La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el fraccionamiento La Cucursola, ubicado en terrenos forestales de la Sierra de Santa Rosa, en Guanajuato capital, como parte de un operativo derivado de una investigación penal por presuntos delitos ambientales. Acción Colectiva Socioambiental, organización que interpuso la denuncia, consideró que la intervención representa un avance significativo en la defensa del territorio, debido al alto valor ecológico de esta región.

Acción Colectiva presentó la querella el 9 de febrero de 2023 por la probable comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, previstos en el Código Penal Federal, en contra de la empresa Loma de Irapuato y su administrador, el exdiputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Fernando Ascencio Barba. De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, también fueron señalados como responsables el expresidente municipal Alejandro Navarro Saldaña, y Juan Carlos Delgado Zárate, exdirector general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del municipio.

El fraccionamiento fue construido sin contar con la Autorización de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ni con el Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, como lo establece el artículo 28, fracción VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como otras disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

En un comunicado emitido por Acción Colectiva y el Movimiento Colibríes de Guanajuato, se destacó la expedición indebida de autorizaciones municipales, las cuales permitieron el desarrollo del proyecto contrario a la legislación ambiental vigente. 

Durante el operativo realizado la mañana del miércoles, se observó la presencia de agentes del Ministerio Público Federal, acompañados por al menos cinco patrullas y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). En las entradas del lugar se colocaron los sellos de aseguramiento, ya que, de acuerdo con el artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad puede inmovilizar bienes relacionados con hechos sujetos a investigación penal.

La alcaldesa Samantha Smith, cuyo esposo está implicado en el caso, declaró estar interesada en que se lleven a cabo las averiguaciones necesarias para garantizar el respeto a los espacios donde sí se puede construir y donde no. Afirmó: “Yo de lado, por supuesto, siempre de la legalidad y del ejercicio del derecho”. Navarro niega investigación y advierte acciones legales.

Un precedente para la defensa ambiental en Guanajuato

El operativo realizado por la Fiscalía General de la República en el estado de Guanajuato representa un avance significativo en la defensa del territorio forestal de la Sierra de Santa Rosa”, señaló Acción Colectiva Socioambiental en un comunicado de prensa.

La organización civil acusó negligencia y falta de eficacia por parte de autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT), instancias ante las cuales también se interpusieron denuncias por el desarrollo del proyecto sin los permisos adecuados.

El proyecto inmobiliario, conocido como La Cucursola, inició formalmente en 2019, aunque sus antecedentes se remontan a 2015. La PROFEPA ordenó su clausura al detectar que el desarrollo implicaba una elevada demanda de agua, afectaciones por el desmonte en la zona de La Rosita y la ausencia de autorizaciones federales para operar en un área considerada forestal, esto tras la denuncia de pobladores de la sierra.

Acción Colectiva y el Movimiento Colibríes de Guanajuato reconocieron la determinación de la FGR respecto a la investigación, pues señalaron que el operativo implica que en el estado se están dando pasos concretos para sancionar la ilegalidad y proteger el patrimonio ambiental.

“Nos mantendremos atentos y vigilantes para que esta investigación continúe con imparcialidad, rigor técnico y jurídico, hasta fincar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho. No a la urbanización de la Sierra de Santa Rosa. Basta de corrupción e impunidad ambiental y territorial”, advirtieron.

En 2020, en Santa Rosa, se realizó una reunión pública donde participaron habitantes de cuatro comunidades junto con representantes de las organizaciones Acción Colectiva y Movimiento Colibríes. De este encuentro surgió la iniciativa de presentar denuncias ante distintas instancias, a las cuales se expuso que la empresa no contaba con los permisos federales necesarios para intervenir en una zona forestal.

Se evidenció que, de manera irregular, Sergio Ascencio logró obtener todos los permisos a nivel municipal, e incluso el respaldo de la entonces titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), Isabel Ortiz Mantilla, quien hoy es diputada local.

La documentación mostrada como prueba por Ascencio Barba reveló que los permisos fueron firmados por Juan Carlos Delgado Zárate, quien entonces se desempeñaba como director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial durante la administración de Alejandro Navarro.

