Por: Kennia Velázquez y Arnoldo Cuéllar

De la misma forma opaca en la que surgió y operó, la empresa arrendadora de participación estatal GTO Leasing Services fue disuelta este viernes, día inhábil en la capital del estado, mediante un comunicado emitido por la propia empresa que fue referido en otro firmado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, entidad que desde fines de 2023 operaba como socio minoritario.

Tras la noticia del cierre de la empresa, las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el grupo parlamentario de Morena, que, a través de un comunicado, señaló que esta medida fue solo una estrategia para evadir el escrutinio público, al tiempo que reclamó una auditoría integral a GTO Leasing Service.

El ISSEG dio a conocer este viernes 11 de abril, día en que las dependencias del gobierno estatal iniciaron las vacaciones de Semana Santa, que “atendiendo la decisión de los socios privados (cursiva en el documento original) quienes representan la mayor parte del capital invertido, compartimos la visión de dar por concluida la sociedad”.

En el comunicado que no rubrica ningún funcionario, el ISSEG asegura que el proceso de finiquito de la sociedad se realizará “garantizando la transparencia y el debido cuidado en la correcta aplicación y ejercicio de los fondos públicos”.

El ISSEG mantenía una aportación accionaria de 47 millones 725 mil pesos, por 48 millones 700 mil pesos de los socios privados Guillermo Webb Cruces, Guillermo Eduardo Webb Murra, Milo Eduardo Webb Murra, Virginia Webb Murra, Juan Yúdico Herrasti y Jorge Yúdico Herrasti.

El comunicado oficial reitera lo que ya habían dicho tanto la directora del ISSEG, Judith Juárez, como la gobernadora Libia García, que la inversión “ha generado rendimientos positivos para el instituto". Agregaron que una vez concluido el proceso se presentará de manera detallada la información sobre rendimientos y utilidades.

Previamente, la empresa circuló un comunicado de manera restringida donde, luego de hacer un recuento de sus actividades, por primera vez en mucho tiempo, anunció en un escueto párrafo: “se informa que los accionistas privados han decidido que previo al cumplimiento de las obligaciones pendientes de «la empresa», se lleven a cabo las acciones inherentes a su eventual disolución y liquidación”.

Análisis de GTO Leasing sin definir

En al menos tres ocasiones autoridades estatales han informado que se analizaría la viabilidad de GTO Leasing, la última de ellas fue en la glosa del informe 2024, cuando la directora Judith Juárez Guzmán dijo que por orden de la gobernadora se haría un análisis.

POPLab solicitó al Poder Ejecutivo la copia del oficio o comunicación oficial en la que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo solicitó a la directora del ISSEG revisar la viabilidad de GTO Leasing, los plazos establecidos para la realización del análisis, los criterios y metodología utilizados, así como las dependencias, entidades o terceros que participan en el proceso. Y en caso de que este haya terminado, copia del documento final con los resultados y conclusiones.

Mauricio Aguilar Ramos, de la Unidad de Enlace del ISSEG, indicó que no hubo ninguna petición documental por parte de la gobernadora, sin embargo, se trató de una solicitud que realizó en forma verbal la Gobernadora del Estado a la Directora General de este organismo. Esta solicitud se originó como parte de los objetivos planteados para el ISSEG, que incluyen “la revisión y el seguimiento de las actividades del Instituto”.

En la respuesta, el funcionario señala que “es importante recordar que estas solicitudes pueden o no formalizarse mediante un oficio, documento o comunicación oficial”. Sin embargo, La ley estatal de transparencia señala en su artículo 18 que “los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”.

Sobre la metodología y plazos, Aguilar Ramos indicó que “no se cuenta con información qué proporcionar, debido a que se está trabajando en la definición del alcance del análisis encomendado, así como de los criterios por observar y la metodología a seguir. Tampoco se ha involucrado para ello, a alguna dependencia, entidad o tercero. Finalmente, cabe señalar que todos los proyectos del ISSEG son presentados y aprobados por su órgano de gobierno, es decir, el Consejo Directivo”. Dicho consejo lo preside el Secretario de Finanzas del estado, Héctor Salgado Banda, en el cargo desde 2018 y ratificado por la gobernadora Libia Dennise García en septiembre del 2024.

