pérdida de expectativa de vida por falta de permeabilidad social y, especialmente, la ausencia de convivencialidad, son factores que se están agudizando en los Estados Unidos, aún más con las políticas de Donald Trump. Y son estas condiciones las que potencializan las adicciones entre la población.

La atención a las muertes provocadas por adicción a las drogas en Estados Unidos se ha centrado en las provocadas por el fentanilo y en acusar a los migrantes y a México de ser su origen. La adicción a los opioides se originó por las estrategias comerciales de empresas farmacéuticas estadounidenses, por las prácticas de miles de médicos prescribiéndolos para combatir cualquier dolor y por sus ventas indiscriminadas en las cadenas de farmacias, incluso en establecimientos comerciales como Walmart, Costco y demás. Estas estrategias comerciales volvieron a millones de estadounidenses adictos a los opioides, un caldo de cultivo fundamental para la entrada y el éxito del fentanilo entre los estadounidenses.  

Los datos son contundentes. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las tasas de muerte por sobredosis de opioides sintéticos, que incluyen al fentanilo y sus derivados, han crecido exponencialmente en la última década. Entre 2022 y 2023 se registró una leve disminución, pero la adicción sigue ahí. 

Sin embargo, mientras se despliegan enormes esfuerzos políticos, legales y mediáticos para enfrentar el problema del fentanilo, hay otra droga que deja más muerte que este opioide sintético, una droga legalizada que opera sin restricciones, dejando a su paso enfermedad y muerte, y cuyo consumo está totalmente normalizado: el alcohol. Mientras el fentanilo mató a 76 mil 202 personas en el año 2022, bajando a 48 mil 422 en 2024, el promedio de muertes anuales causadas por el consumo de alcohol en los últimos años en ese país se estima en alrededor de 110 mil. Podemos decir, que actualmente el alcohol mata al doble de estadounidenses que el fentanilo; y si hablamos del tabaco esta mata a 480 mil personas cada año en ese país, diez veces más. 

Sin llamar a prohibir estos productos, que sería una medida contraproducente y frente a la que estamos totalmente en contra, señalamos que los gobiernos no aplican las regulaciones recomendadas para reducir su consumo, medidas recomendadas por organismos de Naciones Unidas y también por organismos internacionales financieros como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Éstos últimos organismos financieros recomiendan las políticas dirigidas a bajar el consumo de estos productos porque es evidente que los sistemas de salud no tienen la capacidad de enfrentar los daños que provoca su consumo, daños que se han convertido no sólo en una amenaza a la salud, sino también a las finanzas públicas. 

Las corporaciones ganan y la sociedad pierde brutalmente; se vuelve inviable. Y esto ocurre por una sola razón: el poder económico de las corporaciones del alcohol y el tabaco que en el mundo neoliberal suele tener más poder que las políticas de salud pública.

Es así que Trump ha centrado el discurso en el fentanilo. Se ha enfocado en construir un enemigo externo en lugar de enfrentar las causas estructurales que mantienen a una parte importante de la población atrapada en las adicciones. Bajo ese pretexto, se han intensificado redadas contra migrantes, separando familias, afectando a comunidades enteras y generando incluso tensiones con grandes empresas. Además, su Gobierno ha impuesto sanciones a países que considera involucrados en la producción o tráfico de fentanilo, como si la solución fuera exclusivamente externa.

¿Y el elefante en la habitación? Las grandes corporaciones del alcohol, que siguen generando enormes ganancias mientras su producto cobra vidas, permanecen intocadas. Según el Estudio de Carga Global de Enfermedad, entre 2000 y 2021 murieron en Estados Unidos cerca de un millón 900 mil personas por causas atribuibles al consumo de alcohol, lo que representa un 26.8 por ciento más muertes que las relacionadas con todas las drogas ilícitas combinadas.

La normalización del consumo de alcohol puede observarse tanto en ese país como en el nuestro. ¿Le parece a usted normal que esta bebida que causa el doble de muertes que el fentanilo sea el principal patrocinador de las más importantes ligas nacionales del deporte en los Estados Unidos? La NBA, NFL, NHL, MLB tienen como patrocinadores publicitarios a productores de bebidas alcohólicas como Budweiser, Croos Light y Michelub Ultra, entre otras. Las empresas alcoholeras invierten anualmente en ese país más de 1.4 mil millones de dólares solamente en publicidad en eventos deportivos.  A tal grado ha llegado esta normalización que se vuelve casi inconcebible presenciar estos deportes sin consumir cerveza.

Las muertes causadas por el alcohol han superado constantemente a las generadas por otras drogas, y aunque la diferencia se ha reducido en los últimos años, la respuesta del Gobierno estadounidense ha sido asimétrica: contundente frente al fentanilo y ausente ante el alcohol. El elefante ha estado siempre ahí. Sólo que nadie quiere verlo.

Lo más alarmante es el silencio mediático. Ni Trump ni nadie de su gabinete ha impulsado medidas para frenar esta epidemia. Esto, a pesar de que organismos internacionales como la OMS y el Banco Mundial han promovido estrategias costoefectivas -como el paquete SAFER que propone regular los puntos de venta, prohibir la publicidad del alcohol, ofrecer tratamiento a personas con dependencia, y aumentar los impuestos a estas bebidas-. Nunca se propone prohibir, solamente regular. Rusia, aplicando este tipo de medidas, bajo en cerca del 50 por ciento el consumo de alcohol, esto en el país que tenía uno de los mayores consumos.

La historia ha dejado claro que el modelo neoliberal, que privilegia las ganancias sobre la salud pública, ha contribuido a desechar políticas regulatorias esenciales para contener los daños de productos como los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, el tabaco y el alcohol. Las grandes corporaciones —globalizadas, poderosas y políticamente conectadas— continúan operando de forma sutil y efectiva para impedir regulaciones que protejan la salud de la población. Al mismo tiempo, obstaculizan otras políticas que impactan el bienestar colectivo, como mejoras laborales, cobertura de salud o acceso a la educación.

Mientras se declaran guerras contra las drogas, se guarda un silencio cómplice frente a una industria que, legalmente, está matando a más personas. El elefante no es invisible: es intocable. Y cada día que pasa sin que se actúe, se escribe una nueva línea de esta tragedia que pudo evitarse. ¿Quién se atreverá, al fin, a romper el pacto de silencio? Romper ese pacto significa ser blanco de ataques de estas corporaciones.