La "Fiscalía Humanista" de Guanajuato, cada día se ve más alejada de ese espíritu que quiso marcar Gerardo Vázquez Alatriste a la institución desde su llegada.

Violaciones graves a derechos humanos con la tardanza, además de errores en la identificación de cuerpos, así como la denuncia de una buscadora por la irrupción de agentes de investigación criminal sin orden de cateo en su domicilio cuando solo había menores de edad, enmarcan el primer año del fiscal designado tras la salida forzada de Carlos Zamarripa, luego de 15 años como responsable de la procuración de justicia.

El fin de semana, se sumaron dos denuncias en contra de la actuación del personal de la Fiscalía. Esto ocurre después de que se hicieron públicos dos casos en los que la institución cometió errores en la identificación de cuerpos de víctimas de homicidio.

Primero, familiares de cuatro hombres que murieron en un accidente automovilístico en la carretera San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo, denunciaron que el personal del Servicio Médico Forense no solo se equivocó en la entrega de los cuerpos, sino que la documentación había sido llenada con errores al combinar apellidos y confundir las edades.

La segunda denuncia llegó el domingo cuando Paula, buscadora fundadora del colectivo Buscando con el Corazón y quien se encuentra incorporada al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, mismo que le otorgó medidas por las amenazas que ha recibido, reveló que agentes de investigación criminal irrumpieron en su domicilio cuando ella no estaba y en la vivienda solo estaban cuatro menores de edad. 

Sin orden de cateo y con armas largas, el personal de la Fiscalía encerró a los menores de edad mientras recorrieron el inmueble, dijo.

Gerardo Vázquez Alatriste, el fiscal que oculta información de sucesos de alto impacto con el argumento del respeto al debido proceso, ahora asegura que no hubo violaciones a los derechos humanos en la irrupción a la casa de la Paula, aunque los agentes de investigación criminal entraron al domicilio sin autorización judicial.

Incluso, en el boletín difundido por la institución tras la denuncia, se señala que los agentes llegaron a la vivienda para dar seguimiento a una carpeta de investigación y entraron porque encontraron la casa abierta.

La Fiscalía aseguró que en el inmueble se encontraron cartuchos para armas de fuego, tanto de armas cortas como de armas largas, pero no hubo personas detenidas porque en la vivienda se encontraban únicamente menores de edad.

En el boletín, después de dar a conocer que en la revisión encontraron cartuchos, la Fiscalía de Gerardo Vázquez Alatriste señala que "ante la necesidad de profundizar en las diligencias dentro de la carpeta de investigación", la institución solicitó una orden judicial para "ejecutar una técnica de cateo, a fin de continuar con la investigación con pleno respaldo legal".

Paula confirmó que el ingreso a su vivienda se dio sin una orden judicial. Además, advirtió que la irrupción de los agentes de investigación criminal es un acto de intimidación porque, recientemente, una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado (PRODHEG) reveló que la Fiscalía se equivocó al entregar los restos de su esposo, Fernando, por lo que ahora tendrá que pagar una reparación del daño. 

4 menores de edad frente a 20 agentes de investigación criminal

La mañana del domingo, Paula salió a vender a un tianguis en Salamanca, municipio al que llegó hace apenas un mes desplazada por las amenazas que había recibido de un grupo criminal como parte de su trabajo de búsqueda. Luego de ver en el grupo de vecinos que al menos 10 vehículos estaban afuera de su domicilio, regresó de inmediato.

En el camino llamó en reiteradas ocasiones a su hija de 12 años, quien se había quedado en la vivienda dormida, junto a sus otros hijos menores de edad. Poco antes de llegar, tuvo respuesta a la llamada y su hija le contó que había personas en el domicilio y que una de ellas le había apuntado con un arma en la cabeza.

"Mi hija me dijo que vinieron los de la Fiscalía, que eran muchos. Le dijeron que ellos me conocen, le preguntaron por qué los de la Guardia Nacional no habían venido a cuidarme porque algo malo me iba a pasar. A la niña le dijeron que venían a buscar dinero, también le enseñaron la foto de un señor pelón, que no conocemos".