Comunicado de GTO Leasing

En un comunicado GTO Leasing Services del 11 de abril de 2025, anunció el inicio del proceso de disolución y liquidación de la empresa. En el mismo, hace un repaso de los hitos de su breve existencia.

"Desde el inicio, ‘la empresa’ ha sido transparente sobre la naturaleza de sus procesos de operación, de estructura y de levantamiento de capital”, señala la comunicación, a pesar de las constantes negativas a rendir cuentas ante la ciudadanía.

También se señala que en “2020, GTO Leasing realizó 11 sesiones informativas con potenciales inversionistas en distintos municipios de Guanajuato, con el acompañamiento de Transparencia Mexicana, y la información del proceso de estructuración de capital fue publicada en medios de comunicación estatales”. POPLab solicitó vía transparencia información sobre estas reuniones y se comunicó que no había registros de las mismas, pues todas habían sido reuniones informales, por lo que no había registros de las fechas, lugares y asistentes de las mismas.

"‘La empresa’ está abierta a auditorías y tiene la total disposición de colaborar con cualquier entidad que desee revisar sus operaciones”, se informa.

Finalmente, el comunicado señala que los accionistas privados, es decir las familias Webb y Yudico, han tomado la decisión de iniciar el proceso de disolución y liquidación de la empresa.

Firma el boletín el contador público Jaime Trejo Ávila, funcionario del ISSEG actualmente y al mismo tiempo presidente del Consejo de Administración de GTO Leasing Services.

La empresa desaparece 6 años después de creada, en el inicio del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, sin haber siquiera presentado una página web funcional, pese a haberle vendido contratos multimillonarios de arrendamientos automotrices al gobierno estatal.

"Una estrategia para evadir el escrutinio público"

Después de que se diera a conocer la disolución de GTO Leasing, diversos sectores de la sociedad se han pronunciado ante la repentina noticia. Uno de ellos fue el grupo parlamentario de Morena, que, en un comunicado, señaló que el cierre de la arrendadora —impulsada por el actual secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, cuando este era presidente del ISSEG— resulta sospechoso, no solo por la forma en que se dio, sino también por el momento en que se anunció.

A continuación, el comunicado íntegro:

Ayer se informó que la empresa Guanajuato Leasing, creada por el gobierno panista para simular negocios y operar sin vigilancia, será liquidada. En morena no podemos quedarnos callados ante la forma en que pretenden cerrar: con la misma opacidad con la que nació, operó y fracasó.

Desde su origen denunciamos que Guanajuato Leasing fue una simulación. Una empresa creada con fondos de los pensionados del Estado pero para funcionar como privada, sin control alguno, sin transparencia y con decisiones que beneficiaban a unos cuantos. Hoy nos quieren hacer creer que con su liquidación se cierra también la responsabilidad. Pero no es así.

Este cierre no solo resulta sospechoso: es una estrategia para evadir el escrutinio público.
Lo decimos claro: Guanajuato Leasing debe ser auditada. Se debe revisar cada contrato, cada factura, cada arrendamiento inflado, cada decisión tomada desde la opacidad. No basta con apagar la luz y cerrar la puerta. Queremos saber cuánto se gastó, quién se benefició y qué se pretende ocultar con este cierre apresurado. Por lo anterior exigimos:

• Que se realice una auditoría integral a Guanajuato Leasing,

• Que se den a conocer las decisiones internas y las actas que las avalan

• Que se informe públicamente las condiciones de su liquidación,

• Y que se deslinden responsabilidades por los posibles actos de corrupción cometidos durante su operación.

  El cierre no borra los abusos. Y mientras no haya rendición de cuentas, este capítulo quedará abierto como otro ejemplo de corrupción y despilfarre de recursos públicos por parte de los gobiernos del PAN en Guanajuato.