Alcaldesa asegura que no se opone a investigación 

La alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, aseguró que no se opondrá a las investigaciones relacionadas con el fraccionamiento La Cucursola, pese a que su esposo, Alejandro Navarro, es uno de los exfuncionarios señalados en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos ambientales.

“Yo creo que, si hay algo que he buscado dejar muy claro desde el inicio de la administración que tengo el honor de encabezar, es que soy la primera interesada en el cuidado del medio ambiente. Así lo he manifestado, y es parte de mi congruencia… Que se tomen todas las averiguaciones necesarias, que se utilicen todos los recursos para que se respete, de una vez por todas, los espacios donde sí se puede construir y donde no”, señaló en entrevista.

La presidenta municipal reiteró que respalda el ejercicio de la legalidad y las investigaciones necesarias para definir responsabilidades en el caso, que involucra la construcción de un desarrollo inmobiliario en terrenos forestales de la Sierra de Santa Rosa, sin contar con los permisos ambientales correspondientes, aunque fue durante la administración de su esposo cuando las autoridades municipales otorgaron los permisos.

“Yo de lado, por supuesto, siempre de la legalidad y del ejercicio del derecho”, afirmó. Al mismo tiempo, aseguró que, si la investigación concluye en la clausura total del fraccionamiento, respalda la decisión.

El hijo de Samantha Smith, Saúl Navarro, también posee una propiedad en Santa Rosa: el rancho El Milagrito, cuyo terreno fue adquirido por 600 mil pesos, aunque su valor de mercado era de 12.5 millones de pesos, de acuerdo con un reportaje publicado por el periódico AM. Según la misma investigación, los dos terrenos donde hoy operan un restaurante y actividades de turismo de aventura estaban embargados por el municipio debido a adeudos del impuesto predial. La propietaria saldó la deuda en enero y, en septiembre, vendió las tierras al hijo de la actual alcaldesa y del exalcalde.

En la misma entrevista, la presidenta municipal anunció que pronto será aprobado el nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET), un instrumento que, dijo, será clave para definir los lineamientos del crecimiento y desarrollo de la ciudad. Esto ocurriría el próximo lunes 4 de agosto.

“Prácticamente, nosotros estamos en los últimos detalles administrativos y, sobre todo, coordinando los tiempos de entrega. Nos habían informado que lo más seguro es que sea el lunes 4 de agosto cuando ya podamos estar recibiendo la carta de congruencia o no, lo cual también es muy importante, porque esta carta definirá si está alineado con las normativas y también con los planes de crecimiento estatales. Que se encuentre en armonía es fundamental, así que nosotros confiamos en que se hizo un buen trabajo”, sostuvo.

Esta carta de congruencia podría ser otorgada o negada por el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG). La alcaldesa señaló que se ha trabajado en las observaciones al documento, ya que organizaciones civiles y ambientalistas realizaron más de 100 críticas técnicas; algunas de estas deficiencias fueron expuestas públicamente por dichas organizaciones civiles. 

Samantha Smith aseguró que también se está trabajando en los reglamentos que deben publicarse junto con el PMDUOET, y que están relacionados con el desarrollo urbano.

“Para mí, son muy importantes: son los que le van a dar dientes al PMDUOET, para que lo que se plantee pueda, de una vez por todas, ser respetado y se pueda proceder conforme a la ley en caso de violación de las diferentes zonas que estarán ahí, pues, restringidas a la urbanización”.

A través de redes sociales, el exalcalde Alejandro Navarro negó estar siendo investigado por la Fiscalía General de la República en relación con el fraccionamiento La Cucursola y presuntos delitos ambientales. Asimismo, advirtió que procederá legalmente contra Acción Colectiva y el Movimiento Colibríes para defender su nombre, anticipando así una posible demanda.

Navarro Saldaña sostuvo que no ha recibido ninguna notificación de la FGR y afirmó que lo difundido en el comunicado por las organizaciones civiles, tras el operativo en el fraccionamiento, “es una mentira grave y raya en el delito penal”.