Al llegar al fraccionamiento, Paula vio que los vehículos, en su mayoría camionetas blancas, salían. En el domicilio encontró a los menores de edad a salvo, fue entonces que decidió seguir a los agentes de investigación criminal para presentar la denuncia.

Por el despliegue que vio salir, la buscadora estima que a su domicilio entraron al menos unos 20 agentes de investigación criminal.

La hija de Paula le comentó lo que vivieron durante los minutos que estuvieron los agentes dentro de la casa.

"Debido a que a los niños les tomaron fotografías, los estuvieron interrogando, les estuvieron gritando, no los dejaban subir ni moverse de donde estaban, me los encerraron dentro del domicilio, a lo cual yo le puedo llamar privación de la libertad", dijo la buscadora.

En el boletín de prensa, la institución a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste aseguró que "la diligencia se desarrolló sin ejercer violencia", además de que "no se registraron daños al inmueble".

Ya en la Fiscalía, llegó un abogado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para dar acompañamiento a la buscadora.

Personal de la Fiscalía pretendía que Paula se subiera a una patrulla para llevarla a la agencia de homicidios, pero el abogado de la comisión intervino para impedir que la trasladaran en la patrulla.

Frente a una agente del Ministerio Público pidió que se le mostrara si existía una orden de cateo, pero la funcionaria de la Fiscalía se limitó a anotarle un número en una hoja simple.

El dato lo presentó Paula en la Procuraduría de Derechos Humanos, al presentar una queja por la actuación de los elementos. La persona que la atendió le adelantó que el número facilitado por la funcionaria no se asemeja a los que gira un juez cuando concede un cateo.

Buscadora acusa presión de la Fiscalía por pago de reparación de daño

En entrevista, Paula negó tener conocimiento de una investigación en su contra, además de que a la casa llegó hace apenas un mes, y ahora teme que la Fiscalía pudiera fabricar una acusación como un acto de intimidación y para justificar la actuación de los agentes de investigación criminal.

Las sospechas, dice, surgen a raíz de una recomendación de la PRODHEG, instancia que resolvió que la Fiscalía debe pagar a Paula una compensación económica, como reparación integral al daño que le causaron, al entregarle restos que no correspondían a su esposo.

"Yo no tengo por qué estar huyendo porque no soy una delincuente...  la verdad ahorita yo temo que ellos vayan a tratar de sembrar algo a mi persona o a mi familia", dijo Paula.

La buscadora señaló que de haber encontrado cartuchos en su hogar, como lo aseguró la Fiscalía en el comunicado, el inmueble tenía que haberse resguardado, también tendría que haberse pedido que un vehículo de traslado de indicios llegara a su domicilio para hacer todo el proceso, pero eso no pasó. Incluso, calculó que los agentes estuvieron en su casa alrededor de 15 minutos.

Aseguró que la irrupción del domingo no ha sido el primer acto de acoso por parte del personal de la Fiscalía, sino que comenzaron desde diciembre pasado, luego de que salió la recomendación de la PRODHEG.

"Cuando la PRODHEG le pide a la Fiscalía se realice la reparación integral del daño, es cuando comienzan a suceder cosas. Yo, incluso le comenté a la maestra Zucé (fiscal especializada en materia de Derechos Humanos) que si todo el problema era por la recomendación, que yo ya no les iba a decir nada porque corre riesgo la vida de mis hijos, corre riesgo mi vida".

La resolución del expediente 1706/2025 confirma que en 2020 la Fiscalía le entregó restos que no correspondían a su esposo, quien fue desaparecido en el municipio de Silao.

La propia Fiscalía aceptó el error en la entrega a Paula porque no habían practicado un dictamen de ADN a los restos, y en la carpeta de investigación se señaló que junto al esposo de la buscadora habían extremidades de otras personas, incluidas mujeres.

