La confirmación de que fue hallado sin vida y la entrega de los restos del reportero celayense Víctor Manuel Jiménez Campos a su familia lo convirtieron en el segundo periodista asesinado durante el sexenio del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Además de este saldo mortal para el ejercicio periodístico, ni la implementación de una Ley estatal de protección a personas defensoras y periodistas, ni el funcionamiento de un Mecanismo estatal ni las presiones, incluso en protestas masivas del gremio, han logrado frenar diversas agresiones ocurridas en el estado durante estos años.

Por el contrario, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y periodistas como Artículo 19 han documentado un aumento de agresiones, particularmente del 2015 al 2023, que provienen en su mayoría de funcionarios municipales y agentes de corporaciones policiacas.

Como en todo el país, las intimidaciones y el hostigamiento -incluso desde las más altas autoridades- es la forma más común de violencia contra la que se enfrentan las y los periodistas en Guanajuato.

El caso más reciente es el del alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, en contra de la reportera Ana Luz Solís, del medio News San Miguel, a quien el viernes 7 de junio -Día nacional de la Libertad de Expresión- Trejo violentó verbalmente e incitó a personas que lo acompañaban cuando celebraba su triunfo en la reelección a insultarla y al medio que representa.

Por antecedentes en este caso, y de manera pronta una vez que se hizo público el video de la más reciente agresión de Trejo, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación que se dio a conocer el miércoles 12, en la que se confirman las violaciones a derechos de la periodista Ana Luz Solís por parte del alcalde, pero al que sólo se le dictamina ofrecer una disculpa pública y ser investigado y sancionado administrativamente por el Ayuntamiento que él encabeza, además de que tome algunos cursos sobre derechos humanos de periodistas y sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Y a pesar de que instancias como la Fiscalía de Justicia del estado y su titular Carlos Zamarripa Aguirre, así como la Secretaría de Seguridad Pública y el titular Álvar Cabeza de Vaca son integrantes del Consejo estatal de protección de personas defensoras y periodistas, desde la instalación de este organismo encabezado por la Secretaría de Gobierno -en abril de 2019- ninguno de los dos funcionarios ha asistido una sola vez a las sesiones del mismo, mientras que la mayoría de las denuncias y carpetas de investigación por agresiones físicas o de otro tipo presentadas por periodistas permanecen sin ser resueltas por la FGE.

Por el contrario, la Fiscalía general de justicia ha estado involucrada incluso en la criminalización de periodistas, como lo consigna el Informe Anual 2023 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consigna la persecución ministerial en contra del periodista de POPLab Arnoldo Cuéllar.
En tanto que la Secretaría de Seguridad Pública incurrió en actuaciones arbitrarias en contra de personas defensoras y manifestaciones, como fue el caso de la represión contra familiares de personas desaparecidas, en su mayoría mujeres, algunas de las cuales fueron también detenidas y criminalizadas, acusadas de agredir a agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública estatal, las FSPE, en julio de 2020.
Lo mismo ha ocurrido con corporaciones municipales como las de León y Celaya; la Policía Leonesa actuó con uso excesivo de la fuerza contra periodistas durante una cobertura de una protesta feminista en agosto del 2020, mientras que la Policía de Celaya agredió y sometió con uso excesivo de fuerza a dos reporteros del portal digital Ágora de Celaya, en agosto de 2022.

El silencio pesa sobre Víctor

Este martes 11 de junio, los restos de Víctor Manuel eran velados en el mausoleo de la funeraria La Amistad, en Celaya, luego de lo cual su familia y sus amigos y compañeros lo llevarían a sepultar.

Víctor, a quien sus amigos llamaban “Gordo”, permaneció desaparecido durante tres años y ocho meses, desde el 1 de noviembre de 2020, cuando salió de su casa en Celaya con rumbo a la comunidad de Elguera, para acudir a un partido de béisbol que transmitiría en su página informativa.

No se sabe cuándo fueron localizados sus restos. No se sabe cuándo fue asesinado. No se sabe quién lo mató. Ninguna de estas preguntas tiene todavía respuesta de la Fiscalía general del estado o de su titular, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre. Por lo menos no las tiene para el gremio que desde diversos espacios y también en protestas exigió que fuera buscado y localizado con vida.

Se sabe que este lunes 10 de junio, algunos de sus compañeros reporteros de la “nota roja” en páginas digitales de Celaya publicaron que los restos de Víctor fueron localizados y que serían entregados a su familia.

Se sabe, por datos que la Fiscalía proporcionó a algunos reporteros que solicitaron información, que “este año”, sin una fecha, se recuperaron restos óseos de un pozo abandonado en la comunidad de Torrecillas, perteneciente a Villagrán, municipio vecino de Celaya.

Se sabe que la Fiscalía pudo recuperar los restos en condiciones para realizar una identificación forense, que confirmó la identidad del reportero.

Se sabe que informó de este hallazgo a su familia y que entregó sus restos.

Pasaron tres años y medio sin que Víctor Manuel fuera localizado, aunque por lo menos en dos ocasiones durante ese tiempo, el Fiscal Carlos Zamarripa habló de “avances significativos” en la investigación y búsqueda para dar con su paradero.

Víctor Manuel Jimenez Campos tenía 38 años cuando desapareció, y apenas poco más de tres años de ser reportero, principalmente de sucesos policiacos, abundantes todos los días en Celaya y la región Laja-Bajío.

“Luisito informa”, amigo de Víctor, publicó un resumen de la trayectoria del reportero, su paso por la página de Nota Roja de Celaya, después en Digital Noticias y finalmente en Rotativa Digital de Guanajuato, en un lapso de alrededor de cuatro años, desde 2017.

