La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud para revisar la actuación de las autoridades estatales y federales por la presunta desaparición forzada del adolescente José Juan Arias Solís, ocurrida el 19 de junio del año pasado, y la posterior desaparición de su padre, Juan José Arias Corona, seis meses después, ambas en Valle de Santiago.

El organismo internacional emitió medidas cautelares para que se redoblen esfuerzos para localizarlos a ambos, se brinde protección a su familia y se esclarezca la posible participación de agentes de Fiscalía y Fuerzas Armadas en la desaparición del muchacho.

Actualmente, ambos casos son investigados por la Fiscalía General de la República, que ejerció su facultad de atracción y solicitó a la estatal las carpetas iniciadas a nivel local, y se encuentran radicadas en la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas. 

En su resolución, emitida el lunes 9 de marzo, la CIDH enumeró acciones de autoridades como la Fiscalía General de Guanajuato y la Guardia Nacional que han obstaculizado la debida investigación de la desaparición de padre e hijo, particularmente en el caso del adolescente, quien fue visto por última vez tras un operativo encabezado por la Fiscalía con participación de Fuerzas Armadas; estos últimos se lo llevaron del exterior de su casa en un vehículo oficial junto con su motocicleta, sin que desde entonces se conozca su paradero. 

Para la Comisión Interamericana, ambos casos ameritan las medidas cautelares debido a que se trata de situaciones de gravedad y urgencia, pues sus derechos a la vida e integridad personal “están en un daño irreparable” al no conocerse su paradero hasta la fecha y debido a que tampoco existe información que apunte al esclarecimiento de su desaparición. 

El organismo también consideró de gravedad y urgencia la situación del núcleo familiar de padre e hijo, compuesto por Marisela (madre del adolescente y esposa de Arias Corona, respectivamente), Laura (hermana e hija), así como otra persona menor de 18 años, por lo que señaló la necesidad de que las autoridades otorguen medidas de protección con enfoque de género y entendiendo el contexto de Marisela como buscadora. 

La familia había recibido medidas de protección exigidas primero desde el Juzgado IX de Distrito con sede en Irapuato y después de la emisión de una Acción urgente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, pero fueron revocadas en octubre de 2025.  

En lo que respecta a la atención a Marisela en su calidad de buscadora y, por ende, defensora de derechos humanos, se solicitó su ingreso al Mecanismo Federal de Personas Defensoras y Periodistas, el mismo que ha tenido comunicación con ella, pero no la ha incorporado a la fecha a pesar del riesgo que enfrenta. La CIDH ha requerido al gobierno para que corrija esta omisión y le reconozca su calidad de defensora y las medidas a que tiene derecho.

La familia ha sido hostigada e incluso recibió la visita de un hombre que les advirtió dejar de buscar al adolescente, así como se detectó una insistente presencia de agentes ministeriales en las inmediaciones de su casa, lo que se advierte como actos de intimidación.

La Guardia Nacional no respondió a varios requerimientos para entregar la lista de los elementos que participaron en el operativo del 19 de junio, del que derivó la desaparición de José Juan Arias Solís, así como las patrullas y las videograbaciones de las mismas, y fue hasta meses después cuando proporcionó datos, pero incompletos en el caso de las grabaciones y GPS de una de las unidades.

Los señalamientos evidencian una falta de exhaustividad de la Fiscalía General de Guanajuato en las acciones de búsqueda de José Juan, así como la tardanza en la entrega de grabaciones de video de cámaras de seguridad de las propias instalaciones del Ministerio Público en Valle de Santiago, requeridas incluso por la jueza IX de Distrito debido a la última ubicación detectada del teléfono celular del adolescente, en las inmediaciones de dicho edificio.

La Fiscalía del estado entregó videograbaciones incompletas y dañadas, según consigna la resolución de la CIDH. 

Ante este panorama, la CIDH planteó la necesidad de que autoridades federales y estatales responsables de la búsqueda de padre e hijo cuenten con un plan con resultados medibles, que incluya la participación de la familia y un enfoque de edad, debido a que Juan José Arias Solís es un adolescente y existen obligaciones internacionales que debe aplicar el Estado mexicano; que facilite la entrega inmediata de toda la información disponible que permita conocer el paradero de padre e hijo, y específicamente la que permita esclarecer la posible participación de agentes o fuerzas armadas. 

Las autoridades mexicanas deben informar a la CIDH en un plazo de 15 días sobre la implementación de las medidas recomendadas.

Trabas institucionales

Falta de coordinación, retrasos para responder con requerimientos, fallas en la videovigilancia, entrega de grabaciones incompletas: estas son algunas de las irregularidades en que incurrieron autoridades, las mismas que la Comisión Interamericana documentó a partir de la solicitud para emitir medidas cautelares por ambas desapariciones,  presentada por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato a principios de enero de este año.

“La Comisión resalta, por información disponible, que se han advertido trabas operativas respecto a las líneas de investigación orientadas a esclarecer la participación de fuerzas de seguridad estatales”, dice el documento.