En diciembre de 2024 se hizo la exhumación, y luego de varios estudios forenses, Paula recibió dos extremidades de su esposo, porque la mayoría de los restos que ella había sepultado no eran de su marido.

La Fiscalía le informó en febrero de 2025 que se realizarían otras exhumaciones para encontrar los restos de su esposo, pero sigue sin respuesta.

Por los errores de la Fiscalía, la PRODHEG emitió una recomendación en la que se pide a la Fiscalía pagar una compensación económica a la víctima como reparación integral del daño.

La Fiscalía también debe otorgar atención psicosocial a la víctima, además de iniciar una investigación por el actuar de los servidores públicos.

"Se deberá instruir a las personas servidoras públicas adscritas al SEMEFO, que protejan y respeten la dignidad de las personas fallecidas, debiendo realizar la identificación y entrega de cuerpos de conformidad a las normas establecidas; de acuerdo con lo señalado en la presente resolución", cierra la recomendación de la PRODHEG.

Errores en la identificación se convierten en un patrón

Las equivocaciones en la identificación y entrega de cuerpos que se han hecho públicas en los últimos meses sugiere un patrón dentro de la Fiscalía de Guanajuato.

El fin de semana surgió el caso de cuatro personas fallecidas en un accidente carretero en la vía San Luis de la Paz–Dolores Hidalgo. El hecho ocurre apenas días después de que el fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, anunciara cambios en los protocolos para evitar este tipo de fallas.

Tras el choque registrado el jueves 12 de marzo, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de los cuerpos y las necropsias de ley. Posteriormente, los restos fueron entregados a funerarias; sin embargo, durante el proceso de embalsamamiento, familiares detectaron inconsistencias que les hicieron dudar de la identidad de los cuerpos, por lo que notificaron a la Fiscalía.

Ante el señalamiento, personal de la institución intervino nuevamente y retiró los cuerpos para realizar un nuevo proceso de identificación. Fue entonces cuando se confirmó que no solo existían errores en la asignación de los restos, sino también en el llenado de documentos oficiales, incluidos nombres, apellidos y edades de las víctimas.

La Fiscalía tuvo que emitir nuevas actas de defunción y repetir la entrega de los cuerpos a sus familiares, proceso que se extendió hasta la noche del sábado 14 de marzo.

Este caso se suma a otros dos antecedentes recientes. El primero se hizo público en julio de 2025, cuando la Fiscalía exhumó, cinco años después, los restos de una joven identificada como Dulce, luego de que se detectara que entre los restos entregados a su madre había osamentas de otras víctimas.

El segundo caso se conoció a inicios de marzo de este año, en Valle de Santiago. En julio pasado, la Fiscalía entregó los restos de un hombre a un padre que había identificado a su hijo desaparecido mediante fotografías. Días después, la familia informó que el joven había sido localizado con vida. Tras pruebas genéticas, se determinó que los restos correspondían a otra persona, identificada como Francisco, por lo que un juez ordenó su exhumación para su correcta restitución.

Estos antecedentes fueron abordados el martes 10 de marzo durante una reunión entre el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste y legisladores locales, en el marco del análisis de su primer informe de resultados. En ese encuentro, tanto diputados de oposición como del PAN cuestionaron las fallas en los procesos de identificación forense.

Al término de la reunión, el fiscal calificó los errores como “graves” y anunció modificaciones en los protocolos, al asegurar que en adelante ningún cuerpo sería entregado sin pruebas concluyentes de identificación, como análisis dactilar, físico y de ADN.

No obstante, días después la propia Fiscalía reconoció un nuevo caso de entrega errónea.

A través de un comunicado, informó que las personas servidoras públicas involucradas fueron separadas de sus funciones y que se inició una investigación tanto administrativa como penal.

“La Fiscalía ordenó la separación inmediata de sus funciones de los servidores públicos que intervinieron en el proceso, como medida preventiva y para garantizar la transparencia de las indagatorias”, señaló la institución, sin precisar el número ni el nivel jerárquico de los funcionarios involucrados.