La organización Silaoenses Unidos Contra la Corrupción denunció públicamente presuntas irregularidades en torno a la casa de campo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, ubicada en el ejido Baños de Agua Caliente, en el municipio de Silao.

Entre los señalamientos destacan la construcción en una zona de conservación ecológica, el pago de 413 pesos de impuesto predial por una propiedad valuada en 8.9 millones de pesos y cuestionamientos sobre la forma en que se financió la construcción de la finca en un periodo de dos años.

En conferencia de prensa, Rogelio Santoyo Guevara, integrante de la organización, informó que, a partir de documentos obtenidos vía transparencia, se identificaron permisos de construcción emitidos por el gobierno municipal de Silao desde 2024 con uso de suelo habitacional. No obstante, aseguró que el predio está catalogado como zona de reserva y preservación ecológica, y que no se localizaron documentos que acrediten un cambio formal de uso de suelo.

Añadió que, según la escritura pública de la propiedad, el terreno mantiene el uso de suelo de preservación ecológica.

En respuesta al señalamiento del uso de suelo, el gobierno del estado respondió lo siguiente:

“En cuanto al uso de suelo y clasificación territorial, el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato distingue entre la determinación urbanística aprobada por el Ayuntamiento y la valoración catastral para efectos fiscales. Son procedimientos distintos, con autoridades distintas y efectos jurídicos distintos. Equipararlos conduce inevitablemente a conclusiones erróneas”.

La existencia de la casa de campo fue dada a conocer públicamente a finales de septiembre del año pasado, cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó un reportaje sobre esta propiedad y otra ubicada a unos 400 metros, perteneciente al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

De acuerdo con la investigación periodística, ambos adquirieron terrenos en Comanjilla, zona caracterizada por sus aguas termales, a precios por debajo del valor comercial estimado.

El exgobernador compró en 2016 alrededor de 1.4 hectáreas por 380 mil pesos (aproximadamente 19 pesos por metro cuadrado), mientras que la entonces secretaria de Gobierno adquirió en enero de 2023 más de dos hectáreas por 4 millones de pesos (cerca de 200 pesos por metro cuadrado). El valor de mercado en la zona se calcula en al menos 500 pesos por metro cuadrado.

Tras la publicación del reportaje, que estimó el valor de la finca en 10 millones de pesos, la gobernadora se comprometió a difundir un avalúo. En octubre presentó una valoración comercial elaborada por el arquitecto Miguel Ángel León Ramírez, que fijó el precio en 8.9 millones de pesos. Sin embargo, según la organización denunciante, el avalúo no incluyó dos canchas deportivas, una alberca techada ni un área de recreación infantil con las que cuenta la propiedad.

Pese a que el avalúo estableció un valor comercial de 8.9 millones de pesos para 2025, ese año Libia García Muñoz Ledo pagó 413 pesos de impuesto predial al municipio de Silao.

Mientras tanto, según datos difundidos por la organización, el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez pagó el año pasado 1,572 pesos de predial por su rancho, el cual cuenta con cabaña, caballerizas, corrales, bodegas, sembradíos y alberca.

Rogelio Santoyo también cuestionó la congruencia entre los ingresos reportados por la gobernadora y la inversión realizada en la finca.

Señaló que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, entre 2020 y 2024 Libia García reportó ingresos por 7.7 millones de pesos. En 2023 adquirió el terreno por 4 millones de pesos, 3 millones mediante un crédito del ISSEG, y, además, realizó inversiones en la construcción, compró otro terreno y un vehículo, y cubrió sus gastos personales.

Santoyo sostuvo que las cifras no resultan consistentes, especialmente porque en 2024, el año en que, según los permisos municipales, inició la construcción, la entonces candidata reportó ingresos por 619 mil pesos debido a que se encontraba en campaña.

Anuncian denuncias y paseos por las fincas

Previo a hacer públicas las presuntas irregularidades, la organización envió un cuestionario a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo con el fin de solicitar su postura y aclaraciones. El documento fue recibido el 3 de febrero, pero a dos semanas no han recibido respuesta.

Rogelio Santoyo Guevara hizo un llamado a la mandataria estatal para que explique públicamente cómo se autorizó el cambio de uso de suelo del predio, de qué manera se financió la construcción de la finca y por qué el pago del impuesto predial en 2025 fue de 413 pesos.

El activista adelantó que presentarán denuncias ante instancias fiscalizadoras, aunque reconoció que no tienen expectativas de que prosperen.

“Vamos a ver qué acciones toman para dar carpetazo con toda la evidencia. Sabemos y estamos conscientes de que las instancias dependen de la gobernadora; no esperamos que pase absolutamente nada. Sin embargo, nuestra obligación como ciudadanos la vamos a cumplir: vamos a presentar las denuncias”, expresó.

Detalló que un equipo jurídico prepara recursos ante la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Honestidad, el Sistema Estatal Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado.

Santoyo Guevara añadió que, una vez interpuestas las denuncias, la organización prevé instalar “mesas informativas” en municipios del corredor industrial, con el objetivo de exhibir ante la ciudadanía los documentos que, aseguran, respaldan las presuntas irregularidades relacionadas con la casa de campo de la gobernadora.

También contemplan realizar recorridos abiertos al público para mostrar, desde el exterior, la propiedad atribuida a Libia García y la del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El representante del movimiento expresó también su preocupación por su integridad y la de los integrantes de la organización.

“Corremos riesgos y lo sabemos. No cualquiera se atreve a denunciar presunta corrupción o a exigir que se aclaren este tipo de irregularidades en la adquisición de una propiedad. Vamos a tocar intereses económicos de personas cercanas a la gobernadora; por eso la hago directamente responsable si algo llega a pasarnos”, advirtió.

