Mira la videonota completa aquí.

Un litigio entre los familiares de un hombre que falleció tras ser arrollado por una unidad del transporte público en León y la empresa propietaria del camión, GARMEX de León, ha dejado al descubierto que la concesionaria no formaba parte del fideicomiso creado por el gobierno municipal para garantizar apoyos económicos inmediatos a víctimas de accidentes, irregularidad que complicó la exigencia de responsabilidades tras la muerte de la víctima.

El 9 de febrero de 2023, Eulalio Castillo Estrada, ciclista y trabajador, falleció tras ser arrollado por una unidad del transporte público en el cruce del Eje Metropolitano y la calle Almandino, en la colonia Hacienda Los Otates, en León. El camión, correspondiente a la ruta A-89 y operado por la empresa GARMEX de León, lo impactó cuando se dirigía a su trabajo; Eulalio falleció horas después a causa de las lesiones.

Tras el accidente, la familia de la víctima enfrentó no sólo la pérdida, sino también la negativa de GARMEX y del Sistema Integrado de Transporte (SIT) a asumir responsabilidad. De acuerdo con los padres, lejos de ofrecer apoyo, los representantes de la empresa hicieron el proceso legal largo y desgastante, e incluso en las primeras etapas intentaron deslindarse de los hechos y exigir el pago de los supuestos daños ocasionados a la unidad de transporte.

El litigio por la muerte de Eulalio dejó al descubierto fallas administrativas u omisiones en las concesiones del transporte público en León, particularmente la exclusión de una empresa del fideicomiso municipal que debería garantizar apoyo económico inmediato a las víctimas de accidentes, por lo que GARMEX no estaba obligada legalmente a hacerse responsable de los gastos.

Trans León 2000 S.C. de R.L., empresa que previamente operaba la estación Delta y sus unidades, realizó la cesión a GARMEX de León, SAPI de C.V., a la que posteriormente se le otorgó una “transmisión gratuita” de los derechos de la concesión del transporte público, misma que fue aprobada y firmada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y el secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona, el 20 de diciembre de 2021. Sin embargo, no fue sino hasta el 19 de julio de 2023 cuando GARMEX se integró formalmente al Fideicomiso para la Modernización del Transporte Urbano de León (creado para respaldar financieramente el sistema de transporte público desde el municipio), mediante el dictamen del Ayuntamiento que autorizó el Quinto Convenio Modificatorio, lo que implica que durante más de un año y medio la empresa operó fuera del convenio, en una zona administrativa gris y sin estar sujeta a las obligaciones del fideicomiso, aunque el gobierno municipal afirma que la empresa siempre estuvo en el fideicomiso.

Es por ello que Banco del Bajío, institución encargada de administrar el fideicomiso del transporte público de León, se deslindó del caso de Eulalio Castillo Estrada mediante un escrito formal, en el que aclaró que GARMEX de León no formaba parte del fideicomiso al momento del atropellamiento. 

En el documento, el banco precisó que la empresa se integró hasta meses después, tras la firma de los convenios modificatorios, por lo que en la fecha del accidente no tenía derechos ni obligaciones dentro del fideicomiso, quedando fuera de cualquier apoyo o cobertura derivada de dicho mecanismo.

La documentación oficial de la escisión también revela operaciones que refuerzan los señalamientos sobre posibles irregularidades en el esquema de concesión. De acuerdo con los registros, Trans León 2000 facturó las unidades de transporte a GARMEX de León por un valor simbólico de un peso, pese a que se trataba de camiones operativos con un valor real considerable.

GARMEX fue constituida con un capital social que alcanza los 2 mil millones de pesos, y aparece formalmente como propietaria de estaciones estratégicas del sistema de transporte, como Delta y San Juan Bosco, lo que muestra que la empresa contaba con una posición patrimonial sólida desde su origen, aun cuando permaneció fuera del fideicomiso municipal destinado a garantizar apoyo económico a víctimas de accidentes viales.

“Era un chavo trabajador”

Para los padres de Eulalio, la pérdida va más allá de cifras y resoluciones judiciales. En entrevista, recuerdan a su hijo como un joven trabajador, responsable y dedicado, que salía todos los días a ganarse la vida y que nunca regresó a casa.

Desde que comenzó el proceso legal, los representantes de GARMEX y del SIT se han negado a asumir responsabilidad por la muerte de Eulalio Castillo Estrada. Lejos de facilitar el acceso a la justicia, la familia señala que el procedimiento se volvió deliberadamente largo y desgastante, convirtiéndose en una carga emocional y física para los padres del joven.

Incluso, señalan, en las primeras etapas del caso no solo se negaron a reconocer su responsabilidad por la muerte del ciclista, sino que llegaron a exigirles el pago de los supuestos daños ocasionados al camión de transporte público, una exigencia que para la familia simbolizó el trato insensible y revictimizante que enfrentaron durante todo el proceso.

