Ni contratos, ni presupuesto asignado, ni datos de compras, ni nada: en el ranking nacional de los estados que transparentan las adquisiciones hechas con recursos públicos destinadas a la contingencia por la pandemia del COVID-19, el gobierno de Guanajuato aparece en la lista negra.

“La opacidad es un riesgo adicional cuando se trata de contrataciones de emergencia”, dice el reporte hecho por Transparencia Internacional en México y Tojil, en alusión a las controversias surgidas por la compra de ventiladores a un hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Pero los alcances de esta alusión son mucho más amplios.

En contraste con el argumento que por escrito entregó al Comité de Participación Ciudadana y al Colectivo por la Libertad de Expresión (“En el Gobierno del Estado se privilegian las buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información”) las organizaciones evidencian la opacidad del gobierno estatal en la información que debe ser publicada sobre el gasto empleado en contrataciones y compras por la contingencia de salud.

Fotografía Gobierno del Estado

Transparencia Mexicana y Tojil publicaron que en los 67 días a partir de que se detectó el primer caso del nuevo coronavirus en el país y hasta el 4 de mayo, el gobierno de Guanajuato no ha publicado en su sitio web oficial información de las contrataciones vinculadas con la emergencia sanitaria: insumos, hospitales, obras, personal, etcétera.

El monitoreo aplicado por las dos organizaciones, denominado #SusanaVigilancia, tiene como propósito dar seguimiento a planes, programas, recursos y acciones para enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias e impactos en materia económica y en el ámbito social.

Transparencia Mexicana -la oficina de Transparencia internacional en México- realiza este monitoreo junto con Tojil, organización civil mexicana que se especializa en el análisis y definición de estrategias contra la impunidad.

“Este esfuerzo de sistematización a nivel nacional, establecido con el propósito de que los recursos para enfrentar la emergencia y sus consecuencias lleguen a las personas que realmente lo necesitan” es hecho con el apoyo de otras organizaciones civiles y del ámbito académico.

Otro objetivo del monitoreo es reconocer e identificar las buenas prácticas que pueden ser replicadas en el gobierno federal y los estados en materia de transparencia en esta emergencia de salud.

Este reporte nacional se dio a conocer un día después de que el Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato recibió del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y del secretario de salud Daniel Alberto Díaz Martínez dos oficios con la misma redacción de una respuesta a la solicitud expresa de que se ofrezcan conferencias de prensa diarias para informar e interactuar con periodistas y medios de comunicación sobre todos los detalles de las acciones de gobierno para afrontar la pandemia del coronavirus y sus impactos.

Fotografía del la cuenta de Twitter de Diego Sinhue Rodríguez

Para ambos funcionarios, la administración estatal “ha informado a las y los guanajuatenses de las acciones y esfuerzos realizados a fin de hacer frente a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19”.

Pero Transparencia Internacional en México y Tojil dicen lo contrario.

Solo cinco entidades transparentan compas

El reporte de #SusanaVigilancia con corte al 4 de mayo analizó los sitios web creados por el gobierno federal y de los 32 estados para informar sobre el COVID-19, y encontró que solamente en cinco entidades se incluyó información sobre contratos, adquisiciones y montos erogados.

Los cinco estados son: Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, que en conjunto han adquirido bienes y servicios por casi 5 mil millones de pesos.

“En contraste, 27 gobiernos estatales -entre ellos Guanajuato- y el gobierno federal aún no publican en sus sitios web oficiales sobre la pandemia la información de las contrataciones vinculadas con la emergencia sanitaria”, dice el reporte.

La Ciudad de México reporta adquisiciones y contratos por 2 mil 63 millones; el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco habría destinado al mismo objetivo casi 1,555 millones; Nuevo León informó de adquisiciones por 958 millones por la pandemia; en Sinaloa se han destinado casi 147 millones al mismo fin, mientras que en Sonora suman casi 228 millones de pesos los recursos aplicados en adquisiciones.

“Ambas organizaciones civiles reconocieron que los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora hayan iniciado ya con la difusión de las adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria”, casi todos en formatos accesibles como hojas de cálculo, salvo Nuevo León que lo hace en documentos PDF.

La invitación para el gobierno de Guanajuato y los otros que mantienen en la opacidad la información referida es “a que sigan esta buena práctica”.

De acuerdo con lo que se ha difundido ampliamente en anuncios publicitarios, visitas del gobernador y secretarios a algunos medios y las esporádicas ruedas de prensa sin acceso a preguntas directas, el gobierno estatal tendría que incluir en la página dedicada a la información sobre el coronavirus los datos de montos, contratos, compras de insumos, equipamiento (del Hospital Covid en León, por ejemplo); contratación de personal, créditos, operación de los mismos que ha hecho -o que ha anunciado- por la contingencia.

Claro que también hay peores: según el reporte de #SusanaVigilancia, en plena fase 3 los gobiernos de Campeche, Morelos y Tabasco 1 todavía no han habilitado un sitio que concentre la información relativa a la pandemia y su manejo.