Guanajuato Capital decidió ignorar las solicitudes de la federación para frenar la promoción de Coca-Cola durante las celebraciones decembrinas. Ni la recomendación de la Secretaría de Salud federal ni la orden del INAH para retirar un árbol navideño de la marca, instalado frente al Teatro Juárez, han sido atendidas por la presidencia municipal.

Mediante el oficio SPSBP-3584-2025, la Secretaría de Salud federal llamó a las autoridades municipales a tomar medidas para evitar la promoción indirecta de bebidas azucaradas durante eventos navideños.

En el documento, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, recordó que “el marco jurídico nacional protege expresamente el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, e instruye a todas las autoridades a garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes, evitando su exposición a prácticas publicitarias nocivas”.

A pesar de ello, la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, anunció que la Caravana Navideña de Coca-Cola se realizará el 9 de diciembre en la capital del estado.

El funcionario federal exhortó a los municipios a “analizar la pertinencia de restringir la autorización de eventos navideños que utilicen patrocinio de bebidas azucaradas con fines de promoción indirecta”.

Las caravanas contravienen la Ley General de Salud y su Reglamento en Materia de Publicidad, que prohíben el uso de personajes, animaciones, figuras infantiles, celebridades o elementos atractivos para niñas y niños en publicidad de productos que contienen sellos o leyendas de advertencia.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, la mercadotecnia de productos ultraprocesados vulnera los derechos de la infancia, pues “sus objetivos están orientados a las ganancias y no centrados en los infantes”, y la mayoría de los países no ha hecho lo suficiente para reducir esta exposición.

López Elizalde también pidió “valorar la coordinación con autoridades municipales para prevenir este tipo de actividades durante la temporada, protegiendo a la población infantil y evitando la normalización del consumo de productos que afectan su salud”.

En Guanajuato, la diabetes es la segunda causa de muerte, por encima de los homicidios. Tan solo el año pasado se registraron 6,124 fallecimientos por este padecimiento. El consumo de bebidas azucaradas está asociado a obesidad, caries, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, entre otras. Una investigación publicada por The Lancet reveló que el consumo de productos ultraprocesados está vinculado con al menos 12 enfermedades crónicas.

Asimismo, el subsecretario llamó a “promover alternativas comunitarias de celebración navideña, libres de marcas comerciales, que fortalezcan nuestras tradiciones y fomenten entornos saludables, en línea con las orientaciones nacionales de alimentación adecuada”.

En ciudades como Puebla, Villahermosa y Mexicali se cancelaron estos eventos. En los dos últimos municipios, las autoridades informaron que realizarán festejos similares, pero sin promover marcas que dañan la salud.

POPLab documentó que la realización de las caravanas consume recursos públicos: logística del evento, seguridad, personal operativo, servicios urbanos y recolección extraordinaria de basura corren a cargo de los municipios anfitriones, que superan los dos millones de pesos. Mientras que la refresquera pagó poco más de 3 mil pesos por permisos.

En el oficio federal se expresa la “extrañeza y preocupación” por la realización del evento, que consideran “una estrategia de mercadotecnia dirigida a niñas, niños y adolescentes bajo la apariencia de espectáculo festivo”.

Organizaciones de la sociedad civil han solicitado a los tres órdenes de gobierno impedir estos eventos y, en cambio, impulsar acciones que “garanticen el acceso a una alimentación adecuada y sostenible; visibilicen y generen conciencia respecto al exceso en el consumo de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados; y cuestionen hábitos normalizados que resultan nocivos para la salud y el medio ambiente”. Para ello han lanzado una petición pública en línea.

Ayuntamiento ignora orden del INAH

La mañana del 1 de diciembre sorprendió a los guanajuatenses la instalación de un enorme árbol navideño de Coca-Cola, decorado con esferas gigantes con el logotipo y botellas del refresco, frente al Teatro Juárez.

Al día siguiente, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia colocó sellos en la estructura con la leyenda “obra suspendida por violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”, ordenando retirarla en un plazo de 24 horas. El señalamiento se debe a que Guanajuato Capital es Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Sin embargo, la administración de Samantha Smith Gutiérrez ha desacatado el requerimiento y declaró a la prensa que el área jurídica ya analiza el asunto. Smith es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, cuyo objetivo es “conservar, difundir y promover los valores universales excepcionales” de estos centros históricos.

A pesar de ello, la presidencia municipal instaló también un árbol navideño decorado con botellas de tequila Corralejo en la Plaza de la Paz.

Samantha tomará protesta en enero como presidenta de la Asociación de Ciudades Patrimonio, fue “la única candidata” al cargo “debido a sus resultados en la preservación, promoción y gestión del patrimonio cultural de Guanajuato capital”, dice el comunicado del municipio, donde lo anunciaron

San Francisco, California, da el ejemplo

Mientras en ciudades como Guanajuato se privilegia la publicidad de refrescos y alcohol en espacios protegidos, San Francisco, California, está tomando el camino contrario. Esta semana, la ciudad presentó una demanda histórica contra diez de las mayores corporaciones de alimentos ultraprocesados —entre ellas Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Kellogg's y Kraft Heinz— acusándolas de diseñar productos adictivos, ocultar riesgos y detonar una crisis de salud pública que hoy cuesta miles de millones de dólares y miles de vidas.

El fiscal de la ciudad, David Chiu, sostuvo que estas empresas sabían desde hace décadas que sus productos dañaban la salud, pero continuaron creando versiones cada vez más adictivas, usando estrategias tomadas directamente del manual de las grandes tabacaleras: dirigir su publicidad a niñas, niños y comunidades de bajos ingresos, usando personajes animados, alianzas con jugueteras y campañas masivas diseñadas para inundar el entorno con productos nocivos.

La demanda también sostiene que la epidemia de enfermedades vinculadas al consumo de ultraprocesados —diabetes, cáncer colorrectal, enfermedades cardiovasculares y hepáticas— ha impuesto costos devastadores a los gobiernos locales. Por ello, la ciudad exige prohibir la mercadotecnia engañosa, reparar el daño y frenar prácticas corporativas que priorizan ganancias sobre vidas humanas.

Para las autoridades de San Francisco, esta acción legal es un mensaje contundente: la salud pública está por encima de cualquier interés comercial. Mientras en México algunos municipios permiten que empresas refresqueras ocupen el espacio público y promuevan productos dañinos bajo la apariencia de celebraciones navideñas, San Francisco sienta un precedente global de cómo los gobiernos pueden defender a su población y exigir responsabilidad a las corporaciones que han contribuido a una crisis sanitaria de escala mundial.