En una decisión de última hora este miércoles, el gobierno de Libia Dennise García revirtió la reserva de una parte del contrato de servicio de enlace y monitoreo de Seguritech,. Veinticuatro horas antes, el comité de transparencia del Poder Ejecutivo había determinado reservar hasta julio de 2030 los contratos celebrados con esa empresa y sus filiales desde el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez y los de la actual administración. 

Con ello, se ampliaría el primer periodo de reserva de 5 años que se estableció en noviembre de 2023 y no se podrá conocer durante el resto del sexenio de Libia.

En una postura divulgada en sus redes sociales, la gobernadora expuso "me toca fortalecer la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones, y eso implica actuar con transparencia y responsabilidad." Acto seguido instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz para que, previo análisis, "de a conocer la información del contrato relacionado con el sistema de seguridad estatal que no comprometa a la población, al personal y a la operatividad en seguridad." Sin embargo, son 3 los contratos ( 8800000659, 8800000929 y 8014000331) que se encuentran reservados.

El acuerdo del comité de transparencia del Poder Ejecutivo se tomó este martes 8 de julio ante diversas solicitudes derivadas del descubrimiento de la “Casa Azul” que habita el ex gobernador en Texas, la cual está a nombre del publirrelacionista de la empresa de tecnología, Daniel Esquenazi. 

Pese a los raquíticos resultados del apoyo tecnológico de Seguritech, evidentes en las estadísticas durante los 6 años de la pasada administración -donde se alcanzaron los mayores picos en violencia homicida y el estado se colocó a la cabeza de las entidades con mayor incidencia criminal- las secretarías de Seguridad y Finanzas consideraron que la herramienta de la empresa de Ariel Picker “es fundamental para la prevención, detección y persecución de delitos, permitiendo una respuesta rápida y eficiente de las instituciones de seguridad pública ante incidentes delictivos.”

La causal esgrimida para mantener oculta la información es la misma que en su momento adujo el comité de transparencia de Sinhue: “La revelación de dicha información comprometería la eficacia de las labores de coordinación e inteligencia que se desarrollan, cuyas funciones se fundamentan en la recopilación y análisis de información estratégica para el diseño y ejecución de operaciones preventivas y reactivas orientadas a la contención y combate de la delincuencia y el crimen organizado, con el fin de garantizar la seguridad pública.”

Aunque únicamente se solicitaron el número de contratos y el monto de los mismos, sin ningún detalle adicional, el comité de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, que depende de la oficina de la gobernadora, validó argumentos de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Seguridad en el sentido de que conocer el importe económico de los contratos da a las organizaciones criminales elementos para delinquir.

El argumento textual es el siguiente: 

“La revelación del monto de la ampliación de la contratación resulta riesgoso para el interés público y la seguridad de las personas, toda vez que al proporcionar dicho dato, el crimen organizado, o cualquier persona que tenga como fin desestabilizar las acciones emprendidas por la autoridad para inhibir o neutralizar los delitos alcanza altas posibilidades de éxito; en razón de que, el monto de la contratación no es meramente un dato económico; es un indicador clave para la inteligencia criminal, permitiendo al crimen organizado dimensionar la envergadura del servicio contratado, así como las especificaciones y características del Servicio Integral de Enlace y Monitoreo, objeto del servicio contratado, facilitando la planeación de acciones criminales.”

En la respuesta entregada por el actual gobierno se informa la incorporación de la estrategia Confía, lanzada por la mandataria al inicio de su periodo como su apuesta para pacificar al estado, como otra de las razones para no liberar la información. De acuerdo con la profusa ilación, expuesta en 43 cuartillas, cualquier detalle que se conozca de los contratos y sus anexos compromete la seguridad pública y podría ser usado para “vulnerar, interferir, entorpecer o neutralizar las acciones de prevención del delito, seguridad y vigilancia.” Esto a pesar de que existen boletines y notas informativas que dan cuenta parcial de los montos de inversión en materia de seguridad que la propia autoridad ha hecho públicos.

En el resolutivo RCT_1326_2025 se citan como prueba de daño notas periodísticas de hackeos como los ocurridos al FBI, Secretaría de la Defensa Nacional, Servicio de Administración Tributaria y hasta el retiro de cámaras en León para prevenir el halconeo. De acuerdo con la autoridad, “estos casos evidencian un riesgo creciente en la infraestructura gubernamental, sobre todo cuando hay exposición de información al público en general”.

POPLab también solicitó a la Fiscalía General del Estado información sobre los montos de los contratos adjudicados a las empresas del Grupo Seguritech y Comunicación Segura S. A. de C.V. La dependencia respondió que, desde que obtuvo su autonomía, no ha celebrado contratos con dichas empresas y que los acuerdos firmados durante su etapa como procuraduría corresponden al Poder Ejecutivo, por lo que este último sería el encargado de proporcionar dicha información.

Picker,  Esquenazi y Sinhue

La relación que establecieron el dueño de Seguritech, Ariel Picker Schatz; su encargado de relaciones gubernamentales, Daniel Esquenazi Beraha; y el ex gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, fue más allá de lo estrictamente profesional para derivar en una cercanía personal.

Sinhue se convirtió en un asiduo visitante al Viñedo y Hotel Omún, en Dolores Hidalgo, donde Picker y Esquenazi son socios. El gobierno de Sinhue dió un impulso fundamental a ese desarrollo cuando operó para que diversos programas de gobierno aplicaran inversión en La Venta, un poblado de apenas 900 habitantes aledaño al viñedo, por un monto superior a los 120 millones de pesos.

Ahora también se sabe que Esquenazi adquirió, mediante una empresa de Colorado de la que es manager, la casa donde vive la familia de Diego Sinhue en The Woodlands, un tema que ha escalado como evidencia de tráfico de influencia con el que se manejan las políticas de la empresa.

Dos semanas después de conocerse la noticia, solo hay una postura pública del exgobernador que afirma rentar la vivienda donde se encuentra su familia en el suburbio de Houston, pero ninguna aclaración sobre el vínculo con Esquenazi. El publirrelacionista y la empresa no han emitido declaraciones.

La investigación 

Tras cinco días de silencio, la gobernadora Libia Dennise García informó de una investigación ordenada por su gobierno a la Secretaría de la Honestidad, la cual fue sugerida por el comité ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. 

La mencionada secretaría solo emitió un escueto comunicado confirmando el inicio de la investigación hace más de 10 días, bajo el expediente INV.DEN.C-1060/2025. La titular, Arcelia González, no ha accedido a una entrevista hasta el momento.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum precisó que no le corresponde investigar al Gobierno Federal y que el tema debería ser esclarecido en Guanajuato. La presidenta de la República recalcó que si una empresa ofrece una casa o alguna prebenda a partir de la contratación con la misma, “eso sí se llama corrupción, con todas sus palabras”.

Diversas instancias del partido Morena se han anunciado acciones, incluyendo la integración de una comisión especial del Congreso local y la presentación de denuncias para esclarecer un posible enriquecimiento ilícito del exgobernador Sinhue. De la misma forma se han pronunciado dirigentes y legisladores de Movimiento Ciudadano. 

En el PAN el silencio ha sido generalizado, salvo el dirigente estatal Aldo Márquez, quien consideró suficiente la explicación de Sinhue, con quien trabajó como subsecretario de Desarrollo Social: “el tema está aclarado” dijo en una escueta tarjeta informativa.

En el gobierno estatal han circulado líneas de comunicación estratégicas para que ningún funcionario responda con respecto al tema, según han reconocido empleados de oficinas de comunicación social.