“Una procuración de justicia humanista para todas y todos” es el perfil con el que Gerardo Vázquez Alatriste quiere marcar el inicio de su gestión al frente de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato. Pero en los hechos, omisiones, dilación y la posible protección a integrantes de la propia instancia en investigaciones donde aparecen señalados impiden la justicia para víctimas de delitos.

La presunta desaparición forzada de Víctor Manuel Delgado Gómez el 4 de marzo en Irapuato, por personas que se identificaron como “ministeriales”, así como el asesinato de la niña Alana Pérez Almanza, de 8 años, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal que el 11 de marzo ejecutaban una orden de aprehensión en San Miguel de Allende, son dos casos recientes en los que víctimas indirectas (familiares) abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos reprochan el nulo avance y la falta de esclarecimiento de la Fiscalía sobre la participación o la actuación de su propio personal.

En ninguno de los dos casos hay inculpados presentados ante la autoridad judicial y tampoco avances que esclarezcan la intervención de agentes de investigación de la Fiscalía.

Víctor Manuel Delgado, vecino de la comunidad El Venado de San Lorenzo, en Irapuato, se encontraba trabajando en una carpintería de dicha localidad el 4 de marzo pasado, cuando un grupo de cuatro hombres y una mujer que se presentaron como agentes ministeriales que iban a cumplimentar una orden de aprehensión, irrumpieron y se lo llevaron junto con el dueño del negocio.

Ninguno de los dos ha sido localizado, y existe la presunción de que se trata de desapariciones forzadas.

Ficha de búsqueda de Víctor Manuel Delgado Gómez

Por demanda de víctimas indirectas e intervención de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, en el caso de Víctor Manuel la actuación de la Fiscalía está bajo la mirada del Juzgado IX de Distrito, del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, que han requerido a la FGE ante la denuncia de que ha sido negligente en la búsqueda de las personas desaparecidas y ha intimidado a familiares.

El juzgado IX de Distrito, a cargo de la jueza Karla Macías Lovera, resolvió un juicio de amparo (241/2025-III) para conminar a la Fiscalía estatal a desahogar todas las diligencias posibles para la búsqueda y localización de Víctor Manuel Delgado, quien tiene 36 años y es padre de tres hijos.

De acuerdo con lo que se conoce de los hechos -por diversos testimonios de personas de la comunidad- cuatro hombres y una mujer en una camioneta pick up blanca, vestidos con trajes tácticos, se presentaron en El Venado de San Lorenzo el 4 de marzo, y anduvieron preguntando por una persona, diciendo que eran “de la Fiscalía”, y “ministeriales”, hasta que llegaron a la carpintería donde en ese momento se encontraba Víctor Manuel, el dueño Jehú Cervantes Farías y otra persona. Eran casi las 2 de la tarde.

Se llevaron a Víctor y a Jehú y dejaron libre al tercero; se fueron en la camioneta y unas horas después, privaron de su libertad a otro hombre, quien posteriormente fue liberado.

La Fiscalía ha negado que agentes de la AIC hubieran acudido a la comunidad, pero sí ha cometido omisiones en la búsqueda de Víctor Manuel. Según lo referido en la propia investigación, el teléfono celular que el hombre traía consigo no fue rastreado sino hasta que un familiar corroboró que lo llevaba al momento de ser privado de su libertad. La FGE argumentó que “no tenía constancia” de que lo llevaba. E incluso, aunque se le proporcionaron datos de geolocalización, no pudo localizar el teléfono.

Además, el hombre liberado proporcionó información que serviría para ubicar el lugar a donde fueron llevados Víctor y Jehú, pero estas pistas no fueron investigadas de inmediato, sino al menos 10 días después, hasta que fue ordenado por el Juzgado de Distrito, que ha determinado que existen elementos para presumir que efectivamente fue una desaparición forzada.

Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general de Guanajuato

En el amparo, se ordena a la Agencia Investigadora 17-UEIPD 01 de Irapuato, que realice las investigaciones para localizar a Víctor Manuel Delgado Gómez “de forma seria, imparcial, profesional, diligente, exhaustiva, efectiva y en un plazo razonable”; que presente el informe semanal con las diligencias e investigaciones; que se permita a familiares y asesores el acceso a la carpeta y copias de la misma si lo piden, y que se remita la información de Víctor para que sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El Juzgado también requirió a la Fiscalía que, en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en apego al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, deben iniciar de manera coordinada un plan de acción y cronograma para la búsqueda. También se estableció que la Fiscalía debe presentar un informe semanal al Juzgado sobre las acciones realizadas para este propósito.

Y se establece que esto debe realizarse “so pena de incurrir en una falta administrativa grave, de conformidad con los artículos 42 y 43 de la Ley General en cita, los cuales establecen dicha sanción en los casos en que la autoridad obligada a aplicar el protocolo, actúe de manera negligente o incumpla injustificadamente con sus obligaciones relacionadas con la búsqueda de personas”.

En cuanto al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, este organismo ha considerado que la desaparición de Víctor Manuel es forzada, por lo que asignó la Acción Urgente 2004/2025, que prevé solicitar un informe sobre las diligencias realizadas para su localización, y también pidió al Estado Mexicano que dé a conocer el avance de la investigación con respecto a la responsabilidad de los responsables de dicha desaparición, indicó la Plataforma por la Paz.

Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) inició la queja 778/2025-B, luego de que ésta fue admitida el 17 de marzo.

“Si bien la Fiscalía ha descartado que estos agentes sean parte de la institución y ha señalado que no ejecutó ninguna órden de aprehensión, la omisión en la búsqueda inmediata de Víctor Manuel debe ser considerada una violación grave a los derechos humanos al violar el derecho a ser buscado, al acceso a la justicia y presumiblemente, a la vida. Así debe ser considerado tanto por organismos locales como internacionales de derechos humanos”, refirió la Plataforma por la Paz en un comunicado en el que pidió públicamente una reunión con el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste.

“¿Doctor Gerardo Vázquez Alatriste, esta es la Fiscalía que Usted dirige?, ¿En las Fiscalías Regionales existe aquiescencia frente a las desapariciones?, ¿Irapuato es un lugar en el que los grupos delincuenciales actúan autorizados por la Fiscalía?, ¿Dónde está la Fiscalía Especializada?, ¿Dónde está su Fiscalía con sentido humanista?, esperamos su respuesta”, fueron las preguntas lanzadas al fiscal por la Plataforma en su comunicado.

Justicia para Alana, la deuda de la FGE

Desde el 11 de marzo, día en que la niña Alana Pérez Almanza fue asesinada en San Miguel de Allende por disparos de elementos de la Agencia de Investigación Criminal en un desastroso operativo en el que pretendían detener a su papá, Alan Pérez, no hay señales de cómo actuará la Fiscalía para deslindar responsabilidades por este crimen.

Desde ese 11 de marzo, Alan Pérez y su chofer y escolta Hermilo N han sido sujetos a proceso penal y han comparecido en juzgados en diversas audiencias, tras ser acusados de tentativa de homicidio de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, que ese mismo día junto con otros compañeros interceptaron a Alan y a su chofer cuando llevaban a las hijas del primero a la escuela.

Los agentes pretendieron ejecutar una orden de aprehensión contra Alan esa mañana, pero el operativo desplegado por los agentes de Investigación Criminal para esta detención se les salió de control: testimonios presentados por la defensa de Alan y Hermilo refirieron que los elementos no portaban uniformes o elementos que los identificaran, y que todos iban en vehículos sin rótulos ni letreros oficiales de la Fiscalía, por lo que Alan y Hermilo pensaron que se trataba de delincuentes que los pretendían secuestrar.

Alana Pérez Almanza

A los disparos de Hermilo les siguió una persecución por parte de los ministeriales, quienes dispararon a la camioneta de Alan. En los asientos traseros viajaban sus dos hijas. Una de ellas, Alana, fue alcanzada por disparos de los agentes y murió. Alan y Hermilo fueron detenidos cuando llevaron a la niña a un hospital.

