Integrantes de colectivos de búsqueda en Guanajuato denunciaron la demora de la Fiscalía General del Estado (FGE) en los procesos de identificación de personas localizadas en pozos de agua utilizados como fosas clandestinas. Los hallazgos fueron posibles gracias al trabajo de las familias en las comunidades de San Antonio de los Morales, Franco de Tavera y Tinajillas, en el municipio de Juventino Rosas.

Mediante un comunicado, los colectivos informaron que el pasado 16 de enero obtuvieron los primeros resultados positivos durante visitas prospectivas, aunque oficializaron los procesos de reconocimiento de dos de las víctimas los días 28 y 30 de enero, así como el 6 de febrero. A pesar de ello, reclamaron que hasta ahora la Fiscalía no ha entregado los restos.

“Vemos con preocupación que, a pesar de que en varios casos se lograron identificaciones inmediatas y contundentes por parte de familiares presentes durante la recuperación de nuestros seres queridos allí encontrados, al día de hoy la FGE no ha sido capaz de hacer entrega de los mismos a estas familias”, expresaron.

De acuerdo con los colectivos, en la región se han localizado restos de al menos 25 personas. No obstante, la Fiscalía no ha proporcionado cifras oficiales, aunque sí ha reconocido la existencia de los pozos utilizados para depositar cuerpos o extremidades.

En su último comunicado sobre el caso, difundido el 21 de enero, la FGE confirmó los hallazgos sin ofrecer mayores detalles, al argumentar que “toda la información se procesa con rigor técnico, responsabilidad y respeto a las víctimas y sus familias”.

Tres semanas después, las familias continúan sin recibir respuesta, pese a haber cumplido con los procedimientos de reconocimiento y solicitado formalmente la entrega de los restos.

“La FGE está siendo ineficiente en los procesos de identificación que se requieren en el contexto de los numerosos hallazgos realizados, en su mayoría, por colectivos y familiares de manera individual, y mantiene a estas familias en una espera que las revictimiza y prolonga innecesariamente un sufrimiento que en muchos casos se ha extendido por varios años”, señala el pronunciamiento.

Por motivos de seguridad, los colectivos decidieron reservar la identidad de las víctimas y de las familias que ya concluyeron el proceso de reconocimiento, ante los riesgos que enfrentan quienes participan en las labores de búsqueda, que no se han detenido.

Las familias de personas desaparecidas en Guanajuato exigieron que la Fiscalía, en cumplimiento de los compromisos públicos asumidos por la gobernadora Libia Dennise García y por el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, agilice los procesos, brinde un trato digno y ofrezca atención cercana a los familiares.

“Sobre todo, que proceda a la entrega de nuestros seres queridos plenamente identificados sin más dilación”, demandaron.

El activista e investigador Fabrizio Lorusso ha documentado la crisis forense en Guanajuato, donde se estima que existen entre mil 600 y mil 800 cuerpos sin identificar. La cifra, no obstante, varía debido a la falta de transparencia en los registros oficiales, lo que ha dificultado dimensionar el alcance real del problema.

"Es un caso complejo", repite el fiscal Vázquez Alatriste para no dar detalles

Como en otros casos de alto impacto, el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, ha evitado ofrecer detalles sobre los trabajos en los pozos utilizados como fosas clandestinas en Juventino Rosas, al señalar la “complejidad” del hallazgo. El mismo argumento lo ha reiterado en hechos como la masacre de Loma de Flores, donde fueron asesinadas 11 personas.

Hace una semana, en su más reciente aparición pública, Vázquez Alatriste se refirió a los pozos convertidos en fosas y sostuvo que no se trata de una práctica nueva por parte del crimen organizado para deshacerse de cuerpos o restos humanos.

“Nosotros pensamos que no es una nueva característica. Pensamos que gracias al apoyo de las madres buscadoras, a quienes hay que darles su lugar, se está visibilizando este problema. Son cuerpos o partes de cuerpos segmentados de diferentes datas; no todos son recientes”, declaró.

Durante la entrevista, el fiscal se negó a precisar el número de víctimas y aseguró que las cifras serían dadas a conocer posteriormente a través del área de Comunicación Social. Sin embargo, una semana después no se ha difundido información adicional.

Vázquez Alatriste explicó que los restos han sido localizados en pozos de hasta 180 metros de profundidad, lo que implica un alto grado de dificultad técnica para su recuperación.

“Tenemos un presupuesto que vamos a destinar para poder agotar las investigaciones, porque no es un lugar donde únicamente sea ingresar, escarbar y encontrar. De hecho, requerimos un dictamen en ingeniería que nos permita ahondar la investigación, porque también tenemos que excavar con cierto cuidado”, señaló.

Colapsa sistema forense en Guanajuato

El informe "Cuerpos bajo el resguardo del estado, diagnóstico sobre el abandono forense en México", que publicó recientemente Artículo 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana a través del Programa de Derechos Humanos, revela la crisis forense de Guanajuato.

Fabrizio Lorusso, investigador de la Universidad Iberoamericana León y miembro de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, ha reportado que aunque es complicado conocer la realidad del problema por la falta de transparencia, la estimación es que hay hasta 1 mil 800 cuerpos sin identificar.

Las investigaciones que ha hecho Lorusso exhiben que el Panteón Forense de la Fiscalía puede tener hasta 1 mil 100 cuerpos, aunque fue inaugurado en el último trimestre de 2020, con unos 200 o 300 cuerpos almacenados.

El Panteón Forense fue creado por la Fiscalía todavía con Carlos Zamarripa Aguirre como titular del organismo, con el objetivo de centralizar los cuerpos no identificados, que hasta antes de 2020 eran depositados en panteones municipales.

El documento detalla que los cuerpos en los panteones municipales también varía.

"Hasta 2023, los municipios reportaban 825 cuerpos sin identificar. En 2024, al responder solicitudes de transparencia, la cifra subió a 876 cuerpos, un incremento de 51 cuerpos en un año. La Fiscalía redujo la cifra a 376, eliminando 500 cuerpos sin justificación clara", dice el informe basado en la investigación de Fabrizio Lorusso.

De acuerdo con el activista hay varias hipótesis sobre la variación en los datos de los cuerpos en panteones municipales: puede ser un error administrativo, una omisión intencionada o una redefinición arbitraria de criterios. "Lo que es claro es que las cifras no coinciden y eso genera dudas sobre la gestión de los cuerpos”, agregó.

El activista, en la información que comparte para el informe, señala que la crisis forense se agrava porque los registros no diferencian entre cuerpos sin identificar, identificados pero no reclamados y los que están en proceso de análisis.

"La falta de sistematización impide conocer cuántos cuerpos siguen en resguardo y cuántos podrían ser entregados a sus familias", expone el informe.

El manejo de cifras de la Fiscalía también ha impactado en el registro de fosas clandestinas, porque existe un subregistro en los datos oficiales.

De acuerdo con la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, entre 2009 y junio de 2024, se han identificado 660 fosas en 349 sitios de hallazgo; sin embargo, la Fiscalía solo reconoce 44 sitios.

En el informe se menciona que uno de los casos más emblemáticos es el de Salvatierra, donde en 2020 se reportaron 81 cuerpos en 65 fosas clandestinas, pero en el portal oficial de la Fiscalía local solo reconoce una fosa. "Minimizando la dimensión real del hallazgo", señala.