Los terrenos particulares en los que se encuentra el camino de Los Mexicanos abarca 33 hectáreas del territorio del Área Natural Protegida de la Cuenca de la Esperanza, sostienen integrantes del Colectivo Multidisciplinario Bufa, quienes han solicitado a las autoridades estatales hacer prevalecer el bien superior y el interés público de este espacio. Informaron que también han enterado del asunto a autoridades ambientales a nivel federal. 

“Nuestro peritaje indica que hay hectáreas de traslape que corresponden al Área Natural Protegida, administrada por el estado, lo que quiere decir que se están metiendo a tu casa y no dices absolutamente nada”, expresó Javier Francisco Esparza, integrante del colectivo y consultor ambiental.

Ambientalistas agrupados en el colectivo —que también promueve la preservación de los cerros del Hormiguero, La Bufa y Los Picachos— aseguran que la obstrucción del camino afecta a cinco localidades que, en conjunto, suman poco más de mil 600 habitantes en la Sierra de Santa Rosa: Cañada de las Flores, Monte de San Nicolás, Mineral de Peregrina, Santa Rosa de Lima y Hacienda Arriba.

Además, denunciaron que existe la intención de promover un proyecto cinegético —es decir, de caza de especies en áreas específicas con fines de aprovechamiento—, aunque, de acuerdo con la organización Arborescencia Regenerativa, en la zona se pretende realizar labores de restauración ecológica, que incluyen la plantación de 10 mil árboles de especies nativas.

Integrantes del Colectivo Multidisciplinario Bufa dieron a conocer en rueda de prensa un mapeo realizado, en el que proyectaron tres problemáticas ambientales y territoriales que actualmente afectan a la ciudad: el bloqueo del camino Los Mexicanos, la declaratoria pendiente del Área Natural Protegida de La Bufa y el proyecto de construcción de una vialidad que atravesaría esta misma zona.

Explicaron que, para dar seguimiento a estos temas, se han reunido con autoridades del Gobierno del Estado, concretamente con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y la Secretaría de Gobierno. Además, esperan una reunión con el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado (IPLANEG), instancia que actualmente se encuentra en la fase de revisión del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET) 2050. Detallaron que su petición es la declaratoria del área de La Bufa como zona protegida y la conservación del camino de Los Mexicanos.

Sobre este particular, el consultor y activista Javier Esparza explicó que, en una revisión realizada por el colectivo, se mapeó un traslape de 33 hectáreas sobre el Área Natural Protegida de la Cuenca de la Esperanza, sitio administrado por el Gobierno del Estado. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, el bloqueo afecta a cinco comunidades y a más de mil 600 habitantes, además de deportistas y familias que utilizan el espacio público para entrenar y ejercitarse; con ellos, la población afectada podría superar las mil 800 personas.

Esparza señaló tener conocimiento de la intención de los propietarios del predio de impulsar un proyecto de cacería, aunque, a través de una organización asesora, la familia Webb ha asegurado que su propósito es el rescate ecológico de esta zona de la sierra.

El tema ya fue presentado a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y a Pedro Álvarez-Icaza Longoria, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante un oficio entregado por el biólogo Roberto Aviña, pues además han surgido irregularidades en el proceso de rectificación de los terrenos en esta zona, estos documentando por la activista y ex regidora Paloma Robles Lacayo, quien acusó omisiones por parte de autoridades estatales, municipales y del propio fedatario público.

Crece el predio y la autoridad lo avala

Mientras tanto, las rejas y zanjas permanecen gracias a un amparo promovido por la familia Webb, propietaria del predio en el que se encuentra. Han surgido detalles e irregularidades sobre el proceso de compraventa, el uso del predio, su costo y la rectificación de la propiedad, en procesos en los que también está involucrado el notario Andrés Guardado Santoyo, esposo de la síndica Adriana Ramírez Valderrama.

Entre las anomalías detectadas en la escritura 6667, la activista Paloma Robles Lacayo denunció la transcripción de documentos municipales, uno de ellos emitido por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, en el que se señala que el predio, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, tiene uso habitacional, aunque el programa de desarrollo vigente reconoce esta área como zona de conservación.

“Esto lo vuelve significativo porque no sabemos con qué documento o con qué instrumento de planeación territorial es compatible, cuando se trata del corazón de la sierra, y son nada menos que 316 hectáreas”, explicó en entrevista Robles Lacayo.

Otra irregularidad identificada fue el aumento desmesurado de la superficie del predio en tan solo dos semanas. Justo antes de la compraventa, el notario Andrés Guardado Santoyo- quien escrituró la propiedad- también auxilió al dueño original del terreno, Amado Carrillo Hernández para realizar una rectificación del acta de la propiedad, mediante la cual el predio pasó de tener una extensión de 251 a 316 hectáreas.

“La propiedad fue adquirida originalmente en 1974, según la escritura 4816 del 29 de abril. Ahí se establece una superficie de 251 hectáreas y se señalan las colindancias. Sin embargo, por alguna razón, quien era entonces el propietario determinó la necesidad de llevar a cabo una rectificación. Pero digo que ocurre mágicamente la ampliación porque, de 251 hectáreas, crece a 316; es decir, se incrementa en un 26% la superficie, pese a que el artículo 20 del Reglamento de la Ley del Registro Público del Estado establece que estas ampliaciones sólo deben abarcar el 10% en terrenos urbanos y el 15% en el caso de predios rústicos”, explicó.