Esteban Castillo, padre de Eulalio, padece pie diabético y asegura que su enfermedad se agravó a partir del fallecimiento de su hijo y, sobre todo, con el inicio del proceso judicial. “Yo no estaba tan enfermo, pero el pesar, la ansiedad, el estrés y extrañar a mi hijo se fue agravando”, relata. Explica que su hijo llevaba una vida sana: no bebía, no fumaba y no tenía ningún vicio.

Los padres recuerdan a Eulalio como un joven trabajador y solidario, siempre dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban en su comunidad. Además, era el principal sostén económico de la familia, ya que por su edad ellos ya casi no pueden trabajar. “Él nos sacaba a pasear, a conocer y a comer para pasar el rato en familia”, cuenta su madre, Juana Estrada.

La sentencia

En sentencia, el tribunal condenó al responsable a cuatro años de prisión, dos por el delito de homicidio y dos más por daños, en concurso ideal, además de ordenar el pago de una reparación integral del daño que incluye 36 mil 933 pesos por gastos funerarios, 518 mil 700 pesos por indemnización por muerte —equivalentes a 5 mil UMAs—, tratamiento psicológico para los padres de la víctima, con 44 mil 200 pesos para el padre y 36 mil 550 pesos para la madre, así como el pago de mil 100 pesos por los daños a la bicicleta. 

No obstante, la resolución no se encuentra firme, ya que fue apelada por las partes: por un lado, La defensa legal, que representa tanto al SIT como a GARMEX, impugnó la sentencia al sostener que el ciclista no portaba chaleco antirreflejante, entre otros argumentos; por otro, la familia de la víctima también apeló al considerar que la jueza no cuantificó el daño moral y que la indemnización debió calcularse con base en el salario acreditado del fallecido, lo que correspondería a cinco mil salarios y no a cinco mil UMAs.

Tras el fallo, la licenciada Laura Diana Orozco Marín, representante legal de la familia, señaló que hoy “peatones, ciclistas y usuarios del transporte público están prácticamente desprotegidos”, y sostuvo que el caso de GARMEX de León evidencia cómo algunas concesionarias evaden su responsabilidad. Añadió que el municipio debe reforzar la vigilancia sobre las concesiones, verificar que cumplan con sus obligaciones legales y aplicar sanciones y multas cuando existan irregularidades.

También reprochó que la empresa haya optado por prolongar el litigio en lugar de asumir una indemnización mínima, subrayando que este caso debe marcar un precedente y garantizar que estos actos no se repitan.

La posición oficial del Municipio 

La Dirección General de Movilidad del Municipio de León fue consultada sobre este caso y, en una respuesta oficial, afirmó que ha atendido de manera puntual y oportuna todos los requerimientos formulados por las autoridades, proporcionando la información y documentación que obra en sus registros, dentro del ámbito de sus atribuciones administrativas.

La dependencia señaló que el servicio público de transporte urbano se presta mediante títulos de concesión otorgados conforme a la normatividad vigente y que, en este caso específico, la información correspondiente fue remitida a la autoridad investigadora cuando así fue solicitada.

Movilidad aseguró contar con constancia documental de que la unidad involucrada se encontraba incorporada, al momento de los hechos, al Fondo de Responsabilidad correspondiente, el cual —indicó— se mantiene vigente conforme a los acuerdos tarifarios aplicables. Esta afirmación contrasta con lo expresado previamente por Banco del Bajío, institución fiduciaria, que en un escrito formal se deslindó del caso al señalar que GARMEX no formaba parte del fideicomiso, evidenciando versiones encontradas entre las instancias involucradas.

Asimismo, la Dirección General de Movilidad sostuvo que realiza de manera permanente acciones de seguimiento, evaluación y control de las concesiones del transporte público y que, cuando se detectan irregularidades administrativas, se actúa conforme a los procedimientos establecidos. Sin embargo, en su posicionamiento no se detallan medidas concretas adoptadas frente a este caso ni sanciones derivadas de las irregularidades señaladas.

Finalmente, la dependencia subrayó que el asunto se encuentra en el ámbito de investigación y resolución de las autoridades competentes, y reiteró su disposición para colaborar institucionalmente, sin aclarar cómo se resolverán las contradicciones existentes sobre la cobertura real del fondo ni las responsabilidades de la empresa concesionaria.

Mientras autoridades y empresas sostienen versiones distintas sobre el caso, la familia de la víctima continúa sin una respuesta definitiva. A pesar de la sentencia y de los procesos legales en curso, la reparación integral y el acceso pleno a la justicia siguen pendientes.