Al menos 184 millones de pesos entregados por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez a la CONCAMIN Bajío, presidida por Ismael Plascencia Núñez, sirvieron para contratar compañías del propio líder empresarial y de su círculo de allegados en la organización, sin ser auditados por parte de instancias de control del gasto público.

En la inauguración de La Torre Bajío Concamin, construida a un costo de 44 millones de pesos de recursos públicos, el ex gobernador declaró emocionado: “En Guanajuato, hay un romance, que tenemos el Gobierno del Estado con los empresarios de Guanajuato y es un romance que es público y no nos avergüenza, al contrario, hacemos equipo, hacemos alianza y lo presumimos, porque esta ha sido la clave del éxito de nuestro Estado”.

Los apoyos destinados a programas de fortalecimiento empresarial, fueron usados para contratar a empresas como la constructora Hoki, por 19.7 millones, que es propiedad del propio Plascencia y de sus hijos. También recibieron contratos por más de 25 millones de pesos cuatro empresas vinculadas con Alma Mercedes Barbosa Velázquez, quien es asesora del Consejo Directivo de Concamin Bajío, apoderada de Incobaj, una de las organizaciones receptoras de recursos y hasta representante ciudadana en el comité de adquisiciones del municipio de León.

Esas cifras podrían ser mayores. POPLab solicitó copia de los documentos que prueben la aplicación de recursos por parte de las organizaciones que utiliza Concamin para solicitar y recibir recursos, Asociación de Industriales del Bajío (Indubaj) e Industria Competitiva del Bajío (Incobaj). Vía transparencia se entregaron documentos que únicamente comprueban gastos por poco más de 101 millones de pesos.

Los recursos se gestionaron durante todo el sexenio por parte de ambas organizaciones mediante oficios de solicitudes que no incluían estudios técnicos, diagnósticos ni compromisos claros de resultados. A menudo una simple cuartilla bastaba para que se aprobaran los recursos.

Las justificaciones fueron variadas: programas de reparto de bienes de capital a pequeños y microempresarios, apoyos por el COVID, organización de congresos, foros y exposiciones, la creación de la aplicación BIZGTO para vincular a proveedores y compradores, y la edificación de la Torre Concamin. En cada caso, aparecen como contratistas personas y empresas vinculadas a la cúpula de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo Bajío.

El flujo de recursos desde la Secretaría de Desarrollo Económico (SDES) no paró en seis años, tanto en las gestiones de Mauricio Usabiaga como en la de Ramón Alfaro. El operador directo de la autorización, entrega y supervisión del dinero fue el subsecretario de Mipymes, Joel Froylán Salas Navarro.

La torre Concamin

Dentro de los apoyos del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez a Ismael Plascencia Núñez, destaca la construcción de la Torre Concamin, un edificio de 44 millones de pesos, aportados por el gobierno en su totalidad y que se fue encareciendo de un presupuesto original de 16 millones.

La obra fue iniciada por la empresa Coseba, propiedad del entonces líder de la Cámara de la Construcción, Enrique Aranda Anaya, también integrante de Concamin. Sin embargo, la ampliación de un estacionamiento para la oficina de Canadevi, contigua a la torre Concamin, así como el “equipamiento de oficinas de la Canadevi y la Concamin”, fueron contratados a la constructora Hoki, propiedad de Ismael Plascencia Saldaña y dos de sus hijos, por un monto de 19 millones 787 mil pesos.  

El 12 de febrero de 2022, mediante un oficio de cuatro párrafos dirigido a Mauricio Usabiaga y Froylán Salas, secretario y subsecretario de SDES, Ismael Plascencia solicitó como presidente de CONCAMIN Bajío un apoyo de 12 millones de pesos para la construcción de la sede de INDUBAJ A. C., para lo cual argumentó que ya se contaba con un proyecto ejecutivo. El apoyo estatal vendría a sumarse a 8 millones de pesos invertidos en los preliminares del proyecto, según afirmaba la solicitud.

Seis meses después, el 8 de agosto de 2022, se firmaba el convenio 055/2022 entre el nuevo titular de SDES, Ramón Alfaro, el subsecretario Froylán Salas y los directivos de INDUBAJ, Ismael Plascencia y Daniel Tavarez, para otorgar los 12 millones solicitados, en 4 ministraciones entre agosto y diciembre, destinados al proyecto denominado “Torre Concamin Bajío”, bajo la justificación de que ese gasto beneficiaría a “480 unidades económicas que conforman el padrón de por lo menos 8 asociaciones y/o cámaras empresariales que integran a CONCAMIN Bajío”.

No fue suficiente ni se cumplió lo pactado. CONCAMIN a través de INDUBAJ, el 26 de junio de 2023, requirió un nuevo aporte de la Secretaría de Desarrollo Económico de 6 millones de pesos “con la finalidad de seguir apoyando las acciones para la generación de la infraestructura productiva del proyecto integral constructivo del edificio empresarial”. En septiembre de ese año, SDES consideró viable otorgar el recurso dentro de la partida 4450 destinada a “ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro”.