En este punto, identifica que los informes requeridos a la Guardia Nacional para conocer las bitácoras de servicio y el personal desplegado sufrieron retrasos y esto ameritó multas por incumplimiento reiterado y culminaron con el informe de que una de las unidades involucradas en la zona no contaba con sistema GPS ni registro de grabación de radio; esto último fue notificado por la GN hasta mediados de septiembre pasado.

“La Comisión nota con preocupación la falta de acciones concretas de fiscalización, investigación exhaustiva o procedimientos administrativos internos eficaces dirigidos a esclarecer y sancionar la presunta participación de agentes militares y de la Guardia Nacional en la privación de libertad y posterior desaparición del adolescente”.

Y aunque se impusieron las multas a la GN por el incumplimiento reiterado, señala la CIDH, no se ha informado sobre la identificación o comparecencia de los altos mandos y de los más de 20 agentes que participaron en el operativo del 19 de junio en la casa de la familia Arias Solís. 

“Lo anterior -expone la CIDH- resulta de especial gravedad en la medida que es el Estado el que tiene en su poder y control exclusivo la información sobre los operativos de seguridad ejecutados en el país; lo que incluye, por ejemplo, qué agentes de las fuerzas de seguridad participaron en los operativos, en qué zonas se encontraban operando, así como los nombres de las personas involucradas de cada sector”. 

La falta de sanciones es todavía más grave ante las amenazas y actos de hostigamiento contra la familia a partir de las denuncias y las labores de búsqueda que realiza. 

En cuanto a las videograbaciones que se solicitaron como parte de los elementos que permitirían ubicar al adolescente, “se alertó que algunas cámaras en el área de los hechos no tenían enlace al centro de monitoreo. Por otro lado, la obtención de grabaciones se vio mermada por limitaciones técnicas, indicándose que el Ministerio Público Federal y la Fiscalía local recibieron de los departamentos encargados discos duros con videograbaciones incompletas o dañadas”.

Uno de estos materiales incompletos o dañados provino del propio resguardo de la Fiscalía de Guanajuato, que se tardó en entregarlas alegando que estaban en poder del Departamento de Seguridad Institucional de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y los remitió hasta el 30 de julio, más de un mes después de la desaparición. 

Por la información recabada por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU se encontraron también deficiencias en la implementación del plan de búsqueda. 

De hecho, la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por privación de la libertad del adolescente José Juan hasta el 4 de julio, más de dos semanas después de su desaparición, en la que no se dictaron medidas de protección para la familia y se optó por remitir la carpeta al Ministerio Público Federal por incompetencia. 

Los actos de intimidación también fueron referidos a detalle:

“El 18 de julio de 2025, un hombre se presentó en el taller donde trabaja Juan José Arias Corona para advertirle que debía “detener las acciones de búsqueda” o, de lo contrario, “se metería en problemas”. Se indicó también que agentes de la policía ministerial estarían visitando los alrededores del domicilio de forma seguida, generando un clima de intimidación y temor”.

Aunque después de esto la FGR otorgó medidas de protección a Juan José Arias Corona y Marisela Solís Figueroa, solo se trató de rondines policiacos, mismos que fueron insuficientes y no estaban vigentes el 28 de diciembre, cuando Arias Corona desapareció, debido a que el despacho judicial del Centro de Justicia Federal en Guanajuato las archivó el 30 de octubre. 

El 3 de enero de 2026, el Comité de la ONU decretó una nueva Acción Urgente (la 2211/2026), esta vez por la desaparición de Juan José Arias Corona, y subrayó que esta ocurrió en un contexto marcado por la desaparición previa de su hijo y por las acciones emprendidas para denunciar dicha desaparición y para localizarlo, así como con actos de intimidación y amenazas.

A pesar de todo esto, la FGR informó a la CIDH que no tiene datos que indiquen la participación de autoridades en las desapariciones, que no se reportaron amenazas, que no tiene conocimiento de algún operativo para identificar y entrevistar a los agentes que participaron en el presunto cateo del 19 de junio en la casa de la familia Arias Solís y que “de la información recabada se presumiría que podría estar involucrado un grupo de la delincuencia organizada”. 

La FGR “recibió más de 100 horas de grabaciones por parte de C4 de Valle de Santiago y Abasolo, de cuyos análisis al día de la fecha no se ha obtenido información positiva de avistamiento del propuesto beneficiario” (José Juan Arias Solís). 

Por otra parte, en enero se realizaron acciones de búsqueda en diversos puntos de interés en Valle de Santiago y en otros puntos y rutas de búsqueda, sin resultados positivos.

Pasos a seguir

Ante la resolución de la CIDH, la Plataforma por la Paz y la Justicia y Tejiendo Redes Infancia, organizaciones que han acompañado a la familia Arias Solís, demandaron:

Que las comisiones nacional y estatal de búsqueda establezcan un plan integral de búsqueda e investigación, con coordinación de todas las instancias involucradas; 

Que el Juzgado IX de Distrito y el Órgano de Administración Judicial atiendan las solicitudes para crear una comisión especial de búsqueda para localizar a padre e hijo;

Que la FGR  sancione a los agentes de GN y otros que participaron en la desaparición forzada del adolescente José Juan y que investigue si la desaparición de su padre tuvo apoyo o complicidad de agentes del Estado, y

Que el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorpore y proteja a Marisela y a su núcleo familiar.