Rápidamente, la Fiscalía emitió un comunicado afirmando que Alan había puesto en peligro la vida de su hija en este operativo a cargo de los agentes de Investigación Criminal.

El 18 de marzo, Alan y Hermilo fueron vinculados a proceso por tentativa de homicidio de dos de los agentes. En la audiencia efectuada en un juzgado penal de San Miguel de Allende, la Fiscalía presentó como datos de prueba testimonios idénticos de cinco de los agentes que declararon que escucharon a Alan gritarle a su ayudante: “¡son ministeriales, vienen a detenerme, dispárales y vámonos!”. Los agentes dijeron que aunque no llevaban insignias o uniformes, portaban un gafete oficial.

Otros dos de los elementos no señalaron haber escuchado ese grito, y reconocieron que llevaban ropas de civiles.

La Fiscalía dijo al Juez que los agentes respondieron a los disparos de Hermilo “de manera proporcional”. Pero la defensa de Alan y Hermilo refirió que, mientras dos de los automóviles de los agentes presentaron huellas de dos disparos (cada uno), la camioneta en que viajaban Alan y sus dos hijas presentó 31 impactos de bala.

“Todos dicen que le dispararon al conductor (Hermilo). Pero el peritaje reporta por lo menos 16 impactos de atrás hacia adelante al lado derecho y la portezuela trasera derecha”, del lado del copiloto y del asiento trasero, donde viajaba Alana, la niña fallecida, dijo el abogado Pablo González Sierra, defensor de Alan y Hermilo.

Finalmente, el juez del caso determinó vincular a proceso a Alan y Hermilo por la tentativa de homicidio de los agentes. La Fiscalía pidió que se quedaran en prisión preventiva y el juez accedió.

En un comunicado emitido horas después, la Fiscalía dijo “lamentar profundamente la innecesaria pérdida de vidas humanas, en este caso de la menor” y dijo comprometerse al esclarecimiento total de los hechos y a la procuración de justicia.

Unos días después, el 20 de marzo, en una entrevista el fiscal Gerardo Vázquez ratificó la postura oficial responsabilizando a Alan Pérez: “los agentes de investigación criminal de la Fiscalía se encontraban cumplimentando un mandamiento judicial…alguien muy seguramente puso en riesgo a su hija, lo tengo que decir con mucho respeto”.

Aunque enseguida, aseguró que tiene abiertos dos expedientes sobre lo sucedido, uno administrativo y otro penal. “Estoy obligado como ministerio público a hacer una investigación muy concienzuda…y no por el pretexto de ejecutar un mandamiento de autoridad, permitir excesos más allá”.

Sin embargo, la Fiscalía ha mostrado estar más ocupada en proceder en contra de Alan Pérez y de su ayudante Hermilo. Ambos obtuvieron un amparo federal en contra de la medida de prisión preventiva que les dictó el juez por la tentativa de homicidio de los agentes de la AIC, y en audiencias celebradas a principios de abril, se revocó la prisión.

Hermilo salió de la cárcel y enfrentará su proceso en libertad. No así Alan, puesto que el 4 de abril, en cuanto le fue decretada la libertad, la Fiscalía ya lo estaba esperando para ejecutar otra orden de aprehensión en su contra, aquélla por la que lo interceptaron el 11 de marzo al salir rumbo a la escuela de sus hijas.

Eso sí, la Fiscalía anunció que impugnará la decisión del juez de eliminar la prisión preventiva de Hermilo y Alan, pues consideró que se actuó indebidamente al otorgarles a ambos otras medidas “considerablemente laxas frente a la gravedad de los hechos por los que fueron vinculados a proceso penal”.

Pero sobre la investigación por el asesinato de Alana Pérez, no hay nada. No hay agentes suspendidos, ni detenidos, ni causa penal abierta ante un juzgado.

POPLAB preguntó a la Fiscalía los avances de esta investigación. “Hay una investigación en curso, le están dando seguimiento asuntos internos también”, fue la respuesta.

Pero los abogados de Alan dijeron no tener conocimiento de que exista una carpeta para esclarecer la muerte de la niña. “No hay nada”, según informaron.