El reglamento señala específicamente que “cuando haya diferencia entre los datos del registro y los del título o documento que se pretenda inscribir, el interesado estará obligado a subsanar, corregir o justificar la misma. Cuando exista discrepancia entre el inmueble inscrito y el testimonio a inscribir, en cuanto a su superficie, procederá por única ocasión la inscripción del mismo si este no se incrementa o disminuye hasta en un 10 % tratándose de inmuebles urbanos, o hasta en un 15 % tratándose de inmuebles rústicos”.

La norma también indica que, en todos los casos, el registrador o abogado calificador deberá apoyarse en el avalúo que forme parte del testimonio y que esté debidamente autorizado por la autoridad municipal correspondiente.

Pese a que la modificación de la superficie del terreno excedía los límites establecidos por la norma, esta fue avalada por el perito David Velázquez Barrientos, la Dirección del Impuesto y Catastro Predial del Gobierno Municipal, el notario Andrés Guardado Santoyo —esposo de la síndica panista Adriana Ramírez Valderrama— y por la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y Notarías del Estado.

Robles Lacayo advirtió que la rectificación podría tener repercusiones para otros propietarios en el futuro. Los Mexicanos se encuentra dentro del Área Natural Protegida (ANP) Cuenca de la Esperanza, que está bajo administración estatal, de acuerdo con el inventario 2023 de áreas naturales de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. 

“Pienso que hay que observar y evaluar lo que haya sucedido en esta escritura, porque quizá haya irregularidades legales. Es muy llamativo para mí que esta rectificación ocurriera exactamente 14 días antes de la venta a los Webb; es decir, como si literalmente les estuvieran preparando el terreno”, agregó. 

La activista también destacó que en la escritura se estableció una reserva de dominio, la cual limita la intervención en el predio hasta que concluya el pago de la propiedad, pactado para octubre de 2025. La compraventa fue por 17.5 millones de pesos, lo que representa un costo de 5.5 pesos por metro cuadrado.

A pesar de estas restricciones establecidas en la escritura y la categoría del área de reserva, la empresa compradora de los predios, ICREAR S.A. de C.V., propiedad de la familia Webb Murra, colocó rejas y abrió zanjas en el camino, lo que generó la inconformidad de atletas y ambientalistas que recorren la zona para entrenamiento y recreación.

Debido a la intervención en el camino, el Gobierno Municipal presentó denuncias ante la PROFEPA y anunció que quitarían las rejas; sin embargo, mediante un amparo, los titulares de las escrituras lograron la suspensión de esta acción.

Sospechas sobre notario; piden revisión a gobernadora 

En la sesión virtual del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, Carlos Arce habló sobre el desorden que existe en el catastro municipal, lo cual permitió un incremento de entre 251 y 316 hectáreas entre un procedimiento y otro, excediendo los límites establecidos en el reglamento.

También hizo énfasis en la responsabilidad del Registro Público de la Propiedad al admitir una rectificación con un 26 % más de hectáreas. Sin embargo, señaló particularmente la necesidad de revisar el estado de la fe pública en la entidad, en especial lo relacionado con la notaría número tres, de la cual es titular Andrés Guardado.

“Esto abre un debate a nivel estatal sobre cómo está el asunto de la fe pública. Me han hablado amigos... sobre lo que debe existir en las notarías. Es un cúmulo de cosas; las irregularidades generan un ambiente oscuro, de opacidad y de corrupción”, sostuvo.

Recordó que el tema cobra relevancia por la relación entre Andrés Guardado y la síndica del Ayuntamiento, Adriana Ramírez Valderrama, quien además es titular de la notaría número 32. Ambas notarías ofrecen sus servicios de forma conjunta a través de un portal web, en el que también se muestran datos de contacto y requisitos para realizar trámites.

Ambos notarios están casados, y a pesar de ello, la síndica no se excusó de participar en discusiones relacionadas con permisos de enrejado en el predio donde se encuentra el camino de Los Mexicanos, cuyos propietarios eran clientes de su esposo.

La Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, en su artículo sexto, establece que los notarios serán responsables del ejercicio de la función notarial en los términos que determine esta ley y las demás leyes aplicables. La misma norma contempla responsabilidades y sanciones en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales.

El artículo 120 de la misma ley prevé sanciones como amonestación, multa, suspensión y revocación del fiat; dichas disposiciones deben ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobierno.

Carlos Arce, integrante del Observatorio Ciudadano, también señaló la posible responsabilidad del síndico Ángel Araujo, quien, como representante jurídico del municipio, no ha emitido declaraciones respecto al conflicto de interés en este caso, ni sobre la contestación del amparo interpuesto por la familia Webb para evitar el retiro de las rejas en Los Mexicanos, ni sobre la manera en que se determinó el uso de suelo habitacional en ese lugar.

En una petición formal a la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, entregada por Paloma Robles Lacayo, se solicita una información sobre el tema y una revisión de los procesos correspondientes a instancias estatales.