Dos meses después de esa ampliación, el 21 de noviembre del 2023, se presentó una nueva solicitud por otros 6 millones de pesos que se resolvió en menos de 3 semanas: el 11 de diciembre se celebró el nuevo convenio modificatorio SDMIPYMES141-2023 y la segunda quincena de ese mes se entregaba una ministración por 5.4 millones de pesos, quedando pendientes 600 mil pesos para mayo del 2024.

El aporte de 24 millones de pesos no alcanzó para la edificación. El 29 de abril de 2024, Ismael Plascencia Núñez, coordinador de CONCAMIN Bajío, dirige un oficio a Ramón Alfaro Gómez, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, donde le informa que han concluido los trabajos de la Torre Concamin, pero “para consolidar el proyecto” es necesario ampliar el estacionamiento y accesorios no solo de esa torre, sino también del edificio de la Cámara de la Vivienda (Canadevi). Pero también solicita celosías en toda la fachada de la torre y equipamiento y adecuación de una cocina para ambas instalaciones.

De esta forma, solicitan otros 20 millones de pesos, prácticamente un 80 por ciento del costo de la torre. Y ahí es donde aparece la constructora Hoki, cuyos accionistas a la fecha son José Ismael Plascencia Núñez, con 3,050 acciones; José Ismael Plascencia González, con 1,250 acciones; y Alejandra Plascencia González, con 700 acciones. La empresa del líder de CONCAMIN Bajío y sus hijos se lleva 19.78 millones de los 20 millones aportados por SDES, por el equipamiento de oficinas y la construcción del estacionamiento.

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Panorámicas de la Torre Concamin Bajío. Fotos: Juan José L. Plascencia.

La red de beneficiarios

Una vez que el dinero egresó de las cuentas oficiales para ingresar a las asociaciones civiles Indubaj e Incobaj, toda normatividad del gobierno en materia de adquisiciones quedó inoperante. De esa manera, se realizaron contrataciones de empresas cuyos socios forman parte de la estructura de Concamin o de alguna de las dos organizaciones.

A lo largo del sexenio, cuatro empresas vinculadas con la apoderada de Incobaj y asesora del Consejo Directivo de Concamin Bajío, Alma Mercedes Barbosa Velázquez, recibieron al menos 25.7 millones de pesos.

Así pasó desde el arranque del sexenio. En 2019 en el convenio SDMyPiMES-023/19 entre Desarrollo Económico e Incobaj, la dependencia entregó 5 millones de pesos, de los cuales 3 millones de pesos se entregaron a las empresas Kentaurus Digital y Custom Bajío, donde son socios Jorge Padilla Ruiz y Alma Valeria Padilla Barbosa, esposo e hija de Alma Barbosa.

En 2020, mediante el convenio 065/2018, ampliado en dos ocasiones hasta llegar a un monto de 4 millones 500 mil pesos, la asociación civil Indubaj, representada por Ismael Plascencia, contrató los servicios de logística de las mismas empresas Kentaurus y Custom, por un monto de 1 millón 490 mil pesos. Pero adicionalmente, empleó a Forma, Movimiento y Diseño y a Conexión Logística del Bajío, empresas de las que es accionista la propia Alma Mercedes Barbosa, por otro millón 859 mil pesos, también para logística de eventos. Del recurso recibido del estado por este convenio, las empresas ligadas a Barbosa devengaron 3 millones 350 mil pesos, prácticamente el 75 por ciento del total.

En el proyecto “Fortalecimiento de la Industria Multisectorial Guanajuatense” que se realizó entre marzo de 2021 y agosto de 2022 con un apoyo de 3 millones de pesos, Conexión Logística del Bajío, de Barbosa, facturó 1 millón 950 mil pesos, prácticamente dos terceras partes del total del programa, por los conceptos de “consultoría especializada, capacitación y realización del foro industrial 2021.”

También en 2021, la asociación Incobaj, encabezada por Enrique Armando González Muñoz y Ricardo Weiss Waschke y de la que fue fundadora y apoderada Alma Mercedes Barbosa, recibió 12 millones de pesos del estado para la organización del Pabellón Guanajuato de la Feria de Verano de León. El estado de origen y aplicación de los recursos entregado a la SDES muestra como Conexión Logística cobró 950 mil pesos por “logística integral de apoyo a expositores y atención durante la feria”. Mientras que otra empresa de la familia Padilla - Barbosa, Custom Bajío, facturaba 738 mil pesos por “desarrollo y diseño de concepto, montaje y desmontaje de 4 escaparates.”  

En 2023, SDES otorgó otros 6 millones de pesos a INDUBAJ para un programa de fortalecimiento industrial, consistente básicamente en “foros de consulta, paneles, consultorías especializadas, eventos empresariales, conferencias y talleres”, por los cuales Custom Bajío cobró un millón y medio de pesos, mientras Conexión Logística facturó 4 millones de pesos. Las empresas vinculadas a Alma Barbosa y su familia concentraron el 91.6 por ciento del recurso público recibido. Además, el convenio debió ser prorrogado por no cumplir en tiempo y forma con los compromisos adquiridos.