Activista cuestionado

A la conferencia de prensa convocada por la organización llegaron representantes de tres medios de comunicación (POPLab, am y Grupo Informativo Punto Medio), pero también estuvieron otras dos personas que, al terminar la exposición, cuestionaron a Santoyo sobre la declaración patrimonial que él presentó cuando fue funcionario en el municipio de Silao, en la que no incluyó una propiedad. El representante de la organización respondió que no la reportó cuando fue funcionario porque se trata de una propiedad que heredó después de trabajar en el gobierno municipal. La reportera incluso sacó de entre sus apuntes unos documentos para encarar a Rogelio Santoyo.

Luego, otro hombre cuestionó al exsecretario de Ayuntamiento de Silao durante el trienio del morenista Carlos García si le parecía ético recibir una liquidación de más de 200 mil pesos del “municipio de León”. Rogelio Santoyo respondió que él no trabajó para el gobierno de León y, como lo hizo la primera reportera, sacó documentos sobre la liquidación, pero no se trataba de un finiquito otorgado por la administración de León, sino de Silao. La respuesta fue que la estimación de la liquidación correspondió a Recursos Humanos. 

Ambos insistieron en conocer cuándo ofrecería la siguiente rueda de prensa, pues durante el encuentro de este martes Santoyo adelantó que presentará más documentos que vinculan a la familia de la gobernadora con presuntos actos de corrupción.

El activista también fue funcionario en la administración estatal de Diego Sinhue Rodríguez, donde ocupó un cargo en la Subsecretaría de Atención a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de Froylán Salas. De esa posición salió antes de concluir el gobierno anterior. Fuentes del gobierno del estado informan que hay una diferencia por el finiquito del exfuncionario que se encuentra actualmente en litigio, lo que Santoyo reconoció.

La respuesta de la gobernadora

A la gobernadora, a través del área de Comunicación Social, se le pidió una postura sobre las denuncias públicas de Silaoenses Unidos Contra la Corrupción. 

POPLab pidió la postura sobre cuatro puntos: ¿por qué el pago de 413 pesos de una propiedad con valor comercial de 8.9 millones de pesos? ¿Cómo cubrió el costo de la construcción de la finca, tras los dichos de la organización sobre sus ingresos de 7.7 millones de pesos en los últimos cinco años? Sobre el uso de suelo ¿tiene documentación que acredite la autorización del cambio de uso de suelo para pasar de zona de conservación a habitacional?, y con respecto al cuestionario que hizo llegar la organización a la gobernadora, según oficios presentados, ¿habrá respuesta pública del mismo?. 

La respuesta íntegra es la siguiente: 

Frente a los cuestionamientos difundidos recientemente por un ciudadano, es indispensable realizar una precisión técnica de fondo que trasciende este caso concreto y aplica a cualquier análisis patrimonial en el servicio público.

Las referidas afirmaciones parten de una confusión entre figuras jurídicas que, en términos normativos, tienen naturaleza y efectos distintos: precio de adquisición, avalúo comercial y valor catastral; uso de suelo y clasificación catastral; flujo anual de ingresos y situación patrimonial integral; así como entre la solicitud de un trámite y la actualización administrativa formal ante la autoridad competente.

Desde el punto de vista jurídico-administrativo:

• El precio de adquisición es el monto pactado y formalizado en escritura pública.

• El avalúo comercial es una estimación técnica de mercado en una fecha determinada, que puede variar conforme a mejoras, infraestructura o condiciones del entorno, que puede servir como referencia para fijar el valor de adquisición.

• El valor catastral es una determinación administrativa realizada por la autoridad municipal para efectos fiscales.

Conforme a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, el impuesto predial se calcula sobre el valor catastral vigente, no sobre avalúos comerciales. Por tanto, comparar el monto del predial con un avalúo comercial posterior constituye una premisa técnicamente incorrecta. Bajo la técnica tributaria, el gravamen se calcula aplicando la tasa aprobada en la Ley de Ingresos Municipal sobre el valor catastral vigente al momento de la causación. Si las construcciones están en proceso, no han sido concluidas o no se ha emitido la constancia administrativa de terminación de obra, la autoridad municipal mantiene el valor catastral del terreno en su clasificación original. El contribuyente cumple con su obligación al pagar el monto determinado y liquidado por la Hacienda Municipal, el cual no es modificable de forma unilateral por el particular.

En materia patrimonial, la Ley de Responsabilidades Administrativas establece con claridad que las declaraciones deben reflejar adquisiciones y modificaciones conforme al ejercicio correspondiente, distinguiendo entre declaración inicial y modificaciones. Estas declaraciones no son estados de flujo anual de ingresos, sino instrumentos de control patrimonial que reportan bienes, adeudos y variaciones conforme a reglas específicas.

En cuanto al uso de suelo y clasificación territorial, el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato distingue entre la determinación urbanística aprobada por el Ayuntamiento y la valoración catastral para efectos fiscales. Son procedimientos distintos, con autoridades distintas y efectos jurídicos distintos. Equipararlos conduce inevitablemente a conclusiones erróneas.

En el ámbito administrativo, las valoraciones no se construyen sobre percepciones ni inferencias externas, sino sobre actos formales de autoridad: escrituras públicas, avalúos bancarios, constancias administrativas, registros catastrales y declaraciones presentadas ante órganos competentes.

Plantear interrogantes a partir de premisas técnicamente equivocadas no constituye evidencia de irregularidad.

La discusión pública es legítima y saludable en una democracia. Sin embargo, cuando se abordan temas jurídicos y patrimoniales, el análisis debe realizarse con rigor conceptual, precisión normativa y respeto a los procedimientos establecidos en la ley.