El 27 de mayo de 2020 se publicó la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, 7 años después de la aprobación de la Ley General en la materia, producto del paquete legislativo que desde el año pasado el Congreso de Guanajuato se propuso aprobar para garantizar los derechos de las víctimas y de las personas desaparecidas. Ley para la Búsqueda, Ley de Víctimas y la de Declaración Especial de Ausencia (pendiente todavía), constituyen este paquete que casi se ha completado.

Al igual que la General, la Ley estatal tiene por objeto “garantizar el goce y ejercicio de los derechos a la víctima, así como las medidas de atención, protección, apoyo y reparación integral que les reconoce el Estado, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, los tratados internacionales y la Ley General”. La defensa y protección de las víctimas, sus derechos a la ayuda, asistencia y reparación integral, así como a recibir de manera inmediata atención en materia de salud, educación y asistencia social, se incluyen en el artículo primero de la Ley estatal.

Hay que recordar que el 11 de mayo, un día antes de su aprobación en la sesión del pleno del Congreso y en plena contingencia por la pandemia del coronavirus, el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” presentaron una carta exigiendo que se detuviera la aprobación de la iniciativa debido a que no incluía un Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas. “No es posible impulsar una política de atención integral a víctimas sin el involucramiento y la coordinación de todas las instituciones públicas a nivel estatal, municipal y federal”, señalaban. Siempre un riesgo de simulación con el gobierno panista de Guanajuato, como en este caso, minando un elemento fundamental de la Ley: la coordinación entre el estado y la federación, así como el estado y los municipios.

En este sentido, el nombramiento de Jaime Rochín como primer Presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en Guanajuato (CEAIV) se da en un momento crítico en la entidad: la simulación del gobierno estatal es insostenible y se requiere una respuesta institucional sólida, además, la violencia en la entidad está imparable, al grado que académicos como Saúl Arellano han señalado que “Guanajuato es el camposanto más grande de México”, debido a los homicidios dolosos que han crecido exponencialmente desde hace 5 años.

El universo de atención de la naciente CEAIV tendrá que incluir a las víctimas de homicidios, de feminicidios, de desaparición de personas, e incluso a víctimas indirectas de casos de ejecución extrajudicial. Una de las acciones principales debe ser instalar un área de Asesoría Jurídica Gratuita que sea sólida y que ofrezca servicios de manera independiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que hay que decir, será uno de los principales obstáculos para el trabajo de la Comisión.

Y es que desde el inicio de la discusión legislativa quedó muy claro que la Fiscalía no iba a dejar tan fácilmente el Fondo de 40 millones de reparaciones que había utilizado discrecionalmente. Zamarripa tampoco estará contento con las plazas administrativas que tendrá que liberar para que la CEAIV funcione, pero quizá el reto más importante será contener los malos tratos y la revictimización que tanto las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos enfrentan por parte de la institución dirigida por Carlos Zamarripa.

Mención aparte requiere la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) que se caracteriza por un muy bajo estándar en términos de la reparación del daño y la atención a víctimas. O los municipios que han establecido en algunos casos lo que denominan “Centros de atención a víctimas”, sin respetar los principios establecidos en la Ley General de Víctimas, en términos de modelos de atención y de reparación del daño.

Veremos cuál es el compromiso real con la atención a víctimas del Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, porque hasta ahora la Secretaría de Gobierno ha seguido pautas discrecionales en la atención a víctimas indirectas de desaparición, sin establecer lineamientos institucionales homogéneos para todos los Colectivos.

El reto es grande. Rochín se ha comprometido expresamente con las familias de personas desaparecidas. Estaremos vigilantes de que cumpla este compromiso.