“Casi culminaba octubre del 2020 querido amigo cuando ya no respondías mis mensajes, ni llamadas, supe que ya no regresaste a casa y al momento no entiendo ni comprendo qué fue lo que pasó, después de eso pasaron 3 años y 8 meses sin saber de tu paradero”, escribió “Luisito informa” en su página de Facebook.

La ficha de búsqueda de Víctor precisa que fue visto por última vez el 1 de noviembre de 2020 en un campo de béisbol de la comunidad de Elguera, en Celaya. Luego de que no respondió mensajes y de preguntar en su entorno laboral y de amistades, su familia denunció la desaparición el 4 de noviembre ante las autoridades.

En una búsqueda que hicieron amigos y familiares por los terrenos de cultivo en la comunidad, encontraron ropa del reportero: su playera y uno de sus tenis, ambos manchados de sangre. No se supo nada más.

Unos pocos días después vendría otro hecho funesto para el gremio periodístico en Guanajuato: el 9 de noviembre fue asesinado en Salamanca Israel Vázquez Rangel, reportero de El Salmantino, cuando acudió a hacer la cobertura de un hecho delictivo en la avenida Salamanca 400 de esa ciudad.

Decenas de reporteros de diversos medios se unieron y protestaron ante la Fiscalía y el Palacio de Gobierno del estado, con dos exigencias: la localización de Víctor y el esclarecimiento del asesinato de Israel.

En el caso del asesinato de Israel, los dos autores materiales fueron detenidos, juzgados y sentenciados con penas de hasta 20 años de prisión, aunque sigue pendiente de aclarar y procesar a quien dio la orden o fue el autor intelectual.

En el caso de Víctor, no hay datos de la FGE sobre la investigación, que de iniciar como una carpeta por desaparición, se ha convertido en una indagatoria por homicidio, el asesinato de un segundo periodista en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En una negra coincidencia, el mismo martes 11, mientras se velaban los restos de Víctor, una mujer agente de la Policía Municipal de Celaya era asesinada en otro punto de la ciudad, cuando resguardaba una tienda de repostería en la colonia Zona de Oro II, en un ataque armado, otro más de la hasta ahora imparable embestida en contra de esa corporación.

Esta agente es la segunda mujer policía en morir asesinada en resguardo de ese mismo local en la colonia Zona de Oro II. Apenas el 8 de abril, otra policía murió en un ataque similar en ese negocio.

Un gremio acosado

La desaparición de Víctor Manuel y el asesinato de Israel, ambos ocurridos en noviembre del 2020, marcaron ese año por la gravedad de las agresiones contra periodistas, que se elevó al máximo.

Pero no ha sido el único año con ataques contra la prensa en Guanajuato.

Artículo 19 tiene un registro que inicia desde el año 2009 con seis agresiones contra periodistas; el número va variando y disminuye en algunos años. Pero a partir del 2015 hay un aumento más sostenido; ese año la organización documentó 13 agresiones, que van desde intimidaciones o amenazas de funcionarios, limitar la cobertura periodística, hasta agresiones físicas, robos y actuación arbitraria.

Para 2021 la organización documentó un total de 31 agresiones; en 2022 bajaron a 26, pero en 2023 contabilizó 38.

Por otra parte, el más reciente informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluye una revisión de la situación en 35 países del continente, en materia de periodismo y democracia; libertad de expresión, estado de derecho e institucionalidad democrática; libertad de expresión y lucha contra la discriminación y la exclusión y libertad de expresión e internet.

En principio, la RELE dijo observar con preocupación la persistencia de la violencia letal contra periodistas y comunicadores en México en el 2023, pues el país registró ese año, nuevamente, una de las cifras más altas de asesinatos en la región y en el mundo: al menos 7 periodistas y comunicadores fueron asesinados por motivos que pueden estar vinculados a su trabajo periodístico.

Pero a esto “se suman reportes de secuestros, amenazas, agresiones físicas y verbales, actos de intimidación y acoso judicial, señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de las más altas autoridades, así como ataques y campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación en el ámbito digital”.

En su informe de 2023, la Relatoría Especial también incluyó “la activación de procesos judiciales contra periodistas y comunicadores que reportan sobre asuntos de interés público”. Y citó un caso de Guanajuato con estas palabras:

“En marzo de 2023, la Fiscalía de Guanajuato y la Fiscalía de Nuevo León habrían dado trámite a una denuncia penal en contra del periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas, director del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (PopLab) por la supuesta comisión del delito de amenazas. Según la información disponible, la carpeta de investigación estaría sustentada en una denuncia iniciada por el Director de Inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León, Paul Cortez Suárez”.

Nota sobre el caso.

Pero no fue el único referente al estado. La Relatoría que encabeza Pedro Vaca también mencionó la detención ilegal, abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza en contra del periodista Ángel Baltasar Galindo, reportero del periódico El Sol de Bajío, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Celaya, el 28 de abril de 2023.

“Según información pública, luego del cubrimiento de una nota policiaca, agentes de policía se habrían acercado al vehículo del periodista con el fin de golpearlo. De acuerdo con la información reportada, los agentes habrían agredido físicamente al periodista durante dos horas y luego en el estacionamiento de la comandancia norte. Según el dictamen médico, el periodista sufrió una fractura de costilla y un esguince cervical de segundo grado como consecuencia de los golpes”.

El reportero dijo temer por su vida, puesto que recibió amenazas de muerte de los policías municipales involucrados. “Las autoridades informaron la apertura de una carpeta de investigación en asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

En ninguno de estos casos se ha sancionado a los responsables.