En enero de 2024, la CONCAMIN, por intermedio de la misma INDUBAJ, acudió a la Secretaría de Desarrollo Económico para que financiara su “plan de trabajo 2024” consistente en foros y programas de capacitación, para lo que solicitó  9 millones de pesos, los cuales fueron ampliados en septiembre hasta 12 millones. De esa cantidad, las empresas vinculadas a Barbosa -Conexión Logística y Forma, Movimiento y Diseño- devengaron 5 millones 253 mil pesos, el 43.7 por ciento.  

BizGTO, mucho dinero, pocos usuarios

Para fortalecer “al menos 50 unidades económicas guanajuatenses”, en agosto de 2023, INDUBAJ solicitó 6.1 millones de pesos para el “Desarrollo de la Plataforma de Inteligencia de Negocios”, para así “acelerar e impulsar la economía local, la competitividad de las empresas y el crecimiento económico de las MiPyMEs”

Un mes después se les otorgan 7.2 millones, para lograr su “consolidación” y para el mismo propósito, un año más tarde, se destinan 2.7 millones de pesos adicionales.

La plataforma BIZGTO, diseñada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, buscaba impulsar “las oportunidades para hacer negocios”. Sin embargo, únicamente se publicitan eventos que, en la mayoría de los casos, se realizan en el Poliforum de León. La actividad más reciente se realizó el 25 de junio.

Durante 2024, los programas de apoyo incluidos como “Plan de Trabajo” de la Concamin, por 12 millones de pesos, incluyeron a la plataforma BIZGTO, mencionando una meta de “500 Unidades Económicas Fortalecidas y/o Promovidas”.

Pero de acuerdo con los entregables, a febrero de 2025 la plataforma solamente contaba con 50 beneficiarios. Entre el 24 de octubre de 2023 y el 28 de febrero de 2024 se capacitaron 55 personas en el uso de la plataforma.

Contratos similares y sin fiscalizar

La Secretaría de Economía celebró 3 contratos con INCOBAJ e INDUBAJ, exactamente los mismos días y por los mismos conceptos, por un total de 73 millones de pesos.

También se registró facturación cruzada entre las dos asociaciones civiles. En la materialización del convenio SDMIPYMES-26 del 2021, destinado a “fortalecimiento empresarial a través de Guías empresariales”, INCOBAJ contrató a INDUBAJ por 2.5 millones de pesos.

La documentación muestra gastos que, en algunos casos, no se justifican con el objeto de los convenios: 1.5 millones de pesos en mobiliario, 1 millón en artesanía de lujo, 160 mil en brincolines e inflables, 24 mil pesos en cremas faciales, entre otras contrataciones. Los entregables muestran facturas de servicios telefónicos y 16 mil pesos por bebidas alcohólicas.

POPLab solicitó los informes de las auditorías realizadas a ambas organizaciones, así como los indicadores de resultados, las tasas de sobrevivencia de las empresas beneficiadas o cualquier indicador que evaluara el impacto de los recursos. De acuerdo con la secretaría, no se realizó ningún tipo de evaluación o fiscalización.

Vía transparencia se proporcionaron el listado de gastos de ambas organizaciones, sin embargo, en los correspondientes a dos contratos se proporcionaron archivos prácticamente ilegibles. De acuerdo con la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, debido a que estos fueron proporcionados “por un tercero” no pueden mejorar la calidad de los mismos.

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Carátulas del documento Origen y Aplicación del gasto correspondientes a dos contratos de INDUBAJ proporcionados por la Secretaría.

Aprobación exprés por un consejo ausente

Técnicamente, las solicitudes de apoyos deben pasar por la aprobación del Consejo de Fomento al Comercio Interior (Cofoci) y su comisión de políticas y lineamientos de apoyo. El consejo varía su integración anualmente y lo forman funcionarios, directivos empresariales y ciudadanos, mayormente empresarios.

En los consejos de 2022 a 2024 formaba parte Enrique Aranda Anaya, presidente de CMIC y accionista de COSEBA, la empresa que construyó la Torre Concamin con recursos aprobados por ese órgano. En 2023 y 2024 también lo integraban la actual gobernadora Libia García, en su carácter de secretaria de Gobierno y luego titular de Desarrollo Social. También tenían asientos el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, y el de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro.

Una fuente que participó en dicho consejo y que pidió omitir su identidad comentó que las reuniones eran virtuales, que la mayoría de los titulares no asistía y que los asuntos se despachaban sin mayor discusión, tal y como los presentaba el subsecretario Froylán Salas Navarro.

Así se decidió el destino de miles de millones de pesos a lo largo del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, de los cuales se desconoce el impacto en la realidad económica del Estado. El subsecretario Salas Navarro, sometido a diversas auditorías y señalado en numerosas investigaciones periodísticas, sigue despachando en la SDES, dirigida actualmente por Cristina Villaseñor. Y las ayudas a las empresas, bajo el mismo sistema, siguen fluyendo.